El informe Stern hace un llamado a los países para que hagan la transición a una economía baja en carbono, que propicie oportunidades de crecimiento de diversas industrias y servicios más amigables con el medio ambiente. Sugiere además que este problema es una oportunidad para crear opciones novedosas que traigan ganancias a las empresas.
El informe señala que para 2050 se podrían abrir mercados de productos energéticos bajos en carbono cuyo valor sería de hasta US$500.000 millones, así mismo, la aplicación de una política climática podría crear oportunidades de ahorro. Dicha política debería estimular a los países a reformar sus sistemas energéticos ineficientes y a eliminar los subsidios energéticos deformadores, que cuestan a los gobiernos unos US$250.000 millones al año. Medidas más extremas deberían aplicarse en los países más contaminantes por medio de impuestos fuertes sobre las emisiones.
El reporte de 2007 del IPCC resalta la necesidad de reducir las emisiones anuales de CO2 de 50.000 millones que se producen actualmente a un total de entre 5.000 y 10.000 millones antes de 2050, para que el planeta no se caliente más de 2°C. La Unión Europea se ha puesto como meta reducir entre 20 y 30% el nivel de emisiones antes de 2020, los políticos del mundo entero están discutiendo metas similares y algunos países han expresado su interés en convertirse “carbono neutrales” antes de 2050. Éste es el debate que está teniendo lugar en muchos países entre quienes hacen las políticas públicas y el sector privado.
Para los países desarrollados la clave es reducir sus emisiones bien sea de forma directa, por medio de producir de forma más limpia, o indirecta, mediante mecanismos de compensación que equilibran sus emisiones con recortes hechos fuera de sus fronteras. Tal es el caso de Australia que tiene ante sí la difícil tarea de equilibrar las emisiones de su producción de carbón (Australia es el quinto país en términos de reservas del mineral) y su ministro de cambio climático acaba de firmar un compromiso de reducir las emisiones, lo que llevará al país a comprar permisos para emitir carbono en el mercado de acciones desde 2010 para lograr una reducción del 60% antes de 2050.
Esto es un elemento clave para países como Colombia, un ejemplo perfecto del tipo de mercados que buscan estas economías en sus estrategias de compensación, por ser naciones poco contaminantes y con un enorme potencial de desarrollar acciones limpias. Esto se traduce en grandes oportunidades económicas para las economías tropicales, principalmente por cuenta de las transacciones del creciente y cada vez más rentable mercado de bonos de reducción de emisiones de CO2.
Las estrategias de los países son inmensas, se presentan en múltiples áreas, no afectan drásticamente el estilo de vida de los consumidores y lo mejor es que muchas de ellas son poco costosas. Las opciones van desde carros más eficientes en su consumo de combustible, como los desarrollos de Honda con motores a base de hidrógeno, el impulso que está dando Nissan a los vehículos eléctricos y modelos híbridos como los de Toyota; la promoción de biocombustibles de segunda generación; el mejor manejo de las emisiones de metano en la producción de carbón; reforestación y plantación de nuevos bosques (la deforestación aporta entre 10 y 30% del total de emisiones globales); y la construcción de sistemas de producción de fuentes de energía bajas en carbón, como la hídrica, la eólica, la solar y la nuclear (entre el 60 y 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo están relacionadas con la producción de energía).
Estas oportunidades representan ganancias tanto para la industria como para los consumidores pero no se están aprovechando principalmente porque existen imperfecciones en el mercado, la más importante de ellas es el desconocimiento. Los dirigentes, los empresarios y los consumidores desconocen las acciones que pueden tomar o tecnologías que pueden usar para reducir su consumo de energía, y de paso las facturas.
Los países pueden influenciar el comportamiento del consumidor a través de regulaciones, incentivos financieros, motivar el recorte de viajes innecesarios en empresas, el uso del transporte público y la compra de carros que generen menor polución.