Los otros niños

| 3/16/2001 12:00:00 AM

Los otros niños

La guerrilla y el populismo político podrían hacerle más daño al sector eléctrico que el fenómeno de El Niño de comienzos de la década del 90. Pueden generar un verdadero "electricus-interruptus".

En septiembre del año pasado, Sergio Naranjo y Sergio Fajardo se disputaban la Alcaldía de Medellín. Pero un mes después, en un sorpresivo repunte, el ganador fue Luis Pérez, quien ocupaba el tercer puesto en las mediciones. ¿Qué relación tiene lo que sucedió en la capital antioqueña con el problema que aqueja hoy al sector eléctrico? Aparentemente ninguna, pero en la realidad, una muy grande. El triunfo de Pérez se debió a su propuesta de última hora de congelar las tarifas de energía, en un momento en que los antioqueños, que han visto reducidos sus ingresos, buscaban alivios por cualquier parte. Esa propuesta de campaña, que le permitió al liberalismo recuperar una plaza que había sido clave en la elección anterior para el triunfo del presidente Pastrana, empezó a marcar lo que será el ambiente político en el Congreso con miras a las elecciones del 2002.

En este ambiente de politización se ha abierto espacio para que los congresistas legislen sobre tarifas, y la comisión de energía se ha visto obligada a responder con mecanismos de intervención de precios para anticiparse (ver recuadro).



La energía eléctrica se está convirtiendo en un activo estratégico de negociación. Si en 1992 la amenaza para el sector eléctrico era el clima, con el fenómeno de El Niño y el nivel de los embalses, hoy "los niños" que atentan contra el sector eléctrico están en la conjunción de la guerrilla, un sector populista de la clase política y la evidente corrupción de la administración pública.



El síntoma más evidente de los nuevos problemas eléctricos es el apagón de comienzos de marzo en Antioquia y el sur occidente del país, ocasionado por una descarga atmosférica en una planta de EPM y por un atentado en San Carlos. Las continuas voladuras de torres por parte de la guerrilla, manejadas con muy buen conocimiento del sistema para maximizar el daño, han debilitado enormemente la confiabilidad del sistema de transmisión, que en cualquier momento se puede saltar y dejar sin fluido eléctrico gran parte del territorio nacional. A diferencia de los apagones de 1992, que se produjeron por fallas de generación, hoy el problema coyuntural es la vulnerabilidad de las redes para transmitir energía.



Aunque este sobresalto en que la guerrilla tiene al sistema es importante, el verdadero corto circuito proviene de la reversión paulatina del momentum de transformación del sector, que pone serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema.



Después de que el modelo de planificación central de los 80 alrededor de ISA hizo crisis, las reformas de los 90 buscaron descansar en el sector privado la fuerza de expansión y de la operación del sistema. El 70% de la generación eléctrica fue privatizado y paulatinamente se puso en marcha la operación de un mercado mayorista de energía, mientras que los subsidios se reorientaron hacia la población más pobre. La transformación empresarial de los distribuidores, que comenzó con la Empresa de Energía de Bogotá y de Corelca, a finales del gobierno anterior, debería alcanzar a las 14 restantes distribuidoras en todo el país. La transformación del sector estaría liderada por la Comisión Nacional de Energía y supervisada por la Superintendencia de Servicios Públicos, que la Constitución creó.



En el último año, al tiempo que el ministro de Minas y Energía Carlos Caballero enfocaba gran parte de su energía política al tema del gas y del petróleo, y su capacidad de gestión a enfrentar el problema de transmisión, se fueron gestando cambios que enrarecieron el ambiente. El gobierno perdió la capacidad de impulsar la venta de las generadoras que faltaban y la capitalización de las distribuidoras, aumentando en estas últimas el control de los políticos corruptos y del sindicalismo. La Comisión de Energía no logró adaptar los esquemas de precios a una situación de mercado, sitiada por la guerrilla y por la fuerte contracción de la demanda de energía derivada de la recesión, debido a los abusos de posición dominante que ha generado la debilidad del sistema de interconexión, y que se trataron de corregir en la segunda semana de marzo.



Por su parte, más que resguardar la competencia y evitar los abusos, la Superintendencia se dedicó a acelerar la destrucción financiera de las distribuidoras públicas que intervenía, acolitando e impulsando la corrupción. Y con la corrupción crecida, en medio de un grupo minoritario del Congreso ávido de recursos y de unas nuevas autoridades locales con ganas de mandar, se ha ido gestando un movimiento que encuentra en las privatizaciones y en el funcionamiento del mercado la fuente de todos los problemas. Y para ello, busca suspender la privatización de las 14 electrificadoras del centro y oriente del país y de Isagen, congelar las tarifas, quitarle autonomía a la entidad regulatoria y tomarse la Superintendencia.



Estos nuevos niños -- la guerrilla, la corrupción y los políticos que dan paso al populismo y marcha atrás a la transformación eléctrica y que actúan juntos-- representan grandes riesgos para los buenos servicios públicos de todos los colombianos.



El debate



¿Qué se pierde al poner toda la atención del país en el congelamiento de tarifas o en los PPA (contratos de compra de energía)?



Ponerles a las tarifas un techo ligado a la inflación, como lo pide el senador liberal Camilo Sánchez en un proyecto de ley, o congelarlas, como lo va a hacer el alcalde de Medellín el próximo 9 de abril, o como lo propuso el Ministro de Hacienda ante la Comisión de Energía, son medidas completamente populares y que dan votos. Pero pueden provocar una crisis financiera mayor en las empresas distribuidoras y generadoras, cuyos efectos representarían un retroceso en la "limpieza" que se ha hecho en los últimos 8 años.



California es el ejemplo más claro de lo que una política populista puede ocasionar. La región estadounidense optó por liberar el sector eléctrico al sector privado, pero manteniendo un rígido control de tarifas al usuario. El drenaje financiero que esto ocasionó en las empresas frenó al sector privado para realizar inversiones al tiempo que la demanda crecía, y fue el causante de la situación actual.



El escándalo de Termo Río, a raíz del pronunciamiento del Tribunal en contra de la Nación, ha sido interpretado como una falla del proceso de privatización. Pero este caso, originado en 1996 antes de la venta de Corelca, revela precisamente las fallas del viejo modelo de empresa pública irresponsable y del nuevo modelo de Superintendencia incompetente y corrupta. Y los peligros del uso de instrumentos de mercado como el PPA en manos de administradores públicos que, como en los casos de la Central Hidroeléctrica de Caldas y Termoemcali, también terminan apostando contra el presupuesto. En todas partes del mundo, con sistemas energéticos integrados por el mercado, se requieren Contratos de Compra de Energía de Largo Plazo (PPA, por su sigla en inglés). En el caso colombiano, algunos de estos contratos se firmaron bajo el fantasma del apagón, lo cual condujo a que, a los deprimidos precios de hoy y sin tener en cuenta el riesgo país, resultan leoninos. Otros se firmaron bajo el simple predominio de la corrupción, desde mediados del gobierno anterior.



A decir verdad, la transformación emprendida después del apagón del gobierno Gaviria ha tenido un impacto profundo sobre las finanzas del país y sobre la prestación de los servicios.



En los últimos cinco años, se han logrado movilizar inversiones por US$7.000 millones provenientes del sector privado, que no solo compró empresas existentes sino que primó en el desarrollo de proyectos nuevos entre las que se destacan Merrieléctrica, Termocandelaria, Termoflores II y Termoflores III. Entretanto, el número de agentes en el mercado se duplicó, al pasar de 97 a mediados de los 90 a 195 en el 2000. En contraste con los 80, cuando el Estado era rey absoluto, hoy el 70% de la generación es privada. En el mismo lapso, la participación del sector eléctrico dentro del déficit del gobierno se redujo de 33% a menos del 10% en el 2000. En otras palabras, el sector público pudo liberar importantes recursos a áreas de inversión como salud y educación. Con la transformación, el sector logró disminuir las pérdidas negras de las empresas privatizadas en unos 5 puntos porcentuales y reducir los precios al consumidor en un 7%, especialmente al sector productivo.



Lo paradójico es que las empresas que en este momento están emproblemadas son precisamente aquellas que no se han vinculado al plan de transformación.



El caso más protuberante es el de Emcali, que está en la peor crisis de su historia y destruyó en los últimos prácticamente su patrimonio. No tiene flujo de caja suficiente para funcionar y se teme que en cualquier momento se vea obligada a suspender la prestación de sus servicios (ver Dinero No. 127). De los $230.000 millones que las electrificadoras les debían a diciembre de 2000 a las empresas de generación, el 90% de la deuda corresponde a las empresas intervenidas por la Superservicios (Emcali, Caucasia, Chocó, Arauca y Cedelca).



La dificultad se ha generado porque con el antiguo modelo, las empresas transmitían al usuario los costos de su ineficiencia, pero ahora con tarifas competitivas, la ineficiencia de las empresas corre contra el patrimonio de los accionistas, que tienen capacidad de clamar contra el gobierno y congelar su proceso de cambio.



Lo que falta



La transición del modelo empresarial no ha sido fácil. El temor del apagón bajo el cual surgió el nuevo esquema generó presiones por un sistema que garantizara alta disponibilidad, lo cual requirió excesivas inversiones de generación, cuyas consecuencias financieras no fueron totalmente advertidas cuando la demanda por energía se cayó con la actividad económica. Los tres últimos gobiernos se han equivocado sucesivamente en posponer la venta y capitalización de las distribuidoras, base sin la cual todo el modelo está cojo aún. En realidad, en los últimos 30 meses el gobierno ha utilizado más el clutch que el acelerador de la reforma, con el deterioro que ello conlleva en todo el engranaje.



Ahora corresponde volver a hundir el acelerador para completar la reforma que puede generar grandes beneficios para los colombianos sin muchos costos fiscales.



La agenda del gobierno en el tiempo que le queda y de quien lo suceda debería ser acelerar los procesos de configuración de la nueva estructura, con más agentes especializados por funciones que inviertan más y que tengan menos poder de mercado, al ser guiados por reglas más estables y predecibles. En otras palabras, la agenda es evitar que los agentes que hoy tienen poder de mercado o corrupción, aborten la transformación del sistema para su propio beneficio, en contra de las finanzas públicas y las de los usuarios.



El gobierno no puede desesperarse con la magnitud financiera de los problemas en juego, que los expertos calibran en $1 billón.



En esta crítica situación, los dilemas del recién posesionado Ministro de Minas y Energía son grandes. Después de una brillante gestión en EPM, Ramiro Valencia Cossio tendrá que defender un sistema que cuestionó duramente desde esa empresa. ¿Continuará con las privatizaciones y defenderá la institucionalidad del sector al preservar a la Creg, a pesar de los duros enfrentamientos que tuvo con ella? ¿Evitará la carrera populista que ahora piden algunas facciones liberales desde el Congreso, o entrará a competir en ella?



Creemos que Valencia puede demostrar que es un gran gerente y un político en grande, que puede ponerse la camiseta del país y de sus 40 millones de usuarios. Que con inteligencia y sensatez podrá tomar las difíciles decisiones que le esperan como ministro, y doblegar los múltiples niños que hoy amenazan la viabilidad del sector.



El martes 13 de marzo, en su primera reunión en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Valencia logró superar su primera escaramuza, pero nunca podrá olvidar que las medidas que se tomaron son pañitos de agua tibia frente a las enormes dimensiones del problema que tendrá que manejar en los próximos 500 días.
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.