| 7/12/2010 3:40:00 PM

Los contrastes de la bonanza

Desde la destrucción de las vías hasta las distorsiones de los salarios, los retos son extraordinarios para la política pública. Dinero explora cómo se vive el boom petrolero en las regiones.

El último tramo de la vía que lleva de Barranca de Upía hasta Campo Corcel es un carreteable destapado, donde las camionetas resbalan y a los conductores les cuesta ver los huecos en la polvareda que se levanta con el tráfico de las tres de la tarde. El recorrido tiene cerca de 20 kilómetros, pero se necesita más de una hora para hacerlo en carro. Al final del camino, en una explanada en lo que antes fue una selva virgen, donde todavía es posible ver micos titíes cabeza blanca, el visitante se encuentra de golpe con la febril actividad que generan más de 50 carrotanques que esperan ser cargados de crudo.

El contraste en la escena es extremo. Entre la exuberante riqueza natural y la caótica maquinaria pesada en movimiento, un centenar de hombres concentran sus energías en completar la carga para iniciar el recorrido de regreso hacia Barranca de Upía y otros centros de acopio, a través de una carretera que está prácticamente destruida por el tráfico de los carrotanques. Neftalí Rojas, un conductor que ha vivido durante casi 60 años de prestar servicios a las petroleras en Colombia, lo describe así al tiempo que esquiva una hondonada: "aquí parece que hubiéramos tenido un bombardeo".

Corcel es uno de los campos más visibles y atractivos que explota la compañía Petrominerales en el Meta. El pozo está generando 44.000 barriles diarios de petróleo, al tiempo que avanza la preparación de su planta de tratamiento de gas, que tendrá una producción estimada de tres millones de pies cúbicos.

Petrominerales es un ejemplo del éxito que ha tenido la política de atracción de inversión extranjera hacia el sector petrolero. Como resultado de una afortunada suma de variables, que incluyen el cambio en el contrato petrolero, el aumento de los precios internacionales del crudo y los avances de la tecnología, Colombia vive hoy un boom de explotación de crudo a cargo de compañías pequeñas, expertas en incrementar la productividad en la extracción de crudos pesados. Una de ellas es Petrominerales, empresa de origen canadiense que emplea 600 personas en la región.

Gracias a esta política, durante los últimos tres años la inversión extranjera en el sector ha estado alrededor de los US$3.000 millones, se han firmado más de 60 contratos por año y se han explorado más de 70 pozos anualmente. Hace apenas un lustro, se firmaban menos de 20 contratos por año y se hacían menos de diez pozos exploratorios. Este año podríamos llegar a cien pozos exploratorios. La producción petrolera ya bordea los 800.000 barriles diarios y se espera alcanzar el millón de barriles diarios en producción hacia el año 2011.

Los resultados macro son claramente positivos. Sin duda, harán un gran aporte a las perspectivas económicas de Colombia y ayudarán a proteger al país frente a las vicisitudes de la economía global en los próximos años. Sin embargo, el éxito del nuevo modelo petrolero implica también un desafío extraordinario en las regiones donde se explota el crudo.

Los conflictos entre las compañías petroleras y las comunidades están a la orden del día. El "salario petrolero" se está convirtiendo en un imán para la población que fomenta la migración y pone en aprietos las explotaciones agrícolas, pues no pueden competir por los trabajadores. La infraestructura se ha quedado atrás de las necesidades y el transporte del crudo se ha convertido en un cuello de botella de proporciones épicas. La falta de coordinación entre las distintas entidades y niveles de la administración pública en el manejo de estos problemas es evidente en las distintas regiones. El país tiene que buscar la forma de ordenar este desarrollo, pues se corre el riesgo de que el éxito en la exploración se convierta en un generador de grandes problemas en el desarrollo regional.

El éxito y sus conflictos

Durante los próximos cinco años, las inversiones en el sector de hidrocarburos podrían superar los US$37.000 millones. Nadie en Colombia esperaba un resultado como este. De hecho, el plan indicativo elaborado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el periodo 2006-2010 planteaba unas metas de 30 contratos por año y 475.000 barriles de producción diarios. Los resultados alcanzados duplican esas metas y, además, los indicadores siguen creciendo.

La explicación está en una inesperada confluencia de circunstancias favorables. Por una parte, los precios internacionales del crudo se encuentran en niveles que son altos en el largo plazo. Si bien han bajado desde las cifras récord que mostraron en el año 2008, el precio de referencia del petróleo ha estado en 2010 entre US$70 y US$80 por barril, muy superior a los niveles cercanos a los US$25 que registraba en 2003.

Adicionalmente, los avances en tecnología han abierto nuevas posibilidades de explotación por parte de compañías pequeñas en Colombia. "Se logró incrementar la producción de pozos que estaban desechados", afirma Aurelio Martínez, presidente del Organismo Latinoamericano de Minería. "Para una compañía grande, quizás no es interesante una producción diaria de 500 ó 1.000 barriles. Sin embargo, para una compañía de nivel medio, pasar de 1.000 a 5.000 barriles con una inyección de capital que permita aplicar tecnologías de punta puede ser un magnífico negocio. La extracción no es fácil, el transporte no es fácil, hay que inyectarle ciertos subproductos para volverlo más ligero. Sin embargo, hoy en día el petróleo está en el orden de US$80 el barril. Lo que antes no era rentable, ahora sí lo es".

Sin que Colombia se haya convertido en un gran jugador en el escenario petrolero internacional, pues todavía está lejos de los órdenes de magnitud que caracterizan a las naciones realmente ricas en petróleo, ha comenzado a vivir los efectos de una bonanza petrolera sorpresiva, que está cambiando la vida de las regiones donde se explota el hidrocarburo.

En Villanueva, una población de 30.000 habitantes, vecina de Barranca de Upía desde el lado de Casanare, los precios de los servicios están disparados. "Aquí cobran el transporte y el alojamiento como si todo el que llegara fuera petrolero", dice Víctor Hugo Álvarez, un joven que trabaja como transportador contratista.

Las distorsiones de precios llevan a los trabajadores a reconsiderar si deben seguir en sus oficios tradicionales, o les conviene más vincularse de alguna forma a la bonanza petrolera. Todos los días laborales, a partir de las cuatro de la mañana, la plaza de mercado de Villanueva se va llenando de hombres y mujeres que esperan buses que los lleven a las inmensas plantaciones de palma africana que tienen una tradición de tres décadas en la región. Por cada racimo cortado, un trabajador recibe $212 y en una buena faena puede cortar hasta 150, para llegar a un jornal del orden de $30.000. Es un trabajo duro, cuyas prácticas hacen parte de la tradición de la región. "Aquí nos ganamos la vida bien ganada", dice Arnulfo Suárez, un trabajador que se especializa en el corte de los racimos.

Sin embargo, son cada vez más los que buscan trabajo con las petroleras. Esta industria, a pesar de ser altamente tecnológica, demanda durante sus primeras fases (sísmica y desarrollo de pozos estratigráficos) gran cantidad de mano de obra en servicios como alimentación, transporte y seguridad y vigilancia. Son contratos temporales que permiten a un trabajador ganar en 90 días lo mismo que podría acumular en un año con los jornales de la palma. "La estabilidad se vuelve accesoria, mientras la economía se ha ido petrolizando. Las alzas de los salarios se hacen insostenibles para algunos de nosotros", dice Roberto Valenzuela, director de la subasta ganadera del Meta.

El salario petrolero ha atraído gente de otras partes del país. En las aglomeraciones que esperan su transporte a la madrugada en la plaza y en los buses que, al caer la tarde, hacen las rutas de regreso, se advierte la magnitud de la migración. Son cientos de personas que hoy buscan ganarse la vida en Villanueva, muchos de ellos provenientes de Urabá y del Cauca, zonas de conflicto de fuertes desplazamientos. Así le ocurrió a Jair Venecia, un hombre que llegó hace dos meses luego de renunciar a vivir a expensas de las ayudas reservadas por el Estado para los desplazados. "Perdimos todo lo que teníamos cuando la guerra se tomó las plantaciones de banano en Turbo y esperamos que el petróleo nos lo devuelva", cuenta. Para él y para Alicia, su esposa, el trabajo en las palmeras es tan solo un paso preliminar antes de conseguir algo en los campamentos petroleros de la región.

El petróleo ha convertido a Casanare en un foco de atracción de familias desplazadas. El gobernador, Raúl Flórez Chávez, ha propuesto a la Corte Constitucional que una parte de las regalías se pueda invertir en programas para desplazados. Por su parte, Lilian Fernanda Salcedo Restrepo, alcaldesa de Yopal, presentó ante la Corte unas cifras sobre las migraciones desde otros departamentos hacia el Casanare. "La ciudad -dijo- tiene 745 familias desplazadas que equivalen a 3.198 personas en esa condición". Se estima que más de 15.000 campesinos desempleados han llegado de Arauca, Santander y otras regiones.

Así como llegan familias en busca de arraigo, también llegan otros que pretenden tan solo explotar una oportunidad y seguir su camino. El esquema de trabajo temporal implica que los trabajadores pasan ociosos buena parte de su tiempo. Han proliferado los establecimientos de prostitución y se ha incrementado el consumo de alcohol. Han vuelto a crecer los índices de criminalidad. Este es un tema que preocupa, pues la zona había recuperado una sensación de estabilidad y seguridad, ya que tanto los grupos de autodefensas como los frentes guerrilleros que en el pasado disputaron el control de estos territorios han sido diezmados. Sin embargo, el flujo de dinero que corre por las calles abrió la puerta a una nueva etapa de criminalidad y violencia común.

Los cambios que vive Villanueva se ven hoy, en uno u otro grado, en los más de 200 municipios donde existe influencia de la actividad de exploración y producción petrolera. Esto está generando fuertes tensiones entre la población de esas localidades y las autoridades nacionales. Los habitantes de estas poblaciones tienen ahora la expectativa de que el gobierno nacional y las compañías petroleras se encarguen de resolver la larga lista de sus problemas. Se han presentado protestas de las comunidades contra las compañías. En un caso, la comunidad bloqueó las operaciones de una firma y encerró al personal, sin acceso a comida o agua, como parte de la acción de protesta. Las autoridades locales no logran controlar esos reclamos, e incluso es posible que en ocasiones no estén motivados a hacerlo, porque los gobiernos municipales se identifican con las razones de las protestas.

"Uno de los grandes retos en el manejo de esta bonanza es precisamente lograr moderar las expectativas de las comunidades", afirma Julio César Vera, director de hidrocarburos del ministerio de Minas y Energía. "Lo importante es comunicar e informar muy bien a la comunidad sobre lo que se tratan los proyectos. Hay que tener claro que la industria no llega a reemplazar a las autoridades ni a hacer el papel del Estado".

La infraestructura, un desastre

Uno de los puntos centrales en la creciente tensión entre las empresas petroleras y las comunidades está en los traumatismos que genera el transporte del petróleo en carrotanques por las carreteras. Las vías están registrando un deterioro extremo.

El inesperado crecimiento en el número de pozos explorados implica que la infraestructura de transporte de petróleo se ha quedado totalmente rezagada frente a las necesidades. La capacidad de transporte de los oleoductos es hoy muy inferior a la demanda. Esto hace parte de la velocidad del cambio en la situación, pues hasta hace poco tiempo el problema era más bien la baja utilización de la capacidad instalada.

Incluso, cuando se han realizado inversiones en incremento de capacidad, estas se han quedado cortas rápidamente. Esto ocurrió, por ejemplo, en Pacific Rubiales. "Se hizo el tubo, pero a la hora de la verdad la capacidad no fue suficiente, porque la respuesta de producción ha sido aún mayor", dice Aurelio Martínez. "Si antes circulaban 1.500 tractomulas, hoy circulan 600 ó 700, algo que de todas maneras tiene un impacto muy grande".

La insuficiente infraestructura tiene consecuencias trascendentales para la explotación de petróleo en el país. Afecta las posibilidades de seguir atrayendo inversión, pues de nada les sirve a las empresas venir al país y encontrar y sacar el petróleo, si después no pueden transportarlo.

La carretera que une a Barranca de Upía y Campo Corcel es tan solo un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Las vías en el interior de los departamentos nunca fueron diseñadas para soportar diariamente el paso de decenas de carrotanques, con capacidad para unas cinco toneladas o incluso tractomulas de 50 toneladas. Las comunidades quieren que las compañías asuman los costos de la reconstrucción de las vías, pero las compañías alegan que su aporte al sostenimiento de la infraestructura tiene que estar incluido en los impuestos y regalías que ya pagan. Los gobiernos locales, y también el gobierno nacional, responden que el dinero de las regalías no puede emplearse en corregir problemas que las propias compañías han causado, pues su objetivo debe ser contribuir al desarrollo de largo plazo de la región.

El problema no se refiere únicamente a dinero, sino también a la falta de capacidad de las autoridades locales para hacer cumplir las normas sobre el uso de las vías.

La solución real del problema es la construcción de un nuevo oleoducto. El reto no es solamente de ingeniería, sino también de modelo de negocio. Hasta ahora, el manejo de los oleoductos ha estado enmarcado en las relaciones entre Ecopetrol y las grandes compañías asociadas. Hoy, en cambio, se requiere que el nuevo oleoducto atienda las necesidades de un gran número de compañías pequeñas. Esto va a exigir un replanteamiento en los términos del modelo de operación. En cualquier caso, la construcción de un nuevo oleoducto es algo que tomará varios años (ver entrevista con Armando Zamora, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, página 28).

Mientras se construye el oleoducto, el tema seguirá siendo el manejo de las carreteras. "Los ejes viales los debe hacer el Estado, pero las vías de penetración sí le corresponden al empresario", afirma Aurelio Martínez. Se necesita urgentemente un ejercicio de autorregulación por parte de la industria y de concertación con las localidades y con el gobierno nacional para utilizar las vías sin destruirlas. ¿Cómo, exactamente, se logrará esto? En este momento, nadie lo sabe. Sin embargo, si el país no encuentra rápidamente una solución, el potencial del boom petrolero está en riesgo. De nada vale extraer el petróleo, si luego no se le puede sacar.

El entorno del petróleo

Un desarrollo positivo, como lo es el éxito de la política petrolera diseñada a comienzos de esta década, podría terminar generando inestabilidad y desorden en gran escala si Colombia no avanza rápidamente para ordenar el gran cúmulo de factores que constituyen el entorno de la actividad petrolera.

Los temas mencionados hasta ahora son solamente algunos de los cambios que están ocurriendo. Hay más elementos en la agenda del auge petrolero. Entre ellos se destacan el impacto sobre el medio ambiente y la relación entre la exploración petrolera y otras actividades como la agricultura.

En cuanto al impacto ambiental, el país está avanzando en lo referente al marco normativo. De acuerdo con el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa, se ha fortalecido la dirección de licencias del Ministerio, lo que ha permitido que el tiempo promedio de licenciamientos pase de 65 a 17 semanas. Al mismo tiempo, se ha intensificado el monitoreo de las actividades de las empresas licenciadas.

"Como resultado de haber incrementado el rigor con que se aplican los criterios, se han impuesto sanciones por $17.000 millones", afirma Costa. "Ahora, con el nuevo régimen sancionatorio ambiental que se adelantó el año pasado, se va a poder ser más duro en esas sanciones. Se aumentaron las multas y se le dieron más 'dientes' a las autoridades, tanto en actividades preventivas como sancionatorias. Las multas suben de 300 a 5.000 salarios mínimos vigentes, que son casi $2.500 millones diarios. Se puede hacer extinción de dominio y confiscar bienes. Antes, solo se incautaba el componente ambiental, la madera, por ejemplo".

Otro tema central, por supuesto, es el de las regalías. El departamento de Casanare, del cual hace parte Villanueva, recibió más de $35 billones en regalías a lo largo de los últimos 15 años. Sin embargo, sigue siendo uno de los departamentos más atrasados del país.

En un estudio reciente realizado por Fedesarrollo sobre el impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional, los economistas Guillermo Perry y Mauricio Olivera muestran cómo en las últimas décadas el impacto de la producción de hidrocarburos y de las regalías sobre el crecimiento económico de los departamentos ha sido negativo. La producción de petróleo tiene, en general, bajos encadenamientos hacía adelante y hacia atrás en los departamentos, de modo que no tiene un factor multiplicador alto sobre el desarrollo económico local. El mismo estudio muestra que es precisamente en los casos de los departamentos que han tenido el mayor boom de recursos naturales (Casanare, Guajira y Arauca), donde el ahorro público y el esfuerzo fiscal han sido menores.

Es necesario ajustar la coordinación entre los diferentes ministerios (por ejemplo, entre los de Minas, Ambiente y Agricultura), y también entre las distintas instancias de los niveles nacional y regional (por ejemplo, entre el Ministerio de Ambiente y las corporaciones regionales).

"Vamos a dejar firmada una agenda con el Ministerio de Minas y Energía", afirma el ministro Costa. "Se trata de priorizar la planeación integral y lograr que se tengan en cuenta los criterios ambientales desde el momento en que se desarrolla la política y no cuando arranquen los proyectos". Este tipo de cooperación también debería darse con el Ministerio de Agricultura. Debería haber una planeación del desarrollo de los dos sectores y no esperar a que lleguen los inversionistas a perforar pozos, para empezar a pensar en las implicaciones.

El petróleo es la gran esperanza de solidez de la economía colombiana en esta década. El país tiene que estar a la altura de los desafíos que han surgido con el éxito del modelo. Tanto en términos de reputación internacional, como de bienestar local, es mucho lo que se ha puesto en juego a partir del boom petrolero.

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