| 3/1/2006 12:00:00 AM

Las batallas que vienen

La etapa más difícil del TLC está por llegar. Su aprobación en el Congreso estadounidense tendrá un ejército de opositores. El tema crítico será la falta de derechos sindicales en Colombia.

En la oficina de Xavier Becerra, integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuelga un gigantesco mapa de América Latina. Las paredes están repletas de recuerdos de sus viajes por el continente. Una pequeña réplica de una chiva colombiana, comprada en la tienda de artesanías en Eldorado, reposa sobre su escritorio. Becerra está en la Cámara por el Distrito 31 del Estado de California, tiene más de 13 años de experiencia en el Congreso de Estados Unidos y es integrante del Comité de Medios y Arbitrios, que decide los temas comerciales. Es hijo de inmigrantes latinos y se precia de ser uno de los congresistas que mejor conoce América Latina y de los buenos amigos con que cuenta allí. Por todo esto, Becerra es una voz influyente cuando se discuten asuntos relacionados con la región. "Estados Unidos tiene la responsabilidad de ayudar a Colombia en todo lo posible", afirma. Sin embargo, cuando se trata del acuerdo de libre comercio entre Estados y Colombia, su oposición es vertical. Becerra se perfila como uno de los más feroces opositores al TLC en las discusiones que vienen en el Congreso de ese país. "Será una batalla durísima", avisa.

Cualquiera se preguntaría: si esto piensan los amigos de América Latina, ¿qué se puede esperar de los enemigos en la discusión que viene? La posición del representante Becerra es un anticipo de lo que le espera al TLC en su proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos. En un ambiente político de polarización, el tratado con Colombia servirá como punto de apalancamiento para agitar algunas de las disputas más agrias que mantienen el gobierno republicano y la oposición demócrata: el comercio internacional, la política exterior, el papel de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y las drogas, los derechos humanos y otros más.

Las batallas del TLC todavía están lejos de terminar. Como lo afirma Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la aprobación del TLC en el Congreso será un proceso tan complicado como el mismo cierre de las negociaciones. Todo apunta a que la batalla política tendrá un punto central en la situación de los derechos laborales en Colombia, un país donde fueron asesinados 1.300 sindicalistas en la última década, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La oposición al tratado se está llenando de datos y evidencias sobre el tema.

A partir de allí, se abrirá toda una discusión sobre derechos humanos y la reinserción de los paramilitares, para seguir la influencia de estos en la política. En suma, la discusión empieza por lo comercial, pero se va a desviar hacia cualquier punto débil que se pueda encontrar en la legitimidad de las instituciones en nuestro país. "Todos esos temas tienen poca relación con el TLC, pero definirán su aprobación", dice Mariana Pacheco, del grupo de lobby Sandler Travis. "Las discusiones, además, son sobre la política nacional de Estados Unidos. En la mesa estará la importancia o necesidad de firmar este tipo de acuerdos", concluye. El gobierno de Colombia tiene que prepararse para asumir un papel protagónico en esa discusión interna de los partidos en Estados Unidos, que le harán una radiografía detallada a plena luz y con toda la opinión internacional encima.

El lío político Los republicanos tienen el control del Senado, donde se espera que el TLC pase sin problemas. Sin embargo, en la Cámara la situación es distinta, pues el balance es 231 republicanos contra 202 demócratas. La última vez que un tratado de libre comercio llegó a votación en el Congreso de Estados Unidos, casi murió en el intento. El CAFTA-RD, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los cinco países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y República Dominicana, fue aprobado únicamente por dos votos de diferencia en la Cámara. "Esa experiencia dejó a todos atemorizados", explica el republicano Bill Thomas, quien preside el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara. Ese comité debe pronunciarse a favor o en contra del acuerdo antes de que pase a votación en el Congreso. "El 93% de los demócratas integrantes de la Cámara votó en contra del CAFTA-RD", dice Thomas.

Los demócratas son hoy una de las mayores fuerzas contra la apertura comercial de Estados Unidos. La composición de los distritos que representan está dominada por un electorado opuesto a los acuerdos de liberalización y en ellos el apoyo de los sindicatos es decisivo a la hora de las elecciones. Se trata de zonas de clase media, en las cuales la planta industrial todavía es la principal fuente de empleo y los trabajadores temen que la compañía los abandone y se mude a un país donde pueda producir a costos más bajos.

Xavier Becerra es un buen ejemplo del tipo de pruebas que tendrá que pasar Colombia. En las discusiones sobre el CAFTA-RD, Becerra insistió en que no bastaba el compromiso de palabra de los países centroamericanos respecto a que seguirían las reglas del acuerdo en materia de libre comercio. Exigió que esos países demostraran que las reglas tienen el rango legal necesario (o que se introducirían nuevas leyes, si hacía falta), y que además demostraran que son capaces de cumplirlas. Un acuerdo como el CAFTA-RD no se podía cerrar con un "simple apretón de manos", fue su posición. De hecho, el acuerdo solo podrá entrar en vigencia una vez los países introduzcan la legislación necesaria para adaptarse al tratado, cosa que hasta ahora solo ha hecho El Salvador. Este principio podría generar importantes barreras en el caso de Colombia, donde el cumplimiento de las leyes sobre derechos humanos es un campo en el cual solo se ha avanzado gradualmente.

El partido Demócrata tiene en los grandes sindicatos de Estados Unidos un poderoso aliado. "El sindicalismo y el Partido Demócrata siempre han manejado un discurso muy similar", explica Riordan Roett, director del centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins. "Ahora eso se refleja en los acuerdos de libre comercio", dice. Una de las fuerzas más temibles que tendrá que enfrentar el acuerdo será precisamente la AFL-CIO, el mayor sindicato de Estados Unidos y uno de los más vociferantes opositores a cualquier acuerdo de liberación comercial. AFL-CIO tiene 9 millones de afiliados y en la campaña presidencial de 2004 fue el mayor contribuyente de John Kerry, con US$65 millones. De acuerdo con Michael Shifter, del Interamerican Dialogue, este es "el grupo de lobby más poderoso de Estados Unidos".

Sindicatos a la carga En un edificio digno de una multinacional, situado a solo tres cuadras de la Casa Blanca, el AFL-CIO tiene todas las armas necesarias para presionar al Congreso a votar en contra del TLC. Thea Lee, directora de comercio internacional de esta organización, afirma que "la falta de derechos laborales y las altísimas cifras de asesinatos de sindicalistas en Colombia son suficientes razones para que el Congreso rechace el tratado".

En el séptimo piso de ese edificio, con vista directa hacia la Casa Blanca, Lee explica cómo atacarán el acuerdo: la constante violación de los derechos sindicales en Colombia y los pocos beneficios del modelo de libre comercio que impulsa el gobierno del presidente George W. Bush serán sus principales consignas. "Las fechas de desgravación y las cuotas no son los principales problemas", dice. "Washington está impulsando tratados de libre comercio que terminan empobreciendo no solo a los trabajadores estadounidenses, sino también a los de los nuevos socios comerciales".

El CAFTA-RD sirvió para cristalizar las divisiones entre demócratas y republicanos en el tema de libre comercio. Desde entonces, dice Lee, Washington se ha polarizado todavía más. "No es una buena situación para el acuerdo colombiano", explica.

En el caso específico del TLC colombiano, según Lee, el acuerdo no defiende los derechos laborales de los trabajadores, mientras los capítulos dedicados a inversión conceden demasiados poderes a las multinacionales en detrimento del Estado. "Es difícil entender por qué, después de todos los golpes que sufrieron para conseguir la aprobación del CAFTA-RD, los negociadores estadounidenses no han hecho nada para mejorar en el tema de derechos laborales", sentencia.

Para el AFL-CIO, el dato más importante es la cantidad de asesinatos de sindicalistas. Según cifras de ese sindicato, Colombia tiene el peor récord del mundo en asesinatos contra líderes sindicales. "En comparación, Centroamérica es un paraíso", dice Lee. "En Colombia hay impunidad total. Más de 1.600 asesinatos de líderes sindicales en los últimos 15 ó 20 años y nadie ha sido encarcelado".

Colombia se defenderá de estas acusaciones de violaciones de los derechos de sindicalistas con las mismas explicaciones que presenta ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El país argumenta que los asesinatos de sindicalistas están relacionados con los "problemas transversales de violencia que sufre el país y que afectan a todos los sectores de la sociedad", explica Villegas. Sin embargo, la ausencia de responsables por estos asesinatos es el punto crítico a los ojos de los congresistas estadounidenses.

La posición de Colombia Las dificultades que puede tener el TLC en el Congreso de Estados Unidos han flotado sobre la mesa de negociación desde que el CAFTA-RD fue aprobado por dos votos de diferencia. "Ambos equipos deben llegar a un acuerdo que sea presentable en sus respectivos Congresos. Y la evolución política en este ámbito en Estados Unidos es francamente negativa", dice Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Colombia es uno de los países latinoamericanos que mejor se mueve en los corredores de poder en Washington, algo que debería ayudar a conseguir una votación a favor. La gestión de Luis Alberto Moreno al frente de la embajada colombiana en la capital estadounidense y la presencia ahora del ex presidente Andrés Pastrana "son dos activos importantísimos", dice Chandri Navarro, socia de Hogan & Hartson.

El gobierno y el sector privado colombiano han armado su defensa. "Haber renovado el ATPDEA en dos ocasiones será muy útil", dice Luis Carlos Villegas. Varios analistas señalan que Colombia tiene la ventaja de estar en la mente de los congresistas estadounidenses, gracias al Plan Colombia. En el caso de Centroamérica era más difícil explicar por qué Estados Unidos debería tener una política comercial más cercana con esa región. "El Congreso sabe diferenciar entre Centroamérica y Colombia por la importancia que tiene Colombia en la guerra contra el narcotráfico", explica el congresista Thomas. "Y en ese tema por lo menos hay un historial de demócratas y republicanos trabajando juntos y alcanzando acuerdos", enfatiza.

Hay, además, una restricción de tiempo. El 15 de noviembre habrá elecciones para el Congreso de Estados Unidos. A medida que se acerque esa fecha, será más difícil para los congresistas aprobar algo que pueda restarles votos. "Todavía tenemos un margen de uno o dos meses para el acuerdo antes de esa fecha", concluye Villegas.

El peor caso sería que la presentación del acuerdo en el Congreso quedara retrasada hasta después de las elecciones. Si el Congreso pasa a manos de una mayoría demócrata, algo que nadie en Washington se atreve a descartar, las probabilidades de que el acuerdo no sea aprobado se incrementarían.

Por otra parte, en Colombia hay frentes de incertidumbre en cuanto a la aprobación del tratado. La decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, de ratificar un fallo que ordena al Ejecutivo no firmar algunos puntos del tratado si resultan lesivos para los colombianos, es un hecho sin antecedentes, en Colombia o en otros países.

Además, el TLC tendrá que pasar la revisión obligatoria de la Corte Constitucional, pues así lo manda la Constitución de 1991. Y para rematar, si bien el Congreso colombiano solo puede aprobar o rechazar el tratado (no tiene atribuciones legales para introducirle modificaciones), resulta que algunos de sus integrantes quieren intentar cambiar algunas cláusulas mediante la inclusión de reservas. Todo esto lleva a que el tratado puede estar ingresando en un laberinto jurídico que postergaría su entrada en vigencia.

El cierre del texto de la negociación, después de una maratón de 21 meses, no implica que el TLC haya llegado a la meta. Lo que viene requerirá que Colombia despliegue toda su habilidad política y diplomática. Se acordaron los textos y con esto se cumplió una etapa fundamental. Sin embargo, ahora viene la lucha política, un terreno que podría ser incluso más difícil que el recorrido hasta ahora.
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