| 5/1/1993 12:00:00 AM

La factura de la guerra

¿Cuánto es? ¿Cuáles son las prioridades del gasto militar? ¿Qué estrategia está siguiendo el gobierno?

La guerra se ha intensificado desde el rompimiento de las negociaciones de paz. Igual ha sucedido con el narcotráfico desde la fuga de Pablo Escobar. El gobierno ha aumentado los impuestos, explicando que se trata de disponer de más y mejores medios para combatir tanto a los grupos guerrilleros como a la delincuencia común. Por definición un país en guerra es un país que gasta una porción significativa de su presupuesto en fines militares. ¿Es esto cierto en el caso colombiano?

Los pocos estimativos que existen al respecto indican que eI gasto militar en América Latina, contra lo que se cree, es relativamente bajo en el contexto mundial. A finales de la década del ochenta el gasto militar (que incluye ejército, fuerza aérea y armada) era en promedio 1,3% del producto interno bruto, PIB,

porcentaje muy inferior al resto del mundo. Después de todo, América Latina no estuvo envuelta en la carrera armamentista de la ya superada guerra fría, ni tampoco ha sido azotada por guerras entre países vecinos.

En Colombia el gasto militar (ejército, fuerza aérea y armada) ha fluctuado entre 1,1% y 1,4% del PIB a partir de 1986, niveles que son similares al promedio de América Latina. Y si al gasto militar se le suma el gasto en policía los respectivos porcentajes se sitúan entre 1,9% y 2,3% del PIB. Hay que señalar que el gasto en policía es reducido en Colombia en comparación con otros países de América Latina, no obstante los altos índices de delincuencia que caracterizan al país.

La intención del gobierno de proporcionar más recursos a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional ha tenido, hasta ahora, un alcance muy limitado. El Ministerio de Hacienda, y Planeación Nacional son, como siempre, la última palabra al respecto. Su última palabra es la misma de siempre: no hay mucho dinero adicional para estos fines y, por tanto, los esfuerzos principales deben ser por el lado de mejorar la eficacia en la asignación de los recursos.

Hasta ahora los aumentos en el gasto militar y de policía han sido modestos. En términos de pesos efectivamente girados, el gasto fue el mismo en la vigencia fiscal de 1992 que durante 1990 y menos que durante 1987-1988 cuando Colombia y Venezuela estaban en la tónica de declararse la guerra.

Sin embargo, en términos de lo que el gobierno aprobó gastar en 1992, de lo cual un porcentaje no se ha girado, se aprecia ya un esfuerzo por darles mayores recursos a las Fuerzas Militares y de Policía. Así, lo que el gobierno acordó gastar el 1992 representó el 2,3% del PIB. El mayor esfuerzo que se hizo el año pasado con respecto a la tendencia histórica equivale más o menos a $108.000 millones.

Este esfuerzo es aún mayor si se tiene en cuenta la menor participación del crédito externo en la financiación del presupuesto de Defensa. Tradicionalmente se ha financiado entre el 15% y el 20% del presupuesto de Defensa con créditos externos, ante todo contratados para comprar armamentos pesados. En 1992, el crédito externo constituyó apenas el 8% de la financiación total. Es decir, el gobierno está gastando en Defensa más de los escasos pesos que recauda por concepto de impuestos.

Rafael Pardo, el actual ministro de Defensa, el primer civil en muchos años, les ha dado hasta cierto punto, un vuelco a las prioridades de su cartera. Por ahora, se ha descartado la compra de armamento pesado y se han reasignado los recursos a la adquisición de armamento liviano y a un mejor mantenimiento de lo existente. Pero son dos los frentes que han recibido una mayor atención. El primero es de la actualización y nivelación salarial tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía. El segundo frente es el de la creciente profesionalización de las Fuerzas Militares.

Uno de los problemas más agudos que afecta notablemente la moral de las Fuerzas, es la desigualdad entre los sueldos del escalafón alto (Coronel para arriba) y los del 1 escalafón medio y bajo (Teniente coronel para abajo, incluyendo suboficiales, soldados profesionales y agentes de policía). En 1992 el gobierno destinó $20.000 millones para actualizar salarios. Actualmente está vigente un programa a cuatro años de nivelación salarial que cuesta $305.000 millones, de los cuales el 9% se giraría en 1993 y lo restante en los próximos tres años.

Pero con los aumentos ya aprobados para 1993 un Teniente Coronel quedaría ganando $670.000, o sea el 22% de los $3.000.000 que ganaría un General y la mitad de lo que ganaría un Coronel, el rango inmediatamente superior. Tal como puede apreciarse, todavía se mantiene la brecha entre los de arriba y los de abajo y queda la impresión que el mayor peso de la nivelación salarial recaerá sobre el próximo gobierno.

El desfase salarial afecta duramente a la Policía Nacional. Por ejemplo, los agentes de policía, no obstante que se beneficiaron de un reajuste por encima de la inflación del 38% en 1992 y del 32% en 1993, apenas ganan $172.000, o sea menos del doble del salario mínimo. ¿Cuánto sería un salario que le garantice un mínimo de dignidad a la profesión de agente de policía? Fácilmente estaríamos hablando de $250.000 de hoy en día, lo que implicaría un incremento muy superior al que tiene planeado el gobierno para los próximos años.

Otro esfuerzo que viene realizando la Administración Gaviria es el de la creciente profesionalización del Ejército. Como se sabe, un soldado profesional o voluntario vale más que un recluta o regular (bachiller recién egresado). Para comenzar, al voluntario hay que pagarle un sueldo para que ingrese y permanezca en las filas. Actualmente ese sueldo es de $137.000, además del cubrimiento de sus necesidades básicas de sostenimiento. Aunque este

sueldo parece insuficiente, es el inicio del proceso.

Durante 1992 las Fuerzas Militares contaron con 15.000 soldados profesionales o voluntarios de un total de 100.000 soldados. Con estos soldados se conformaron dos brigadas móviles que, como su nombre lo indica, han estado a lo ancho y largo del país en los sitios álgidos del orden público. La mejor dotación de los profesionales y el mayor apoyo logístico que disponen ha llevado a la idea de que actualmente coexisten dos ejércitos con una capacidad de combate muy desigual.

En 1993 las Fuerzas Militares dispondrán de por lo menos 21.000 soldados profesionales de un total incierto de 98.000 soldados. No hay consenso dentro del gobierno sobre el número total de soldados que debe tener el país El Ministerio de Hacienda, y Planeación Nacional hablan de un número de soldados similar al de 1992, con una creciente profesionalización. El Ministerio de Defensa habla de aumentar el número de unidades, manteniendo constante el número de reclutas o regulares. Min-Defensa pretende qué el aumento en el número de soldados profesionales constituya un aumento equivalente en el pie de fuerza y no simplemente una sustitución de los unos por los otros.

La discusión dentro del gobierno sobre el pie de fuerza que se requiere es fondo, por cuanto toca con aspectos centrales de la estrategia militar. Rafael Pardo es de la idea de que las Fuerzas Militares deben tener una presencia masiva e inmediata en todas las regiones del país. Llegó a esta conclusión después de leer sobre la guerra de Vietnam. Actualmente existe un consenso entre los expertos que Estados Unidos hubiera triunfado si compromete desde el primer momento el número de unidades y los recursos que destinó al final de la guerra, en lugar de haber aumentado gradualmente dicho esfuerzo durante el transcurso de años.

Según esta teoría, el enemigo se ajusta sin problema a los incrementos graduales en el pie de fuerza y en los recursos logísticos que enfrenta. En cambio, la guerra del Golfo ilustra claramente las ventajas de la estrategia opuesta, cuando desde un comienzo se comprometieron todos los recursos que se necesitaban para ganar la guerra. El fortalecimiento gradual de una de las partes lleva a un fortalecimiento gradual de la otra. Con este gradualismo se requieren finalmente recursos superiores, ya que en cada momento se enfrenta con un enemigo crecientemente fortalecido.

Esto, en teoría, suena muy bien. Pero en un país con grandes limitaciones de recursos, es utópico pensar en aumentos sustanciales de un momento para otro de los recursos asignados a la Defensa nacional. En el caso colombiano de la lucha contra la guerrilla se requeriría, por lo menos, duplicar el pie de fuerza del Ejército. No sólo se trataría de disponer de un mayor número de soldados, sino también de aumentar significativamente el apoyo logístico y la capacidad de combate. ¡Y hacerlo bien rápido!

No es de extrañar que este enfoque no haya tenido acogida entre el equipo económico del Gobierno, dado que no existen los recursos para hacerlo realidad, menos aún ahora que se cayeron por inconstitucionales los llamados bonos de financiamiento de la guerra.

Tampoco es claro que de la noche a la mañana se puedan formar buenos soldados o suboficiales, ni tampoco es posible ampliar significativamente de un momento para otro el sistema de apoyo logístico y de mantenimiento de hombres y de armas. En el caso de la guerra del Golfo, tanto el elemento humano como los medios logísticos estaban ahí, disponibles en los distintos países de la alianza, sólo a la espera de ser coordinados para su inmediata y masiva utilización.

Dentro de una visión más realista, todo indica que el gobierno apoyará al Ministerio de Defensa en su empeño por crear una brigada móvil por cada una de las cinco grandes zonas en las cuales está militarmente dividido el país (Bogotá es una de las cinco zonas). Estas brigadas móviles estarían compuestas enteramente por soldados profesionales y contarían con un apoyo logístico especial. Mientras que las brigadas móviles estarían siempre en el centro de la acción, los soldados reclutas serían utilizados ante todo para hacer presencia en la retaguardia o en los cuarteles.

La conformación de las tres brigadas móviles adicionales a las dos ya existentes será inevitablemente un proceso gradual. Por ahora el gobierno le ha prometido al Ministerio de Defensa $165.000 millones adicionales a los recursos contemplados en la Ley de Presupuesto de 1993, tanto para actualizar salarios como para avanzar en la conformación de una tercera brigada móvil. Con estos dineros, la factura total del Ministerio de Hacienda ascendería a $1.080 miles de millones en este año.

¿De dónde provendrían los recursos adicionales? Básicamente de un recorte del 4% de la inversión presupuestada en el resto del gobierno central, de $ 25.000 millones de excedentes de Ecopetrol y de $24.000 millones provenientes de

los fondos que reservó el Ministerio de Hacienda para gasto municipal. Pero,

¿qué sucederá después de la noticia de que se requieren recortes

adicionales para restituirles a los contribuyentes los bonos de guerra?

Bajo el supuesto de que finalmente el gobierno cumplirá lo prometido para 1993, el gasto de Defensa ascenderá a 2,7% del producto interno bruto, lo que constituiría, de todas maneras, un nivel superior al de años anteriores. El mayor esfuerzo en relación con los promedios históricos sería de $280.000 millones (cada colombiano aportaría ocho mil pesos adicionales).

Aun contabilizando los aumentos prometidos, la factura es a todas luces insuficiente para lograr los objetivos estratégicos del ministro Pardo. Eso sin contar la incertidumbre sobre la disponibilidad de estos pesos adicionales después de la caída de los bonos de guerra. La cuenta que el gobierno les está pasando a los colombianos por la guerra es una factura de tienda en vez de una factura de supermercado.

No parece haber otra salida: cualquier estrategia militar debe tener en cuenta la severa restricción presupuestaria y concentrar esfuerzos en aumentar la eficiencia. De hecho, ya empiezan a verse resultados de una acción militar más eficiente. El fortalecimiento de los servicios de inteligencia, el establecimiento de las brigadas móviles y la adopción de técnicas de combate más apropiadas se ha traducido, por primera vez en muchos años, en la captura de varios cabecillas de las guerrillas y en la muerte y entrega de más de un millar de guerrilleros. No es aventurado afirmar que las Fuerzas Militares están pasando de la defensiva a la ofensiva.

Otra situación muy distinta enfrenta la Policía Nacional. con una crisis existencial que ha tocado fondo y que ha llevado al Gobierno nacional a replantear su organización, su financiamiento y su lugar dentro de la comunidad. Aquí no hay mucha tela de dónde cortar sino, por el contrario, mucha tela para adicionar.
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