| 5/1/1997 12:00:00 AM

JUSTICIA

Jaime Bernal Cuéllar

57 años

Procurador general

Justicia, opinión

Después de casi treinta años de exitoso ejercicio profesional como penalista, Jaime Bernal Cuéllar, abogado bogotano, graduado en la Universidad Externado y alumno y colega de muchos de los magistrados que murieron en el holocausto del Palacio de Justicia, quien además ha participado desde 1967 en las comisiones redactoras de todos los códigos de procedimiento penal, aceptó el reto de recuperar a la Procuraduría de la postración y el desprestigio. Su antecesor, Orlando Vásquez Velásquez, no sólo está detenido, sino que se encargó de protagonizar un espectáculo bochornoso al acusar al fiscal con testigos falsos. El gobierno de los Estados Unidos suspendió el acceso a indagatorias de testigos claves para el proceso 8.000, como la de Pallomari, por la desconfianza que le generaba el ex procurador Vásquez Velásquez.



Bernal Cuéllar tiene en sus manos respaldar o revertir el 8.000, en cuanto es de su competencia revisar los procedimientos empleados por la Fiscalía. La primera señal positiva acaba de darla, al liberar de toda responsabilidad a Hernán Jiménez, director del Cuerpo Técnico de Investigación, quien había sido destituido por exigencia de su antecesor Vásquez Velásquez. La independencia de Bernal lo convierte en una pieza clave en la lucha contra la corrupción del Estado, así como en un importante factor de equilibrio frente a cualquir exceso en la aplicación de la fuerza por parte de los organismos gubernamentales.



Corte Constitucional

Antonio Barrera (presidente, 57 años), Jorge Arango (61 años), Eduardo Cifuentes (43 años), Carlos Gaviria (63), José Gregorio Hernández (43 años), Hernándo Herrera (53 años), Alejandro Martínez (54 años), Fabio Morón (66 años), Vladimiro Naranjo (52 años)

Justicia, gobierno, opinión

Con apenas cinco años de existencia, la Corte Constitucional es la cúpula de la justicia. En sus manos estuvo la decisión final sobre el período del fiscal y del procurador. Tiene el poder para revisar fallos del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y por allí pasan las leyes estatutarias. Puede, por medio de las tutelas, intervenir en todos los temas, los campos y las instancias que atentan contra los derechos individuales. Hace pocas semanas tumbó la emergencia económica y está a punto de fallar sobre la constitucionalidad de la controvertida Ley de Televisión, la Ley de Extinción de Dominio y la extradición de nacionales. Tiene una sólida imagen corporativa y sus fallos, polémicos o no, son respetados por los medios de comunicación y la opinión. Para quienes no ha sido fácil aceptar su independencia ha sido para los dos únicos presidentes, Samper y Gaviria, que han tenido que lidiar con ella. Quiérase o no, sus decisiones tienen efecto político y en sus filas se mueven distintas tendencias e intereses. En las discusiones conceptuales se destacan Carlos Gaviria y Vladimiro Naranjo, mientras que en los temas de derecho laboral llevan la batuta Alejandro Martínez y Hernando Herrera; en las finanzas públicas y el derecho tributario José Gregorio Hernández y Eduardo Cifuentes; cuando se trata de disquisiciones sobre derecho administrativo y procesal el magistrado con mayor autoridad es Antonio Barrera, y en los asuntos civiles Jorge Arango lleva la voz cantante. Frente a temas de orden público la línea dura es la de Arango, Herrera, Morón y Naranjo. En temas de moral y ética la Corte en general es bastante conservadora, como se vio en su reciente fallo sobre el aborto. Sin embargo, pese a cualquier diferencia, todas las decisiones se toman por mayoría, con el presidente de la corporación como único vocero. Esta unidad de cuerpo ha contribuido a consolidar a la Corte Constitucional como símbolo de la ecuanimidad de la justicia.



Equipo de fiscales del 8.000

Jaime Camacho

40 años

Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia

Justicia, opinión

Con el retiro del fiscal y una vez realizados los cambios en la cúpula, la continuidad y profundización de la lucha contra la corrupción y la penetración del narcotráfico en la política queda en manos de dos equipos de jóvenes abogados. Por un lado están los ocho fiscales sin rostro, grupo que se inició con dos personas, una de ellas, el entonces director nacional de Fiscalías Armando Sarmiento, a raíz del allanamiento a Pallomari y la incautación de la importante documentación que dio comienzo al proceso 8.000. Ellos se han encargado de las diligencias, las indagatorias y la instrucción completa de todos los políticos vinculados al proceso, así como de aportar elementos clave para el juicio al presidente. Su estabilidad profesional, en la eventualidad de un cambio drástico en la orientación de la fiscalía, está relativamente garantizada porque todos pertenecen a la carrera administrativa. Dentro de este grupo, encargado del manejo internacional de casos como el de Pallomari y las pruebas que entregó la DEA, está Ernesto Carrasco, actual director de Fiscalías.



El otro equipo fundamental para la continuidad del trabajo de la Fiscalía en este tema es el de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, presidido por Jaime Camacho, Fabio Espitia, Nubia Herrera y Martha Lucía Zamora, quienes han apoyado el trabajo de instrucción para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con magistrados como Ricardo Calvete, Fernando Arboleda Ripoll, Jorge Enrique Córdoba Poveda y Carlos Mejía, tomen las decisiones que por fuero constitucional les competen. Estos dos equipos son los responsables de que el proceso 8.000 termine haciendo justicia.



Consejo de Estado

Juan de Dios Montes

58 años

Presidente Consejo de Estado

Justicia

El Consejo de Estado fue uno de los organismos que más poder perdió con la Constitución de 1991 y por esta razón muchas de las decisiones derivadas de este cambio institucional generan resistencias en él. Juan de Dios Montes, abogado de la Universidad Libre, coterráneo y muy cercano al contralor David Turbay (ambos son de El Carmen de Bolívar), no ha escapado a este comportamiento. El Consejo de Estado tuvo en sus manos la decisión del período del fiscal Alfonso Valdivieso, que por poco se hunde; Montes fue uno de los magistrados que votó negativamente. Igual sucedió con las investiduras de los parlamentarios demandadas por supuestos comportamientos irregulares en la votación del narcomico: Montes votó con la mayoría por la preservación de las investiduras de los congresistas demandados, alegando limitaciones en la reglamentación.



Es difícil pensar que Montes, quien asumió funciones el pasado 22 de enero, sea capaz de devolverle la credibilidad al Consejo de Estado. Hace poco, haciéndole eco a los pronunciamientos de su amigo el contralor Turbay, expidió un concepto negativo sobre la forma de liquidar regalías en el contrato Piedemonte con la British Petroleum, que contradice uno anterior formulado por el mismo Consejo.



Corte Suprema de Justicia

Dídimo Páez, 53 años

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Justicia, opinión

Si durante todo el proceso 8.000, en la lucha contra la corrupción de la política, la Corte Suprema de Justicia ha desempeñado un papel predominante, hacia el futuro parece que será aún más significativo. Aunque de bajo perfil, como todos en la Corte, Dídimo Páez, su presidente desde hace apenas tres meses, ha sido uno de los magistrados más duros y enérgicos.



Todo hace pensar que nada le hará cambiar esa firmeza con respecto a los parlamentarios acusados de presunto enriquecimiento ilícito. De ahí que varios como José Guerra, Rodrigo Garavito, Ana García de Pechtal y Armando Holguín Sarria, hayan preferido perder su investidura para no tener que someterse a los dictámenes de la Corte.



A la Corte le espera nada menos que la decisión sobre la legitimidad del juicio al presidente. De seguir en firme la demanda de prevaricato presentada por distintas vías contra los representantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con Heyne Mogollón a la cabeza, se desplomaría jurídicamente la preclusión de Samper. Está claro que la médula del combate por la transparencia política en el país quedó en manos de la Corte Suprema. Sólo ésta puede juzgar por razones penales a los funcionarios de más alto nivel en la estructura de poder como el presidente, los ministros, el procurador, el contralor, los generales y los gobernadores. La gran ironía es que la misma Corte, que para sorpresa del país escogió a Alfonso Valdivieso como fiscal general, será la encargada de nombrar al sucesor. Eso sí, de la terna que le envíe Samper.



Armando Sarmiento

54 años

Vicefiscal general

Justicia, opinión

El destino puede estar preparando a Armando Sarmiento para enfrentar el cuarto de hora de su vida. En caso de que el fiscal Alfonso Valdivieso se retire para lanzar su candidatura presidencial, el vicefiscal Sarmiento tendrá por lo menos tres semanas para ejercer como fiscal general, antes de que la Corte Suprema elija al sucesor. Si bien la decisión frente al proceso 8.000 la tuvo Valdivieso, los artífices técnicos, como abogados penalistas, fueron la dupleta Salamanca-Sarmiento. Como director nacional de Fiscalías, Sarmiento ha conocido al dedillo el desarrollo de los procesos. Ha sido el interlocutor directo de los abogados defensores y, por tanto, conoce mejor que nadie los vericuetos y zancadillas jurídicas que han interpuesto para torpedear su evolución.



Es un santandereano típico y a diferencia de Valdivieso, temperamental. No dudará en hundir el acelerador hasta el fondo para intentar redondear la gestión del equipo de Valdivieso y evitar las sorpresas que puedan sobrevenir con el sucesor. De él dependerá muy seguramente la suerte jurídica de Horacio Serpa, el despegue del caso Perafán y los casos de lavado de activos que están por reventar. Una vez concluida su misión, Sarmiento se retirará a su pueblo en Santander para dedicarse a escribir, de primera mano, las memorias del 8.000.
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