| 3/12/1999 12:00:00 AM

¿Es el concordato la salida?

Colombia podría tener en 1999 más concordatos que en los 30 años anteriores. La legislación no está hecha para épocas de crisis. ¿Qué hacer?

Los problemas de las entidades financieras han concentrado la atención en los últimos meses y pocos han dedicado tiempo a mirar la otra cara de la moneda: el rápido deterioro de los balances del sector real. La combinación de tasas de interés exorbitantes y una dura caída de la demanda han puesto en serias dificultades a un amplio número de empresas industriales, comerciales y de servicios. El deterioro ha sido drástico, por decir lo menos: después de ganar más de US$1.500 millones durante 1997, el conjunto de empresas perdió más de US$300 millones en 1998.



Ante el aumento de las pérdidas y la destrucción del patrimonio, crece el número de empresas que está a punto de tirar la toalla. Durante el 98, la Superintendencia de Sociedades admitió 119 concordatos y 91 liquidaciones de empresas, estas últimas con activos superiores a $76.000 millones. La situación será, sin duda, más difícil durante el 99. Los presidentes de las grandes empresas, de acuerdo con una encuesta realizada por Invamer Gallup para Dinero, esperan que 2.500 de las 5.000 empresas más grandes del país tengan pérdidas, 1.500 reestructuren sus deudas, 1.000 entren en concordato y 700 sean liquidadas durante este año.



En perspectiva



¿Cómo se evalúan históricamente estas cifras? Desde 1969, cuando nació esta figura jurídica, el país registra 545 concordatos. De ellos, cerca de 200 se generaron en los dos últimos años. Así mismo, se admitieron 205 liquidaciones de empresas desde que se llevan estas estadísticas (1996), de las cuales 91 se dieron durante 1998. De cumplirse las expectativas de los empresarios, Colombia podría registrar durante 1999 más concordatos y más liquidaciones que en los treinta años anteriores.



¿Qué tan eficaz ha sido el concordato como mecanismo de salvamento de empresas? No mucho, a decir verdad. Apenas una de cada seis empresas admitidas o convocadas al trámite concursal en las últimas tres décadas ha logrado cumplir los acuerdos suscritos con sus acreedores. En el último año, el porcentaje de éxito se redujo a menos de la mitad, pues sólo 7 de las 119 empresas admitidas culminaron los acuerdos para el salvamento. Mientras en los 30 años anteriores el 11% de los casos se resolvía en liquidación, durante 1998 el porcentaje se multiplicó por cuatro, pues poco menos de la mitad de las empresas que solicitaron trámite concursa terminaron liquidadas. La excesiva duración del trámite es una de las principales causas de la poca eficacia del proceso concursal. La evaluación estadística hecha por Dinero indica que en las últimas tres décadas, el logro de un acuerdo tomó en promedio 15 meses y su terminación 7,3 años. Aunque desde 1995 el trámite se ha acelerado, la probabilidad de liquidación se ha vuelto cuatro veces más alta.



Y el proceso es poco eficaz. El valor de las empresas que entran en concordato tiende a caer, sin que los problemas que las llevaron a esa situación se resuelvan. Una muestra de 50 empresas revela que entre 1995 y 1998 el valor real de sus activos se redujo un 23%, pero el valor real de los pasivos disminuyó apenas en 15%. Como consecuencia, el patrimonio de las empresas en concordato se redujo un 41% en este período. El concordato no pudo evitar un deterioro financiero sistemático de las empresas.



¿Por qué falla el concordato?



El fracaso del mecanismo de salvamento se debe a las dificultades en la coordinación de los intereses de acreedores y dueños de las empresas, a la debilidad del gobierno corporativo durante la transición, a la pobre movilización de nuevos recursos para el rescate y a las dificultades del proceso de arbitraje. En pocas palabras, no hay mecanismos eficaces para que los interesados tomen una decisión rápida sobre los costos y beneficios de llegar a un acuerdo. Cuando se llega a este vacío de decisión, el proceso no facilita el surgimiento de un líder que tome la iniciativa. Los procesos se vuelven interminables.



La principal dificultad aparece a la hora de distribuir el riesgo financiero entre los diferentes actores. La figura concordataria en Colombia crea una graduación de los créditos que da un tratamiento desigual a los distintos tipos de acreedores. La Constitución y la ley privilegian el pago de los pasivos laborales y deudas con el fisco. Desde hace algunos años, la DIAN ha demostrado su empeño en ejercer la potestad que le da la ley y en los procesos concursales hace valer su lugar privilegiado como acreedor. Los demás acreedores quedan a la espera del dinero que quede después de que se paguen estas obligaciones. La incertidumbre conduce a que los miembros de este grupo tomen una actitud de fuerte antagonismo entre sí, con el criterio de "todo para mí o nada para nadie". En ese escenario, no hay quién piense en lo que debería ser más importante: rescatar el valor de las empresas en juego.



¿Es el concordato la salida?



Colombia podría tener en 1999 más concordatos que en los 30 años anteriores.

La legislación no está hecha para épocas de crisis. ¿Qué hacer?

Los problemas de las entidades financieras han concentrado la atención en los últimos meses y pocos han dedicado tiempo a mirar la otra cara de la moneda: el rápido deterioro de los balances del sector real. La combinación de tasas de interés exorbitantes y una dura caída de la demanda han puesto en serias dificultades a un amplio número de empresas industriales, comerciales y de servicios. El deterioro ha sido drástico, por decir lo menos: después de ganar más de US$1.500 millones durante 1997, el conjunto de empresas perdió más de US$300 millones en 1998.



Ante el aumento de las pérdidas y la destrucción del patrimonio, crece el número de empresas que está a punto de tirar la toalla. Durante el 98, la Superintendencia de Sociedades admitió 119 concordatos y 91 liquidaciones de empresas, estas últimas con activos superiores a $76.000 millones. La situación será, sin duda, más difícil durante el 99. Los presidentes de las grandes empresas, de acuerdo con una encuesta realizada por Invamer Gallup para Dinero, esperan que 2.500 de las 5.000 empresas más grandes del país tengan pérdidas, 1.500 reestructuren sus deudas, 1.000 entren en concordato y 700 sean liquidadas durante este año.



En perspectiva



¿Cómo se evalúan históricamente estas cifras? Desde 1969, cuando nació esta figura jurídica, el país registra 545 concordatos. De ellos, cerca de 200 se generaron en los dos últimos años. Así mismo, se admitieron 205 liquidaciones de empresas desde que se llevan estas estadísticas (1996), de las cuales 91 se dieron durante 1998. De cumplirse las expectativas de los empresarios, Colombia podría registrar durante 1999 más concordatos y más liquidaciones que en los treinta años anteriores.



La cifra de concordatos se ha duplicado en los dos últimos años. El deterioro de 1999 podría ser aún mayor.



¿Qué tan eficaz ha sido el concordato como mecanismo de salvamento de empresas? No mucho, a decir verdad. Apenas una de cada seis empresas admitidas o convocadas al trámite concursal en las últimas tres décadas ha logrado cumplir los acuerdos suscritos con sus acreedores. En el último año, el porcentaje de éxito se redujo a menos de la mitad, pues sólo 7 de las 119 empresas admitidas culminaron los acuerdos para el salvamento. Mientras en los 30 años anteriores el 11% de los casos se resolvía en liquidación, durante 1998 el porcentaje se multiplicó por cuatro, pues poco menos de la mitad de las empresas que solicitaron trámite concursa terminaron liquidadas. La excesiva duración del trámite es una de las principales causas de la poca eficacia del proceso concursal. La evaluación estadística hecha por Dinero indica que en las últimas tres décadas, el logro de un acuerdo tomó en promedio 15 meses y su terminación 7,3 años. Aunque desde 1995 el trámite se ha acelerado, la probabilidad de liquidación se ha vuelto cuatro veces más alta.



Y el proceso es poco eficaz. El valor de las empresas que entran en concordato tiende a caer, sin que los problemas que las llevaron a esa situación se resuelvan. Una muestra de 50 empresas revela que entre 1995 y 1998 el valor real de sus activos se redujo un 23%, pero el valor real de los pasivos disminuyó apenas en 15%. Como consecuencia, el patrimonio de las empresas en concordato se redujo un 41% en este período. El concordato no pudo evitar un deterioro financiero sistemático de las empresas.



¿Por qué falla el concordato?



El fracaso del mecanismo de salvamento se debe a las dificultades en la coordinación de los intereses de acreedores y dueños de las empresas, a la debilidad del gobierno corporativo durante la transición, a la pobre movilización de nuevos recursos para el rescate y a las dificultades del proceso de arbitraje. En pocas palabras, no hay mecanismos eficaces para que los interesados tomen una decisión rápida sobre los costos y beneficios de llegar a un acuerdo. Cuando se llega a este vacío de decisión, el proceso no facilita el surgimiento de un líder que tome la iniciativa. Los procesos se vuelven interminables.



La principal dificultad aparece a la hora de distribuir el riesgo financiero entre los diferentes actores. La figura concordataria en Colombia crea una graduación de los créditos que da un tratamiento desigual a los distintos tipos de acreedores. La Constitución y la ley privilegian el pago de los pasivos laborales y deudas con el fisco. Desde hace algunos años, la DIAN ha demostrado su empeño en ejercer la potestad que le da la ley y en los procesos concursales hace valer su lugar privilegiado como acreedor. Los demás acreedores quedan a la espera del dinero que quede después de que se paguen estas obligaciones. La incertidumbre conduce a que los miembros de este grupo tomen una actitud de fuerte antagonismo entre sí, con el criterio de "todo para mí o nada para nadie". En ese escenario, no hay quién piense en lo que debería ser más importante: rescatar el valor de las empresas en juego.



HISTORIA DE LOS PROCESOS CONCURSALES

1940: nace el proceso de quiebra.

1969: primer decreto que prevé el concordato.

1971: ley que regula el concordato para sociedades vigiladas, ejecutado por los jueces.

1989: la vigilancia se traslada a la Supersociedades.

1995: el concordato se generaliza a todas las sociedades.



A partir de allí, los problemas se retroalimentan unos a otros. Puesto que no hay intereses comunes ni liderazgo claro, el gobierno corporativo durante el concordato nace atrofiado. La administración que se designa para empresas en concordato suele tener poca efectividad a la hora de generar valor. Las juntas provisionales están generalmente compuestas por representantes de los acreedores y dominadas por banqueros que no tienen ni el perfil ni la experiencia ni la voluntad necesarios para recuperar empresas. No suelen tener disposición para asumir riesgos empresariales y las reglas del juego tampoco les dan los incentivos para hacerlo. Por el contrario, su prioridad es recuperar en el mínimo tiempo posible sus acreencias individuales.



Con más de 2.000 empresas en estado de alerta, el país va a tener que repensar sus procesos concursales.



Todo esto incide en que el financiamiento de la recuperación de una empresa en concordato sólo sea exitoso en raras ocasiones. Los acreedores que están en la junta, por lo general, no quieren arrojar plata buena detrás de plata mala. Los posibles financiadores externos no son estimulados por este ejemplo. Además, el estigma que inevitablemente trae entrar en concordato hace que a las empresas les resulte difícil obtener crédito bancario o de los proveedores. Para las firmas que prestan servicios al gobierno, el hecho de entrar en concordato implica de entrada que ya no pueden contratar con su cliente principal. Esto afecta, por ejemplo, a las empresas dedicadas a la construcción.



Además, las reglas del juego no sólo hacen difícil la recuperación de las empresas, sino también su liquidación. Ni los contralores ni los liquidadores tienen los incentivos para trabajar con agilidad. Por el contrario, tienden a prolongar los procesos tanto como pueden. Al liquidador se le paga un salario que naturalmente cesa si la empresa se liquida, de modo que no tiene muchas razones para acelerar las cosas.



En cuanto al papel que cumple la Superintendencia de Sociedades, las recientes reformas del proceso concordatario han generado un creciente papel para la entidad, que se ha convertido en un juez societario para el universo empresarial del país. A medida que el número de casos crece velozmente, la Superintendencia está siendo desbordada por la magnitud del problema. A ello contribuyó la influencia política en la dirección de la Superintendencia en los últimos años y el empleo de los escasos recursos en temas de procedimiento formal más que en temas sustantivos. Todo esto ha conducido a farragosos, costosos y poco efectivos acuerdos de papel. Los abogados litigantes han tomado la primacía y abogados de negocios -los que se especializan en definir soluciones viables y no en identificar obstáculos insalvables- han quedado en un segundo plano. "Más que abogados litigantes, necesitamos abogados de negocios", afirma Alejandro Linares, socio gerente de Gómez Pinzón y Asociados.



Estos cuatro factores que se oponen al éxito de un concordato han aumentado dramáticamente de intensidad en el último año, al mismo tiempo que aumenta el número de empresas que buscan el acuerdo concursal. El cambio cuantitativo en el problema lleva a que haya también un cambio cualitativo. Los procedimientos previstos para empresas poco viables en épocas normales comienzan a ser perjudiciales para empresas viables, pero ilíquidas, en condiciones generales de crisis económica. En las circunstancias actuales resulta más difícil para los acreedores financieros arriesgar sus recursos, para el Estado sacrificar ingresos fiscales, para la Superintendencia contratar y dedicar los recursos calificados necesarios y para el incipiente mercado de capitales proveer el dinero necesario.



¿Qué hacer?



Todo indica que, con una muy buena gestión, la Superintendencia de Sociedades podría tramitar casi 200 concordatos en 1999. Pero si las solicitudes de procesos concursales se presentan en la magnitud esperada por los presidentes de empresas encuestados por Dinero -y la evolución de la economía parece indicar que así será-, la capacidad de la Super podría ser ampliamente superada por una avalancha. El país podría verse en una especie de emergencia empresarial. El resultado sería una multiplicación de las liquidaciones de empresas muy superior a lo razonable para la salud económica de largo plazo.



En el muy corto plazo sólo quedan dos alternativas. Primera, que la Superintendencia desarrolle prontamente un plan de contingencia que le permita multiplicar sus recursos calificados y su capacidad de gestión de nuevas demandas concursales. La mejor alternativa es fortalecer, de manera paralela a su gestión cotidiana, la capacidad de hacer arreglos previos al concordato con el concurso de agentes privados que cumplan la función de mediadores, conciliadores o árbitros. Las cámaras de comercio, las bancas de inversión o los bufetes más sólidos de abogados podrían cumplir un papel fundamental en los acuerdos preconcordatarios. Esto permitiría introducir mecanismos de mercado para fomentar soluciones preconcursales. La inclusión en las próximas semanas de un artículo para este propósito en la ley del Plan de Desarrollo sería todo cuanto se requiere para crear un sistema alternativo que permita privatizar paulatinamente el proceso concordatario o para evitar su ocurrencia.



En un horizonte más amplio, el país está en mora de cambiar sustancialmente los incentivos para hacer de la recuperación de empresas un negocio viable y rentable. La legislación comercial colombiana podría progresar mucho si supera la visión litigiosa, burocrática, intervencionista y prodeudora de la legislación francesa y recoge más bien los elementos transplantables de la experiencia de la legislación comercial anglosajona, que balancea en forma más eficaz los intereses de acreedores y deudores con el creciente uso de instrumentos de mercado. Es probable que, temporalmente, el espíritu anglosajón tenga que mezclarse con la delegación de autoridad del Estado en los nuevos agentes de mercado. La legislación francesa, de origen romano, tiene la reputación de ser la más ineficaz para resolver conflictos de empresas en dificultades. La legislación colombiana parece ser aún más sesgada e ineficaz.



Un modelo alterno de trámites concursales tendría que generar nuevos actores, nuevos procesos y nuevas modalidades de financiamiento.



Mientras el concordato actual se restringe a una mediación entre acreedores y deudores, en la cual los actores principales son los acreedores y los burócratas y la empresa es marginal, un concordato alternativo buscaría un papel central para terceros actores, que actuarían como apoyo y no como enemigo de la Supersociedades. El gobierno sería un actor marginal en un proceso que daría una mayor responsabilidad al mercado, mientras que el actor principal sería un agente cuya función sea rescatar las empresas. Los Vulture Funds estadounidenses, la banca de inversión nacional o internacional y las corporaciones financieras colombianas -que en gran parte han perdido su razón de ser- podrían asumir este papel tan importante en la actual coyuntura. Mientras el procedimiento vigente busca el pago de las acreencias sin allegar nuevos recursos, el procedimiento alternativo movilizaría recursos del mercado de capitales para realizar el potencial de los activos subutilizados y transformar las obligaciones en casi capital. La capitalización de las deudas por nuevos actores que agreguen valor a las empresas sería el mecanismo básico de financiamiento.



Por último, mientras el eje del concordato actual es una oferta estatal con reglas estandarizadas, trámites homogéneos y procesos de negociación que llevan a que los conflictos de distribución del riesgo terminen por impedir la maximización del valor de las empresas, el procedimiento alternativo privilegiaría las soluciones de mercado con reglas flexibles y no necesariamente jurídicas, que logren al tiempo optimizar la distribución del riesgo y maximizar el valor de las empresas. Laporta, Hart y Babchuck, profesores del MIT y Harvard, han sugerido recientemente un procedimiento que permitiría tratar por separado los problemas de la distribución de intereses entre los acreedores y el de la valoración de las empresas. Para homogeneizar los intereses de los acreedores y propietarios, la reestructuración comenzaría por convertir las deudas y acciones en derechos de una nueva entidad o patrimonio, al que se transferirían los activos de la empresa en concordato. El nuevo ente entraría a licitar el conjunto de sus activos entre inversionistas de los mercados de capitales o inversionistas estratégicos vía colocación privada. Es como si a las empresas en concordato se aplicaran los procedimientos ahora clásicos de privatización de empresas públicas.



Todos los actores deben aportar para el salvamento de las empresas en dificultades.



El gobierno podría aprovechar la ley de reforma financiera, que ya se encuentra bastante avanzada en su trámite en el Congreso, para innovar con mecanismos que permitan simultáneamente que todos los actores aporten al salvamento de las empresas en dificultades, que este proceso sea rentable, y que cree nuevas oportunidades para inversionistas privados, nacionales y extranjeros y para el desarrollo del mercado de capitales. En una palabra, unas fórmulas que hagan rentable recuperar los negocios en marcha que han entrado en dificultades durante la crisis económica.



Estas ideas pueden parecer difíciles de aplicar por ser lejanas a nuestra experiencia. Pero en épocas de crisis es cuando más se necesita salir de los moldes preconcebidos de pensamiento. El tiempo apremia: a la vez que crece el número de empresas que tocan a las puertas de la Superintendencia de Sociedades, en el Congreso se mueven iniciativas verticalmente opuestas a los principios de mercado, como la moratoria generalizada de deudores. No tiene sentido que quienes creen en las posibilidades de volver a generar valor en empresas en crisis dentro de las reglas del mercado se queden sentados esperando que otros les roben la iniciativa.
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