El gran reto

| 7/26/2002 12:00:00 AM

El gran reto

El retroceso en el campo social ha sido dramático. Colombia necesita que el equipo de Alvaro Uribe tenga éxito en reducir la deuda social, para ser un país viable.

Cuando se habla de deuda social , los indicadores económicos pierden rápidamente su carácter aséptico y distante, pues no hay forma de darle rodeos al sufrimiento humano. El primer indicador es la caída del producto per cápita en Colombia, que se redujo de US$2.472 a US$1.937 entre 1996 y el año 2001. Aunque parece una cifra fría, sus implicaciones son escalofriantes. El número de pobres aumentó de 20,7 millones a casi 30 millones entre esos años. El número de personas en pobreza extrema, que viven con menos de US$1 al día, pasó de 7,3 millones a 10,1 millones. El número de niños que mueren antes del primer año de vida aumentó de 380.000 a 550.000. El número de desplazados por la violencia se acerca a 200.000 al año y, según la organización no gubernamental Codhes, el año pasado se presentó un récord en materia de desplazamiento forzado, con casi 342.000. La incidencia de las enfermedades psicológicas y mentales ha aumentado en el país, debido al crecimiento de la violencia y la pobreza, y representa un 40% de las consultas. Ya es rutina ver a familias enteras pidiendo limosna en los semáforos de las principales ciudades. Los colombianos solo tienen que salir a la calle para verlo: la deuda social no es una bomba a punto de estallar. Es una bomba que ya estalló.



El problema de la pobreza no es solo de los pobres. Lo más alarmante es que la mayoría de la gente que no es pobre no se ha dado cuenta de que las enormes consecuencias de la deuda social ya están con nosotros y nos afectan a todos. Si Colombia no recupera el terreno que ha perdido en materia de igualdad social, las perspectivas de calidad de vida y generación de riqueza futura para quienes hoy tienen recursos son bastante oscuras, pues no lograrán sacar adelante sus empresas en un país crecientemente sumido en la violencia y donde la calidad de los trabajadores se deteriora permanentemente debido a las condiciones en que se desenvuelve su vida. Recuperar el terreno perdido no será nada fácil, pues incluso si Colombia creciera a una tasa de 4% anual, se necesitarían más de 10 años para que el país volviera a los niveles de pobreza que tenía en 1995.



El próximo gobierno ha puesto sus prioridades en recuperar el orden público y reducir la deuda social. En esta edición, Dinero examina el estado del problema en cinco áreas claves del frente social (educación, salud, vivienda, acueducto y alcantarillado y la red de protección social), junto con los retos centrales que deberá resolver cada uno de los ministros responsables en el nuevo gobierno de Alvaro Uribe. La tarea que tienen enfrente es gigantesca y los requisitos para el éxito son muchos. Aparte de plata, que se necesita en grandes cantidades, los ministros tendrán que hacer un replanteamiento conceptual de fondo sobre la forma de atacar el problema. Además, deberán articular su planteamiento en una forma sencilla y clara para vendérselo al país. Si aspira a dejar una herencia positiva y duradera, el nuevo Presidente tendrá que convertir la lucha contra la pobreza en una bandera política arraigada en los valores de la población, que trascienda a los gobiernos de turno.



Para reducir la deuda social, el nuevo gobierno enfrenta tres grandes retos: administrativo, económico y político.



El reto administrativo consiste en simplificar la maraña de programas y entidades, y llegar en forma efectiva a la gente que lo necesita en el corto plazo. Hay decenas de programas en áreas como educación, cuidado infantil, salud, subsidios de vivienda y servicios públicos, que trabajan con bajos niveles de coordinación y grandes diferencias en cuanto a centralización administrativa, niveles de cobertura y mecanismos que emplean para focalizarse sobre sus poblaciones objetivo. Más allá de esto, hay problemas de corrupción y desgreño administrativo dentro de las entidades. Como resultado, se logra mucho menos de lo que se podría. El compromiso es montar un nuevo sistema de rendición de cuentas y establecimiento de responsabilidades en las entidades. Esto es indispensable y marcará un cambio gigantesco en las entidades del área social.



El reto económico, por su parte, está en conseguir la plata que hace falta para desarrollar programas que permitan frenar la crisis social de corto plazo. El nuevo gobierno estima que es necesario conseguir cerca de $2 billones en créditos nuevos con entidades multilaterales para desarrollar programas de atención a la población más vulnerable. Se trata de una meta posible, siempre y cuando el gobierno logre demostrar ante las entidades multilaterales que tiene un planteamiento macroeconómico coherente, que apunte a una reducción sostenida del déficit fiscal. La condición para que esto ocurra es que el gobierno demuestre suficiente fortaleza y capacidad política para sacar adelante tanto la ley de pensiones, como los drásticos recortes de gasto en entidades públicas que son indispensables. Finalmente, el reto político será convencer a los colombianos de que esta es una prioridad irrevocable, porque aquí se juega el futuro de todos. Las reducciones de gasto dolorosas, las ventas impensables de empresas públicas, el ataque a los feudos políticos eternos, todo se justifica si Colombia logra reducir el número de personas que día tras día se acuestan con hambre y niños que mueren afectados por enfermedades que en el mundo han dejado de existir hace tiempo.



Colombia tiene que resolver las dos partes de una complicadísima ecuación. Tiene que reducir su déficit fiscal y tiene que reducir su deuda social. Los dos han crecido gracias al desgobierno de los gobernantes y a la indiferencia de los ciudadanos. Si una de las dos mitades falla, el país no es viable. La responsabilidad del nuevo Presidente es gigantesca, pero también lo es la de los ciudadanos, que deberán participar con todo su esfuerzo para cambiar el curso de desastre en el cual nos hemos encaminado.







Así creció la deuda social



Paradoja

La pobreza y la deuda social crecieron en forma extraordinaria en Colombia durante los años 90. Sin embargo, la década comenzó con algunas de las reformas más profundas de la historia, incluyendo la Ley 100 de 1993 y la reforma del sistema de transferencias que definió un nuevo modelo para asignar el gasto de los departamentos en materia de educación y salud.



Gasto

No solo se aprobaron leyes, sino que el gasto social aumentó rápidamente en la década, al llegar a 15% del PIB el año pasado. Sin embargo, ese incremento de recursos, que explica en gran medida la angustiosa situación fiscal, no ha rendido los frutos esperados.



¿Qué pasó?

El modelo que se creó a comienzos de los años 90 fue diseñado para atender una estrategia de largo plazo, dirigida a la construcción de capital social. Sin embargo, la crisis del año 98 y el bajo crecimiento registrado desde entonces aceleraron la crisis del modelo. El país no ha logrado aún desarrollar instrumentos eficaces para sortear la crisis.



El impacto

La crisis económica inmediata pone en peligro el logro de los objetivos sociales de largo plazo. De hecho, la crisis ha borrado parte del trabajo de construcción de capital humano que se venía realizando. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la mayor incidencia de enfermedades y la deserción escolar hacen que se pierda parte del esfuerzo ejecutado para aumentar la cobertura en educación.



La tarea

El trabajo más difícil para el gobierno de Alvaro Uribe es crear un sistema eficiente, a pesar de la enorme heterogeneidad y el desorden. Al lado de los programas de la red de protección social, hay decenas de programas de asistencia en áreas como educación, cuidado infantil, salud, subsidios de vivienda y servicios públicos, que trabajan con mala coordinación y bajo responsabilidades muy diferentes ante los niveles nacional y local. Además, hay desgreño administrativo y corrupción. El cambio tiene que hacerse en forma rápida, para que sea posible ver resultados durante el mismo gobierno.



Tendencias sociales: el bajonazo reciente

La pobreza, que entre 1978 y 1995 se había reducido en 20%, para el 2000 volvió a ubicarse en los niveles de 1988.

El 64% de la población está en situación de pobreza y que el 23% está en pobreza extrema, según la línea de pobreza. En la zona rural, la situación es crítica, pues el 80% de la población vive bajo la línea de pobreza.

Se requiere crecer por lo menos 4% anual hasta el 2012 para regresar a los niveles de pobreza observados en 1995.

Entre 1996 y 2000, el número de propietarios que habían pagado su vivienda se redujo en 4%, de 58,6% a 54,6%.

El país tiene un déficit habitacional de 700.000 unidades en los estratos bajos.

Los indicadores de salud se deterioraron a partir de 1996, como consecuencia de la recesión, pero también por el desgreño administrativo del sector. El aseguramiento en salud llega a 52,65% del total de la población. En el régimen subsidiado, el porcentaje es de 44%.

La morbilidad aumentó y las tasas de vacunación se redujeron. Han reaparecido enfermedades como el sarampión y la tuberculosis, el incremento del sida y la deficiencia en la atención materno infantil.

Más de 100.000 mujeres dan a luz sin ningún tipo de atención médica, mientras más de 180.000 niños menores de 12 meses están totalmente desprotegidos.

Las tasas de cobertura escolar sufrieron un retroceso por la necesidad de los muchachos de salir a trabajar para amortiguar el impacto de la caída en el ingreso familiar. La cobertura en educación primaria llega a 83,6%, 62,7% en secundaria y 15,1% en universitaria.

Los costos sociales de la violencia han aumentado por una creciente demanda de recursos públicos para atender a los desplazados, que son cerca de 2.000.000.

Para lograr coberturas de 100% en los servicios sociales esenciales, se requieren inversiones adicionales por un total de 67,6% del PIB hasta el 2015, según el DNP.
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