| 3/1/1995 12:00:00 AM

El asunto es de credibilidad

Lo de la certificación no ha terminado. Seguirán las audiencias en el Congreso norteamericano dirigidas a establecer el compromiso de Samper en la lucha antinarcóticos.

Aunque existe un amplio consenso entre los miembros del Congreso de los Estados Unidos, la DEA, el FBI, la Agencia de Inteligencia del Pentágono y supuestamente los Departamentos de Estado y de justicia, de que la certificación de Colombia de país comprometido en la lucha contra el narcotráfico no debería ser renovada, lo más probable es que Colombia la obtenga.

Clinton tenía tres opciones: certificar, no certificar, o invocar una "renuncia por interés nacional" para certificar a un país que no merece certificación, pero al que se certifica por razones "estratégicas" -es decir, políticas. La certificación dada a Colombia será seguramente con base en una "renuncia por interés nacional", lo cual es análogo a perder el examen, pero a pasar con la nota más baja posible.

Previendo que Clinton daría el certificado a Colombia, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado hizo una fuerte campaña por la "renuncia por interés nacional" y, para cerciorarse de que el presidente Ernesto Samper reciba claramente el mensaje, el Comité publicó un informe de la plana mayor administrativa del partido republicano criticando el "disminuido compromiso... de desmantelar los carteles de la droga, y contrarrestar la influencia de la narcocorrupción en el sistema político colombiano... Existen colombianos valerosos y consagrados que arriesgan sus vidas diariamente para combatir a los narcotraficantes. Es a esos individuos e instituciones a quienes los Estados Unidos deberían estar apoyando".

Sin embargo, agrega el informe, "la lucha antinarcóticos de Colombia en 1994 presenta serios interrogantes sobre si esos colombianos reciben el apoyo de su propio gobierno. Nosotros creemos que no; tampoco el actual gobierno colombiano ha demostrado su compromiso con una relación constructiva y efectiva con los Estados Unidos".

Las conclusiones del informe son las siguientes:

- En 1994, el gobierno colombiano no demostró la voluntad política de actuar contra los principales narcotraficantes.

- El gobierno colombiano no ha logrado arrestar o encarcelar a ningún miembro importante del cartel de Cali, el cual es responsable del 80% de la cocaína enviada a los Estados Unidos.

- El presidente Samper no ha podido obtener el apoyo político para una presión directa e intensa sobre los barones de la droga.

- No fue desmantelado ningún cartel de la droga en 1994.

- El sistema de negociación de penas es un fracaso tal, que hasta el

propio fiscal general de Colombia ha declarado que "éste resulta en una virtual impunidad (para los traficantes)". En 1994 se creó, una comisión para recomendar cambios en el sistema.

- No se han dado pasos significativos para investigar y/o juzgar a la narcocorrupción, incluso no se han investigado seriamente las acusaciones de que la campaña del presidente Samper recibió varios millones de dólares del cartel de Cali, ni las afirmaciones de que existe una extensa corrupción en el Congreso colombiano.

- El único campo en el que el informe mencionado pudo hallar pruebas de que el presidente Samper ha dado pasos para cumplir seriamente su compromiso es la introducción de legislación para reforzar los intentos de combatir el lavado de dinero en Colombia.

- Se ha tomado una iniciativa internacional: Colombia presentó un código modelo para el lavado de dinero en la Cumbre de las Américas en diciembre de 1994. Pero ya existe un modelo de código de la OEA y no hay ningún indicio de que Colombia haya hecho seguimiento a su propuesta.

"Estoy desilusionado con el gobierno de Samper y creo que no se le debe darla certificación a Colombia", dice un miembro de alta jerarquía administrativa del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, agregando que "más tarde este año se llevarán a cabo extensas investigaciones y audiencias de vigilancia relacionadas con la narcocorrupción y la narco política en Colombia y México". Entre los testigos para estas audiencias se espera que esté Joe Toft, el ex director de la DEA en Bogotá, quien el año pasado acusó públicamente a la campaña del presidente Samper de recibir contribuciones financieras del cartel de Cali durante las elecciones presidenciales.

Según fuentes del Congreso y otras fuentes oficiales consultadas en Washington por este columnista, generó malestar el nombramiento como director de Impuestos y Aduanas de Carlos Antonio Espinosa, hijo del ponente del narco proyecto, el senador Gustavo Espinosa, ambos muy amigos de jairo Chavarriaga, representante a la Cámara, y del ex contralor Manuel Francisco Becerra, dos conocidos políticos del Valle. Las fuentes de Estados Unidos anotaron "que por lo menos la mitad de los miembros elegidos en el Congreso nacional tienen alguna clase de vínculo con los diversos carteles que operan en Colombia".

En relación con el procurador general, Orlando Vásquez Velásquez, quien es elegido por el Congreso de una tema presentada por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, las fuentes de Washington expresan dudas sobre la firmeza de su compromiso para enfrentar la corrupción en el sector público derivada del narcotráfico.

Otra personalidad que no inspiraba confianza en algunos círculos del gobierno norteamericano era Octavio Vargas Silva, nombrado comandante de la Policía en los inicios del gobierno de Samper, pero que finalmente fue relevado a los muy pocos meses de desempeñar este cargo.

Y así se podría hablar de otros funcionarios que son objeto de las sospechas de uno u otro tipo que afloran en ese ambiente enrarecido de las relaciones entre los dos países. Un caso reciente que ilustra ese ambiente tiene que ver con la pésima impresión que causó lo que se ha interpretado como disculpas públicas del minDefensa Botero Zea a los barones de la droga de Cali el año pasado, después de que la policía colombiana allanó una fiesta infantil de uno de los hermanos Rodríguez Orejuela.

El informe del partido republicano no formula juicios acerca de si Colombia debe o no recibir el certificado, le dijo a este columnista un funcionario del Senado, "ya que es estrictamente una decisión presidencial. El informe simplemente hace una lista de las promesas escritas y verbales hechas por el presidente Samper, presentando los pro y los contra imparcialmente, pero en nuestra opinión Colombia no se desempeñó bien en 1994. Colombia es el único país sobre el cual la plana mayor del partido mayoritario publicará un informe y esto, por sí solo, es significativo".

Además, aun si Colombia recibe la certificación, el asunto no se acabará. "Vamos a empezar a estudiar la "Ley de Preferencias

Comerciales Andinas (Atpa)", dijo un importante funcionario administrativo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. "Vamos a tratar de quitarle la preferencia a Colombia". as afirmaciones de los seguidores del presidente Samper de que Andrés Pastrana está detrás de la creciente animadversión de Washington hacia el presidente colombiano son "totalmente falsas", comentó a este periodista el funcionario republicano de alta jerarquía en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. "Ni Pastrana ni nadie que diga representar a Pastrana se ha comunicado con nosotros directa o indirectamente. No necesitamos su información.

Basados en nuestras propias fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, estamos convencidos de que la posición de Samper con respecto al narcotráfico no es clara, y de que un buen porcentaje de la gente en su gobierno tampoco".

El funcionario también negó que el senador Jesse Helms, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, tenga en su poder grabaciones de conversaciones entre los jefes del cartel de Cali y funcionarios de la administración Samper. "Si tuviéramos esas cintas", manifestó, "las haríamos públicas inmediatamente. No necesitamos grabaciones clandestinas para obtener un juicio sobre la narcocorrupción en el gobierno de Samper. Estamos trabajando estrechamente con la Agencia de Inteligencia de Defensa (el brazo de inteligencia del Pentágono y del Departamento de Defensa) y con otras agencias estadounidenses de inteligencia y antinarcóticos".

El texto del informe es fuerte y directo: "...casi el 40% de aquellos condenados' por delito de droga han sido puestos en libertad condicional sin haber pasado un solo día en la cárcel... la narcocorrupción del Congreso colombiano sigue siendo un problema... el récord de apoyo público al presidente Samper para la erradicación (de cultivos) es desigual ...Colombia puede haber sobrepasado a Bolivia como el segundo productor de coca en el mundo... Colombia es el mayor productor de la amapola del opio en el hemisferio occidental, habiendo sobrepasado a México en esta categoría..."

Haciendo referencia directa al ex presidente César Gaviria, el informe también dice: "Muchos de los problemas que afronta Samper, quien se posesionó el 7 de agosto de 1994, fueron heredados del gobierno anterior, el cual en su último año pareció haberle prestado menor atención a los narcóticos. Varios analistas colombianos han expresado el punto de vista de que la atención de Gaviria se concentró en su elección como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Los Estados Unidos dieron un fuerte y público apoyo a la elección de Gaviria, en premio por el récord de su gobierno en la lucha contra la droga".

El informe de la plana mayor del partido mayoritario (republicano) del Comité de Relaciones Exteriores del Senado concluye que el desempeño de Colombia en 1994, "bajo ambos presidentes, Gaviria y Samper, fue más cuestionable que en cualquier otro momento desde 1989". Específicamente en el caso del actual gobierno colombiano el informe no encontró actuaciones significativas antinarcóticos en las áreas esbozadas por Samper en su carta del 15 de julio de 1994 al senador Jesse Helms y a otros miembros importantes del Congreso de los Estados Unidos.

"En general", dice el informe, "es nuestra conclusión que en 1994 presenciamos, en áreas de crítica importancia, una disminución en el compromiso del gobierno colombiano con las políticas y programas antinarcóticos. Incluso un decreciente compromiso para desmantelar los carteles de la droga y para perseguir a los barones, y un decreciente compromiso para contrarrestar la influencia de los carteles en el sistema político colombiano... Salvo pocas excepciones, el gobierno de Samper no ha dado pasos para implementar las reformas e iniciativas a las que se comprometió su gobierno. Además, cualquier paso hacia adelante ha sido ensombrecido por un deterioro general en el compromiso del gobierno de Colombia para luchar contra los narcóticos. Según sus propios estándares, el presidente Samper ha fracasado".

El informe también afirma que el Comité (de Relaciones Exteriores del Senado) "debe vigilar muy de cerca el desempeño de Colombia durante el próximo período de certificación, y debe considerar seriamente la no certificación si no se hace un progreso significativo y efectivo. Los estándares para Colombia, como para otros países, deben ser realizaciones, no promesas".

El informe contiene las siguientes recomendaciones específicas:

- Colombia debe diseñar logros específicos como condición para la asistencia bilateral de los Estados Unidos, relaciones comerciales preferenciales, y apoyo en los bancos multilaterales de desarrollo.

- Tanto el Ejecutivo como el Congreso deben efectuar una revisión de las áreas en las cuales se puede incrementar la presión sobre Colombia para que cumpla con los objetivos fijados, incluso una revisión del Atpa y considerar la terminación de la participación de Colombia en el programa.

- Los Estados Unidos deben insistir en una investigación completa de la narcocorrupción, que incluya las afirmaciones de que el cartel financia las campañas políticas colombianas.

- El Congreso debe producir para mediados del año una revisión y decisión del presidente en lo referente a la cooperación n y desempeño de Colombia en la lucha entinar_ caóticos.

- El Congreso debe estimular al ejecutivo para que considere seriamente una política internacional de control de narcóticos que busque aislara Colombia si el desempeño de ese país continúa fallando.

- Las actuales prohibiciones establecidas por la ley de otorgar visas a los parientes y socios de los narcotraficantes deben extenderse a funcionarios de] gobierno colombiano, no importa cual sea su rango,

que estén implicados en la narco corrupcion (hasta que se haya llevado a cabo una completa investigación que sea satisfactoria para el secretario de Estado).

- El Comité de Relaciones Exteriores debe realizar amplias investigaciones y audiencias sobre la relación antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos, que comprendan: una investigación sobre el alcance de la narco corrupcion en el sistema

Tema político colombiano; (2) una revisión de las políticas y programas actuales, y de las acusaciones de penetración de carteles de la droga en los programas financiados o apoyados por Estados Unidos; y (3) una rendición de cuentas de la asistencia bilateral de Estados Unidos -con el propósito de determinar si amerita la certificación.

- A nivel hemisférico, la política de Estados Unidos debe prohibir claramente las conversaciones referentes

a libre comercio con cualquier país que no esté dando pasos significativos y efectivos para combatir el narcotráfico, inclusive con la opción de revisar acuerdos ya existentes con esas naciones que no cumplan con las normas. A este corresponsal con sede en

Algunas observaciones finales de este ° corresponsal con sede en Washington:

- El ambiente en Washington es tal que Colombia nunca logrará acceso al TLC ni siquiera a un acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos, hasta cuando se despejen las dudas sobre el presidente Samper y hasta cuando se desmantelen el cartel de la cocaína de Cali y otros carteles colombianos de la droga, se encarcele a sus jefes por largo tiempo y se expropien sus fortunas y bienes adquiridos ilegalmente.

- En Washington es muy generalizado e irreversible el convencimiento de que el presidente Samper

y varios de sus más altos asistentes no están comprometidos firmemente en la lucha contra el cartel de Cali. De este modo, las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos han sido afectadas irreparablemente mientras el gobierno no demuestre con hecho su decisión de combatir al cartel de Cali.

- La "renuncia por interés nacional" que se espera que Clinton invoque al certificar de nuevo a Colombia es una fuerte censura al gobierno de Colombia, tanto el del presidente Samper como el de su antecesor, César Gaviria. Si la situación no mejora, cuando el tema vuelva a estar en el tapete dentro de un año, Colombia puede quedarse sin certificación.



No hay compromiso



En este momento hay expedidas 22 órdenes de captura contra miembros del cartel de Cali, incluyendo la cúpula. El tema en los Consejos de Seguridad en Cali es el tratamiento que se le debe dar a las órdenes expedidas por la Fiscalía. El gobierno se ha negado a emitir en televisión los avisos de "Se busca", que ofrecen jugosas recompensas por los 14 cipos mas importantes, porque temen que se desate una guerra narcoterrorista en Cali.

La carta que tiene cl fiscal para emitir las órdenes de captura son las pruebas otorgadas por el gobierno norteamericano. El 2 de febrero Valdivieso aceptó las pruebas. Pero aduciendo los mismos argumentos constitucionales que prohíben la extradición, los abogados del cartel están tratando de impedir el uso de esas pruebas. '`Las pruebas son de delitos cometidos en Estados Unidos, no en Colombia. Eso no es razón para procesar a un ciudadano colombiano dice un abogado.

Los cayos del cartel de Cali estaban listos a entregarse a la justicia a mediados del año pasado. Ya estaba escogida la cárcel la de Vistahermosa o la de Palmira, un régimen especial de visitas familiares, los copos renunciaban al negocio, entregaban los mandos medios a la justicia y parte de sus propiedades. Pero se atravesó la campaña de Gaviria por la Secretaría de la OEA. A esas alturas del paseo, ya el gobierno americano no creía en el régimen de sometimiento a la justicia. Lo veía como una patente de curso. Si Gaviria aceptaba la entrega de los narcos, Washington lo vetaba. Gaviria escogió la OEA. Así hoy está en Washington y no en Pereira. En estos momentos la entrega esta descartada.

El gobierno norte americano cree totalmente en lo que dicen los narcocasetes. Es lógico, puesto que los grabó la 1)EA. Al mismo tiempo, están perplejos con la actitud de Sanper. Lo aprietan con la amenaza de la no certificación y no reacciona. Se ha hecho un análisis sobre tres posibles explicaciones de la pasividad de Samper:

- El presidente tiene una personalidad conciliadora, es indeciso, ingenuo y trata de encontrar soluciones que dejen contentos a todos, cuando ello no es posible.

- El presidente esta mal asesorado. Está recurriendo al nacionalismo para defender su posición de no perseguir al cartel. Cree que en el fondo la certificación no importa.

- El presidente o sus asesores tiene compromisos con el cartel de Cali

Según este análisis, Samper tiene dos alternativas:

1) Arroparse en el nacionalismo y evitar enfrentar abiertamente al cartel de Cali, sin importarlas consecuencias para aquellos colombianos no involucrados en el negocio del narcotráfico

2) Enfrentar al cartel y perseguir a los caeos en forma decidida hasta apresarlos. Ello sería la única forma de ganar la confianza perdida con el gobierno americano.

El gobierno americano tiene totalmente monitoreados los discursos de Samper y le preocupa que en ninguno de ellos haga mención directa a perseguir los sapos de Cali. No obstante, los mismos narcos no quieren que se ventile el asunto de sus aportes a la campaña presidencial, porque ello le daría carta blanca al gobierno americano para hacer lo que quisiera en territorio colombiano.

Las cartas del gobierno americano son el fiscal Valdivieso y el ministro de justicia, Néstor Humberto Martínez. Son los únicos funcionarios de la cúpula del gobierno sobre los que no existe la menor sombra de duda. El fiscal eligió comprometerse a fondo en su lucha contra el cartel. No hay que olvidar que además de primo hermano, era el mejor amigo de Luis Carlos Galán. Valdivieso ya sacó a su familia del país.

En síntesis, la desconfianza del gobierno americano no es hacia "los colombianos". Es hacia la cúpula del gobierno, que no se ha decidido a declararle la guerra al cartel de Cali.



Falso nacionalismo



La tentación para el gobierno colombiano de acudir al nacionalismo para evitar embarcarse en una difícil lucha contra los cabecillas del cartel de Cali es grande. Hasta donde se sabe, esta idea cuenta con algún nivel de apoyo en la opinión pública.

Las posiciones extremas amparadas en posturas nacionalistas de países pobres generalmente han terminado así: pobremente. Fue el caso del gobierno de Alan García en el Perú cuando decidió no pagar la deuda externa argumentando toda clase de tesis nacionalistas. El país llegó a una situación de aislamiento y postración económica sin precedentes de la cual apenas cinco años después empieza a salir. Algo similar ocurrió con Turquía en los años setenta cuando resolvió unilateralmente legalizar el tráfico y comercio de la droga en su territorio. A los dos años, ante una creciente presión internacional, Turquía echó para atrás la medida.

En el caso de Colombia, la situación sería similar. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Cualquier colombiano que tenga algún interés económico viaja a Estados Unidos. La posición del gran socio frente a Colombia es vital en los diferentes organismos internacionales. En un escenario de aislamiento el único negocio que prosperaría sería el narcotráfico. Un abierto enfrentamiento con el gobierno norteamericano sería una verdadera catástrofe para los intereses de Colombia, así esa posición se envuelva en la bandera del nacionalismo.

Sería un falso nacionalismo porque la causa de la querella es la defensa de una mafia. Colombia puede echarle la culpa de la existencia de esa mafia a los países consumidores, pero el hecho cierto es que se trata de un delito internacional. Colombia se ha convertido en uno de los principales productores y distribuidores de narcóticos en el mundo.

Si los demás países consideran que el tráfico de la droga es un delito en sus países, el gobierno colombiano tiene que respetar esa decisión soberana de cada país. Nadie obliga a los colombianos a involucrarse en el trafico de drogas en otros países. Esos países están en su derecho de exigir que los extranjeros no propicien lo que ellos consideran son actos ilegales en su territorio.

La comunidad internacional acepto que se prohibiera la extradición de colombianos. El argumento en su momento fue que la justicia colombiana perseguiría a los narcotraficantes y los castigaría por los delitos cometidos en el exterior. Ahora resulta que se está invocando la tesis de que la justicia colombiana no tiene por qué perseguir a los colombianos que delinquen en el exterior. Estos colombianos podrían cometer los crímenes más terribles afuera del país, pero mientras en Colombia no hagan nada malo están a paz y salvo. Esta insólita tesis, la de un país gane se convertiría en paria internacional, sería la misma que implícitamente estaría detrás de la posición de un gobierno que decida no combatir a los carteles que manejan buena parte del narcotráfico internacional.

El narcotráfico produce infinitamente mas daños que beneficios. A él están asociados toda clase de crímenes. Su efecto corruptor no tiene límites. Genera distorsiones sobre la economía en perjuicio de las actividades legítimas. Ningún gobierno serio puede invocar internacionalmente razones nacionalistas para no combatir a un negocio ilícito.
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