Crisis financiera segunda etapa

| 7/21/2000 12:00:00 AM

Crisis financiera segunda etapa

El asunto más urgente en la agenda del nuevo Ministro de Hacienda es encontrar una solución definitiva y creíble para la crisis financiera. Este es el nudo gordiano de la economía y está a punto de recomenzar con nuevo impulso.

En estos días de empalme en la cartera de Hacienda, hay en la agenda del nuevo Ministro un tema que pocos se atreven a mencionar. Se trata de la crisis financiera, una sombra que parecía controlada pero que vuelve a aparecer en toda su gravedad. La intervención de Interbanco, una entidad que había entrado en el programa de apoyo de Fogafin, ha servido para recordar que el problema está tan vivo como siempre. Y es posible que en pocos días lo de Interbanco parezca un incidente menor, en comparación con la debacle que ocurriría a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV), si la Corte Constitucional deja sin piso jurídico el sistema de financiación hipotecaria.

La crisis financiera es una bomba que no ha sido desactivada. Mientras esa sea la situación, no habrá crédito para las empresas ni confianza para el retorno de los capitales. Es, sin duda, el asunto más urgente que deberá resolver Juan Manuel Santos en su gestión como ministro.



La salida no va a ser barata. De acuerdo con los cálculos de Alberto Carrasquilla, decano de Economía de la Universidad de los Andes, y María Angélica Arbeláez, editora de Coyuntura Económica, de Fedesarrollo, en los dos últimos años los colombianos han comprometido más de $12 billones, es decir, 7% del PIB, para pagar los costos de la crisis financiera. El 64% de estos recursos ha ido a las entidades públicas. Será doloroso aceptarlo, pero ese dinero apenas es una cuota inicial, que además no ha sido muy bien invertida. Dinero estima que se necesitarán cerca de $9 billones adicionales para afrontar el problema. El costo necesario para resolver la crisis y despejar el camino se acerca, entonces, a los $21 billones, el 12% del PIB.





Puede haber debate sobre la forma de estimar este costo, si bien cualquier cálculo va a arrojar grandes números. Así lo ha demostrado el sistema internacional, pues son normales las experiencias de crisis financieras con costos cercanos al 20% del PIB y no es nada difícil encontrar ejemplos de costos por encima del 50% del PIB. El punto que ya no admite debate es que una crisis financiera no se resuelve con remedios parciales. La plata empleada en una solución parcial se pierde, porque el problema sigue creciendo y es necesario volver a gastar la misma cantidad y más. En abril de 1999, Dinero estimaba los costos directos de una solución a la crisis financiera en cerca de 8% del PIB. Hoy ya vamos en el 20%. No tendría nada de raro que en el 2001 los costos estén por encima del 30% del PIB, si no se toman los correctivos adecuados.



La solución aplicada hasta ahora no ha sido eficaz. En justicia, hay que reconocer que la evolución de la economía ha sido adversa. Los supuestos de crecimiento económico e inversión que se tenían cuando el programa fue diseñado han sido rebasados por la realidad. Se esperaba que el ajuste económico nos traería un crecimiento del PIB de 3% para este año, pero en realidad apenas va a estar cercano al 1%. Además, el acelerado y profundo deterioro de la confianza en el país y la consecuente salida de capitales han frenado las posibilidades de recuperación de la actividad del sector financiero. Los inversionistas extranjeros que se esperaban para los bancos que entraron al programa de Fogafin nunca llegaron, a pesar de haber reducido su cartera mala. Por otro lado, los recursos generados por algunas entidades financieras, al vender sus fondos de pensiones o sus inversiones en empresas por fuera del sector financiero, no han sido utilizados para capitalización. Simplemente, en este momento, nadie quiere traer la plata al sector.



Esto, sin embargo, solo refuerza el punto. La solución de una crisis financiera tiene que ser suficientemente robusta para resistir una pobre evolución de la economía. De otra forma, el problema sigue multiplicándose y la plata gastada en el esfuerzo no tiene efecto.



Los ingresos no alcanzaron



Es cierto que algunos de los indicadores más alarmantes de crisis financiera que se veían hace un año se han calmado. En particular, el crecimiento de la cartera mala no reviste hoy la gravedad de hace un año, cuando venía creciendo a una tasa anual de 78%. Hoy, la cartera mala cae al -20% y su desempeño es mejor en todos los grupos de entidades financieras, incluso en los bancos públicos. Las elevadas provisiones y la liquidación de bienes recibidos en pago han permitido mejorar el indicador. Sin embargo, si la economía no se recupera, muchas refinanciaciones tendrían que convertirse de nuevo en deuda mala y el indicador volvería a deteriorarse.



Los indicadores de actividad y rentabilidad muestran que el negocio financiero sigue paralizado y la fragilidad de las entidades se incrementa cada día. El producto esencial del sector financiero (los préstamos) cae al -8,6% anual. La rentabilidad del sistema es negativa (-27%). Ante la caída de los ingresos, la porción del margen financiero que debe dedicarse a atender gastos administrativos se ha disparado en comparación con el año pasado, en todos los grupos de entidades. Aparte de la caída de la cartera, otros factores inciden sobre la caída de los ingresos. El primero tiene qué ver con el impacto negativo que la reducción de la inflación ha tenido sobre las entidades. La baja inflación es buena para la sociedad y buena para los bancos, pero en el período de transición hacia una baja inflación, las entidades financieras registran un efecto negativo. Las cuentas corrientes son un activo clave para los bancos, pues no pagan intereses remuneratorios por ellas y además se ganan la inflación durante el tiempo en que las tienen en sus balances. Pero cuando la inflación y las tasas de interés bajan, se reduce el peso de estos recursos sin costo dentro del total de las captaciones. Si, además, los ingresos se reducen a causa de la caída de la cartera, el efecto sobre el margen de las entidades es demoledor.



Por otro lado, el gran obstáculo a la recuperación de los ingresos es la parálisis en la recuperación de los deudores. No hemos tenido una recuperación económica que permita despejar los flujos de caja de la deuda empresarial, y el proceso de reestructuración de la Ley 550 solo comenzó hace pocos meses. Y en el caso de la deuda territorial, que ya supera los $7 billones, ha pasado el tiempo sin que se llegue a una salida definitiva. Una manera de resolver esta situación sería que la Nación diera su aval a una buena parte de esta deuda como, en efecto, está a punto de suceder por medio de la Ley de racionalización del gasto territorial que está para la aprobación del Congreso. Esta solución es buena para los bancos endeudados, pero terminará siendo costosa para la Nación, especialmente si se tienen en cuenta los montos de deuda con cargo a vigencias futuras que ya están en cabeza del gobierno.



El modelo de ajuste y castigo



Lo cierto es que, dos años después de adoptadas las medidas, el país se encuentra frente a la misma expectativa acerca de la viabilidad de su sector financiero. La única diferencia es que ya se han invertido más de $12 billones y buena parte de las herramientas que había para operar están gastadas.





El capital requerido por las entidades financieras colombianas hoy se acerca a los $6 billones. La suma se ha reducido en el último año, porque desde diciembre de 1998 la banca pública ha recibido recursos de Fogafin por $5.279 miles de millones; la banca.



El caso más ilustrativo es el de la Ley de Vivienda, que dejó la recuperación del mercado hipotecario escrita en el papel. Nunca hubo una iniciativa realmente poderosa para sacarla adelante. Como resultado, la industria de la construcción y las CAV están paralizadas, a la espera del fallo de la Corte Constitucional y aterradas ante el limbo regulatorio que se podría desprender de él.



¿En qué falló el modelo de solución de la crisis financiera? Fueron varios factores. Primero, subestimó el deterioro de la economía y de la confianza de los inversionistas en el presente año y, por ende, subestimó el costo de la salida de la crisis. Segundo, no detuvo la hemorragia de los bancos públicos, sino que aplicó una solución lenta y costosa, financiada fundamentalmente por los usuarios del sistema financiero y las entidades privadas (en el caso del Banco Agrario se optó por la peor salida posible, que fue asumir los costos de liquidar un banco malo, solo para crear otro peor). Tercero, generó un esquema de apoyo mediante Fogafin que resultó muy costoso para las entidades privadas. El gobierno partió de la base de que los banqueros tendrían que conseguir la plata donde fuera, pues ese era problema de ellos. Cuarto, el gobierno asumió una posición pública de enfrentamiento con los bancos, adjudicándoles la culpa del problema y la responsabilidad de encontrar una salida a la situación. Esta postura explica el aumento de las provisiones y la imposición de un tope efectivo a las tasas de interés mediante el mecanismo de la tasa de usura. Y quinto, el gobierno se enredó en un galimatías regulatorio, alrededor de temas como la tasa de usura y la Ley de Vivienda, que ha creado un terreno movedizo para las entidades y los nuevos inversionistas que ellas necesitan atraer para sobrevivir.



Respecto a la mala estimación del crecimiento económico de este año, no hace falta añadir nada. En cuanto a la desproporción del esfuerzo entre entidades públicas y privadas, basta añadir que del total de los $12 billones de recursos públicos desembolsados hasta la fecha, el 72% se ha destinado a la capitalización de la banca pública y a ofrecer crédito a la banca cooperativa y únicamente el 5%, alrededor de $600.000 millones, han ido a la banca privada. La capitalización de la banca privada se hizo con la línea de crédito de Fogafin que se creó para este propósito, contra la garantía del patrimonio de los accionistas. Entre tanto, en el caso de la banca pública, el respaldo de los bonos de Fogafin está dado por la Nación.



Los puntos más controversiales, por sus implicaciones hacia el futuro, son el de las condiciones de acceso al apoyo de Fogafin y las provisiones ordenadas por la Superintendencia Bancaria.



El esquema de Fogafin tuvo fuerte oposición desde el comienzo por parte de los banqueros, que lo consideraban oneroso. En su opinión, las condiciones de Fogafin no podía pagarlas nadie, porque eran demasiado exigentes en términos de la limpieza que había que hacer. Por ejemplo, se ordenó provisionar los activos improductivos por el 100% de su valor. También se obligó a amortizar el 100% del crédito mercantil (el goodwill que aparece como un activo en el balance de un banco). En ambos casos, si bien se trata de vehículos contables preferidos por los maquilladores de balances, la cura fue excesivamente drástica, pues no es lógico pensar que el precio de mercado de estos activos sea igual a cero.



Esto llevó a que solamente 9 entidades se acogieran al esquema, las que no tuvieron más remedio. El resto, a pesar de tener también grandes necesidades de capital, decidieron abstenerse y buscar otro tipo de salidas, como la capitalización con recursos propios, para capotear la situación.



Los resultados logrados hasta ahora con el esquema de Fogafin podrían darle la razón a quienes creyeron que el costo era demasiado alto para los bancos. Al menos así lo indicarían la intervención de Interbanco y las decisiones de las autoridades respecto a recomprar por $1,4 billones los bonos a 10 años de las entidades capitalizadas para otorgarles liquidez, y a darles crédito a seis meses a algunas de ellas para que puedan pagarle a Fogafin.



Si se llegara a desarrollar un segundo esquema de capitalización para las entidades en problemas, como podría suceder muy pronto, habría que pensar en uno que resulte suficientemente atractivo para los accionistas, como para estimular verdaderamente la capitalización. De nada sirve exigir capitalizar y castigar cartera, si como resultado se tiene que el sector financiero no despega y se reducen las posibilidades de supervivencia de las entidades. Con esto, se vuelve a lo inevitable: el gobierno tendrá que incurrir en un costo superior al enfrentado hasta ahora.



Por último, la expedición de medidas confusas, contradictorias (como los cambios en la fórmula de la tasa de usura) o simplemente inoperantes (como la Ley de Vivienda) ha profundizado la desconfianza de banqueros, inversionistas y usuarios del sistema. La gente es un activo básico en este proceso; para que cualquier fórmula funcione, la gente tiene que creer que el gobierno es capaz de resolver la situación. Cada vez que se plantea una solución solo para dejarla languidecer durante meses mientras se definen los detalles, llega la respuesta del poder judicial y se empieza a ver la plata que se ha asignado, la confianza de la gente se deteriora aún más. Ahí se está dilapidando el activo esencial en la construcción de una salida a esta crisis.



¿Qué hacer?



El saliente equipo económico subestimó los costos de enfrentar la crisis y sobrestimó sus posibilidades de resolverla con estrategias parciales, intentando ganar tiempo. Hizo de todo un poquito, pero no lo suficiente para pasar al otro lado, en especial cuando el entorno cambió de manera radical. Es tiempo de plantearse las preguntas de fondo: ¿cómo acelerar, financiar y legitimar socialmente la resolución de la crisis?



Lo primero es acelerar la solución. Los grandes enemigos son la inercia y el temor de entidades financieras y empresas a tomar la iniciativa en los negocios, acorraladas como están por el peso de la deuda.



Para cambiar la dinámica, el gobierno tiene que demostrar que está decidido a asumir los costos. No hay otra forma de convencer a los capitalistas de que la situación tocó fondo y de que lo que viene adelante es cuenta nueva. Por el camino, sin embargo, surgirán numerosas preguntas de justicia distributiva. Lo fundamental en esta materia es desarrollar un esquema en el cual todos los actores puedan salir a flote y las cargas estén más equilibradas. Pero no será posible resolver las inquietudes distributivas hasta su mínimo detalle. En la polémica que vendrá, el gobierno tendrá que apegarse al norte que escoja y no dejarse desviar en el camino.



Lo primero es reconocer que, en los hechos, hace rato que abandonamos la ortodoxia pura en el manejo de la situación. Si el mundo fuera como dicen los libros, habría que dejar que los bancos en problemas se quiebren. La única cobertura sería la del seguro de depósitos (los depositantes recibirían hasta $7,5 millones). Esta no es la política que se ha adoptado.



¿Cómo acelerar la salida de la crisis? Para comenzar, hay que detener la hemorragia de la banca pública. Afortunadamente, ya tenemos una medida de la peor salida posible, que fue la solución aplicada en la Caja Agraria. Allí se decidió liquidar un banco, a costos gigantescos, solo para reemplazarlo por otro nuevo que repite, uno por uno, los vicios de su antecesor. Al lado de este ejemplo, cualquier propuesta diferente merece ser escuchada.



Y hay propuestas novedosas. Un modelo muy interesante es el aplicado en el caso del banco Bamerindus en Brasil, cuya deuda fue saneada por el gobierno brasileño antes de venderlo al Hong Kong & Shanghai Bank por una fracción del costo del saneamiento de la deuda. El banco ya está mostrando resultados positivos.



Luego, hay que decidir si se mantienen las exigentes provisiones que ha impuesto la Superbancaria a las entidades. Hay que aclarar si lo prioritario es conseguir, al costo que sea, que las entidades provisionen y capitalicen al mismo tiempo, o si sería más conveniente permitirles ganar plata y recuperarse, abriendo un plazo más amplio para provisionar.



Adicionalmente, el gobierno tendrá que movilizar su capacidad de concesión de garantías para agilizar la puesta en marcha de un nuevo sistema hipotecario y de capitalización empresarial. Sin la garantía del gobierno, no habrá forma de crear un mercado para esos papeles y dar liquidez a los activos que hoy están paralizados. Hay que generar nuevo financiamiento para saldar vivienda o para comprar empresas para su recuperación, instrumentando en este último caso las sociedades de promoción empresarial previstas en la ley 550. Esto implica que hay que desarrollar el mercado de capitales. De esto venimos hablando los colombianos desde el comienzo de los tiempos, pero ahora la cosa va muy en serio. Si no somos capaces de resolver esta ausencia, no va a haber remedio para la crisis financiera.



¿Cómo financiar la salida? Las autoridades tienen que entender que los costos de la crisis crecen exponencialmente cada año. La salida va a costar mucho dinero. La decisión es si preferimos pagar 20% del PIB desde ahora o esperamos a que el costo aumente hasta 30 ó 40% del PIB a la vuelta de un año.



Además, hay que usar la imaginación. El gobierno tiene que pensar en alternativas ambiciosas de movilización de recursos externos. Habría que buscar, por ejemplo, un verdadero apoyo del FMI por varios miles de millones de dólares, obteniendo de esta entidad garantías para los recursos necesarios para el salvataje financiero. No es impensable, si como contrapartida Colombia hace lo que sea necesario para volver a dar viabilidad a su economía y crear oportunidades de inversión verdaderas en su territorio.



Se podría pensar también en titularizar ingresos petroleros, a medida que se confirmen los hallazgos. Sería posible buscar garantías públicas o multilaterales para allegar recursos para la capitalización del sector privado.



Y el Banco de la República podría involucrarse más activamente en la resolución del problema financiero que ayudó a crear cuando subió las tasas de interés hasta niveles que hicieron inviables las empresas de este país.



¿Cómo legitimar la salida de la crisis? Este problema, que podría parecer el menos grave de todos, se ha convertido en un obstáculo mayor. A ningún gobierno le quedaría fácil explicar por qué, en un momento de crisis generalizada y alto desempleo, se van a entregar recursos a los banqueros y los empresarios, es decir, a los ricos, mientras las universidades y los hospitales se quedan esperando su parte. Siempre será fácil para un gobierno conseguir popularidad satanizando banqueros. Pero al poner a los banqueros en la picota, el gobierno también se ata las manos frente a cualquier salida distinta a la de tomar posesión de los bancos.



La solución no va a ser legítima, a menos que sus beneficios alcancen a toda la sociedad. Por eso, la solución tiene que estar acompañada por mayor democratización en los mercados de crédito y en la propiedad de las entidades financieras. ¿Hay sentido en tener tantas entidades financieras concentradas en movilizar sus recursos para las 50 ó 100 empresas con alta capacidad de pago, al tiempo que se abandona crecientemente al resto de empresas y negocios del país? Por otro lado, la necesidad de capitalización del sistema financiero podría combinarse con la posibilidad de financiar cientos de miles de nuevos accionistas. Si la gente va a tener que pagar una parte de la solución vía sus impuestos, ¿no podría recibir a cambio acciones de los bancos y las empresas que recibirán el apoyo? Si la tarea se hace bien, esas acciones se valorizarán en el futuro y su movimiento contribuirá al desarrollo del mercado de capitales.



Finalmente, la salida de la crisis financiera tiene que estar vinculada a un objetivo de mucho mayor alcance, que es el incremento del ahorro de la sociedad colombiana. Con la tasa de ahorro del 12% que se vio en los años 1999 y 2000 será imposible recuperar la inversión y saldar las deudas acumuladas. Los incentivos fiscales y financieros deben conducir a duplicar las tasas de ahorro de la economía tan pronto sea posible. Hay que combinar instrumentos de mercado y de ahorro forzoso, en empresas y familias, con este propósito. Cambiando, por ejemplo, en forma radical la tributación empresarial: en vez de estimular tributariamente la repartición de dividendos, hay que estimular su retención en las empresas, declarando exentas de impuestos todas las ganancias reinvertidas.



La crisis financiera es el reto más urgente en el campo económico, como lo era hace dos años. Sin un sistema financiero activo no habrá inversión ni recuperación económica sostenible. La salida puede tomar muchas formas, pero todas pasan por reconocer los costos y tomar decisiones consecuentes. La acción decidida tendría un enorme impacto positivo sobre la credibilidad del equipo económico y permitiría retomar el rumbo que se ha perdido a lo largo de tantas vacilaciones.
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