| 7/7/2011 8:00:00 AM

¡Corrupción boyante!

Los empresarios colombianos sienten que la corrupción los tiene rodeados. Si no se le pone límite, su avance podría llegar a afectar el clima de negocios en el país. Encuesta exclusiva de Dinero y Gallup Colombia.

La corrupción se ha convertido en una realidad agobiante en el ambiente que viven los empresarios en Colombia. Los escándalos de los últimos meses en Bogotá y otras ciudades, así como en diferentes sectores, han agudizado la percepción sobre la incidencia de este flagelo, y estos casos solo son la punta del iceberg. Los colombianos apenas estamos empezando a entender la profundidad del fenómeno.

No se trata simplemente de un problema de percepción. La Auditoría General de la República estima que aproximadamente $3,8 billones son arrebatados cada año al fisco por funcionarios públicos en episodios de corrupción que, en muchos casos, se ejecutan en complicidad con actores privados. Esta cifra se acerca al 1% del PIB. De acuerdo con esta entidad, a diciembre del año pasado había más de 10.500 procesos relacionados con corrupción; los casos que aparecen destacados en los medios de comunicación son una minoría absoluta dentro del total.

Dinero y Gallup Colombia realizaron una encuesta entre empresarios en seis ciudades de Colombia para averiguar sobre su percepción respecto a la corrupción en el país y sobre la proximidad que puede tener el tema a su gestión empresarial. Los resultados son abiertamente preocupantes.


50% de los encuestados considera que el nivel de corrupción en el país es muy alto y otro 33% que es alto; al mismo tiempo, 60% cree que la corrupción está aumentando; 70% cree que las licitaciones con el Estado ocurren en condiciones de muy baja transparencia; 23% afirma que conoce alguna empresa de su propio sector que ha ejercido tráfico de influencias en entidades estatales y 21% dice conocer una empresa que ha pagado sobornos.

El avance en la corrupción se ha convertido en un problema para la competitividad internacional del país. En el último Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia aparece clasificado en el puesto 106 entre 139 en lo que se refiere al uso de recursos públicos para propósitos diferentes a los asignados; en el puesto 90 en cuanto a pagos irregulares y sobornos; y en el puesto 118 en cuanto a favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos.
Incluso, en este índice, la corrupción es uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en Colombia y una de las principales barreras para superar el retraso en competitividad del país, aun por encima de otros elementos considerados estructurales para el desarrollo, como el inadecuado suministro de infraestructura o la regulación laboral.
El problema de la corrupción puede tener graves consecuencias para el país en el largo plazo. La confianza misma en las instituciones y en la posibilidad de lograr condiciones equitativas en la realización de actividades productivas y negocios puede verse amenazada. Las percepciones de los empresarios en la encuesta son un campanazo de alerta en este sentido.

La percepción general

En una primera aproximación a la situación general del país, los empresarios piensan que las cosas en Colombia están desmejorando. En marzo de este año, 63% de los consultados consideraba que en el país las cosas iban bien. Sin embargo, tan solo dos meses después, la cifra cayó a 45%, mientras el porcentaje que considera que las cosas están empeorando subió de 17% a 40%. En Bogotá, la sensación de mejoría cayó 17 puntos, en tanto en el conjunto de las demás ciudades la caída fue de 19 puntos.

La preocupación por el avance de la corrupción parecería ser uno de los más importantes factores que impulsan este pesimismo. En una escala de 1 a 5, donde una calificación de 5 implica que el nivel de corrupción existente en el país es “muy alto”, 50% de los encuestados califica la corrupción en Colombia con 5 y 33% adicional considera que la calificación es 4. 60% de los empresarios consultados cree que la corrupción está creciendo, mientras solo 22% piensa que disminuye.

Resulta notable que Bogotá muestra una tendencia pesimista más fuerte que el resto del país en lo que se refiere al estado de la corrupción. En Bogotá, 56% de los empresarios califica el estado de la corrupción en el nivel máximo dentro del esquema de calificación de la encuesta, mientras en las otras ciudades solamente 39% piensa lo mismo.

Cómo se ven las instituciones

Quizás no resulte sorprendente que los empresarios perciban altos niveles de corrupción en la clase política y en el sector público. Sin embargo, llama la atención el orden de magnitud que atribuyen a diferentes grupos y núcleos de poder. Definitivamente, en la Colombia de hoy los alcaldes aparecen como los principales exponentes de la corrupción entre los servidores públicos, desde la perspectiva de los empresarios.

Al pedir a los encuestados que calificaran diferentes instituciones en una escala de 1 a 5, donde 5 significa “muy corrupto”, 36% ubicó a los políticos en general en el nivel máximo. Al mismo tiempo, 51% colocó al alcalde de su ciudad en ese mismo nivel. En Bogotá, entre tanto, un abrumador 72% asignó la calificación máxima posible en materia de corrupción al alcalde, que para el momento de la encuesta era Samuel Moreno. En el caso de los miembros del Congreso, 31% de los encuestados consideró que ellos están en el nivel máximo en la escala; mientras en el caso de los concejos municipales, el 24% de los encuestados considera que los niveles de corrupción llegan al máximo en la escala. En cuanto a los gobernadores, el porcentaje de empresarios que los ubica en el máximo nivel de corrupción es 7%. Estas percepciones guardan proporción con la evidencia de los procesos que se adelantan en la Procuraduría General de la Nación. Allí cursan 326 procesos disciplinarios contra gobernadores, los cuales, en su mayoría, se relacionan con violaciones al Estatuto de la contratación Pública. Entre tanto, hay 1.523 actuaciones vigentes contra alcaldes en ejercicio por la misma causa.

Por el lado positivo, el Presidente de la República aparece en una posición solitaria como una figura ajena a esta epidemia. Solo 3% de los encuestados considera que el Presidente podría ser calificado en el nivel más alto de esta escala. De hecho, 42% de los encuestados cree que el Presidente debe ser calificado en los dos niveles más bajos de corrupción que admite la medición.

Por lo demás, predomina la creencia de que varios procesos que realizan entidades públicas se caracterizan por la falta de transparencia. 72% de los empresarios califica la financiación de las campañas electorales en los dos niveles más altos de falta de transparencia en la escala presentada en la encuesta. 25% de los empresarios ubica los procesos de compras de bienes y servicios en esos dos niveles superiores de falta de transparencia. 70% hace lo mismo en el caso de las licitaciones públicas.

Como ejemplo de una evaluación sobre un caso concreto en el panorama, la encuesta preguntó a los empresarios por el grado en el cual confían en el buen manejo que le va a dar el Estado a los recursos destinados a la reconstrucción de los desastres generados por la ola invernal. En una escala de 5 puntos, solamente 23% calificó su confianza en el manejo en los dos niveles superiores de la puntuación. Entre tanto, 44% calificó su nivel de confianza en los dos niveles más bajos. El grueso de los empresarios encuestados cree que el Gobierno fracasará en la tarea de manejar esos recursos con limpieza y transparencia.

Los empresarios se autoevalúan

Al considerar el involucramiento de individuos pertenecientes al sector privado en temas de corrupción, los encuestados dan respuestas que en ocasiones parecen contradictorias. 45% opina que los contratistas del Estado están ubicados en el nivel máximo de corrupción en la escala y 32% los pone en el nivel siguiente. 40% de los encuestados cree que las EPS (en su gran mayoría entidades privadas) deben ser clasificadas también en el nivel máximo de corrupción que permite la escala.

Al mismo tiempo, si bien la percepción de la corrupción en los gremios es muy inferior a la que se tiene en el caso del sector público, se podría decir que ellos no salen muy bien librados en la encuesta. 22% de los encuestados califica a los gremios en los dos niveles superiores de corrupción posible en la escala. Algo similar puede decirse en el caso de las grandes empresas, donde 23% de los encuestados las ubican en los dos mayores niveles de la escala. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, solamente 6% las clasifica en los dos mayores niveles de corrupción, de acuerdo con la escala presentada en la encuesta. Al ser medidas por los empresarios, los encuestados calificaron, en promedio, por debajo de 3 el nivel de corrupción de las mismas empresas, en una escala de 1 a 5. Sin embargo, hay un dato que sorprende: en la medida en que crece el tamaño de las compañías, la percepción de corrupción es mayor. Así, mientras las Pyme obtienen, en promedio, una calificación de 2,1, las grandes llegan a 2,6 y los grupos económicos a 2,9, en la escala.

Las posibles contradicciones surgen cuando los empresarios evalúan la actividad del sector privado en la corrupción. La dureza de la evaluación se reduce a medida que el evaluado se hace más cercano al evaluador. Así, solamente 5% de los encuestados considera que su jefe o superior debe ser calificado en los dos mayores niveles en la escala de corrupción que presenta la encuesta.

Sin embargo, esto no significa que los encuestados vean al sector privado como un actor ajeno a este fenómeno. 21% de los encuestados afirma conocer una empresa de su propio sector que ha pagado sobornos. 23% conoce una empresa de su sector que ha ejercido tráfico de influencias. 25% conoce una empresa de su sector que ha hecho invitaciones dadivosas o regalos a funcionarios públicos y 16% afirma conocer una empresa que ha solicitado favores o contratos a cambio de donaciones en campañas políticas. 28% dice conocer a alguien que ha pagado para que no le cobren una multa.

Las consecuencias

El balance de causas y consecuencias de la corrupción que surge de la encuesta lleva a pensar que en algún punto podría presentarse una disyuntiva en cuanto a la confianza de los empresarios en el sistema mismo, algo que tendría serias repercusiones en la vida económica del país.

En síntesis, los empresarios creen que las causas de la corrupción están en fallas en la operación y no en problemas en el diseño de nuestras instituciones. Al mismo tiempo, creen que las consecuencias podrían llegar a afectar la credibilidad en las instituciones.

Así, entre las causas más importantes de la corrupción identificadas por los empresarios están la falta de transparencia en las decisiones públicas (72% de los encuestados identifica esta como una causa muy importante de la corrupción) la ineficiencia del sistema judicial (64%), las bajas sanciones para quienes se involucran en estos hechos (51%) y los procedimientos administrativos inadecuados (54%). Entre tanto, una razón más estructural, como puede ser el tamaño y la ineficiencia del Estado, es percibida como una causa importante por un porcentaje muy inferior de empresarios (26%).

Hacia adelante, sin embargo, las consecuencias del auge de la corrupción podrían tener un alcance mucho mayor. 67% de los empresarios encuestados creen que el avance de la corrupción se reflejará en una pérdida de confianza en las instituciones; 59% cree que conducirá a una sociedad en la cual se perdería la igualdad de los ciudadanos ante la ley; 58% piensa que conducirá a una mayor inseguridad jurídica; 42% cree que incrementará las dificultades para hacer negocios y 40% piensa que traerá una mayor inestabilidad política.

Pero la situación más preocupante es que los empresarios consideran que en el futuro cercano las cosas no cambiarán: uno de cada tres empresarios piensa que en la próxima licitación pública su más fuerte competidor dará sobornos.

El panorama que muestra el estudio es desolador. La tarea para el Gobierno será compleja en cuanto a recuperar no solo los recursos que han sido birlados sino la confianza en el sistema, donde jugará un papel fundamental el nuevo Estatuto Anticorrupción, sancionado hace apenas unas semanas por el presidente Santos.

“La sensación que queda inicialmente del estudio es que la plata se perdió, no que el problema se solucionó. Esta situación es parecida a la de una intervención quirúrgica donde se hace la operación, pero la recuperación es larga. Estamos en la primera fase, de depresión, y luego vendrá la etapa de recuperación y confianza, si la intervención ha quedado bien hecha”, puntualiza Jorge Londoño, presidente de Gallup Colombia.

Así, los empresarios perciben que, si bien las raíces del problema de la corrupción pueden deberse a fallas puntales en los mecanismos de operación de nuestro sistema económico y político, las consecuencias podrían llegar a debilitar los cimientos mismos de ese sistema. El avance de la corrupción en el país es un asunto que reviste la mayor gravedad. Es indispensable ponerle freno, y de manera visible, a estos excesos. De lo contrario, si nos acostumbramos a contemporizar con la corrupción, en el largo plazo se vería amenazada la confianza en las instituciones, la competitividad de la economía y la confiabilidad misma en las posibilidades de hacer negocios de una manera transparente en Colombia. 

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