| 6/8/2007 12:00:00 AM

Conflicto de reguladores

La regulación de la televisión se ha quedado rezagada frente al avance de la tecnología.

Con la llegada de la televisión digital y la aparición de las empresas de telecomunicaciones en el negocio de la televisión, se hacen evidentes los desajustes que tiene la regulación, ante el cambio tecnológico que ha transformado estas industrias.

El marco regulatorio colombiano sobre televisión y telecomunicaciones se basa en una división que parte de los servicios que prestan los distintos agentes. Así, hay una Comisión Nacional de Televisión, CNTV, que regula la televisión (abierta y por cable); una Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, que se ocupa de telefonía fija, móvil y valor agregado; mientras el Ministerio de Comunicaciones fija la política y supervisa la radio (ver gráfico).

Esta era la lógica en el pasado. En la década anterior, se extendieron unas licencias millonarias basadas en este esquema para emisión de televisión a través de canales privados, otras para telefonía de larga distancia y otras para telefonía celular.

Hoy, sin embargo, el avance de la tecnología ha llevado a que esta forma de concebir el mundo de las comunicaciones encuentre el límite de su utilidad. En la actualidad, los servicios de televisión, telefonía y radio pueden ser suministrados a través de las mismas redes. Hace falta actualizar el marco regulatorio para un mundo en el cual lo que importa no es el servicio prestado, sino la calidad y el alcance de las redes que están a disposición de los distintos jugadores, y la forma como el manejo de estas redes afecta los intereses del consumidor.

El proyecto de Ley de Televisión pretende hacer cambios de fondo en la concepción de la regulación, y esto ha generado conflictos entre los distintos entes. El proyecto busca poner a Colombia a tono con las tendencias internacionales de regulación, de modo que las redes de telecomunicaciones y televisión, que empiezan a confluir, sean reguladas por un solo ente, como sucede en países como Estados Unidos, Chile, Argentina y México. "Colombia mantiene una regulación por servicios y por contenido, la idea es que haya una regulación de redes (no de servicios) y otra de contenido", puntualiza Daniel Medina, viceministro de Comunicaciones.

Esto da lugar al primer conflicto. Hasta ahora, la televisión por cable ha sido concebida como parte de la oferta nacional de televisión y, por lo tanto, está sujeta a la vigilancia de la CNTV. En el proyecto de ley, la televisión por cable pasa al ámbito de la CRT, como un servicio de valor agregado. Esto no solamente reduce el ámbito de acción de la CNTV, sino que reduce también sus ingresos. Actualmente, las empresas de televisión por cable contribuyen con el 10% de sus ingresos al Fondo de Desarrollo de la Televisión, que hace parte de la CNTV. Los recursos de este último fondo están dedicados primordialmente al fortalecimiento de la televisión pública nacional y regional. En el proyecto del Ministerio de Comunicaciones, el aporte de la televisión por cable, como servicio de valor agregado, pasaría al fondo de comunicaciones.

La CNTV no está de acuerdo con esta propuesta. Ricardo Galán, su presidente, advierte que es inconveniente rebajar el monto del aporte que hacen las empresas de telecomunicaciones en su negocio de televisión, del 10% de sus ingresos brutos al 3% de sus ingresos netos. "Además de que se están quedando con una gran tajada en el mercado de las comunicaciones, ¿también les vamos a rebajar la contribución que hacen para el fortalecimiento de la TV publica nacional y regional?", dice Galán. Representantes del sector privado también se han opuesto a esta idea. Gabriel Reyes, presidente de RCN, la considera inconveniente e inconstitucional.

El Ministerio de Comunicaciones responde que el proyecto hace explícito que la rebaja será gradual, dependiendo de las necesidades de financiación de la televisión pública nacional, y además los cableros estarán obligados a dar otro tipo de contraprestaciones, como cobertura a los estratos más bajos, contribuciones fijas anuales por un periodo específico y el fortalecimiento de contenidos, entre otros.

Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, también ha intervenido con otro punto de vista. Para el superintendente Jairo Rubio Escobar, se debe dejar fluir la competencia en el sector de las comunicaciones. Desde su punto de vista, lo crítico es evitar la consolidación de monopolios o arreglos oligopólicos en el sector, que perjudiquen los intereses de los consumidores. Rubio estima que es necesario hacer un control previo a las integraciones empresariales que se están presentando en razón de la convergencia, para evitar que se restrinja la competencia y se perjudique al consumidor. "La competencia del control previo está siempre en manos de la SIC, pero existen algunas excepciones: las integraciones en materia de televisión son revisadas por la CNTV y las financieras por la Superfinanciera", explica Rubio.

En estas excepciones se pone en entredicho la capacidad técnica de algunas entidades para realizar el control ex antes de las integraciones. Algunos analistas han advertido que la CNTV, por ejemplo, no tiene el experticio ni la capacidad técnica para hacerlo, lo que en materia de televisión, podría ser causa de restricciones a la competencia. Como una solución a este problema, Rubio ha propuesto crear un órgano único, especializado, colegiado e independiente que se encargue de ejercer el control previo de las integraciones empresariales. Según Rubio esto sería muy importante, en primer lugar, para desvincular cualquier interés sectorial del control que se hace. "La competencia económica puede envolver conflictos entre diferentes sectores, por consiguiente no parece consistente que la autoridad encargada de reprimir las prácticas comerciales restrictivas de la competencia, cumpla simultáneamente tareas de control y vigilancia, regulación o de solución de controversias individuales entre empresarios", puntualiza.

Según la propuesta de la SIC, debería haber una autoridad única y especializada que hiciera posible un tratamiento simétrico de conductas similares, sin importar el sector económico en el cual se presenten prácticas anticompetitivas, y permitiera que los controles previos sobre integraciones empresariales respondieran a la necesidad de salvaguardar la competencia.

¿Quién los pondrá de acuerdo? "Es una decisión en la que debe intervenir el presidente Uribe. Aquí la pelea es por mantener poder sobre unos sectores, cuando la tecnología y el mercado nos están rebasando", dice Ramiro Valencia, presidente de la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones, CCIT. Esta es una pelea de poderes, de cuya solución depende la marcha de un sector vital para la competitividad del país. ?
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