Conexiones pendientes

| 10/26/2001 12:00:00 AM

Conexiones pendientes

Con la convocatoria de la subasta de PCS y la propuesta de una nueva ley de telecomunicaciones, Angela Montoya se la juega por dar un empujón decisivo al sector.

El medio de las telecomunicaciones en Colombia está agitado otra vez. La ministra de Comunicaciones, Angela Montoya, ha anunciado que ejecutará para enero del año próximo la subasta de tres licencias regionales de los servicios de comunicación personal, PCS por su sigla en inglés, que permitirá la aparición de un nuevo jugador en el mercado de comunicaciones móviles en el país, en competencia directa con los celulares. Por otro lado, el Ministerio está ultimando los detalles del texto de una nueva ley de telecomunicaciones que unificará y simplificará el marco legal que rige el sector (página 40). El proyecto iniciará trámite en la Comisión Sexta del Senado en pocos días. Así, se pone en marcha la aplicación de estas dos recomendaciones clásicas para imprimir dinamismo a este sector, que está en el corazón de cualquier modelo de desarrollo que Colombia pretenda seguir en la economía moderna.

Sin embargo, aunque llevamos años hablando de la necesidad de abrir la licitación y de una ley general de telecomunicaciones, la decisión de subastar la licencia ha encontrado reacciones diversas, con tendencia al escepticismo. Y aunque el texto de la ley no se conoce aún, algo similar ha ocurrido con esta propuesta, dado el poco tiempo que le queda a este gobierno. Sin embargo, la ministra Montoya ha decidido avanzar con sus iniciativas. "Yo no puedo limitarme a decir que el momento no es oportuno para actuar, mientras Colombia se atrasa en tecnología y servicios", afirma.



Y tiene toda la razón. La suma de una ley de telecomunicaciones moderna y una subasta de PCS exitosa, sin duda, les imprimiría una nueva dinámica a las telecomunicaciones en Colombia, pues atraería inversión nueva, generaría empleo y llevaría a las empresas existentes a renovarse para prestar mejores servicios. Eso no quiere decir que el proceso no tenga riesgos. Se necesita una ejecución impecable en ambas iniciativas para sortear los peligros que acechan en el camino. En el caso de PCS, muchas razones han sido argumentadas para decir que esta no es la oportunidad de actuar, pero ninguna de ellas es contundente.



Razón 1: La economía está mal



Definitivamente, esta ya no es la edad de oro que se vivió durante la década anterior y hasta el año pasado, cuando se pagó US$35.000 millones por una licencia de tercera generación en un país como Alemania. Por el contrario, ahora estamos viviendo el guayabo que viene tras esos excesos. Las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo están sobrecargadas de deuda, los proveedores de equipo están agobiados por la cartera mala y, por tanto, han reducido el crédito, y el capital para inversiones ha disminuido sustancialmente. Como una demostración cercana de este fenómeno, este año Brasil fracasó en dos intentos por vender licencias de PCS en el sur del país y Telecom Italia devolvió licencias en 4 regiones.



Sin embargo, el hecho de que los años inmediatamente anteriores hayan sido de un auge extraordinario no significa que las perspectivas de crecimiento sean malas. En medio de la recesión mundial y regional, el crecimiento esperado en el número de usuarios de celulares y PCS en América Latina es cercano al 18% anual, según el Yankee Group, firma especializada en el análisis de los mercados de telecomunicaciones en el mundo.



En Colombia, el desempeño es positivo. El sector de telecomunicaciones viene creciendo muy por encima del PIB y la cobertura del servicio telefónico se incrementa velozmente. En el caso de los celulares, después de años de crecimiento anémico, la entrada de BellSouth (Celumóvil) y America Movil (Comcel) se ha traducido en un rápido incremento en el número de usuarios, que pasaron de un poco más de 1'800.000 en septiembre del año 2000 (cifra en la que se había estancado desde hacía 2 años) a más de 2'700.000 en junio de este año. Las perspectivas son positivas, pues la penetración es baja en comparación con otros países de América Latina y con los niveles de 20% que, según indica la experiencia, se pueden lograr.



Finalmente, si bien es cierto que las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo pasan por un mal momento, eso no significa que no estén obligadas a seguir buscando crecimiento hacia el futuro. Y los propios atentados del 11 de septiembre podrían tener un impacto positivo, pues el mundo ha vuelto a poner su atención sobre las telecomunicaciones como alternativa al desplazamiento personal por vía aérea de la gente de negocios. La acción de Nokia, por ejemplo, que venía en caída en la Bolsa de Nueva York desde mayo de este año, ha aumentado en cerca de 50% desde el 11 de septiembre.



Razón 2: PCS es penúltima tecnología



Las licencias que se entregaron a las empresas celulares corresponden a la banda de 800 MHz y la tecnología corresponde a segunda generación (2G). Ya hay tecnología de tercera generación (3G) para comunicaciones móviles, que permitirá el uso de los teléfonos para transmitir voz, datos y video. En Europa y Japón, se han adjudicado licencias de 3G y en este último país el servicio ya ha entrado en una fase de prueba. Entre tanto, los PCS que se adjudicarán en Colombia corresponden a una tecnología intermedia, conocida como 2.5G. Por ello, se argumenta que es una apuesta por una tecnología que no plantea un rompimiento tecnológico frente a la existente y pronto será superada.



Sin embargo, la aplicación en la práctica de 3G, incluso en los países desarrollados, tomará bastante tiempo debido a las enormes inversiones en redes y equipos. En países en desarrollo, la llegada de 3G tomará años. Entre tanto, se está produciendo un desplazamiento tecnológico en América Latina desde las redes de segunda generación hacia las de 2.5G. Esto elevará sustancialmente la calidad de los servicios frente a los estándares a los que estamos acostumbrados en telecomunicación móvil. Basta mencionar que las tecnologías actuales permiten transmisión entre 9,6 y 14,4 kilobytes por segundo (kbps), mientras las tecnologías más avanzadas de 2.5G permiten transmisión a 144 kbps (3G puede llegar a más de 2 megabytes por segundo). Por otra parte, el espectro que se entregará en Colombia para PCS (la banda de 1.900MHz) permitirá a los operadores migrar hacia 3G cuando esa tecnología esté disponible. El Yankee Group prevé que la evolución hacia 2.5G generará inversiones por más de US$16.000 millones en América Latina para finales de 2002. Al mismo tiempo, prevé que un país como Venezuela, que decidió omitir PCS y avanzar directamente a licencias de 3G, puede sufrir un atraso por cuenta de la reducción durante varios años de la competencia interna, mientras se resuelven las numerosas indefiniciones que aún tiene esta tecnología y se hacen disponibles los equipos para su uso comercial.



Razón 3: Los celulares tienen problemas financieros



No es secreto que las empresas celulares pasan por problemas financieros. BellSouth reportó pérdidas por $576.000 millones en el 2000, mientras las de Comcel llegaron a $228.000 millones. A pesar del crecimiento del número de usuarios en el último año, los ingresos por suscriptor vienen cayendo. Este argumento señala que introducir competencia empeoraría su situación innecesariamente.



La situación financiera de las celulares, sin embargo, es algo que ha ocurrido dentro de las condiciones de negocio que estas empresas acordaron en 1994. El crecimiento de la economía en la segunda mitad de los años 90 fue inferior al esperado, pero eso es parte de lo que puede ocurrir en cualquier negocio. La excesiva carga de deuda perjudicó su desempeño, pero la entrada de las grandes firmas internacionales BellSouth y America Movil permite acceso a capital y a tecnología en las condiciones que corresponden a las mayores multinacionales del planeta. Estas empresas han demostrado que sí pueden crecer, como lo comprueba la expansión del número de abonados ocurrida en el último año.



Por otro lado, hay indicios de que se necesita más competencia. Un estudio realizado por la Comisión Nacional de Regulación y revelado en el primer semestre de este año muestra que los niveles de satisfacción de los usuarios de celulares son, en general, bajos. Entre los usuarios pospago, que son los de mayor valor para las empresas, el promedio de satisfacción es de 52% en ese estudio.



Una mayor competencia elevaría esa cifra y llevaría a aplicar en serio estrategias de expansión del mercado más allá de los estratos tradicionales, con precios que permitan que deje de ser un bien de lujo.



Razón 4: El equilibrio económico



La ley 555 de 2000, que ordena la adjudicación de PCS, establece que las condiciones de esa adjudicación deben respetar el principio de equilibrio económico con los operadores de telefonía celular. Esto abre la puerta a varias interpretaciones. En un extremo, se podría argumentar que las licencias de PCS tendrían que venderse a los mismos precios que pagaron los celulares en 1994, es decir, US$1.230 millones por todo el país. El gobierno no cree que la cifra de 1994 constituya una atadura que impida vender más bajo. Su visión es que el equilibrio económico implica que no se puede hacer nada que desmejore las condiciones que obtuvieron los celulares en los contratos originales. Esos contratos incluían un duopolio que se respetó por tres años más allá de los pactados originalmente. El gobierno siente que la obligación es tener unas exigencias de servicios paralelas a las de los celulares, pero no la de mantener el mismo precio. Por otra parte, nadie está planteando en forma explícita que se deba mantener el precio del 94, pero la sola mención de este pone un punto de referencia por lo alto para la operación.



Dados la crisis internacional y los descalabros en otros países, se ha planteado que el precio de las licencias de PCS tendrían que ser demasiado bajos en este momento. La regla establecida para la subasta determina que la banca de inversión seleccionada (Inverlink) desarrollará un modelo financiero, a partir del cual se fijará un precio mínimo. Este será desconocido para todos los participantes y solo será revelado después de que ellos hayan hecho sus ofertas. Las que sean inferiores al mínimo serán descalificadas. Es un modelo similar al que se aplicó en la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá.



Por supuesto, el precio mínimo es crucial. Si el gobierno se va muy por encima de la valoración que hagan los proponentes, las licencias no se adjudicarán. Si se va muy por debajo, desperdiciaría oportunidades de ganar dinero en la operación.



Razón 5: Habría que vender a un precio muy bajo



Hay algunas referencias sobre cuál podría ser el precio. Las subastas recientes en América Latina, en zonas parecidas a Colombia, se han realizado a precios de entre US$4 y US$5 por habitante. Esto daría un precio cercano a US$200 millones para un cubrimiento nacional de PCS en Colombia. Por otra parte, la consultora Pyramid Research, que forma parte del grupo de publicaciones de inteligencia de mercados de The Economist, afirma en un informe reciente, con base en fuentes del Ministerio de Comunicaciones, que esta entidad aspira a contar con un ingreso entre US$200 millones y US$300 millones.



Y no se puede olvidar otro punto de referencia muy importante: en 1998 los celulares pagaron US$65 millones por la extensión de 10 años de cada licencia. Es clave, para tener éxito, que el precio mínimo esté por debajo de las transacciones comparables recientes, pero su nivel no debería ser tan bajo como el que se deduce de la extensión de las licencias celulares en 1998. Al gobierno le interesa obtener estos recursos, pues los necesita para cubrir necesidades en Telecom y Adpostal.



Razón 6: Este gobierno



Un argumento político en contra de la realización de las subastas de PCS (expuesto, por ejemplo, por María Isabel Rueda en Semana) afirma que el poco tiempo que le queda a este gobierno obligará a hacer las cosas con demasiada rapidez y esto facilita que se cometan errores, que luego pueden generar escándalos y serios problemas legales. Este riesgo es real y no se puede ignorar su importancia. Sin embargo, es una recomendación para las personas más que para el país. Colombia necesita la competencia y la inversión que vendrían al adjudicar una licencia de PCS. El valor de esa licencia se reduce con el paso del tiempo y el riesgo de obsolescencia tecnológica será mayor cada año que pasa. Dejar de actuar es permitir que se evapore la posibilidad de recibir ingresos por un bien público, como el espectro electromagnético.



El debate sobre el desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia aún es considerado como un problema de técnicos y especialistas. El empresario común no se interesa mucho por estos temas, pues no cree que lo afecten directamente. Sin embargo, como dijo Jeffrey Sachs en el Foro Económico Mundial que tuvo lugar en Davos en enero de este año, "si un país solo tuviera una política de desarrollo, esa debería ser la inversión en telecomunicaciones". El despegue de las telecomunicaciones incrementaría sustancialmente la competitividad del país.



Una subasta de PCS exitosa y una ley de telecomunicaciones moderna constituirían un gran avance que beneficiaría a todas las empresas de Colombia. Es urgente que este debate no sea dado solo por los especialistas, sino por todos los que aspiran a un mejor futuro económico para el país.
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