| 7/12/2010 7:00:00 AM

Boom petrolero: hay que ordenarlo

La exitosa política petrolera que ha venido impulsando Colombia durante los últimos años ha puesto de manifiesto cómo otros eslabones de la cadena de extracción del petróleo no se encuentran preparados para manejar la bonanza. Entrevista con Armando Zamora, director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El desarrollo que ha experimentado el sector, de la mano de nuevos jugadores en el campo de crudos pesados -principalmente en cabeza de venezolanos que están aprovechando su conocimiento en este tipo de exploraciones en los Llanos Orientales-, exige una mejor planificación y ejecución por parte de Ministerios, Entes Territoriales y jugadores del sector para sacar el mejor provecho a su actividad y no generar traumatismos.

Así lo confirma Armando Zamora, director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien plantea los retos económicos, sociales y ambientales que debe afrontar el país. El experto reconoce que hay un cuello de botella en la infraestructura para el transporte del crudo, y opina que se debe avanzar hacia una mejor coordinación entre la industria y el Gobierno para manejar asuntos delicados como los conflictos salariales, ambientales y de consultas previas con las comunidades indígenas y afro-descendientes.

D— ¿Cómo es la coordinación del trabajo de la ANH con otras entidades del Gobierno?

Desde que empezamos nuestra labor, hay una interacción permanente con el Ministerio de Ambiente. Tenemos convenios, en muchos casos les facilitamos financiamiento y las herramientas que necesitan para poder hacer bien su trabajo. Hacemos conjuntamente el levantamiento de ecosistemas en zonas petrolíferas.

D— ¿La labor del Ministerio de Ambiente es acorde con los requerimientos del sector?

Persisten restricciones en las empresas especializadas en hacer los programas de manejo ambiental porque en ocasiones no están a la altura de lo requerido. Hay una necesidad de mejora de las empresas de servicios de apoyo, principalmente de las colombianas, aunque ahora están llegando firmas extranjeras que ayudan a mejorar el estándar.

Somos conscientes de que este desarrollo tiene que ser armónico con el medio ambiente y las comunidades. No se puede desconocer que ha habido problemas en el uso de las vías, por ejemplo, porque en las zonas rurales estas vías fueron diseñadas para un tráfico ligero y cuando comienza a llegar el tráfico pesado se deterioran rápidamente.

D— Este es un problema visible en algunas zonas de los Llanos. ¿Qué se puede hacer para frenar esta situación?

Primero, la industria tiene que adoptar un código de autorregulación para que no se usen camiones con más peso del permitido, no transiten a una velocidad mayor a la permitida y no excedan las capacidades de los puentes. Segundo, necesitamos que las autoridades locales, la policía e Invías ayuden a controlar eso. Cada autoridad tiene que jugar su papel, ahí tenemos un problema muy grande porque las autoridades locales muchas veces no tienen los medios para controlar el tránsito o el Invías no tiene los medios para señalizar claramente los límites.

Estos son aspectos en los que hay muchas autoridades competentes que tienen que ponerse de acuerdo. En las zonas donde han ocurrido los problemas más graves se ha iniciado un trabajo coordinado entre ellas para mitigar ese impacto que debería ser temporal, porque definitivamente el transporte de petróleo en camiones solamente se resuelve mediante la construcción de nuevos oleoductos.

D— ¿Cómo van los planes de ampliación y construcción de oleoductos?

Ecopetrol está elaborando un plan de choque para resolver el tema en Casanare y Meta y ya están ejecutando las inversiones en oleoductos y descargaderos. Una vez se empiezan a construir las líneas de transferencias y demás necesidades, lo que toma un poco de tiempo, el problema de los camiones empieza a disminuir. Ahora enfrentamos un boom porque hay mucha exploración, mucho descubrimiento nuevo y mucha producción nueva que no tiene la infraestructura montada, pero hay que irla montando poco a poco. Mientras tanto, hay que lograr un acuerdo entre la industria y las autoridades locales sobre cómo mitigar el impacto del transporte.

Lo que tenemos ahora es un oleoducto con ruedas. Pacific Rubiales, por ejemplo, ya tiene su oleoducto del Llano y ahora está doblando su capacidad porque los descubrimientos han sido mayores a lo esperado. Pero esto es algo que les puede pasar a todos, lo que está haciendo Ecopetrol muy posiblemente va a ser insuficiente en tres o cuatro años. Lo que están haciendo se va a quedar pequeño si todas las expectativas se dan y yo diría que se van a dar.

D— Es necesario acelerar la construcción de más oleoductos y de mayor capacidad...

Desde ya hay que empezar a promover una solución definitiva como un oleoducto al Pacífico, por ejemplo. En ese sentido ya estamos empezando a mirar opciones y a promover ese proyecto.

El origen de esta situación es que, al cambiarse el modelo en el cual Ecopetrol trabajaba con empresas grandes y ellas mismas resolvían sus problemas de transporte por una nueva realidad en la que hay muchas empresas pequeñas, se hace imperativa una solución a la necesidad de servicio de transporte. Esta tiene que ser facilitada por el Estado. Antes se consideraba que este no se metía en eso, pero ahora tiene que promover esos oleoductos para que una empresa transportadora, un tercero, preste el servicio a los pequeños productores. De lo contrario, los pequeños productores se ven obligados a sacar el petróleo en camiones y esa solución es claramente sub-óptima. Pero, como dijo uno de los panelistas durante la Ronda 2010 en Cartagena, en la cual se dedicó un panel a ese problema, "el futuro nos pilló".

D— ¿Se puede pensar entonces que durante los próximos años el problema de los camiones no se va a solucionar?

El plan de transporte de Ecopetrol se está haciendo por etapas. Ahora está montando descargaderos en Apiay, cerca de Cusiana y otro cerca de Caño Limón. Están haciendo una línea nueva entre Apiay y Caño Limón. Pero todo esto se hace por etapas, es decir que por ahora no hay una solución pero se espera que sí la haya dentro de tres años. Con estas medidas se empieza a resolver el problema.

D— ¿Antes de adjudicar zonas de explotación no deberían tener la infraestructura montada?

En esta industria primero se descubre y luego se desarrolla la infraestructura. Si uno empieza a limitar la capacidad de extracción se está haciendo un daño a sí mismo, porque a la economía como un todo le conviene que haya más producción.

D— ¿En quién recae la responsabilidad por las vías deterioradas?

Las vías son una responsabilidad del Ministerio de Transporte. Uno esperaría que este Ministerio tenga la solución al problema y que la industria contribuya en cierta medida con la solución. Pero la industria no lo ve tan claro.

D— ¿Cómo podría contribuir la industria?

Por ejemplo, que asuman la parte del deterioro que es causado exclusivamente por ellos. Pero la industria es un poco reacia porque las petroleras desearían que las regalías se usen para mejorar la infraestructura; eso sería, sin embargo, como pagar las regalías para ellos mismos. Las comunidades locales están muy descontentas con la situación.

Hace falta montar un sistema de transporte de oleoductos y hacia allá debemos encaminar los esfuerzos para minimizar el transporte por camiones. El Ministerio de Minas y Energía está elaborando la reglamentación y la regulación del sistema de transporte y nosotros comenzaremos a hacer cuanto antes los estudios para que se pueda construir una infraestructura independiente, mas allá de la que está proponiendo Ecopetrol.

D— ¿Uno podría decir que estamos embotellados?

Tenemos un cuello de botella con el transporte.

D— ¿Existe un conflicto ambiental entre la agricultura y la exploración petrolera?

Cuando se adjudica un Bloque se hace un levantamiento de los ecosistemas sensibles de la zona para que el Ministerio de Ambiente y la industria lo tengan como punto de referencia. Además, se hacen recomendaciones acerca de cómo trabajar en esas zonas, todo sujeto a un licenciamiento ambiental que se debe hacer para cada actividad, porque cuando se adjudica un área no se sabe dónde van a estar las actividades.

Pienso que estas dos actividades pueden convivir, el agro y el petróleo pueden convivir perfectamente.

D— Pasemos a otro conflicto que existe en la perspectiva social y salarial, ¿qué está pasando ahí?

Las comunidades que tienen o han tenido una historia de actividad agrícola y un modo de vida dictado por las necesidades del sector agrícola, ven que llega una industria nueva donde los trabajadores vienen de afuera y tienen más ingresos, entonces exigen que ellos sean parte de eso también, que se contrate con prioridad a la gente local y se les paguen salarios más altos. Esto, de paso, ha llevado a que personas o grupos entren a aprovechar esa ansiedad para generar expectativas ante la comunidad y entrar en plan de choque con la industria.

De otro lado, los dueños de la tierra, también afectados, están descontentos y forman parte de esos movimientos localizados que le exigen a la industria que reparen las vías y que los indemnicen mejor. Por su parte, el gobierno local se ve identificado con las demandas de las comunidades, aunque no tanto con los métodos que están utilizando.

Cuando están involucradas comunidades indígenas son todavía más radicales porque entre su resguardo las autoridades son ellas mismas y han llegado a usar métodos claramente ilegales que no pueden ser tolerados.

D— ¿Cómo se concilia esta disputa salarial que termina por desfavorecer la actividad agrícola?

Las expectativas que se les generan a las comunidades son un poco irracionales porque el salario petrolero está muy regulado para ciertas actividades, ciertas especialidades, y eso obliga a Ecopetrol, más no necesariamente al resto de la industria. A los empresarios agrícolas les afecta que el salario regional se aumente y que los trabajadores aspiren a tener un salario como el de los petroleros.

Hay presiones para inflar los salarios y eso genera el conflicto que se está presentando. Hay muchos trabajadores de la tierra que prefieren quedarse esperando tres meses a que le den un trabajo temporal porque con tres meses de trabajo ganan más de lo que reciben en todo un año en la actividad agrícola. Ese es un tema que también habría que preguntarse cómo se va a resolver.

D— ¿Cómo podría resolverse?

El punto central es que son dos actividades diferentes. Hay que partir de un acuerdo entre la industria y las autoridades locales para que la contratación se haga a través de un proceso en el que se beneficie la comunidad, para que se pague un salario razonable en los trabajos temporales, de común acuerdo con los alcaldes, las juntas de acción comunal y las asociaciones, entre otros.

D— ¿Cómo se maneja este tema con comunidades indígenas?

Una industria que quiera llegar a trabajar en un zona de comunidades indígenas tiene, por ley, que hacer unas consultas, una buena identificación de los efectos que tiene la presencia de la industria en la forma de vida de las comunidades y buscar la manera de mitigar el impacto de común acuerdo con ellas y bajo la tutela del Ministerio del Interior. Como ha habido muchas empresas que han llegado a zonas donde hay comunidades indígenas o comunidades negras, el Ministerio ha necesitado reforzarse y les hemos dado los medios para que puedan atender a esas necesidades. El Ministerio es muy estricto en seguir los procedimientos que aseguren que la consulta está bien hecha, la mitigación es suficiente y se cumpla lo que se promete. La industria es consciente de esto y la cosa ha funcionado bien.

El Ministerio del Interior tiene claros los protocolos y ha estado en permanente observancia de la ley y de la jurisprudencia. Aquí ha estado la OIT observando y verificando cómo se hace y han dado un veredicto positivo.

D— ¿Cómo hacen para que las empresas pequeñas no fallen en su relación con la comunidad y con temas de responsabilidad social y medio ambiente?

En zonas donde hay presencia de comunidades tenemos requisitos más estrictos para quien opere allá. Por ejemplo, en la zona de Vichada, donde está la comunidad de Matavén, solo operan empresas de las más altas capacidades, como BHP Billiton o Talisman, que han hecho procesos absolutamente impecables. En el Chocó, donde hay muchas comunidades indígenas y negras, hemos asumido nosotros mismos el proceso de consulta, junto con la Universidad Nacional y el Ministerio del Interior antes de que entre la industria.

Las empresas más pequeñas solo pueden entrar en zonas restringidas, donde ha habido tradicionalmente actividad y no hay comunidades.

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