| 8/18/2006 12:00:00 AM

Asalariados menos beneficios, menos ingresos.

La reforma tributaria reducirá los ingresos de los ejecutivos medios y altos en el país. Las empresas buscan formas de compensar este efecto para mantener sus talentos más valiosos.

La reforma tributaria que el gobierno presentó al Congreso a finales de julio tendrá fuertes efectos sobre los ingresos de los ejecutivos medios y altos en Colombia. Al eliminar los beneficios tributarios sobre estos salarios, las retenciones se incrementarán, en algunos casos en forma sustancial. Los efectos serían equivalentes a reducciones en los ingresos desde 2,8% para salarios de $3 millones mensuales, hasta 9,9% o incluso más para salarios superiores a $10 millones, en los casos de aquellos individuos que hoy están haciendo uso de todos los beneficios posibles.

El tema ha generado conmoción en las empresas, pues nadie sabe hasta qué punto hará falta compensar esta reducción por medio de los aumentos de salarios del año entrante, o mediante cambios en los propios sistemas salariales, en un entorno que deja escaso margen de maniobra para cualquiera de las dos posibilidades. Estos cambios obedecen a los principios de equidad horizontal y vertical que se están aplicando en la reforma, pero lo cierto es que las empresas van a quedar, de la noche a la mañana, con unos equipos de ejecutivos a los que se les redujo el ingreso laboral.

¿Qué cambia?

La reforma tributaria plantea cambios de fondo en el cálculo del impuesto de renta para asalariados. La figura de persona natural desaparece y en la simplificación surge el mundo de los asalariados y los empresarios. Por una parte, el nivel mínimo exento se eleva de 4,7 salarios mínimos legales a 7 ($2.856.000). Por otro, las tasas de tributación se simplificarán. Actualmente, hay tres tarifas marginales en el impuesto de renta, de 20%, 29% y 35%. Con la reforma, quedarán dos nuevas tarifas: de 15% marginal aplicable a salarios entre 7 y 25 salarios mínimos legales ($10.200.000), y 34% para ingresos laborales superiores a esta suma, la cual se reducirá a 33% en 2008 y a 32% en 2009. También se elimina la exención del 25% del salario, que hoy tiene un tope de $4.769.000 mensuales.

La reducción de las tasas de tributación es una muy buena noticia para todos los asalariados. Sin embargo, la eliminación de las actuales exenciones va a contrarrestar este efecto para aquellas personas que han venido haciendo uso pleno de los beneficios.

En Colombia, hay un conjunto de beneficios tributarios sobre las rentas laborales. Algunos de estos beneficios son generales a todos los asalariados; específicamente, se consideran como ingreso no gravable los pagos obligatorios a los fondos de pensiones y los pagos obligatorios para financiar el servicio de salud básica.

Hay también otros incentivos optativos para los contribuyentes. Estos incluyen las cuentas AFC (que permiten dedicar al pago de deudas hipotecarias unos ingresos que de otra forma irían a retenciones); la deducción del ahorro voluntario en fondos de pensiones; y la deducción por gastos de intereses de vivienda o, alternativamente, los gastos por educación y salud complementaria. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la eliminación de los beneficios optativos producirá ingresos al fisco por $360.000 millones en 2008 y $414.000 millones en 2010.

Esta eliminación de los beneficios se relaciona con los criterios de equidad horizontal y equidad vertical que el gobierno busca en la reforma tributaria. La equidad horizontal se refiere a que dos personas que tengan ingresos iguales deberían tributar sumas iguales. Los beneficios optativos van en contra de este principio, pues quienes los utilizan tributan menos que quienes no lo hacen.

La equidad vertical se refiere a que las personas que reciben mayores ingresos deben tributar proporcionalmente más que quienes tienen menores ingresos. Los beneficios optativos afectan este principio. Por una parte, quienes tienen mayores posibilidades de usarlos, especialmente los relacionados con ahorros voluntarios para pensiones y con la compra de vivienda, son aquellas personas que reciben mayores ingresos. Por otra, deducciones de montos similares reducen la base gravable de dos individuos en la misma magnitud, pero el alivio es mayor para el que tiene mayor tarifa, que es también el que recibe los mayores ingresos.

Sin embargo, hay otros criterios relacionados con la equidad que no son examinados en el análisis del gobierno. Por una parte, como lo ha señalado Asofondos, la reforma trae implícita una desigualdad entre el tratamiento de las empresas y el de los asalariados. Mientras que a las empresas se les otorga el sustancial beneficio de eximir de renta la totalidad de la inversión en activos productivos en el primer año, a los asalariados se les eliminan beneficios que estimulan el ahorro, que debería ser considerado como la contrapartida necesaria de la inversión.

Por otra parte, se introduce una inequidad en el grupo de los asalariados, entre quienes son asalariados de empresas formales y quienes no lo son. Los asalariados deben asumir los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional y hacer contribuciones al sistema contributivo de salud, entre otras cargas. Mientras tanto, los trabajadores de la economía informal tienen la posibilidad de eludir estas contribuciones. Y estas cargas son ajenas a quienes derivan sus ingresos de otras actividades económicas.

En cuanto a la equidad vertical también hay reparos, pues se establece una tasa de 34% (para 2007) a los salarios superiores a $10,2 millones, lo que significa que esta persona va a quedar tributando lo mismo que una que gane $40 millones o más, estando en estilos de vida muy distintos.

Además, la reforma, como está propuesta, castiga a los empleados formales, que es sobre los cuales hay información. Aunque las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que entre los asalariados, solamente el 1% gana más de 10 salarios mínimos, si se tiene en cuenta el total de trabajadores entre independientes, formales e informales, esta cifra podría ser mucho mayor.

La propuesta ha desatado numerosas críticas. Para el senador Antonio Guerra de la Espriella, presidente de la Comisión Tercera y coordinador de ponentes, la situación en que quedarían quienes ganan entre 7 y 20 salarios mínimos legales (entre $2.860.000 y $8.160.000) es preocupante, pues se trata de niveles de ingresos de clase media que reciben un trato duro. El senador Óscar Darío Pérez, de la Comisión Primera, afirma que el gobierno no puede hacer recaer el peso de la reforma tributaria sobre el 1% de los asalariados (porcentaje de la fuerza laboral que gana más de $4.080.000, según cálculos del Ministerio de Hacienda).

Para el experto en tributación Luis Guillermo Morales, de Payán Urdaneta & Co. Abogados, es exagerado que la reforma retire los beneficios por gastos en salud, educación e intereses en crédito de vivienda, que son utilizados por la mayoría de los trabajadores. Por su parte, el tributarista Juan Pablo Godoy considera que no es sensato que para producir un efecto inmediato en el recaudo, se sacrifique el fomento al ahorro.

En las empresas

Desde el punto de vista de las empresas, la reducción de ingresos de sus altos ejecutivos tiene implicaciones inmediatas. "Las empresas se verán abocadas a asumir parte del impacto para garantizar la retención y motivación del talento humano valioso, puesto que el sentimiento colectivo será el de una pérdida real del poder adquisitivo", afirma José Manuel Acosta, presidente de Human Capital Consulting.

El camino que espera a las empresas no es fácil. Para Carlos Ernesto Molina, coordinador corporativo de gestión humana de la Organización Corona, hay dos soluciones factibles. Una sería aplicar incrementos salariales superiores a los planeados. La otra sería buscar mecanismos para que el empleado reciba unos pagos que tengan beneficio tributario, que no aparezcan directamente como salario. Sin embargo, no parece sencillo compensar el efecto de la reforma mediante ninguno de los dos mecanismos. Aumentos salariales de esta magnitud serían difíciles de pagar para las empresas, mientras que las posibilidades de encontrar formas de pago tributariamente más favorables dependerán de los resultados del debate parlamentario sobre la reforma.

"En CI Expofaro estamos viendo cómo minimizar el impacto que generaría la reforma, porque hay una responsabilidad social empresarial con los empleados", explica Jaime Jaramillo, vicepresidente de gestión humana.

Para Néstor Toledo, vicepresidente de recursos humanos de Gas Natural, el camino es buscar alternativas de beneficios extralegales para el talento humano crítico y más afectado. También cree que habría que diseñar mecanismos que a mediano y largo plazo permitan a los empleados recuperar de alguna manera el ingreso perdido. Sin embargo, la forma específica de estos mecanismos dependerá del texto de la ley.

Otra opción que se está discutiendo es migrar del salario integral al salario ordinario, porque, al parecer, la propuesta presenta una exención para las cesantías. Sin embargo, la redacción del proyecto da lugar a diversas interpretaciones sobre si deberá ser incluida para el cálculo del porcentaje de retención en la fuente. Por otra parte, si los empleados se acogen a esta solución, esto implicaría un costo adicional para las empresas, ya que los impuestos parafiscales se pagan sobre el 100% del salario en el caso del salario ordinario, mientras que en el integral se hace sobre el 70%.

Mauricio Rubio, gerente general de DeLima Mercer, considera que si la reforma se aprueba tal como está, las compañías tienen que ser más ingeniosas en buscar proveer servicios o productos que mejoren la calidad de vida de los ejecutivos dentro de los marcos legales permitidos.

También hay preocupación por el retroceso que pueda generar la reforma hacia comportamientos que fueron comunes en el pasado, como la desalarización y el flujo de ahorros hacia cuentas en el exterior, como lo recuerda Asofondos. Algunos temen que esto dé paso a una competencia desleal en la atracción del talento humano, pues las compañías que acudan a estas prácticas tendrían ventajas injustas sobre las empresas que son administradas con prácticas ortodoxas y respetuosas de la ley.

Los ejecutivos medios y altos son un grupo pequeño en la población del país, pero grande en su generación de ingresos, su consumo y su pago de impuestos. Los $414.000 millones en recaudos tributarios que representaría la eliminación de los beneficios optativos para 2010 equivalen a cerca del 49% del efecto positivo en recaudo de la reforma, estimado por el gobierno para ese año. El tema, entonces, no es menor, ni dentro del cálculo de los ingresos del gobierno, ni en su impacto sobre los afectados.

Todo esto pone de presente la importancia de que la reforma se discuta con serenidad. En la lógica de la reforma, el efecto debe ser neutro, de modo que cualquier peso que deje de recaudarse entre los empresarios debe ser puesto por los asalariados.Si bien los lineamientos de equidad que propone la reforma van por buen camino, y hay consenso en que se deben eliminar las exenciones para tener un sistema tributario transparente y simple, también es cierto que no es conveniente dejar que todo el peso del ajuste se haga de forma inmediata y sobre un solo sector de la población. En particular, es injusto limitar la discusión sobre equidad a lo que pasa dentro del grupo de los asalariados, cuando existe una gran masa de empresas y trabajadores que están en la informalidad. Es importante cuidar la equidad horizontal y vertical, pero esto no debe hacerse a costa de castigar a los asalariados formales frente a los trabajadores informales.

Por otra parte, la justificación para eliminar los beneficios sobre los ingresos laborales en la reforma está en que se pretende eliminar todas las exenciones. Sin embargo, parece que el gobierno ha dejado la puerta abierta para mantener algunas, según su criterio discrecional, pues los "incentivos tributarios concedidos recientemente se mantienen para los contribuyentes que hayan hecho uso de los mismos, en aras de la estabilidad y credibilidad jurídica del sistema tributario nacional", de acuerdo con el texto de la exposición de motivos. Si se van a mantener algunas exenciones, los beneficios laborales tienen méritos para estar en ese grupo.
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