En pleno auge de la convergencia de las telecomunicaciones, con la cual se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en términos de adopción de nuevas aplicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC), la legislación colombiana del sector aún sigue en el siglo XX.

El actual marco corresponde a una Ley de 1989 -la 72- y su decreto reglamentario de 1990 -el 1900- que delimita su ámbito de aplicación, según una clasificación de los servicios disponibles para la época (informáticos y telemáticos, de valor agregado, portadores y teleservicios, radiodifusión sonora y televisión, entre otros), que los regula de forma separada y no como parte integral de un sector. Esto significa en la práctica que, por ejemplo, un operador de telefonía difícilmente podría entregar a sus usuarios otro tipo de servicios de valor agregado.

El efecto: por cuenta de una rigidez legal que no permitía moverse más allá de lo estrictamente autorizado por el Ministerio, las empresas empezaron a encontrar una serie de restricciones para abrir nuevos segmentos de mercado, basados en los desarrollos tecnológicos y los servicios convergentes disponibles para los usuarios finales (telefonía y sistemas de correo electrónico móvil, SMS -mensajes cortos-, IPTV, GPS, control aplicaciones de oficina virtual e internet móvil, entre otros).

Manuel Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (Cintel), explicó que ese ha sido uno de los cuellos de botella en el proceso de convergencia y de innovación tecnológica que hoy muchas firmas están tratando de sacar adelante para ampliar su oferta hacia el consumidor, ganar posiciones en el mercado y ser competitivos.

Frente a lo anterior, la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra de la Espriella, dice ser consciente de que el marco legal vigente se quedó rezagado. Por eso, según ella, para contrarrestar esta situación, la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT) estableció una agenda regulatoria que, a través de resoluciones, está buscando que los actores se muevan en un ambiente convergente de competencia y protección al usuario.

"La CRT empezó desde hace un par de años a analizar el sector desde el punto de vista de los mercados, los cuales no están definidos necesariamente por la clasificación de servicios. Hacia allá hay que apuntar", agrega Lorenzo Villegas, miembro de la Comisión.

De acuerdo con el punto de vista de Villegas, tener una legislación soportada en servicios y no en mercados es ir en contravía de la convergencia que se está dando en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en el mundo, además de generar un riesgo de rezago del país en el ingreso de inversiones e innovación.

En ese sentido Fernando Rodríguez, gerente general de Cisco, agrega que tal como ocurre en otras naciones (se refiere a Europa) la legislación deber ser abierta y flexible a la convergencia y a los avances, de modo tal que permita generar vínculos entre las expectativas de los usuarios y los planes de la industria.

Esa apertura y flexibilidad se refleja, según criterio del director de Cintel, en la creación de un marco que establezca unas políticas y principios generales de fomento a la libre actuación, a la promoción de la competencia y a la protección del usuario. "Más que el servicio se deben regular las reglas de juego del mercado", agrega Martínez. Las primeras puntadas ya se han dado en ese camino: a través de resoluciones de la CRT se establecieron, por ejemplo, unas normas de calidad que incluyen reglas de precios mayoristas sobre terminación en mercados móviles o fijos.

En ese mismo sentido, el Gobierno expidió el año pasado el Decreto 2870 de 2007, que la Ministra denominó como 'el decreto de la convergencia'. Allí se dieron los pasos iniciales, al abrir un espacio al denominado 'título habilitante único' que, en términos generales, permite a un operador prestar todos los servicios de telecomunicaciones, salvo el caso de la televisión y aquellos que requieren el espectro que se otorga a través de procesos de licitación.

En este decreto también se estableció la posibilidad de ceder las licencias, previa autorización del Ministerio. Esta medida, según Guerra de la Espriella, permite que una frecuencia en el espectro no esté atada solo a un servicio y eventualmente se pueda habilitar para otro.

Sin embargo, representantes de la industria han reiterado en diversas ocasiones que el marco que rige el sector requiere mecanismos más sólidos y permanentes que la sola fuerza de un decreto. El discurso del director ejecutivo del CRT va por ese camino. Según él, para el desarrollo del sector es indispensable una ley de TIC acorde con los nuevos escenarios del mercado, los cuales son muy distintos a los de hace diez años.

El Congreso tiene la palabra

Según la Ministra, tales consideraciones son las que hoy estructuran el proyecto de ley de las TIC, presentado por el Gobierno y que aún no empieza su recorrido por el Legislativo.

Esa iniciativa, con la cual se le quiere dar fuerza de Ley y profundizar algunos de los aspectos del Decreto 2870, desarrolla, entre otros aspectos, la autorización única para la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones y el pago por el uso del espectro en ciertos casos, previo permiso del Ministerio.

"Es un salto hacia donde va el mundo: apertura y promoción de la competencia. Aquí no hay terreno exclusivo sino para que la inversión siga aumentando y la competencia se desarrolle", afirma la ministra.

Así mismo, propone la conversión del Ministerio de Comunicaciones a uno de Tecnología, Información y Comunicaciones, que se encargue de fijar las políticas generales de apropiación de las TIC en el país, y el paso de la CRT a una Comisión Regulatoria de Comunicaciones que concentre la acción de regulación de acceso a redes y a uso de servicios del mercado.

Tulio Ángel, presidente de Asocel -gremio que reúne a las empresas de telefonía celular- es escéptico frente al proyecto. A su juicio, tal como está planteada la iniciativa, se corre el riesgo de desconocer los derechos adquiridos por los operadores y desincentivar la inversión extranjera.

Para el dirigente gremial, Colombia está pensando en una legislación para países desarrollados con modelos de convergencia avanzados, sin problemas de infraestructura y con mercado maduros. Situación que para él aún no está presente en el país.



La televisión, otro capítulo

Ahora, aunque en el proyecto de ley no está incluida la televisión, la Ministra manifestó que es indispensable armonizar su legislación frente a la convergencia tecnológica con la normatividad en materia de telecomunicaciones.

La posición de la funcionaria está basada en que el sector de telecomunicaciones, a través del Ministerio y la CRT, regule todo lo relacionado con infraestructura de redes y espectro, y que la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) se encargue del control de contenidos. "Con esa separación clara nos evitamos cualquier tipo de conflicto, sin importar si el contenido va para televisión por redes de telecomunicaciones, por redes de TV radiodifundida o por internet", explica.

La Cntv no comparte esta posición y considera que las facultades para regular el servicio de TV son de orden Constitucional, es decir, intocables a menos que exista una reforma de la Carta Magna.

Carolina Hoyos Turbay, directora de ese organismo, fue explícita en afirmar que, en la práctica, la convergencia de los servicios se está dando a través de la televisión y no alrededor de las redes, como lo considera el Ministerio. El debate está abierto.

Ángel es gráfico al describir el fenómeno: "En el país todos hablan de la convergencia de las tecnologías de la información y la comunicación, pero nadie habla de la convergencia de los reguladores, que es fundamental".