| 10/1/1995 12:00:00 AM

A mis espaldas

En abril de 1993 el sistema financiero colombiano culmina un largo período de iliquidez. Durante los últimos nueve meses el fondo común "Invertir" de la Fiduciaria Bursátil, sociedad de los comisionistas de la Bolsa de Bogotá, vio bajar sus recursos de $30.000 millones, a apenas $2.900 millones.

Sonaron los timbres de alarma y la Superintendencia Bancaria decidió realizar una visita cíe inspección para

analizar lo que estaba ocurriendo. El primer descubrimiento fue preocupante: durante todo 1992 la Fiduciaria Bursátil celebró habitualmente operaciones de compraventa de títulos a futuro en forma absolutamente imprudente.

A partir de ese hallazgo se destaparon serias irregularidades en torno al manejo administrativo de la Fiduciaria. El caso llevó a las autoridades a actuar rápidamente y a imponer un sinnúmero de sanciones a los directivos de la empresa, a su presidente, Juan Manuel Turbay Marulanda, y a la Fiduciaria misma. El asunto llegó a tal extremo que llevó a la desaparición de la Fiduciaria Bursátil, porque como indica el término fiducia, se trata de un negocio de fe, de confianza. Y esas eran dos cosas que habían desaparecido de los pasillos de la Fiduciaria Bursátil.

Hasta hace dos años, cuando una firma comisionista ingresaba a la Bolsa de Bogotá, adquiría en

paquete acciones de la bolsa, acciones de la Fiduciaria y del Fondo de Garantías. Por eso los propietarios de la Fiduciaria Bursátil eran la Bolsa y cada casa comisionista que actúa en el mercado capitalino. Los principales clientes de ella eran los comisionistas inismos, fondos mutuos de muchas empresas, y también administraba los papeles eléctricos y TER emitidos por la Financiera Energética Nacional, FEN. Aunque gran parte de las operaciones

irregulares ocurrieron en el período de ¡liquidez de 1992-93, las autoridades descubrieron que antes también era habitual romper las reglas. Así se hizo también durante el segundo semestre de 1991 y el primero de 1992.

n su operación, las fiduciarias manejan los llamados fondos comunes ordinarios en donde ingresan los recursos de sus clientes. Ningún cliente puede tener más del 5% del fondo, pero en la Bursátil se excedió este límite en forma constante. En una fiduciar¡a,

mínimo el 25% del fondo común ordinario debe estar invertido en papeles de alta liquidez, pero la Bursátil violaba esta norma. Como los papeles que compraba a los corredores eran de largo plazo, nunca podía ajustarse. Las fiduciarias no pueden hacer repos por más del 30% del valor del fondo. Los repo sólo pueden hacerse para subsanar dificultades temporales cíe liquidez. La Fiduciaria Bursátil no sólo hizo repos por un valor supe

C rior al permitido, sino que compró títulos de inversión con recursos provenientes de repos, violando claramente la norma cíe la liquidez. on la iliquidez, el alza en las tasas de interés y la necesidad de recomponer los portafolios, la fiduciaria se convirtió en la caneca de la basura de los corredores de bolsa. Los corredores se deshacían de los papeles malos vendiéndolos a la Fiduciaria. Y el presidente de la misma era incapaz de decir que no. Aprovechándose de la ignorancia del tesorero y de la ineptitud del presidente, los corredores le vendieron los "huesos", o sea los papeles de más bajas rentabilidades a la Fiduciaria Bursátil, obteniendo ganancia para ellos.

La defensa del presidente, Juan Manuel Turbay, es que la empresa, en medio de la difíciles circunstancias del mercado, asumió unas operaciones que forzosamente le implicaban pérdidas, evitándolas a sus clientes. Pero eso era algo totalmente falso. Si sus

clientes eran precisamente los comisionistas de bolsa, propietarios de la Fiduciaria, los perdedores eran entonces los mismos clientes. Quienes más aprovecharon la ignorancia de los administradores fueron los miembros de la junta de la Fiduciaria, que hicieron y deshicieron.

Con todas las maromas, los corredores, que sabían que estaba pasando, retiraron sus fondos. Ante la ¡liquidez para atender obligaciones, la Bolsa de Bogotá tuvo que responderle a los ahorradores que se habían quedado en el Fondo. Se calcula que la quiebra fue de $7.000 millones. Cuando la fiduciaria se reventó, unos pocos comisionistas recompraron sus títulos, restituyendo el patrimonio.

Turbay Marulanda sostuvo ante la Superbancaria que parte de tales operaciones fue celebrada "...a espaldas de la compañía por quien ese entonces ocupaba el car

go de gerente comercial... el doctor Pascual Uribe Martinez sin ninguna clase clase de consulta con sus superiores y sin que mediaran aprobaciones previas. ..." Marulanda mantuvo en silencio las irregularidades, según él, para evitar "un escándalo que la sociedad no podía afrontar y que no convenía al país". La Bolsa pagó la totalidad de las pérdidas a los ahorradores. Y por eso es que la opinión pública nada conoció del escándalo de la Fidubursátil que fue vendida tras el colapso a Pedro Gómez Barrero, Humberto Vegalara y Alberto Galofre Cano. Hoy se llama Colfides.

La Superintendencia Bancaria concluyó en 1993, al sancionar al presidente de la Fiduciaria, con multa de $3.5 millones, a título personal, y a la Fiduciaria con $30 millones que, "el doctor Juan Manuel Turbay Marulanda faltó a sus deberes del cargo" y sus explica

ciones "carecen de virtualidad jurídica suficiente" para exonerarlo de la responsabilidad. La multa a Turbay es de las más altas impuestas a título personal por la Superbancaria.

Turbay Marulanda, abogado y economista javariano de 44 años, es actualmente el secretario general de la Presidencia de la República y podría ser vinculado proximamente al Proceso 8.000. Fue viceministro de Desarrollo, uno de los directivos de la campaña de elección del presidente Samper y su nombre aparece en algunos de los cheques que tuvieron manejo controvertido durante la campaña, entre ellos uno de la Fundación Amigos del Medio Ambiente de la primera dama. Fue gerente en 1982 de otra entidad financiera que se hundió, Corporación Financiera Internacional, Corfin. Pero de esta otra mancha, preferimos no acordarnos.
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