Activistas piden cambios en asignaciones de gobierno y BID

Activistas pidieron el viernes que los gobiernos de la región y el BID cambien los criterios por los cuales asignan millonarios recursos a grandes obras de infraestructura y que, en ocasiones, han dejado a miles de desplazados fuera de sus tierras.

La exhortación fue hecha por activistas y miembros de la ONG Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (Nalacc, por sus siglas en inglés), con sede en Chicago y que desde el año pasado debatía internamente las razones de la inmigración a Estados Unidos, explicó Oscar Chacón director ejecutivo del grupo.

Con ese debate en mente, dijo Chacón en una conferencia de prensa, surgió otro nuevo asunto: que algunos de esos inmigrantes venían de ser desplazados dentro de sus propios países porque habían debido abandonar sus tierras por causas como obras de infraestructura.

En la Nalacc decidieron entonces hacer un estudio sobre casos en la región de grandes obras, financiadas en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y sus efectos en las poblaciones locales, dijo Chacón al resaltar que decidieron presentar su estudio justo cuando se celebra la asamblea anual del banco, del 27 al 31 de marzo en Medellín.

El estudio de 69 páginas, divulgado en la jornada, trata tres casos concretos: una hidroeléctrica en Brasil, ya construida, una carretera que avanza en el suroeste de Colombia y un hidroeléctrica en la zona de Guerrero, en México, cuya obra esta suspendida por conflictos legales con las comunidades de la zona.

De acuerdo con los datos del reporte, la construcción y entrada en funcionamiento entre 1999 y 2001 de la represa de Cana Brava, en el central estado brasileño de Goiás, dejó unas 5.000 personas desplazadas de sus territorios, que debieron evacuar por causa de la obra.

El proyecto generó tales protestas entre los pobladores que el propio banco admitió en 2005 que los estudios previos a la construcción fueron poco confiables, dijo en la conferencia de prensa el antropólogo Ricardo Verdum, de la ONG brasileña Instituto de Estudios Socioeconómicos.

Verdum dijo que aunque el gobierno brasileño, a través del consorcio de cuatro empresas privadas que realizó la obra, ofreció la reubicación de los pobladores, ésta no se concretó o fue para muy pocas familias.

El grupo lo que busca es que los gobiernos de los países del BID y el propio banco tomen al menos tres consideraciones al hacer asignaciones de recursos para obras de infraestructura: efectos sobre la población, sobre el medio ambiente y alternativas posibles a esas grandes obras de infraestructura, dijo Chacón.

AP