Virreinato de la Nueva Granada

Un buen amigo, hombre agudo y estudioso, sostiene la tesis de que nuestra incapacidad para incorporarnos en el mundo de los países desarrollados, lejos de ser el resultado de la pobreza de nuestro país o de la indolencia de nuestra gente, ha sido causada por tres tragedias: el virreinato, el marxismo y la Cepal.

Los trescientos años de Colonia nos dejaron una herencia de paternalismo estatal de la que no hemos podido librarnos. En esa época, todas las decisiones viajaban a España con el oro y aquí los criollos, cómodos y sumisos, se acostumbraron a que el Estado -el rey- no solamente decidía hasta los más ínfimos detalles, sino que era responsable del bienestar de todos. Y seguimos en las mismas: esperamos que el gobierno nos resuelva los problemas y es pecado pensar que los particulares, los ciudadanos rasos -el sector privado-, pueden y deben ocuparse de la comunidad. ¡Qué diferencia con la herencia de los colonizadores anglosajones - The Founding Fathers- que huyeron del reino inglés y fundaron una sociedad basada en el esfuerzo individual!

Naturalmente esa resignación colectiva y ancestral frente al Estado fue campo fértil para que las teorías marxistas afianzaran el modelo del Estado omnipotente y responsable de todo, entre otras razones porque nos parece más cómodo pensar que siempre alguien, distinto de uno, debe resolver los problemas. Y además, como nuestra sociedad ha sido, y continúa siendo, desigual e injusta, la otra promesa del marxismo -que a la postre resultó falsa- de equilibrar rápidamente las diferencias sociales, contribuyó a prolongar nuestra dependencia del Estado.

Y finalmente la Cepal. Aclaremos, sin embargo, que la tercera tragedia no es la institución en sí misma, que ha prestado importantes servicios a nuestros países, sino la doctrina de protección a ultranza, según la cual para lograr el desarrollo es indispensable hacer de cada industria un pequeño monopolio y protegerla de la competencia de los más eficientes. Y naturalmente la recibimos con los brazos abiertos, pues es coherente con nuestra tradición virreinal y nuestros embelecos marxistas, que nos han condicionado a buscar la protección de papá Estado.

Todo este preámbulo para mirar el obsoleto manejo de nuestras ciudades, estilo colonial. Vienen a cuento un par de casos reales en Estados Unidos, que muestran claramente la diferencia de actitud del Estado en la administración de una ciudad:

La ciudad de Dallas, hace varios años, decidió regalar -sí, regalar- un terreno de 30 hectáreas a un millonario tejano, con la condición de que construyera, como efectivamente lo hizo, un enorme centro de comercio. Nadie habló de peculados y el raciocinio era obvio: los empleos adicionales y la mayor actividad económica que se generó, produjo mucho más en impuestos que el valor del terreno y creó un nuevo polo de desarrollo en esa zona de la ciudad.

Y el segundo: hace un tiempo, el alcalde de Nueva York le concedió a una compañía privada (Kidder Peabody) incentivos tributarios por US$31 millones para que no trastee su sede a New Jersey, llevándose cerca de 3.000 empleados. Casos como éste se dan por docenas, porque las ciudades en los Estados Unidos, con beneficios directos e individuales, compiten unas con otras para atraer a las empresas generadoras de empleo y de impuestos.

En Colombia cualquiera de estos casos llevaría a la cárcel al alcalde y a los particulares interesados. Nuestra tradición de paternalismo estatal ha producido el peor de los resultados: los particulares se desentienden de los problemas de la ciudad, porque eso es responsabilidad del Estado y éste mira con recelo cualquier esfuerzo privado en beneficio de la comunidad.

En las ciudades distintas de la capital la situación es menos grave, tal vez porque nunca tuvieron virrey, pero en Bogotá no puede ser peor. No existe ciudadano-si es que cabe el nombre- que se ocupe personalmente de algún problema de la ciudad, aunque lo afecte directamente: ¿A quién se le ocurre cortar el pasto de la zona pública frente a su propia vivienda, mandar arreglar un hueco de la calle a la entrada de su garaje o recoger un montón de basura en su barrio? (en esto de la basura somos los peores ciudadanos, porque protestamos por la incapacidad del municipio para recogerlas, pero todos hemos visto arrojar a la calle toda clase de porquerías desde las ventanas de los carros más elegantes).

Y al revés es peor. El mejor ejemplo del divorcio del Estado y los particulares es la prohibición constitucional -y su interpretación amañada- que impide la canalización de dineros públicos a entidades privadas que tratan de colaborar con la comunidad. Como en el pasado se desviaron cuantiosos recursos a engrosar bolsillos particulares y a financiar políticos, la solución, muy colombiana, fue prohibirlos todos y ahora están al borde del cierre instituciones de educación, salud, recreación y cultura. Es esa manía nuestra de obstaculizar la labor dé los muchos honestos para impedir, en el papel, el peculado de unos pocos pícaros, con la cómoda ilusión de que éstos se arredrarán por la existencia de una nueva ley. Hace algunos años un funcionario de la superintendencia encargada de vigilar -y enredar con trámites interminables- a los constructores de vivienda, manifestaba sin ruborizarse que su labor era encomiable, porque el 95% de las denuncias contra constructores inescrupulosos se referían a aquellos que no estaban inscritos y por lo tanto no se sometían al control de la superintendencia.

Tenemos que cambiar la relación de los ciudadanos con su gobierno. Asumir nuestra responsabilidad cuando elegimos malos gobernantes y revocarles él mandato, y al mismo tiempo no voltearle la espalda a los problemas públicos en la vana esperanza de que los resolverá el virrey.