| 4/1/1995 12:00:00 AM

Tutelazos...

LIBERTAD DE EXPRESIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL



Derecho a la información

Derecho a la intimidad Derecho a la honra Derecho al buen nombre

Cuando un periodista pretende informar acerca de una noticia, lo debe hacer de manera imparcial y respetando los derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre. El respeto por la imparcialidad se atenúa cuando el propósito del periodista no es informar una noticia, sino recrear por medio de una obra literaria sucesos reales o imaginarios respetando, de todas formas los derechos fundamentales de los implicados. Este último tipo de obras constituyen una unidad imprescindible cuyo contenido no puede ser modificado por la autoridad. Por lo anterior, el juez de tutela no es competente para ordenar la modificación de una obra literaria que presenta al lector una recopilación de testimonios y opiniones que no se revelan corno una intromisión a la intimidad, cuando los hechos revelados constituyen "vox populi" y no hacen parte de una actividad dolosa tendiente a obtener información íntima.



CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-05616/02195. MAGISTRADO: ANTONIO BARRERA CARBONELL EXPEDIENTES T-40754, 7'-44219.



PUBLICIDAD POLÍTICA



Derecho a la igualdad

Derecho a participar en la conformación del poder público

La utilización de los medios de comunicación es el instrumento más importante para la difusión de ideas de los partidos políticos hasta el punto de que truncar la posibilidad de acceder a ellos equivale a impedir el acceso a la conformación del poder político.

La ley en numerosas oportunidades ha Señalado la obligación de los concesionarios encargados de la radiodifusión y de los periódicos de aceptar propaganda política pero en condiciones de igualdad, garantizando de esta manera el pluralismo político. En consecuencia, si un movimiento político logra demostrar que una emisora de radio otorga un trato discriminatorio al momento de aceptar la propaganda, el juez de tutela puede amparar los derechos a la igualdad y a la participación política, ordenando que se respete el pluralismo.



CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-05921/02195. MAGISTRADO EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ EXPEDIENTE: 7'-49051.



BANCOS DE DATOS FINANCIEROS CADUCIDAD DE LOS DATOS



Derecho a la igualdad Derecho a la información Derecho a la intimidad Derecho al buen nombre Habeas data

Prescripción

El derecho al habeas data es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos. Tratándose de bancos de datos financieros este derecho debe armonizarse con el derecho al buen nombre de los deudores y el derecho a la información de las entidades financieras de lo cual surgen las Siguientes conclusiones:

a. LaS personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se ha recopilado. Correlativamente, la actualización y la rectificación Son obligaciones de la entidad que maneja el banco de datos.

b. Debe existir una notificación sobre la inclusión de la persona en el banco de datos. La oportunidad de dicha notificación debe ser definida por el legislador.

c. Los datos obtenidos por medios ilícitos no pueden ser parte de una base de datos como tampoco pueden serlo loS datos de naturaleza íntima.

d. Las instituciones financieras tienen un interés legítimo para Conocer los antecedentes de sus potenciales deudores. No debe olvidarse que

ellas ejercen una actividad de interés general y que el otorgamiento del crédito es una actividad riesgosa.

e. No es posible obligar a los bancos de datos a que la información que suministren sea simplemente la que indique si actualmente el investigado es deudor o no. Para que una información sea veraz debe ser completa, lo cual incluye antecedentes tales como si la persona estuvo en mora, si pagó pero como consecuencia de un proceso ejecutivo, etc. Lo contrario vulneraría el derecho a la igualdad, pues una persona que paga cumplidamente sus deudas sería reportada de la misma manera que quien permaneció en mora mucho tiempo.

f. Los bancos deben registrar la fecha del pago, pero por este hecho un deudor moroso no tiene el derecho a que se borre lo anterior como si no hubiese existido.

g. Sin embargo, los antecedentes que sobre una persona se pueden conservar tienen término de caducidad. Este término debe ser fijado por el legislador, pero mientras lo hace, deben seguirse las siguientes reglas:

*Dos años cuando el pago es voluntario, salvo cuando la mora del deudor haya sido inferior a un año, caso en el cual el término de caducidad será igual al doble de la mora. También debe tenerse en cuenta que durante este término no se hayan reportado nuevos incumplimientos. *Si el pago se produjo a través de un proceso ejecutivo, el término será de cinco años, que es el mismo fijado en materia penal para la prescripción de la acción penal de los delitos que no tienen señalado pena privativa de la libertad.

*Si el pago se produce con la notificación del mandamiento de pago, se debe seguir la primera regla, es decir, dos años.

h. Si el deudor vence a la entidad financiera al proponer excepciones dentro del proceso ejecutivo, la obligación se extingue y el dato debe desaparecer. Pero cuando la excepción que prospera es la prescripción, el dato puede no ser eliminado, porque además de que no ha habido pago, el dato adquiere el carácter de público al provenir de una sentencia.

i. Todas las informaciones que recopilen los bancos de datos deben ser el resultado de una autorización previa, expresa y voluntaria del implicado.

j. La información que suministre un banco de datos no le impone obligaciones a la entidad crediticia que las solicita y ésta es libre de aceptar los riesgos.



CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA T-089 01/03/95. AIAGISTRADO: Jorge ARANGO MEJIA. EXPEDIENTE: T-51.500.



PERJUICIO IRREMEDIABLE SALARIO



Derecho a la igualdad Derecho al trabajo

La igualdad de oportunidades para los trabajadores es un derecho fundamental en razón a la especial protección que el Estado debe brindar al trabajo y a la prohibición constitucional de la discriminación. Los convenios internacionales y la legislación interna consagran positivamente el principio laboral según el cual "a igual trabajo, igual salario". Constitucionalmente, un empleador está autorizado a otorgar un trato diferente a sus trabajadores -que no es lo mismo que discriminar-, cuando lo haga por razones justificadas tales como la antigüedad o la experiencia. Ahora bien, cuando un trabajador considere que está siendo discriminado, le corresponde aportar el término de comparación que le permita al juez deducir el trato desigual. Pero el patrono debe demostrar que dicho trato diferente es razonable y objetivo, no siendo suficiente la simple afirmación de que unos trabajadores son más eficaces que otros. Tampoco es válido el argumento de que unos trabajadores reciben más dinero, por mera liberalidad del empleador, porque conforme al derecho laboral cuando una bonificación se torna habitual se convierte en una remuneración fija y por ende en un auténtico derecho subjetivo adquirido por quienes reciben tal "bonificación".



CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA T-079 28/92/95. MAGISTRADO ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO EXPEDIENTES: T-50209, T-50213.



EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO



Derecho a la igualdad

Prestaciones sociales Derecho al trabajo Principio de solidaridad social

El inciso primero del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la cesantía restringida para los trabajadores del servicio doméstico, para los de empresas industriales y comerciales de capital menor a $20.000.oo, y los de empresas agrícolas, ganaderas y forestales con un capital inferior a $60.000.oo, es inexequible, ya que la limitación al auxilio de cesantía se opone a la elevación del nivel de vida de los servidores, contrariando el principio de solidaridad social.

2. El numeral 2 del artículo 252, el literal b) del artículo 162, y el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen que el cálculo de la cesantía para los servidores domésticos se hace con base en el salario en dinero, que los excluyen del régimen general de la jornada máxima laboral y de la prima de servicios, son exequibles, pues la naturaleza del trabajo hace justificable la distinción. Por lo mismo, está conforme con la Carta el artículo 103 que asimila los chóferes a los trabajadores del servicio doméstico, en lo relacionado con la jornada laboral.



CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-05116/02/95. Ah MAGISTRADO JÓRGE ARANGO MEJIA EXPEDIENTE.' D-696

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