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Tutelazos...

CONCURSO Derecho al trabajo Derecho a la igualdad

Los concursos, como instrumento para acceder a la función pública, deben sujetarse estrictamente a los procedimientos y condiciones fijados de antemano para su realización. Asimismo, el carácter obligatorio de las reglas que los rigen se aplica tanto a las partes como a la administración, que al observarlas debe ceñirse a los postulados de la buena fe, el respeto al debido proceso, la igualdad y el derecho al trabajo. En consecuencia, el concursante que obtuvo mejores resultados y no fue elegido, puede exigir su nombramiento a través de la acción de tutela, atendiendo el orden de colocación en que se encuentra en la lista de elegibles, y siempre y cuando la empresa tenga vacantes para proveer, pues no se puede demandar de la entidad la ampliación de la cantidad de personas que vincula.

CORTE Constitucional Sala Séptima. Sentencia T298 11 07 95. Magistrado: Alejandro Martínez C. Exp T66655

CONTRATO MODIFICACIÓN CONTRATO PRÓRROGA CONTRATO SUSPENSIÓN

Las modificaciones y prórrogas efectuadas a un contrato con anterioridad a la vigencia de la ley 80 de 1993, que no tenían por objeto crear una obligación nueva sino simplemente prorrogar el acuerdo en el tiempo, no tienen la calidad de contratos sino de simples convenciones entre las partes contratantes, y por lo tanto no están sujetas a revisión por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, ya que la competencia de esta última, en materia de revisión, se limita a los contratos.

2. Si un contrato se suspende, necesariamente se corre la fecha de su vencimiento original; por tanto, si la entidad contratante termina el contrato alegando el vencimiento del plazo en tal fecha, sin tener en cuenta la suspensión, se produce la terminación unilateral del contrato sin razones y formas legales para ello, por lo cual se genera un incumplimiento del negocio jurídico.

Consejo DE Estado. Sentencia 14 07 95. Consejero: DANIEL S~ Hernandez. ExPEDIENTE 8913. CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE OBRA PÚBLICA

Acta de liquidación - Fuerza mayor

En un contrato de obra pública, cuando la entidad contratante está en mora de entregar las áreas donde se debe realizar la obra debido a los reclamos de los dueños de las tierras, se genera un incumplimiento contractual, ya que esta circunstancia no puede aceptarse como caso de fuerza mayor, puesto que es fácil prever su ocurrencia; no obstante lo anterior, el contratista debe demostrar los perjuicios que le ha causado esta situación para poder recibir indemnización por tal concepto. 2. Cuando los contratantes suscriben sin salvedades el acta de liquidación final del contrato, luego no pueden cuestionarla jurisdiccionalmente, salvo que el acto esté viciado en su consentimiento, bien por error, fuerza o dolo.

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 19 07 94. CONSEJERO.' Carlor Betancur Jaramillo. Exp: 7882.

LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN Rentas exentas

L a exención de rentas es un incentivo tributario que el legislador otorga a determinadas actividades. Así, por ejemplo, la ley tributaria consagra un exención del impuesto sobre la renta a las empresas que se instalen en la zona del Nevado del Ruiz. El Decreto 1889 de 1988 que reglamentó tal exención, consagra que los ingresos exentos son aquellos que una empresa obtenga por la venta y entrega material de bienes dentro de dicha zona, o los originados en la venta de productos manufacturados o transformados

allí, sin importar el lugar de entrega. Para evitar maniobras fraudulentas, la Administración de Impuestos está facultada para desconocer las rentas exentas solicitadas o para rechazar los costos simulados. Por lo anterior, es correcto que mediante liquidación de revisión la Administración de impuestos rechace una exención, cuando mediante visitas comprueba que el contribuyente nunca operó en la zona del Nevado del Ruiz, no tuvo bodegas, empleados o inventarios, y que por el contrario la empresa hace parte de un conglomerado económico, una de cuyas industrias le vendía los productos a bajo costo a la empresa exenta, la cual se limitaba a facturar y realizar las utilidades.

Consejo DE Estado. Sentencia 21/07/95. Consejero: jumo Enrique Correa Exp: 7140. CESE DE ACTIVIDADES

Empleados públicos

Condenas contra la administración Indexación

Los empleados públicos y los trabajadores oficiales escalafonados en las carreras administrativa, docente, carcelaria, penitenciaria, diplomática y consular, que participen en ceses de actividades, no permitan la prestación de servicios, o inciten a los demás a realizar los hechos antes mencionados, pueden ser suspendidos de sus empleos sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para dicha suspensión.

2. Cuando la administración debe cancelar al actor una suma fija, cierta y determinada, a la fecha de la sentencia, dicha acreencia debe ser ajustada con el objeto de que el restablecimiento del derecho se acomode a la variación de los precios. Para tal efecto se utiliza la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según la cual si se desea conocer el valor presente de una suma determinada, se debe multiplicar el valor histórico por el resultado de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de la sentencia, y el índice inicial vigente a la fecha de la ejecutoria del último acto acusado.

3. Anteriormente, la jurisprudencia consideraba que para obtener la actualización de condenas en contra de la administración era necesario que tal petición constara expresamente en la demanda, criterio que ha sido revaluado, pues hoy es posible que se decrete la indexación sin que medie solicitud expresa.

Consejo de Estado. Sentencia 31 07 95 Consejero: DrEGo Younes Moreno. EXPEDIENTE.' 6301. CONTABILIDAD

Impuesto a la renta

En términos impositivos, especialmente en lo referente al impuesto de renta, las ventas de servicios no difieren de las de productos o manufacturas, pues el ingreso se sujeta al procedimiento de reducción o depuración establecido por el Estatuto Tributario, para obtener la renta líquida o base impositiva. 2. La contabilidad es sólo un medio de prueba de las transacciones y operaciones de quienes la lleven y tengan registrada, estén o no obligados a ello, de manera que si no se exhibe o contiene irregularidades, el interesado dispone de otros medios probatorios, y únicamente cabrían sanciones pecuniarias de carácter contable. De acuerdo con lo anterior, no se puede considerar que la falta de contabilidad o la aplicación de métodos contables que no son de común aceptación, son elementos determinantes para el rechazo de ítems tales como costos, deducciones e impuestos descontables de las declaraciones tributarias, excepto que se pruebe, en el caso de los métodos contables, la existencia de un fraude al fisco por la utilización de los mismos.

Consejo DE ESTADO. Sentencia 04/07/95. Consejera: CoNsmo Sarria Orca. Exp: 7131. DERECHO A LA INTIMIDAD

Habeas data - Libertad personal

1 derecho a la intimidad personal y familiar se desprende de la dignidad humana y consiste en la posibilidad de reclamar del Estado y la sociedad que se abstengan de injerir en una esfera reservada, compuesta principalmente por problemas, asuntos y situaciones que son del exclusivo interés de la persona. Las relaciones financieras que se generan cuando una persona acude a un establecimiento de crédito, implican el suministro de informaciones de carácter económico que no pertenecen forzosamente a la intimidad. Existen datos "personales", es decir, informaciones que se refieren al individuo, los cuales sin embargo no son en su totalidad "íntimos". Tal es el caso de la dirección y el teléfono de una persona. En efecto, tales datos no son íntimos porque interesan en mayor o en menor medida a los acreedores, al Estado y en general a la sociedad. Por lo anterior, es improcedente la acción de tutela interpuesta por el cliente de una entidad financiera de tarjetas de crédito, que considera que se vulnera su derecho a la intimidad al suministrar su teléfono y dirección a empresas dedicadas a ofrecer bienes y servicios. Tal proceder es propio del sistema de libre mercado que ampara la Constitución, y dichas entidades promotoras se encuentran desarrollando una labor legítima. Sin embargo, tales empresas no pueden abusar de sus derechos y compeler a los clientes de tarjetas de crédito a comprar sus productos, ni pueden descontar automáticamente de la tarjeta de crédito el valor de los mismos, so pretexto de una aceptación tácita. En ello deben observarse las reglas mercantiles sobre aceptación de la oferta y los principios constitucionales de libertad y buena fe. Finalmente, debe señalarse que los clientes de tarjetas de crédito pueden prohibirle expresamente a la entidad financiera que suministre su dirección y teléfono a terceros.

CORTE Constitucinal, Sala Quinta Sentencia T261 20/06/95. Magistrado: Jose GREGORIO HERNÁNDEZ Galindo. EXPEDIENTE: T 63468. IMPUESTO A LAS VENTAS

Maquinaria pesada

Repuestos -Arancel de Aduanas

El artículo 4 del Decreto 1803 de 1994, que dispone que la importación de los elementos que excedan el número de los requeridos para constituir una máquina completa o incompleta con las características de la máquina completa, causa impuesto sobre las ventas, ya que no se consideran como componentes de la máquina pesada, es nulo, por las siguientes razones: * Viola el literal e) del artículo 428 del Estatuto Tributario, según el cual la importación de maquinaria pesada para las industrias básicas no causa impuesto a las ventas, sin hacer distinción entre máquina total y partes. * Si se analiza el hecho de que las exclusiones y exoneraciones impositivas tienen como objeto, dentro del campo de la política fiscal, incentivar el desarrollo del país a través del estímulo de aquellas industrias que son básicas para el cumplimiento de tal fin, y que para la consecución de ese objetivo era necesaria la exclusión del IVA a la maquinaria pesada que no se producía en el país, es innegable que las partes y repuestos necesarios para su funcionamiento deben gozar del mismo beneficio fiscal, establecido para el todo. * El artículo introduce elementos equívocos que dejan a discrecionalidad de la administración señalar qué se entiende por maquinaria completa, incompleta, y qué numero de elementos la configuran en cada caso, lo cual contraría la Constitución Política, en cuanto ordena que los elementos de la obligación ,tributaria, entre ellos las causales de exclusión o exoneración, deben efectuarse por la ley y no por el presidente y mucho menos por los funcionarios de la administración. ' Desconoce la nomenclatura contenida en el Arancel de Aduanas, adoptada de manera general para la clasificación de los bienes sujetos al IVA, los excluidos, los gravados y los exentos.

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 04 08 95 Consejero: Delio Gómez Leyva. Exp: 5975.
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