| 11/1/1995 12:00:00 AM

Tutelazos...

CONCURSO DE MÉRITOS

Derecho a la igualdad

Derecho al trabajo

Los concursos para acceder a la función pública deben sujetarse estrictamente a los procedimientos y condiciones fijados de antemano, pues sus reglas son obligatorias tanto para los participantes como para la administración, que al observarlas, debe ceñirse a los postulados de la buena fe, el respeto al debido proceso, y a los derechos a la igualdad y al trabajo de los concursantes. Establecer un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al vencedor el cargo objeto del mismo, elimina su esencia, puesto que la administración no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección, sino que debe fundamentar su decisión única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del aspirante. Lo contrario atenta contra el debido proceso y defrauda la confianza no sólo del aspirante que obtuvo el primer puesto, sino la buena fe de los demás concursantes.



CORTE CONSTITUCIONAL. SE~ T-433 29/09/95. Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA EXPEDIENTE T-77473.



ENTIDADES FINANCIERAS - PRIVATIZACIÓN



Propiedad estatal - Democratización

Los incisos primero, segundo y cuarto, y los parágrafos primero y segundo del artículo 304 del Decreto 663 de 1993, que disponen que cuando la Nación, una entidad descentralizada o el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, enajenen su participación en instituciones financieras o entidades aseguradoras, deben hacerlo de conformidad con el programa que para tal efecto apruebe el Consejo de Ministros, en el cual se tomarán las medidas conducentes a democratizar la propiedad estatal, otorgando condiciones especiales a los trabajadores y a las organizaciones solidarias, son inexequibles, ya que según la Constitución, es la ley la que debe determinar esas condiciones especiales. Cosa distinta es que el Consejo de Ministros pueda fijar plazos, líneas especiales de crédito y precio de las acciones, pero en todo caso sujetándose a lo que la ley respectiva imponga.



CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-452 05/10/95. MAGISTRADO FABIO MORON DIAZ EXPEDIENTE D-883.





DERECHO DE PETICIÓN



El derecho de petición no se agota en la mera posibilidad de dirigirse a las autoridades, en interés particular o general, sino que abarca la resolución del asunto llevado al conocimiento de la autoridad pública respectiva dentro de los términos que la ley contempla, pues no sólo la falta de respuesta viola este derecho, un pronunciamiento tardío también lo conculca. Siempre que la autoridad esté imposibilitada para brindar una respuesta rápida, debe informarlo al peticionario con expresa referencia de los motivos que justifican la tardanza y del momento en que se adoptará la decisión.





CORTE CONSTITUCIONAL T-392 05/09/95. MAGISTRADO FABIO MORON DIAZ EXPEDIENTE T-74788.



ACTIVIDAD PETROLERA



Empresas de telecomunicaciones Empresas de transporte Servicios públicos esenciales

Los literales b) y h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, en los apartes que establecen que se consideran actividades de servicio público las empresas de transporte por tierra, agua y aire, las empresas de telecomunicaciones y las actividades de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleos y sus derivados, éstas últimas, siempre que estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno, son exequibles por las siguientes razones:

a) Las actividades de las empresas de transporte por tierra, mar y aire, son servicios públicos esenciales en la medida en que están dirigidas a garantizar la libertad de circulación.

b) Las empresas de telecomunicaciones prestan actividades que constituyen un servicio público esencial, ya que buscan asegurar la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, y la de informar y recibir información.

c) Las actividades de explotación, refinación y transporte de petróleo y sus derivados, son actividades básicas y fundamentales para asegurar a su vez otras actividades esenciales, como el transporte, la generación de energía, etc.



corte constitucional SENTENCIA c-450 04/10/95. magistrado Antonio BARRERA CARBONELL EXPEDIENTE D-849.





CONTRATO DE SEGUROS - PÓLIZA

Cuando en un contrato de seguros el asegurador pretende el pago de la prima o subrogarse en los derechos del asegurado, o el asegurado el pago del siniestro, la póliza es el elemento probatorio esencial para tales efectos.

En cambio, cuando las partes en el proceso no están discutiendo los derechos y obligaciones emanadas del contrato de seguros, sino una pretensión de naturaleza diferente, nada impide demostrar hechos relacionados con la ejecución del contrato acudiendo a otros medios diferentes a la póliza. Así, si el asegurado inicia una acción de responsabilidad civil contra el tercero responsable del siniestro y dentro de dicho proceso confiesa haber sido indemnizado por la compañía aseguradora, sería absurdo condenar al tercero responsable, bajo el supuesto de que esa confesión del asegurado demandante no tiene alcance probatorio para demostrar que él carece de derecho sustantivo.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SENTENCIA 06/10195. MAGISTRADO TAMAYO JARAMILLO Expediente: 4281.



CONTRATO DE SUMINISTRO

ENTREGA DE BIENES


Cuando en un contrato de suministro no se fija el plazo para que el contratista entregue los bienes, se debe acudir a lo dispuesto sobre el punto en el pliego de condiciones, que hace parte del contrato. Si en dicho pliego se contemplan unos plazos para entregar los bienes, y en relación con el momento a partir del cual se empiezan a contar dichos plazos se dispone que dependen de una carta de intención firmada entre las partes, la administración no puede, a través de una comunicación al contratista, fijar la iniciación de dichos plazos, pues se trataría de una decisión unilateral sin fundamentación.

Por lo tanto, ante la ausencia de una fecha cierta y determinada a partir de la cual deba empezar a contarse el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del contratista, el contratante no puede sancionar por mora en la entrega de los bienes, dado que no hay manera de saber si las entregas se hacen oportunamente o no.





CONSEJO DE ESTADO. SENTENCIA 06/10195. DANIEL SUAREZ HERNANDEZ EXPEDIENTE: 9962.

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