| 7/1/1994 12:00:00 AM

Trataditis

La carrera por firmar el G-3 con México y Venezuela condujo a un acuerdo que no le reportará mayores beneficios al país y sí muchos problemas.

Por decisión del ejecutivo se firmó recientemente el convenio de complementación económica G-3 con México y Venezuela. Se le ha ponderado con bombos y platillos, y no poca desinformación, como uno de los más grandes logros del gobierno. Pero por entre las rendijas del aparato propagandístico se filtran inconvenientes. Ese afán de firmar tratados comerciales, porque se puede correr el riesgo de que a Colombia la deje el tren, amerita reflexión. En realidad, el afán obedece a un esquema largamente acunado en la mente del presidente Gaviria sobre el futuro de los intercambios en el mundo, y la necesidad, según él, de afiliarse a un inevitable gran bloque continental.

Muchos expertos opinan, sin embargo, con sólidos fundamentos teóricos, que el fortalecimiento del GATT al que Colombia pertenece, con su filosofía de comercio multinacional abierto, es más conveniente para los países en vía de desarrollo.

En particular, el carrerón del G-3 parece imprudente. Habrá sido sagaz autoimponerse una fecha límite (antes del 7 de agosto de 1994 naturalmente) para la firma de acuerdos, mientras el socio mexicano, veterano de la difícil negociación del complejo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC), contaba con todo el tiempo del mundo. La prensa registró cómo el G-3 estuvo a punto de quedarse en G-2 porque Venezuela no compartía la prisa. La sola premura concedía ventajas a México en las conversaciones. De otra parte, no corresponde a la realidad el afirmar, cara a una opinión pública desprevenida, que el G-3 ha contado, durante tres años de ires y venires, con la anuencia del sector productivo. Durante las negociaciones la participación privada fue esporádica. A los pocos que tuvieron la paciencia de atender reuniones, que a veces resultaban conclaves fantasmas, y la entereza de disentir, se les insinuó retirarse de las conversaciones. O se firmaba, o se firmaba. Era más importante la visión integracionista de un gran bloque hemisférico, que la demostración de la "equidad, la reciprocidad y la conveniencia", tal como lo exige la Constitución Nacional.



A MANERA DE JUSTIFICACIÓN, el gobierno sostiene que el G3 reportará grandes beneficios, así haya algunos perdedores. Perdedores no puede haber cuando quien gana es el consumidor por la vía de estimular la competencia entre los productores de los países firmantes. Sin embargo, la regla de oro consiste en que esa competencia se dé en igualdad de condiciones para todos los agentes económicos. Los gobiernos tienen la obligación de excluir ventajas artificiales en cualquier dirección. No ha sido el caso. Se cedió en el crítico aspecto de las normas de origen, de manera que los productores colombianos deben comprar materias primas en México para acceder a ese mercado (sin aranceles dentro del G-3) con las manufacturas que elaboran aguas abajo. Será, pues, necesario transformar insumos mexicanos o someterse a la dilatada demostración que sus precios están por encima de los internacionales, cuando lo lógico al competir es evitar la obligada compra de materias primas del competidor. El equilibrio se obtiene con la libertad de adquirirlas donde sean más económicas y de mejor calidad, sin desmedro del margen de preferencia debido a un socio comercial. Cualquier otra solución destruye la equidad.

La diferencia de enfoque estriba en que México llegó al G-3 con criterio de desarrollo; Colombia y su socio venezolano con criterio de apertura. La brecha es enorme. El objetivo de los mexicanos ha sido coartar la competencia de terceros para todo lo que aquellos producen, y que no producen sus socios del G-3.

Así las cosas, se consiguió que Colombia abandonara su tradicional postura de salto arancelario para establecer origen (como es él caso dentro del Grupo Andino); se cambió por el mucho más restrictivo de contenido regional. Ello

no puede sino favorecer al país más desarrollado y con recursos naturales más diversificados. México supera ampliamente la industria y la minería básica colombiana. De hecho se hace un reconocimiento explícito en el caso de la petroquímica, cuya inclusión en los acuerdos ha sido aplazada. Ha quedado en entredicho la reciprocidad.

El gobierno hace hincapié en las ventajas para la agricultura aunque arancelariamente son en realidad inferiores y entrarán en vigencia más tarde que las que México ha concedido a los Estados Unidos. También insiste en las espléndidas concesiones para los textiles, aunque los textileros, que deben por lo visto pertenecer a la mayoría silenciosa, no han musitado palabra. Adicionalmente, como es fácil de imaginar, muchos potenciales inversionistas deseosos en algún momento de instalarse en Colombia tendrán ahora que sopesar si una ubicación mexicana no es más conveniente, por esas mil razones que los colombianos preferimos púdicamente no mencionar, mal augurio para la creación de empleo productivo.

Y por último, el argumento del ingreso al TLC por la puerta de atrás no es más que un espejismo. Ya Colombia se encuentra prácticamente adentro por la vía de las preferencias andinas que le otorgan diez años de desgravaciones en el mercado de los Estados Unidos, y que poco se están aprovechando por falta de oferta exportable (algunos funcionarios ilusos hablan de falta de información). ¿Para qué más TLCismo por el momento? Además, cuando se ingrese, si un día fuera oportuno, sería preferible entrar de cuerpo entero, sin padrinos y por la puerta grande. De todo esto sale maltrecha la conveniencia.

Dentro de la imaginería gubernamental, quienes sugieren apresuramiento en lo del G-3 son enviados incontinenti al círculo maldito de los proteccionistas. En buena hora salió Colombia de la camisa de fuerza autárquica que la constreñía,

pero eso no debe decir que deba desnudarse. Y en lo del G-3 ni se ha tenido pudor, ni se ha sido prudente. Fue inútil, sin embargo, señalárselo a un presidente en agudo trance quirografario con su homólogo mexicano y, tal vez, antes del ya próximo final de su exitoso mandato, con otros países hermanos en medio de la euforia de las festividades panibéricas.

El pataleo, que está muy lejos de ser de ahogado, hay que reservarlo para el Congreso, porque, según la Constitución Nacional (Art. 224), "el presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial" y deberá enviarlos al legislativo "para su aprobación". Si no son aprobados, su aplicación se suspende. Se verá, entonces, si brillan la equidad, la reciprocidad y la conveniencia.
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