Todos en el suelo

El sector agroindustrial es el principal consumidor de las materias primas producidas por el sector agrícola. En Colombia las principales industrias que conforman este sector son: procesamiento de carnes y embutidos, levantamiento de pollos y huevos, fabricación de productos lácteos, envasado y conservación de frutas y legumbres, industria pesquera, fabricación de grasas y aceites comestibles, industria jabonera, molinería de cereales, productos de panadería, pastas alimenticias y galletas, industria azucarera, elaboración de cacao y confitería, alimentos dietéticos, fabricación de tabacos y cigarrillos y, finalmente, la industria textil que utiliza el algodón como materia prima. Cabe destacar que ésta es responsable de una tercera parte del total de la producción industrial del país.

Un documento reciente de la Andi, "La política de la apertura comercial en la agroindustria colombiana", sostiene que en el proceso de apertura e integración dentro del Pacto Andino se están presentando distorsiones que están afectando negativamente a la agroindustria. El documento sostiene que "dichas distorsiones provienen... De la aplicación de políticas discriminatorias... Que han encarecido artificialmente las materias primas de la agroindustria, afectando notoriamente sus condiciones de competitividad y eficiencia. Las políticas en mención tienen que ver con la aplicación del tratamiento arancelario particular y la falta de ' coherencia en las negociaciones internacionales, especialmente en el marco del Pacto Andino".

Vamos por partes. En primer lugar la estructura del Arancel Externo Común (AEC) se basa en el criterio de grados de elaboración. Se supone que un producto a medida que es más elaborado tiene mayor valor agregado (más mano de obra nacional), por lo tanto hay que protegerlo más. La estructura del AEC entonces es del 5% para materias primas, 10% para materias primas semi elaboradas, 15% para bienes intermedios y 20% para bienes finales. En teoría suena muy bonito, pero en la práctica resulta que la maquinaria debería quedar en el 20%, porque es lo más elaborado, y las materias primas agrícolas en 5%. Obviamente en estos casos no se aplica la teoría. Los bienes de capital tienen aranceles del 5% y 10%, mientras que los productos agrícolas, para proteger a los agricultores del país, tienen aranceles del 15% y 20%o mas la franja de precios.

La agroindustria entonces está experimentando una protección negativa. Mientras sus materias primas tienen aranceles del 301/6 y 40% por efecto de las franjas, el arancel de los bienes agroindustriales está en un máximo del 20%. Es el caso del sorgo, cuya producción es absolutamente deficitaria en el país, y los pollos; del sebo de cerdo desnaturalizado (está en franja porque es sustituto de la estearina de, palma africana) y los jabones; del trigo y las pastas alimenticias. Resulta más barato importar los bienes agroindustriales que producirlos en el país.

De hecho eso es lo que comenzaron a hacer varios productores. En lugar de importar las materias primas comenzaron a traerlas con algún grado de elaboración. Sin embargo, la dicha no duró mucho tiempo. El Consejo Superior de Comercio exterior cambió la metodología de cálculo de las franjas, de manera que se encarece en forma proporcional la importación de materias primas semielaboradas. Necesariamente esto va a tener un

efecto negativo sobre los precios. La solución no es extender el mecanismo de franjas a los derivados. La cadena se haría interminable y la inflación se dispararía.

El país no ha admitido que es deficitario en forma estructural en la producción de cereales. Por proteger pequeños cultivos de sorgo, cebada y trigo, se está encareciendo este insumo, cuando la producción nacional no alcanza el 20% de la demanda interna. En sorgo el país es deficitario en 450.000 toneladas. La industria de derivados del maíz utiliza maíz blanco, que es producido totalmente en el país. Como el maíz blanco no se cotiza en bolsas internacionales, se utiliza el precio del maíz amarillo para calcular la franja. Recientemente se cambió la metodología de cálculo de esa franja, lo que encareció el precio interno del maíz blanco. Al problema de las franjas de precios se le suma la integración con Venezuela y Ecuador. Resulta que dentro de la estructura del AEC no se han armonizado los aranceles de los productos agrícolas, porque cada país otorga un tratamiento diferente a ese sector. En Ecuador, por ejemplo, no hay franjas de precios. En Venezuela hay, pero sobre productos diferentes a los colombianos.

Además, Ecuador está recibiendo un trato preferencial que consiste en que los aranceles de cerca de 1.000 materias primas y bienes intermedios son inferiores a los de Colombia y Venezuela. El resultado es que Ecuador importa, por ejemplo, trigo con un arancel muy bajo, lo que le otorga una ventaja indudable a la industria de derivados del mismo. Luego esos productos entran a Colombia libres de arancel. El asunto no sería grave, pues la capacidad productiva del Ecuador no es muy alta. Pero resulta que ese país acaba de liberar el régimen de inversión extranjera. Se vuelve muy atractivo para las multinacionales establecerse en Ecuador, donde los costos de materias primas y mano de obra son los más bajos de la subregión, y pueden aprovechar todo el mercado ampliado.

En Venezuela por su parte, la diferencia en la metodología de las franjas de precios hace que el precio CIF por tonelada de trigo importado sea inferior en US$ 20 al importado por Colombia. El maíz amarillo es la materia prima para producir almidones y glucosa. La producción nacional" no alcanza a suplir la demanda. Mientras que en Chile el precio por tonelada es de US$ 145 y en Argentina es de US$ 88, en Colombia es de US$ 220. En Venezuela el arancel es del 15% y no está sometido al sistema de franjas de precios. El arancel total en Colombia es del 42%.

Venezuela otorga una preferencia arancelaria para el aceite crudo de soya procedente de Brasil, Argentina y Paraguay. Esa preferencia se traduce en aranceles tan bajos como el 3%. El Ecuador importa algodón con un arancel del 5%, lo que le otorga una ventaja a la industria textil de ese país.

A pesar de las recomendaciones de su asesores, el Ministro de Comercio Exterior colombiano aceptó que Ecuador tuviera trato preferencial en materias primas agrícolas que en Colombia están sometidas al sistema de franjas. Según él, la autoridades ecuatorianas se comprometieron verbalmente mente a adoptar el sistema de franjas precios. Eso está por verse.

Según la Decisión 335 de la Junta del Acuerdo de Cartagena (Ju. Nac.), los países miembros del Grupo Andino tienen plazo hasta el 30 de septiembre para armonizar el sistema de franjas agrícolas. Hasta ahora no se ha dado ningún paso en ese sentido, Todo lo contrario. Las diferencias se están ahondando.

Es el caso de los precios oficiales de importación que se acaban de aplicar para 13 productos. Por iniciativa del Ministerio de Agricultura, y en decisión adoptada por el Consejo Superior de Comercio Exterior, de ahora en adelante las importaciones de trigo, arroz, semilla y aceite de girasol, harina de trigo, aceite y torta de soya, aceite de palma, jugo de naranja y fibras de algodón se nacionalizarán a precios fijados por el Ministerio de Agricultura y no al precio al que se realizó la importación. Eso no es todo. Los precios mínimos se aplican sólo a estos productos porque son los que se cotizan en bolsas internacionales, de donde se pueden calcular los precios oficiales. Pero el Ministro de Agricultura quiere extender este mecanismo a cerca de 40 productos más, que no se cotizan en bolsas. Las fuentes que se pretenden utilizar son revistas especializadas y boletines.

La carne de res, de pollo, de pavo, todos los aceites -crudos y refinados-, las manzanas (!!!), la glucosa, las pastas alimenticias, la sémola, los derivados lácteos (todos), las arvejas, garbanzo, fríjol, lenteja, harina de maíz y semillas oleaginosas entran en este paseo. Como quien dice, la canasta familiar. Además, se quieren revivir convenios de absorción en todos los cultivos.

Estas medidas no son solamente abiertamente inflacionarias al encarecer los alimentos y los costos de producción de la agroindustria, sino que todo deja el sabor de que los funcionarios públicos todavía tienen un gran poder discrecional para proteger a sectores de la economía con gremios poderosos. El que no llora...

El resultado es nefasto para la agroindustría, pero es peor para los consumidores. No resultará extraño que con medidas como éstas se vuelva a disparar la inflación.