| 6/1/1997 12:00:00 AM

Todos somos sospechosos

No hay criterios ni prioridades en la aplicación de las normas de lavado de activos. Usted puede convertirseen víctima.

El delito del lavado



El viejo adagio según el cual toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario ha dejado de ser cierto en Colombia. La narcotización de la política legislativa, o más bien, de la falta de una política legislativa clara, ha llevado al país a extremos tales que hoy todos los ciudadanos somos sospechosos en potencia por cuenta de los delitos como el de lavado de activos.



El lavado de activos se tiende a relacionar con actividades de narcotráfico, pero resulta claro que no sólo se lava el dinero que de allí proviene sino también de cualquier otra actividad delictiva. Lamentablemente en Colombia algunas actividades ilícitas diferentes al narcotráfico se han convertido en grandes generadoras de riquezas. Tal es el caso del secuestro y la extorsión. Para tener una breve referencia de la magnitud del problema los expertos mundiales consideran que en nuestro país se presenta el 45% de los secuestros de que se producen en todo el mundo. La actividad guerrillera también es una empresa que mueve una cantidad enorme de dinero y otros activos: se ha calculado que en el último año la guerrilla recibió ingresos diarios cercanos a los $1.500 millones. El negocio de la corrupción oficial tampoco se queda atrás; tan sólo hace algunos días se conoció el caso de una entidad como el Sena en la cual la "tajada" de cada contrato era como mínimo del 10%.



Este dinero generado en actividades delictivas requiere su conversión en dinero lícito para que así pueda ser gastado sin inconvenientes. En otras palabras, los activos que se obtienen por esta vía se deben "limpiar" o "lavar" para que su uso y disfrute tenga la apariencia de legalidad. Este es uno de los últimos eslabones de la cadena delictual y uno de los que menos había sido atacado.



A manera de ejemplo, por mucho tiempo, para un gran grupo de personas realizar negocios "lícitos" como la compra de inmuebles o de vehículos a los narcotraficantes a precios muy bajos no era un problema legal que implicara riesgos. Hoy las cosas son a otro precio pues esta actividad, conocida como el lavado de activos, está tipificada como un delito que lo comete todo aquel que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes o en general quien realice cualquier actividad destinada a darle una apariencia de legalidad a bienes que tengan origen mediato o inmediato en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión o el enriquecimiento ilícito, entre otros.



Con las nuevas normas, el lavado de activos se ha convertido en un delito especial que no depende directamente de otros en los cuales se origina el dinero. Esto significa que una persona puede cometer solamente el delito de lavado de activos sin necesidad de cometer otros como el de secuestro o narcotráfico. Si bien es cierto que las normas recientemente expedidas comprenden el lavado de todo tipo de activos, los mayores volúmenes de este tipo de operaciones se dan por medio del dinero, bien sea moneda nacional o extranjera, en efectivo o en títulos valor de toda clase. Esto es lógico en la medida en que el pago de un rescate por secuestro, el pago de droga o el de un soborno a un funcionario público suele realizarse con dinero en efectivo.



En este punto, el sector financiero del país entra a jugar un papel importante pues no resulta frecuente que quien obtiene una gran cantidad de dinero proveniente de un soborno o de un secuestro lo guarde por largo rato en efectivo. Por el contrario, para poder ingresarlo a la legalidad se acude a los mecanismos del sistema financiero nacional o al internacional.



Cómo se lava el dinero



Es claro que el fin primordial del lavado de activos es la legalización del dinero o por lo menos la búsqueda de la apariencia de legalidad. Para tal efecto, los delincuentes tienen que acudir a la realización de operaciones financieras generalmente complejas, por medio de las cuales se intenta darle la apariencia de licitud al dinero obtenido ilegalmente.



Para lograr este cometido, los grandes lavadores suelen ser ingeniosos: o son altamente capacitados en temas financieros o se asesoran de expertos que se dedican a inventar fórmulas para lavar dinero de manera tal que la detección de estas operaciones sea difícil.



El lavado a gran escala comprende generalmente una serie compleja de operaciones por medio de las cuales, a la vez que se da una apariencia de legalidad, se borra el rastro de su origen. Esto implica que el lavado de dinero se realice por medio de varias operaciones pues en una sola es difícil cumplir con este objetivo y en muchas ocasiones resulta necesario hacerlo utilizando el sistema financiero internacional. Varias de ellas acaban siendo verdaderas obras de ingeniería financiera casi imposibles de detectar.



En nuestro país y en razón de los pocos controles, resultaba relativamente fácil lavar dinero. Si bien es cierto que desde hace algunos años el tema empezó a generar inquietudes dentro de nuestro sistema financiero, la ambición comercial de algunas entidades ocasionó una laxitud extrema en la aplicación de las pocas normas existentes.



Fue así como por mucho tiempo en los bancos se blanqueaba dinero mediante la consignación y retiro de grandes sumas de dinero en efectivo en períodos muy cortos o mediante la compra de CDT's con dinero en efectivo cuya procedencia no era indagada por la entidad financiera. Así mismo, los bancos eran utilizados para la realización de grandes transferencias de fondos desde el exterior, que bajo una apariencia de legalidad lo único que buscaban era ingresar dineros ilícitos en nuestro sistema financiero. En la mayoría de los casos estas operaciones se realizaban utilizando compañías de papel que desarrollaban grandes negocios.



En las compañías fiduciarias los sistemas que más se utilizaban con este fin eran las fiducias en garantía mediante las cuales el lavador garantizaba préstamos que no pagaba, lavando así los bienes dados en garantía. Las fiducias para construcción con el mecanismo de venta de los inmuebles al costo también se usaron para el blanqueo, en especial por la facilidad de manejar grandes aumentos artificiales de costos.



En las compañías de leasing uno de los mecanismos más usuales es el de la celebración de este tipo de contratos sobre bienes de toda clase pagando los cánones cumplidamente, así los bienes en la realidad no produzcan renta alguna.



A pesar de que en la mayoría de casos se trata de operaciones complejas, también las hay sencillas con pequeñas cantidades de dinero. Esto es lo que se conoce con el nombre del "pitufeo" y se realiza mediante el manejo de reducidas cantidades de efectivo en varias cuentas, muchas veces pertenecientes a personas ajenas a la operación, quienes las prestan a cambio de una mínima remuneración pero asumiendo un enorme riesgo. Con el pitufeo se busca principalmente realizar operaciones por debajo de los límites vigilados por las autoridades.



En todas las anteriores actividades de lavado pueden acabar involucradas en procesos penales personas que nada o poco tienen que ver. Es el caso de quienes con la disculpa de no tener una cuenta de ahorros le piden a un amigo o familiar que les preste una cuenta de ahorro para consignar una plata en efectivo, la cual resulta ser proveniente de un "trabajito". En este caso la persona que presta la cuenta, así no hubiese conocido el origen ilícito del dinero, puede terminar enredado en un proceso penal en su contra.



También es fácil quedar involucrado cuando se realizan ventas que se pagan en efectivo, como cuando se vende un carro, ganado o un inmueble y se recibe el pago sin verificar el origen del dinero. Así mismo, cuando se hacen favores como el de cambiar cheques por efectivo sin conocer la persona giradora del título, cuando se compran o se cambian dólares por fuera de las entidades autorizadas o cuando se reciben grandes préstamos de manos de particulares, con bajos intereses y sin mayores trámites.



¡A informar se dijo!



Frente a este fenómeno creciente y también gracias a la presión internacional, el gobierno, por medio de algunas leyes y mediante normas de la Superintendencia Bancaria, expidió una serie de regulaciones tendientes a controlar las operaciones de lavado, principalmente las que se realizan a través del sistema financiero. Sin negar su importancia las normas vigentes acarrean dificultades que deben ser tenidas en cuenta por los ciudadanos comunes y corrientes.



La nueva legislación se fundamenta en dos principios esenciales: conocimiento del cliente y conocimiento del mercado. Con el conocimiento del cliente se busca tener una gran cantidad de información acerca de todos los usuarios del sector financiero, con la cual se pueda identificar su perfil financiero, su domicilio, su actividad económica y la magnitud y características de sus transacciones y de su patrimonio.



Bajo esta premisa, la Superbancaria ha expedido algunas normas que obligan a todos los usuarios del sector, sin mayores distingos, a entregarle toda la información acerca de su vida y de su actividad a los bancos o corporaciones. Esta obligación, que se encuentra vigente desde el año pasado, ha causado un verdadero caos pues no se refiere sólo a los clientes nuevos sino que también impone la obligación de actualizar la información de los clientes antiguos.



Aquí se ha presentado un primer gran inconveniente y como lo dice el refrán el que mucho abarca poco aprieta. En la realidad la actualización de la información de todos los clientes del sector financiero es realmente difícil y demasiado costosa, en especial si se tiene en cuenta que actualmente existen cerca de 18 millones de cuentas de ahorro y corrientes a lo cual se debe adicionar los requerimientos de información de las fiduciarias, las aseguradoras y las compañías de financiamiento comercial.



En primer lugar es muy difícil porque los 18 millones de titulares de estas cuentas no tienen una cultura de actualización de información y no comprenden la importancia de mantener sus datos al día. Así mismo, existe un altísimo nivel de desconfianza y de temor a entregar información personal a terceros, lo cual no es descabellado ya que esta información puede acabar en manos de delincuentes. Además entidades como la Superintendencia Bancaria no siempre han sido lo suficientemente prudentes con la información, en especial en episodios recientes como el del proceso 8.000. Adicionalmente existe la idea de que la Dian tendrá acceso a la información.



Desde otro ángulo, es alto el costo para el sector financiero pues la información de cada cliente debe ser verificada y luego procesada. Algunos banqueros han calculado dicho costo en una cifra cercana a los $10.000 por cliente, lo que significa para todas las cuentas unos $180.000 millones. Con seguridad esta cifra puede ser más útil si se destina al fortaleciendo de los medios de investigación de la Fiscalía o de la Superbancaria.



Pero lo más grave de todo esto, es que de un momento a otro todos los clientes del sector financiero resultaron desconocidos y sospechosos potenciales de lavado de activos pues las normas se diseñaron en tal forma que, en vez de buscar sancionar a los culpables, están poniendo en duda a los inocentes.



A lo anterior debe sumársele los requerimientos de información que impuso la Superintendencia para la apertura de nuevas cuentas o para la realización de operaciones de cualquier índole ante el sector financiero, lo que ha generado enormes dificultades y demoras considerables en las operaciones nuevas.



Adicionalmente, la solicitud de información indiscriminada resulta ser en el fondo poco útil y sí causa molestias y problemas a quienes nada tienen que ver con actividades delictivas, en especial si se tiene en cuenta que quien tiene interés en lavar activos va a cumplir estrictamente con estos requerimientos, pues parte de lo que busca es, precisamente, darle una apariencia de legalidad a lo que no lo tiene.



Pero no todas las molestias a los clientes son por cuenta de las normas. Muchas entidades financieras han decidido aprovechar las obligaciones de solicitud de información para conseguir datos que les sean útiles en sus operaciones de mercadeo. Esto ha llegado a extremos tales que algunas entidades tienen que enviar, junto con los formularios de solicitud de información, manuales para diligenciar esta información. Es claro que en casos como éste, el cliente no tiene por qué admitir los abusos de la entidad financiera y sólo debe diligenciar la información básica.



Todos somos sospechosos



Con esta información actualizada en cada entidad deben establecerse unos parámetros entre los cuales pueden desarrollarse las transacciones, activas o pasivas, de cada cliente. Todas aquellas transacciones que se salgan de esos parámetros son consideradas como operaciones "inusuales", lo que significa que fácilmente pueden convertirse en operaciones "sospechosas". Es así como si alguien ha consignado ordinariamente un millón de pesos al mes y en alguna ocasión consigna veinte millones ya puede ser considerado casi como un lavador.



Cada entidad financiera que detecte una operación inusual, en teoría, está en la obligación de verificar el origen de los recursos y pedirle explicaciones al cliente por ese movimiento extraño. En este punto las normas muestran una primera gran falla pues suponen que toda operación financiera por fuera de lo usual se realiza de mala fe en vez de presumir la buena fe tal como lo ordena nuestra Constitución.



Pero si la operación inusual no es explicada o o la entidad financiera no le gusta la explicación, ésta debe ser reportada ante la Fiscalía como una "operación sospechosa". Teóricamente a partir de estos reportes la Fiscalía debe iniciar las investigaciones que la conduzcan a los lavadores de dinero.



Así mismo, cuando se realizan operaciones en dinero en efectivo por encima de 10 millones de pesos, existe también la obligación de informar, salvo que el cliente tramite una solicitud especial que le permita efectuar este tipo de transacciones, sin mayores problemas.



Esto que en la simple teoría parece muy fácil, en la realidad funciona de una manera muy distinta. Cuando un empleado del sector financiero detecta una operación inusual, no averigua cuál es el origen de esta operación y muchas veces la reporta directamente como sospechosa para curarse en salud y trasladarle el problema a la Fiscalía.



Adicionalmente lo hacen también para no incurrir en un curioso delito denominado "omisión de control", atribuible a los funcionarios que no reporten información que pueda ser considerada como sospechosa. Si el funcionario omite la aplicación de algunos de los mecanismos de control puede incurrir en pena de prisión hasta por seis años. Gracias a esta norma, los empleados del sector financiero reportan todo lo que pueda semejarse a una operación sospechosa.



Esto ha ocasionado una enorme avalancha de reportes ante la Fiscalía. Tan sólo en los últimos seis meses se calcula que esta entidad ha recibido más de 7.000 reportes, lo que implica un volumen por día hábil de más de 50. Para rematar, la gran mayoría de reportes que llegan a la Fiscalía llegan mal diligenciados o se refieren a operaciones insignificantes pues no existe ningún filtro al respecto y tampoco se ha fijado una política de prioridades que permita dirigir las investigaciones hacia la detección de los grandes lavadores. Como es obvio y a pesar de los esfuerzos que realiza la Fiscalía, es imposible investigar tal magnitud de información.



Lo más irónico del caso es que a la Superbancaria le parece que haber logrado este volumen de reportes es un gran éxito, así los reportes no sirvan para nada. Como lo decía una funcionaria de esa entidad "el problema es de la Fiscalía".



La gran empapelada



A los problemas ya mencionados se debe adicionar otro aún más complicado. La información de los clientes buenos y malos no es compartida ni cruzada por las entidades financieras ni por las entidades del gobierno. Si esta información se centralizara en una gran central de información, preferentemente manejada por el sector privado, los clientes no estaríamos sujetos a tanto papeleo en cada entidad.



En cuanto a los reportes de los sospechosos de lavado la situación es aún más crítica. Cada entidad envía los reportes por separado de tal forma que las demás entidades no pueden conocer quiénes están reportados y la Fiscalía tampoco informa acerca de los reportes que ha recibido pues estaría violando la reserva del sumario. En este círculo vicioso se está generando la mayor ayuda a los lavadores de dinero pues si una entidad los detecta, las demás no pueden saberlo.



Las consecuencias de este proceso de sospecha generalizada no se están haciendo esperar. La gente no quiere abrir nuevas cuentas y si tenía varias abiertas las está saldando. Quienes quieren acceder al sistema financiero están buscando alternativas para invertir su dinero sin tantas complicaciones y papeleos. Entre tanto, las entidades financieras están realizando enormes esfuerzos organizacionales y económicos para fortalecer los mecanismos de control, llegando a extremos como el de cerrar cuentas de personas que no han actualizado la información.



Por su lado, la Fiscalía ha creado una unidad especializada en la lucha contra el lavado de activos, pero le es imposible atender todos los requerimientos que, sin criterios claros, le envían las entidades financieras. En medio de estas dificultades, la Superintendencia Bancaria pareciera disfrutar de la empapelada general que han causado sus normas y se enorgullece de haber convertido a todos los ciudadanos en potenciales sospechosos.



En conclusión, todos dejamos de presumirnos inocentes y todos pasamos a ser sospechosos. Estamos dejando de lado la presunción de inocencia y la presunción de buena fe en todas las actuaciones de los particulares, ambos principios claramente establecidos por la Constitución. Pero este es el tiempo de la gente, de la gente sospechosa. Lo más irónico de toda esta legislación es que ha sido expedida por un gobierno con cuya elección el narcotráfico logró lavar cerca de seis millones de dólares.
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