| 6/1/1997 12:00:00 AM

Sobre paz, extradición y sindicatos

Problemas inmediatos que requieren definiciones prontas.

Presento a continuación al- gunas reflexiones sobre tres temas relacionados con la situación de or- den público y el futuro de nuestra democracia: sobre la propuesta del actual ministro de Defensa de convertir la paz en una política de Estado, manifiesto mis reservas acerca de su viabilidad política. Sobre la extradición, expreso mi creencia de que el más elemental sentido de la justicia exige aprobarla sin restricción alguna. Sobre los sindicatos, particularmente algunos grandes sindicatos estatales, destaco la aberración antidemocrática a que han llegado, consistente en querer imponerle al país, por la fuerza -y lograrlo-, las políticas públicas preferidas por sus dirigentes.



Primero, ¿por qué dudo de la viabilidad política de una política de Estado sobre la paz? Primero, porque está expresada en términos muy abstractos. Segundo, porque no existe hoy en día en el país un solo conjunto organizado de actores políticos capaz de asumir esa política como propia durante cinco, diez o más años.



En términos concretos, observables, el término "Estado" es de lo más impreciso que puede haber. Estrictamente hablando el Estado es una ficción mental, de orden jurídico. Nadie ha visto al Estado caminando por ahí. Sin embargo, y como muchos otros que hablan sobre el tema, el ministro parece "personificar" ese ente abstracto, hasta el punto de pretender que tenga, que posea -como si fuera una persona real- una política de paz.



En el campo de la literatura está bien personificar la belleza, la justicia, el mal, y otras ideas abstractas, pero en este caso, ¿quién, de carne y hueso, encarna al Estado? Decir que la sociedad civil, sería tratar de darle concreción a una ficción mental con otra ficción mental.



¿Cuáles son, con nombre y apellido, los individuos organizados que van a encargarse de sacar adelante esa política de paz? Si en Colombia tuviésemos unos partidos políticos disciplinados, capaces de sostener políticas públicas de largo plazo, sus líderes podrían comprometerse, mancomunadamente, de sacar adelante la política de paz de largo vuelo propuesta por el ministro. Pero no los tenemos, y no se ve cuál otro conjunto de actores políticos pueda constituirse, con capacidad de acción concertada proporcional a la política que se propone hacer realidad.



No basta que a muchos colombianos nos guste la idea de que haya una política de largo plazo sobre la paz. Si se quiere ser realista, se requiere, en primer lugar, que un grupo de individuos, que ocupan cargos claves en el sistema político, se comprometan con ella. En segundo lugar, ese grupo de individuos tiene que estar al frente de organizaciones políticas fuertes, disciplinadas y estables, capaces de dar continuidad al compromiso pactado por ellos. En esas organizaciones, si quienes acordaron llevar a cabo una política de largo plazo desaparecen, sus sucesores en la organización asumen y continúan el compromiso pactado. Pero ese tipo de organizaciones políticas es precisamente lo que no tenemos en el país.



Una política de largo alcance no es realista si se encuentra a la merced de actores individuales que hoy figuran en el mundo político y mañana no. Pues bien, en la vida política actual del país solamente tenemos actores individuales, la mayoría de los cuales entra y sale del escenario político con mucha frecuencia, y apoya, según sus intereses personales, ahora una política, ahora otra. ¿Se puede construir una política de paz de largo alcance con este tipo de actores? Yo no lo creo.



Lo único viable sería buscar acuerdos de principio sobre una política realista de paz a mediano plazo entre el actual gobierno y los candidatos presidenciales. Aun cuando esto no resulta fácil, vale la pena intentarlo.



Segundo: mi concepción de la justicia, que estoy seguro es compartida por todos quienes me lean, exige que si alguien cometió un delito, debe pagar por él. Así de simple. Entonces, no me cabe en la cabeza cómo algunos congresistas y otros individuos en nuestra patria, pretenden que si algunos colombianos cometieron delitos en otros países, una vez que se regresan a Colombia ya no tienen que pagar por ellos. Ese planteamiento me suena de una desfachatez aberrante.



Figurar Colombia en el mundo moderno como una nación que le garantiza abrigo a los delincuentes para que no paguen por los crímenes cometidos en el exterior, es una vergüenza.



Que no vengan los defensores de la no extradición con argumentos de falso nacionalismo, a decir que no vamos a modificar la Constitución porque nos lo piden los norteamericanos, y porque nos presionan a ello. Pues claro que nos tienen que presionar. Supongamos que un norteamericano, un francés o un chino, asesina despiadadamente a un niño en Colombia y se regresa a su país de origen. ¿Quién no se indignaría, cuando Colombia reclame que se haga justicia, y las autoridades de ese país digan que no lo entregan porque se lo están pidiendo con demasiado apremio? Eso es un falso sentimiento de dignidad nacional. Lo digno, lo decente, es de inmediato entregar al criminal para que responda por sus actuaciones.



El más elemental sentido de la justicia exige que la no extradición desaparezca, sin condicionamiento alguno, de la Constitución Nacional, y que los términos concretos en que pueda darse la entrega de nacionales a gobiernos extranjeros quede sujeto a los acuerdos binacionales o multinacionales que se vayan estableciendo sobre el tema.



Urge que los empresarios y otros dirigentes económicos que compartan este punto de vista se lo manifiesten a los congresistas, al presidente Samper y a sus ministros, sin ambigüedad alguna.



Tercero: mi concepción de la democracia implica que, en ella, las políticas gubernamentales se acuerdan mediante el voto, la negociación pacífica, o los acuerdos consensuales, nunca por la fuerza. Por demasiado tiempo y con excesiva tolerancia, hemos visto en el país cómo algunos sindicatos oficiales -el último episodio lo acaba de protagonizar la USO -imponen sus puntos de vista mediante la fuerza, o la amenaza de emplearla. Un bloqueo -o la amenaza creíble del mismo- al suministro de servicios públicos esenciales, con grave detrimento para la sociedad, es un acto de fuerza, con mayor razón si va acompañado de destrucción de los elementos que prestan ese servicio.



Me parece grave que el actual gobierno, al igual que los anteriores, haya cedido una vez más a las prácticas abiertamente contrarias al espíritu democrático que algunos sindicatos oficiales vienen adelantando. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esa falta de entereza en los funcionarios públicos? ¿Cuánta falta nos hace un gobierno capaz de poner a los sindicatos aquí aludidos en su sitio!
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