| 4/1/1995 12:00:00 AM

Sindicalistas intimidantes

Muchos dirigentes sindicales son agentes de la guerrilla, que se perpetúan gracias a la intimidación y el terrorismo.

Desde hace ya un buen número de años vienen actuando entre nosotros unos dirigentes sindicales, quienes han buscado, y no pocas veces han logrado, imponer su parecer sobre el gobierno, en contra de la voluntad manifiesta de millones de colombianos. Pienso en particular en algunos directivos -en realidad, una minoría- de sindicatos del sector público, aun cuando también prosperan en la empresa privada.

Estos individuos se caracterizan, primero y ante todo por su capacidad para la intimidación física, por medio de la cual ahogan toda voz discordante en el interior de sus respectivos sindicatos, y doblegan la tibia oposición de altos funcionarios. El despliegue de violencia y terrorismo que se ha vivido más de una vez en Barrancabermeja bajo consignas sindicales, o en Telecom y en otras empresas o entidades estatales, deja pálidas las golpizas salvajes con que, en las primeras décadas de este siglo, las mafias sindicales de algunas empresas norteamericanas, sancionaban a quienes no respaldaban sus órdenes, y su afán de lucro personal.

Segundo, estos dirigentes se distinguen porque han desfigurado en grado sumo los legítimos objetivos de la lucha sindical. Han desplazado al segundo lugar el objetivo central de velar por las adecuadas condiciones laborales, saláriales, de empleo y de bienestar social de los trabajadores de su empresa, para dedicarse a imponer sobre el gobierno nacional sus preferencias en materia de grandes políticas de apertura, de privatización, de modernización del régimen laboral, de manejo de los recursos energéticos, de contratación, y de inversión extranjera, entre otras.

Tercero: estos dirigentes descuellan por su hondo desprecio hacia la democracia política y hacia la voluntad manifiesta de los colombianos. No de otra manera se explica sus esfuerzos violentos y fríamente meditados por imponer su visión de las cosas al presidente de la República -representado por su ministro u otro alto funcionario- o al Congreso Nacional, aquél y éste libremente elegidos por los colombianos. ¿Acaso los colombianos elegimos a estos dirigentes sindicales? ¿Acaso en una democracia el uso descarado de la fuerza y el terrorismo constituyen un título legítimo? ¿Qué dirían esos dirigentes si la ÁNDI, la SAC o FENALCO llevaran a cabo actos de terrorismo para imponer su voluntad ante el gobierno?

Dado los profundos cambios que se están viviendo en el mundo entero en materia de procesos productivos de bienes y servicios, si Colombia no se ajusta con rapidez a las nuevas circunstancias, el bienestar de todos los colombianos va a sufrir gravemente. Pero los sindicatos aquí aludidos se oponen a muchos de esos cambios. Que se opongan, no sería el problema; tienen derecho a hacerlo en tanto respeten la ley. Pero a lo que no tienen derecho alguno es a impedir por la fuerza -a base de huelgas, terrorismo y violencia descarnada- que las autoridades legítimas adopten las políticas para las cuales fueron elegidas.

Cuarto: según parece, estos dirigentes carecen de legitimidad aun dentro de sus propios sindicatos. Todo sugiere que si hubiese elecciones realmente libres al interior de ellos, caerían derrotados. Si no lo son, probablemente se debe a que la amenaza mortal y el despliegue de fuerza física lo impiden.

Quinto: estos dirigentes han logrado enormes ventajas personales. Sueldo seguro y jugoso sin responsabilidad laboral alguna, viajes frecuentes con viáticos de primera, Atransporte asegurado, las mejores opciones en vivienda y en otros logros extralegales, y en muchos casos generosos beneficios económicos "non sanctos". Ante esta situación quien escribe, como ciudadano común, se pregunta: ¿Cómo es posible que pasen los años y nuestros gobiernos continúen permitiendo semejantes abusos? ¿Es que la ley colombiana carece de dientes para aplicarlos a situaciones como ésta? ¿Qué opina el alto gobierno? ¿Es que no estamos frente a subversivos reconocidos, subversivos no sólo porque algunos de ellos son activos simpatizantes de la guerrilla, sino porque desafían los fundamentos más elementales del régimen democrático, a base de querer coaccionar no sólo a las autoridades públicas, sino al mismo pueblo colombiano? ¿O será que los gobernantes de turno desde el más alto nivel para abajo- se han acobardado? O más bien, han claudicado "por razones políticas" -léase, para evitar peores consecuencias en el corto plazo-, así se sacrifique el bien del país en el largo plazo?

¿Qué hace la Procuraduría General frente a esta situación, en la que "los intereses de la sociedad" -que ésta debe defender- son pisoteados? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo, o un grupo de congresistas, no saca adelante una ley que establezca rígidas inhabilidades para ser dirigente sindical, de modo que se cierre el camino a los tiranuelos de hoy? Y ante la eventual protesta de los defensores de los derechos humanos, tanto del país como del exterior, ¿por qué no preparan el DAS, la Dijin y otros organismos estatales, un detallado prontuario de las fechorías cometidas por estos dirigentes a lo largo de los años?

Es tiempo de que el gobierno nacional y el Congreso de la República hagan algo de fondo a este propósito. El proceso económico y social de Colombia no puede quedar detenido por dirigentes sindicales de semejante talla.
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