| 10/1/1997 12:00:00 AM

Sí se puede

El director general de la DIAN defiende las bondades de la ley 383 de 1997 que penaliza el contrabando y responde las críticas a esas decisiones legales.

Tal vez una de las discusiones que cobran mayor vigencia en la actualidad colombiana, es la referente a las bondades o deficiencias que se generan con la consagración de conductas pertenecientes al ámbito fiscal en tipos penales, como ocurrió hace poco con la expedición de la reciente reforma tributaria (Ley 383 de 1997).



Como recordará la opinión pública, con la aprobación de dicha ley, el Honorable Congreso avaló la propuesta gubernamental de penalizar diferentes conductas asociadas con el contrabando: el contrabando abierto, el transporte, almacenamiento y distribución de las mercancías de contrabando, el contrabando técnico y la facilitación del contrabando por parte de servidores públicos.



Las decisiones legales adoptadas en esta materia han sido objeto de aplausos y críticas provenientes de estudiosos del tema, originándose con ello un debate, que seguramente redundará en beneficio de la sociedad, al permitir decantar el alcance de las medidas adoptadas.



Esta revista especializada no ha sido ajena a esta discusión, y precisamente uno de los artículos publicados recientemente, dejaba entrever una supuesta confusión que en opinión de sus autores, dificultará la aplicación de la penalización del contrabando.



Entre los argumentos expuestos se afirmaba que en las disposiciones se introducían una serie de conceptos de "carácter extralegal", generando ambigüedad en la descripción de los comportamientos que integran estos tipos penales.



Frente a ello, es procedente precisar que las expresiones utilizadas en la ley, esto es, entre otras, "autoridad aduanera", "precio FOB de la mercancía", "lugar habilitado", etc., constituyen ingredientes normativos del tipo penal, los cuales han sido definidos por la doctrina como aquellos elementos empleados por el legislador, que obligan al intérprete a acudir a presupuestos normativos establecidos en otras leyes, para la adecuada concepción del mismo.



Dichos ingredientes en ningún momento violan el principio de legalidad, como se ha señalado en forma errónea, ya que previamente se encuentran establecidos en la legislación tributaria y aduanera colombiana, la cual reviste cierto grado de tecnicismo, en atención a la complejidad de los temas relacionados con la Hacienda Pública y el Comercio Exterior.



En consecuencia, si bien es cierto que por esta situación puede hacerse más dispendiosa la labor del funcionario judicial en la interpretación de dicha terminología, también lo es que no puede utilizarse otro tipo de referencias normativas distintas a las ya señaladas, so pena de incurrir en inconsistencias o vacíos jurídicos que alterarían la teleología de la norma.



Por otra parte, también ha sido señalada la supuesta dificultad procesal que pueden generar en la práctica el monto de las penas que se han determinado por el legislador para estos delitos.



En relación con este punto debe tenerse en cuenta que el aparato penal del Estado no puede apartarse de su función preventiva, ya que lo que se persigue es crear instrumentos idóneos que se traduzcan en acciones ejemplarizantes, que impidan en el futuro la comisión de dichas conductas que, como en el caso del contrabando, afectan el orden económico y social de la Nación.



Así mismo, no puede el mismo ente colectivo, so pretexto de los altísimos niveles de impunidad, o en gracia de las dificultades de orden procesal o penitenciario, abstenerse de crear herramientas que permitan garantizar el mantenimiento del equilibrio económico y social de nuestra sociedad colombiana.



Proceder en sentido contrario sería tanto como pretender que se acepte, con los mismos argumentos, como justificada la despenalización de conductas que atentan en forma grave contra otros bienes jurídicos tan importantes de nuestra comunidad social, como los relativos a la propiedad o la integridad personal de los asociados.



Así mismo, y en lo relacionado con los procesos administrativos dentro de los cuales se contempla la posibilidad de legalización de la mercancía introducida ilegalmente al territorio aduanero nacional, versus la supuesta improcedencia del ejercicio de la acción penal en el caso de cumplirse tal supuesto, debe destacarse que la naturaleza jurídica de uno y otro procedimiento es eminentemente diferente y, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, resulta absolutamente válido su desarrollo paralelo e independiente.



Lo anterior no impide la eficacia del proceso penal. Por el contrario, los elementos de juicio recaudados con ocasión de los procedimientos administrativos aduaneros se convertirán en soporte imprescindible del acervo probatorio que da forma al respectivo proceso penal.



Para finalizar, en lo referente al cuestionamiento del tema del delito continuado previsto para evitar que se pretenda eludir la responsabilidad penal mediante el fraccionamiento de la cuantía de referencia de mil salarios mínimos prevista para el contrabando abierto, con el argumento de constituir una figura excluida del actual ordenamiento penal colombiano, debe advertirse que dicha previsión (Parágrafo 2º del Artículo 15) corresponde a una infracción penal de carácter autónomo, que se configura por la realización de varias conductas sancionables administrativamente, las cuales individualmente no son consideradas como delito, pero que en el caso de exceder en conjunto el límite señalado, estructuran el delito de contrabando.



Como se puede observar en los planteamientos aquí esbozados, existen argumentos serios para poder afirmar la viabilidad de las nuevas normas que, sin lugar a dudas, constituyen herramientas fundamentales para la efectiva lucha contra uno de los flagelos más graves de nuestra economía.
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