| 1/1/1995 12:00:00 AM

Se mueren los bosques

La falta de una política ambiental sólida y coordinada es la principal causa de la tala indiscriminada de árboles.

Colombia es un país de bosques. Pese al continuo abuso de nuestros recursos naturales, aún contamos con bosques vírgenes en casi la mitad del territorio. Los bosques colombianos albergan una gran cantidad de formas de vida endémicas. Si se continúa deforestando al ritmo actual, en unos sesenta años el país no tendrá bosques.

Cuando el patrimonio forestal comienza a escasear, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, existen miles de familias de bajos ingresos que dependen de este recurso como forma de supervivencia, ya sea consumiendo y comercializando frutos y otros productos de los árboles, o vendiendo la madera que explotan. Este aprovechamiento es generalmente rudimentario, y no presenta un peligro inminente para los bosques. Segundo, al perder un bosque, se pierde la protección natural de las fuentes de agua y de los suelos; los árboles inducen la absorción de agua por la tierra, y evitan que la lluvia arrastre los suelos orgánicos. Los bosques también protegen a los pueblos y ciudades de las inundaciones, las cuales se han hecho más y más frecuentes. A nivel mundial, la pérdida de un bosque indica la desaparición, para siempre, de cientos de especies de plantas y animales que nunca fueron estudiadas por la ciencia y cuya importancia económica y biológica nunca se conoció.

Aunque la legislación existente en Colombia sobre uso de bosques es extensa, poco se ha podido hacer para enfrentar el problema de la deforestación indiscriminada. Durante el siglo pasado un bosque era considerado como un territorio inhóspito y una barrera para la civilización. La Ley 61 de 1874 los denominaba terrenos incultos. La tala de los bosques era el mecanismo utilizado para apropiarse de un territorio boscoso; esta misma ley estableció que los terrenos incultos pasaban a ser propiedad privada mediante su tala. Sólo a partir de 1912, con la Ley 110, se pretendió proteger en parte a los bosques de la explotación descontrolada, cuando se comenzaron a observar los daños irreparables causados por la tala masiva. En 1919 se hizo referencia por vez primera al término "bosques nacionales", con el que se pretendió designar a las zonas de especies nativas localizadas en terrenos de la nación, y que no podían ser ocupadas ni cultivadas bajo ningún título.

Sin embargo, la carencia desde esa época de un mecanismo de control y vigilancia efectivo hicieron de esta ley una norma ineficaz. En 1920, la Ley 85 estableció que quien deseara adjudicarse un terreno baldío, debía presentar tres declaraciones de vecinos de la zona, indicando que ésta no formaba parte de ningún bosque nacional, ya que no contaba con las especies nativas mencionadas en la Ley de 1919. Esto dio lugar a la tala en los baldíos de estas especies por parte de colonos, quienes luego podían conseguir las declaraciones necesarias.

La Ley 200 de 1936 fue un decreto perverso que ocasionó la destrucción de vastas zonas forestales, al permitir el otorgamiento de títulos de propiedad a quien explotara un baldío, inclusive si éste se hallase en un bosque nacional. El concepto de zona forestal protectora fue utilizado en el Decreto 1383 de 1940 para designar zonas boscosas que, por su situación estratégica, constituían una barrera protectora contra inundaciones, o una reserva de recursos hídricos. En 1953 se pretendió, mediante el Decreto 2278, unificar los criterios hasta la fecha establecidos, para efectuar un control más efectivo sobre los bosques. Los parques nacionales naturales se declararon mediante la Ley 2 de 1959, como áreas en donde la adjudicación de baldíos era prohibida. También se establecieron siete grandes reservas forestales, que abarcaban un 86% del total del área de bosques en el territorio nacional. Finalmente, el Acuerdo 003 de 1969 del Inderena estableció el Estatuto Forestal, mediante el cual se limitaba la explotación y la adjudicación de los bosques. Posteriormente ha habido modificaciones a lo anterior mediante decretos, que no han tenido consecuencias de importancia sobre el manejo de los recursos forestales. Según Fabio Arjona, participante en el Plan de Acción Forestal para Colombia en el pasado gobierno, "hasta finales de la década pasada hubo incentivos para deforestar; para obtener la titulación de un terreno baldío, un colono tenía que hacerle "mejoras" al terreno, las cuales consistían básicamente en eliminar los árboles.

Las siete reservas forestales establecidas en 1959 son: Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los Motilones, Sierra del Cocuy, Río Magdalena, Costa Pacífica, Región Central y Amazonia. Hasta la fecha, se ha derribado aproximadamente un 20% del área de las reservas, ya sea legalmente o mediante permisos de aprovechamiento, o por el proceso de colonización.

La reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un área aproximada de 850.000 hectáreas y abarca gran parte de la totalidad de la Sierra Nevada. Afronta problemas de invasión por parte de colonos, algunos de los cuales se dedican a cultivos ilícitos. Las extracciones madereras han sido mínimas.

La reserva forestal del Río Magdalena abarca parte de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander y Santander, y tiene un área de aproximadamente 1.8 millones de hectáreas, equivalentes al 47% de su extensión original. Es la reserva más intervenida, y la que mayor peligro corre de desaparecer en pocos años.

La reserva forestal de la Serranía de los Motilones está ubicada en los departamentos de Cesar y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Esta reserva posee un poco más de 600.000 hectáreas y está amenazada por la colonización masiva. La reserva forestal del Cocuy se encuentra en el límite con Venezuela, en los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, y posee alrededor de 700.000 hectáreas. La reserva forestal del Pacífico incluye la región biogeográfica del Chocó, una de las regiones más biológicamente diversas del planeta. Su área es de 9.7 millones de hectáreas.

La reserva forestal Central está ubicada en los departamentos de Nariño, Antioquia, Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Posee algunos de los suelos más fértiles del país y es la fuente de las vertientes de los ríos Magdalena y Cauca. Posee 1.7 millones de hectáreas, y ha sido una de las áreas boscosas más intervenidas. La explotación sin controles ha sido responsable de inundaciones periódicas y de la escasez de agua en varias regiones andinas.

La reserva forestal de la Amazonia tiene 38 millones de hectáreas y es la más grande del país, pero la que mayor extracción ha sufrido; se ha calculado que más del 50% del área total extraída de las reservas del país ha provenido de ésta.

A nivel mundial, la deforestación ha sido principalmente un problema del acelerado crecimiento humano, que ha llevado a muchas personas a buscar nuevas tierras para la agricultura y la ganadería. En Colombia este proceso, llamado colonización, es también la principal causa de la destrucción de los bosques. A diario miles de hectáreas de bosque son arrasadas con el solo propósito de crear nuevos espacios para cultivar. Los árboles son quemados para facilitar su remoción, y la madera se desperdicia en el proceso. Los suelos de los bosques tropicales, que contienen por lo general una capa muy delgada de nutrientes orgánicos, pueden producir por pocos años, después de los cuales son utilizados por otro período corto como pastizales para la ganadería. Eventualmente, estos suelos se empobrecen radicalmente, y el proceso colonizador continúa en la búsqueda de nuevos terrenos. Se estima que en Colombia por cada hectárea de bosque explotada por métodos industriales, tres son destruidas en la colonización.

El consumo de leña era todavía la principal fuente de energía para el 35% de la población, según el censo de 1985. Esto significa que unas doce millones de personas dependen de este recurso para cocinar. Se ha estimado que sólo para este propósito, entre 8,5 y 9,8 millones de toneladas de madera se utilizan cada año. Grandes bosques han sido arrasados por campesinos de bajos recursos con este propósito, quienes talan pero no reforestan.

Se ha dicho en los últimos años que las plantaciones ilegales de amapola han desplazado grandes áreas boscosas. Si bien no existen actualmente datos concretos sobre la deforestación causada por estos cultivadores, se cree que importantes zonas protectoras han sido eliminadas en el proceso.

La mayor parte de la demanda por madera es satisfecha en Colombia por recursos provenientes de los bosques naturales. Aunque la silvicultura (el cultivo de especies maderables) ha crecido en los últimos años, y compañías como Pizano S.A. esperan autoabastecerse para la próxima década con cultivos propios, en el momento existen solamente 175.000 hectáreas de plantaciones industriales.

Las grandes compañías madereras nacionales han obtenido extensiones de bosques naturales en calidad de "préstamo", con el fin de explotarlas durante un período, pero con la obligación de devolverlas con una biomasa idéntica. Ingenieros forestales se encargan de talar árboles específicos, que al eliminarse permiten el desarrollo rápido de árboles de menor tamaño. Pero surge aquí un interrogante biológico: ¿será la composición de especies cuando se devuelve el bosque idéntica a la inicial? ¿O se habrá alterado la diversidad, al eliminar un buen número de árboles de las especies-objetivo? Sería prudente evaluar con mayor detenimiento esta política de concesiones, para determinar su verdadero impacto sobre los recursos forestales.

Finalmente, la ausencia de una política gubernamental sólida y coordinada sobresale como un agente prominente en la degradación forestal. Debe decirse, sin embargo, que ha habido muestras de buena voluntad por parte de los últimos gobiernos. En 1993 se creó el CIF, Certificado de Incentivo Forestal, aliciente monetario otorgado por el Ministerio de Agricultura que cubre buena parte de los costos del establecimiento de plantaciones forestales de especies autóctonas. El objetivo del CIF es disminuir la presión sobre los bosques naturales, y recuperar zonas deforestadas. Pero un sistema similar en Costa Rica, en donde se otorgan rebajas impositivas por reforestar, ha promovido la devastación del bosque natural, que luego se reforesta parcialmente para obtener los beneficios mencionados.

El Incora también se ha puesto en la tarea de controlar la deforestación en los terrenos que adjudica. Por medio de la Ley 160 de 1994, exige la explotación racional de los terrenos baldíos que titula otorgando plazos de pago o gratuitamente. Pero queda el interrogante, nuevamente, de cómo se hará para ejercer un control efectivo en zonas remotas de expansión.

Colombia no puede permitir que la falta de políticas coherentes le impidan conocer un bosque a los ciudadanos del mañana. Nos encontramos en una carrera contra el tiempo. En este instante desaparecen miles de árboles ante nuestra mirada indiferente. Somos y debemos seguir siendo un país de bosques, una mancha verde en un mundo de cemento.
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