| 7/1/1993 12:00:00 AM

Piratería de videos

¿Existe en Colombia algún control sobre los derechos de autor de las películas que se alquilan en las video - tiendas?

Guillermo Zea Fernández, abogado de derechos de autor, quien representa a la Motion Picture Export Association of America, (Asociación de Exportadores de Películas de los Estados Unidos), MPEA, cree que Colombia cuenta con la mejor legislación para proteger los derechos de autor en el mundo. La protección de libros y de software de computadores está cobijada por esta ley, así como el mercado de videos. No obstante, como afirma Wilson Ríos, abogado asesor de la Oficina de Registro, Colombia tiene la más alta tasa de piratería de videos en América Latina y una de las más altas del mundo.

La Ley 23 de 1982, reforzada y modificada por la Ley 44 de febrero de 1993, estipula penas severas para quienes pirateen cualquier tipo de material protegido en Colombia. Sin embargo, la cifra de videos pirateados aún alcanza proporciones inaceptables. "La ley es sólo parte de la solución", dice Zea, "pero no podemos sentarnos a esperar a que una ley lo cambie todo".

El principal problema con la piratería de videos es que no existe una sola fuente de producción. Esta se ha venido haciendo grabando de la televisión por cable y de las antenas parabólicas. De igual forma, cuando los países vecinos ponen en cartelera una película antes que en Colombia, los piratas pagan a las firmas proyectoras para que les presten los rollos y sacan copias maestras en un laboratorio. En realidad la mayoría de los videos pirateados provienen de los Estados Unidos, en donde laboratorios tanto en Los Ángeles como en Miami obtienen videos y los subtitulan para el mercado latinoamericano.

El 70% de los videos en Colombia son copias ilegales. Esto no solamente incluye los vendedores de videos de los Sanandresitos, sino también el mercado de alquiler de videos. ¿Pero qué estímulo existe para tener una tienda legítima? Los

productores norteamericanos de películas ponen lo que llaman una "ventana" o plazo entre el estreno en los teatros y la venta o alquiler de videos. De esta manera el teatro recibe el mayor volumen de público antes de que la película esté en los estantes de video. Sin embargo, en Colombia el mercado negro obtiene copias antes que los distribuidores legales, y así el dueño de la tienda que tiene un negocio legal siempre estará atrasado varios meses respecto a sus competidores ilegales.

Jaime Joseph Puig Domenech, Vicepresidente de Elephant Pictures, ha estado estudiando por algún tiempo el problema: "Le propuse a la Warner (Brothers Communication) que lanzáramos la película y el video simultáneamente". Warner rechazó la idea, pero redujo la ventana a tres meses. El interés que muestran los distribuidores de cine por la piratería de videos no está orientado únicamente a ayudar a los distribuidores de videos. La piratería también tiene un profundo efecto en la industria cinematográfica. Según Puig, hace cinco años Colombia tenía 70.000 espectadores por año. El año pasado la cifra bajó a 26.000. Para citar un ejemplo en particular, Puig habla de la película El Guardaespaldas, que se estrenó a principios del año: se calcula que los teatros perdieron un 30% del público, que la vio en videos pirateados. Los teatros dejaron de ganar $100 millones.

Los distribuidores de cine también están combatiendo el problema al estrenar las películas en el país casi simultáneamente con los Estados Unidos. En el caso de la última película de Sylvester Stallone, Riesgo Total, distribuida por Columbia - TriStar, Colombia fue el primer país del mundo, después de los Estados Unidos, en estrenar la película. De igual manera, Daniel el Travieso, distribuida por Elephant, será estrenada el 8 de julio, sólo dos semanas después de su lanzamiento en Estados Unidos. Esta también será la primera película de Elephant cuyo video saldrá al mercado sólo tres meses después de haber sido presentada en los teatros.

Las empresas Elephant, Fox, United International y Columbia - TriStar, que conforman la MPEA, también han contratado a Guillermo Zea para combatir el problema. Zea, quien es a la vez presidente de Cecolda (Centro Colombiano de Derechos de Autor), ha estado a cargo de la piratería de videos durante diez años. Hace sólo 7 u 8 años los videos eran ilegales en un 100% y las cifras han disminuido. Además, muchas tiendas ilegales han sido cerradas recientemente en Colombia en ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá. Pero esto no es suficiente. Dos días después de que se cerraran cinco tiendas en Cali, todas de propiedad de la misma persona, el dueño inició un servicio por medio del cual el cliente pedía videos por teléfono.

Sin embargo, si los abogados y las leyes que protegen los derechos de autor a veces no son efectivos, la culpa no es solamente de éstos. Según el vicepresidente de Elephant, Puig, Colvideo, que representa a los distribuidores de videos en Colombia, también es responsable. "Si yo sé que alguien tiene diez tiendas y que sólo pide cinco copias de un video, está haciendo más copias. También, cuando las empresas de buses tienen 10.000 buses equipados de televisores y sólo podemos venderles diez copias de la película, están pirateando los videos. Colvideo es el responsable de impedir esta actividad". Hernán Gómez, director ejecutivo de Colvideo dice que para ellos es imposible controlar cuántos videos compra una persona. "Nosotros no hacemos las leyes. Algunas veces una persona dice que solamente tiene una tienda cuando en realidad tiene cuatro o cinco tiendas con nombres diferentes. Además hay muchas compañías de video y no todas están afiliadas a Colvideo... es muy difícil mantener estadísticas de todas las compañías".

Colvideo actúa como una cámara del comercio del video colombiano y maneja el 90% de toda la producción legal de videos cinematográficos en el país. Gómez dice que "nuestro objetivo es proteger a distribuidores de video afiliados a Colvideo contra los productores ilegales, puesto que nuestros miembros son propietarios de derechos de autor de este material y tienen licencias y derechos exclusivos para comercializar los videos".

Añade que aunque la piratería había bajado en un 70% en Colombia, empeoró con la crisis energética del año pasado. La gente estaba acostumbrada a ver películas alquiladas precisamente en las horas en que el gobierno suprimía el fluido eléctrico, y muchas de las compañías legales de video quebraron. Después de la crisis en las 1,200 tiendas de video en Bogotá la rata de piratería creció a un 90%.

Gómez, no obstante, piensa que hay esperanzas en el futuro cercano: "Para los piratas la pena es ahora de 2 años. Este es un instrumento que nos va a ayudar. De la misma manera las tiendas de video que están envueltas en piratería pueden ser cerradas.

Esto no sucedía antes". Y de hecho ha sucedido. No solamente se han cerrado tiendas en las principales ciudades de Colombia, sino laboratorios. Entre 1992 y 1993 en todo el territorio colombiano la policía ha incautado 28.444 películas y la fiscalía general 31.820. En diciembre pasado el laboratorio privado de video más grande de Latinoamérica, localizado en Medellín, fue cerrado.
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