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Estrategias y empresas

Píldoras legales

Qué hacer con los billetes del robo al Banco de la República en Valledupar, las nuevas disposiciones ambientales, las licencias para operadores de larga distancia y otras reglamentaciones.

Juan Carlos Galindo
1 de octubre de 1997

A partir del próximo 24 de enero de 1998, las aseguradoras podrán ofrecer sus pólizas de seguro en las redes de los establecimientos bancarios, bajo su responsabilidad, en desarrollo de la figura conocida como Banca-seguros. Con esta figura, los bancos podrán ofrecer a sus clientes los diferentes productos de las compañías aseguradoras con las que celebren este tipo de acuerdos, masificando su expedición y muy seguramente reduciendo sus precios (Ley 389 de 1997).



La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones reglamentó el proceso de concesión de licencias para el establecimiento de operadores del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia. Solamente las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios organizadas como tal y que posean el 35% del total de líneas instaladas y en servicio, bien sea por sí mismas o con sus socios, matrices o subsidiarias (con un mínimo de 150.000), podrán acceder a la prestación de tales servicios (Resolución No. 86 del 31 de agosto de 1997).



Según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia de conflictos derivados de los contratos estatales, las partes deben precisar las salvedades, reservas o reparos que tengan con ocasión del desarrollo contractual en el acta de liquidación final del contrato. Si ello no es así, tales objeciones no podrán ser alegadas en el proceso judicial.



Los tenedores de billetes del robo de Valledupar tendrán plazo hasta el próximo 26 de octubre para canjearlos en el Banco de la República. Quien no haga dicho cambio antes de esa fecha perderá su dinero, por cuanto los billetes vallenatos quedarán sin valor. De la totalidad del hurto de $24.072 millones, faltan tan sólo por canjear hasta la fecha cerca de $1.700 millones (Resolución Externa 32 del 26 de octubre de 1997 de la junta directiva del Banco de la República).



Nuestro país se encuentra a la vanguardia en normas sobre protección del ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente, en desarrollo de la ley 29 de 1996 que aprobó el Protocolo de Montreal, expidió una reglamentación por medio de la cual impuso límites y prohibiciones a la producción de refrigeradores y congeladores que utilicen sustancias que destruyan la capa de ozono. Viene ahora la etapa más difícil, la aplicación de la norma (Resolución 528 del 16 de junio de 1997).



Para facilitar el tránsito aduanero, fueron modificados los términos para la solicitud del régimen de tránsito aduanero: cinco días hábiles siguientes al descargue total de la mercancía cuando ésta arribe por vía marítima o fluvial; dos días hábiles siguientes al descargue total de la mercancía cuando ésta llegue por vía aérea; un día hábil siguiente a la llegada del paso de frontera cuando transite por vía terrestre (Decreto 1567 del 16 de junio de 1997).



Con el fin de mejorar el acceso a la información y el control sobre las entidades bajo su vigilancia, desde septiembre la información sobre afiliados y pensionados que deben rendir las sociedades administradoras de pensiones a la Superintendencia Bancaria se recibe únicamente vía módem (Circular Externa No. 40 del 27 de junio de 1997).



De nuevo fue prorrogado, hasta el 31 de diciembre de 1998, el término establecido para que el Ministerio de Salud y el de Hacienda elaboren el cálculo del monto del pasivo prestacional del sector salud. Así las cosas no se sabe a ciencia cierta cuándo conoceremos el total nacional del pasivo prestacional en salud (Decreto 1698 de 1997).



En hecho insólito, el gobierno nacional otorgó el derecho a la expedición de un pasaporte diplomático a los consejeros de Estado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. En tal virtud, el concepto de pasaporte diplomático, como identificación de los embajadores, cónsules y altos funcionarios de la rama ejecutiva, deberá cambiar y podría ahora denominarse pasaporte judicial (Decreto 1808 de 1997).



De acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, el gobierno nacional dispuso la desgravación arancelaria gradual de ciertos productos provenientes y originarios de Chile en el término de seis años. Esta decisión facilitará e incrementará el intercambio de productos y servicios con el país austral, como también mejorará la posición competitiva de Colombia con miras a los futuros acuerdos con el Mercosur (Decreto 2178 del 2 de septiembre de 1997).



Con el fin de lograr la protección en la variación del precio de las divisas para efectuar los pagos del servicio de la deuda de las operaciones de crédito, el director general de Crédito Público autorizó a Carbones de Colombia S.A. y a Empresas Públicas de Medellín para celebrar contratos de entrega a futuro (forwards) con agentes autorizados para proveer cobertura, previa selección entre varias cotizaciones de entidades financieras de primera categoría en el exterior (Resoluciones 1654 y 1655 de 1997).

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