| 12/1/1997 12:00:00 AM

Palo al paro

Los despidos de líderes sindicales en dos empresas públicas pueden determinar el clima laboral del año entrante. Llegó la hora de la verdad para los sindicatos.

Dos hechos recientes podrían cambiar el rumbo de las relaciones laborales en Colombia para 1998.



El pasado 29 de octubre el gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, Sergio Regueros, despidió 24 trabajadores a quienes se les comprobó su participación en ceses de labores ilegales entre abril y mayo de este año. Pocos días antes la Empresa de Energía de Cundinamarca había ordenado la salida de 14 de sus empleados, 9 de ellos dirigentes sindicales, después de investigar la suspensión de las actividades del 24 y 25 de junio en algunos sectores de Bogotá, Girardot y Facatativá.



En lo corrido de la administración Samper no se habían presentado despidos de sindicalistas involucrados en paros. Pero ahora las cosas podrían cambiar. Algunos conflictos laborales decisivos, como el de la ETB, tienen lugar en entidades locales, sobre las cuales el gobierno nacional tiene una injerencia limitada.



Los gerentes de estas empresas tienen la voluntad suficiente para solicitar la declaratoria de ilegalidad de un paro, cosa que rara vez pasa entre los directivos de entidades nacionales, cuyo nombramiento depende directamente del presidente Samper.



Es mucho lo que está en juego. El resultado afectará las posibilidades de capitalización de la ETB y, por esta vía, la composición del sector de telecomunicaciones en Colombia hacia los próximos años.



Establecerá el tono para las negociaciones sobre salario mínimo para 1998, que llegarán a su punto culminante en las próximas semanas. Contribuirá a aclarar hasta qué punto hay una posibilidad real de que ocurra un paro de telecomunicaciones. Y podría tener impacto incluso sobre las negociaciones de paz.



El factor sorpresa



Es innegable que los despidos en la ETB tomaron por sorpresa a Sintrateléfonos, el sindicato de la entidad, y a todas las organizaciones obreras. El arma más poderosa que tiene un sindicato para negociar con una empresa de servicios públicos es la posibilidad de boicotear su prestación, incluso corriendo el riesgo de cometer actos ilegales.



Sin embargo, Regueros los retó a demostrar su poder y lo cierto es que, si bien los usuarios en Bogotá pudieron sentir una reducción en la calidad de la atención, el impacto estuvo lejos de ser decisivo.



Regueros tuvo en su escritorio durante veinte días la declaratoria de ilegalidad de los ceses expedida por el Ministerio de Trabajo, hasta que se decidió a realizar los despidos. Aprovechó ese tiempo preparándose para enfrentar un boicot de grandes proporciones en las actividades de la empresa, al punto que la Policía mantiene un patrullaje de las centrales telefónicas de forma que sólo podrían darse sabotajes aislados en los armarios de los teléfonos o en las mismas líneas.



El resultado final lo favoreció. La orden de despidos se dio y el sindicato protestó. Pero los servicios se siguieron prestando casi normalmente. Es más, los trabajadores afectados tuvieron que levantar, después de tres semanas, una huelga de hambre que emprendieron cuando se conocieron los despidos. Y la ETB le pasó una cuenta de cobro por más de un millón de pesos a Sintrateléfonos por concepto de reparación y pintura de los muros que el sindicato llenó de consignas.



Por su parte, la gerencia de la electrificadora de Cundinamarca planea poner una denuncia penal en contra del personal afiliado a Sintraelecol que hace algunas semanas rayó y empapeló las paredes de la sede de la empresa en Bogotá. Ante esa posibilidad, el sindicato les pidió a los directivos que no tramiten la denuncia, a cambio de reparar los daños que causaron sus agremiados. La negociación del acuerdo marco para el sector eléctrico con el sindicato de industria no se ha visto afectada por la decisión de la empresa.



La idea de mantener una política firme frente a los sindicatos comienza a hacer carrera, en particular en las administraciones locales. Regueros ha recibido el apoyo público del ministro de Comunicaciones, José Fernando Bautista; el presidente de Telecom, José Blackburn; el alcalde de Bogotá, Paul Bromberg; y su sucesor Enrique Peñalosa. Otras manifestaciones de apoyo también llegaron a su despacho, como la del candidato a la presidencia Alfonso Valdivieso Sarmiento.



Blackburn asegura estar dispuesto a tomar las mismas medidas de la ETB si sus empleados inician la huelga pues, afirma, no permitirá que "Telecom se convierta en un Colpuertos con antenas".



Segundo round



Este balance ha quebrado la imagen de invencibilidad que habían conquistado los sindicatos en el presente gobierno, a lo largo del cual se habían anotado una victoria tras otra. Cuando el presidente Samper tuvo que escoger entre el gerente de la Caja Agraria y el sindicato en 1996, eligió al sindicato y forzó la renuncia del gerente. Y en los paros del año pasado, los trabajadores obtuvieron abundantes concesiones, cuyo impacto monetario no se ha entendido con claridad aún.



Este cambio en la percepción del poder que manejan los sindicatos ocurre en el peor momento para ellos, cuando han anunciado un paro de telecomunicaciones para bloquear la entrada de la larga distancia privada y otro posible paro general si el gobierno no cambia su posición sobre el aumento del salario mínimo para 1998.



Una explicación para la aparente vacilación de los sindicatos en este momento es que han desplegado su acción en demasiados frentes, lo cual ha implicado un desgaste que les dificulta emprender eventos de gran envergadura para movilizar sus causas políticas. Cada vez que un sindicato cualquiera se va a una huelga, los demás tienen que salir a apoyarlo. Y la solidaridad, como cualquier otra cosa, se desgasta.En palabras del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Eduardo Garzón, "el constante activismo nos está matando".



Dentro de este patrón, los conflictos se solucionan con el logro de concesiones salariales dispersas. Esto deja en claro, además, que la capacidad que tienen los movimientos sindicales para llevar a la gente a la calle está ligada a las reivindicaciones de ingreso de los trabajadores y no a los grandes temas de política, como la privatización de las empresas del Estado o el uso de los recursos naturales del país. Por eso es difícil en estos momentos organizar una huelga general: porque en el resto de los sindicatos estatales no cala a fondo el discurso de los líderes obreros sobre la defensa de Telecom y Ecopetrol. O al menos, no lo suficiente como para arriesgar el puesto yéndose a una huelga.



Salario mínimo, la oportunidad



Pero las batallas principales no se han jugado todavía. Todo apunta a que las centrales están esperando los decretos del gobierno en materia de reajuste salarial para aglutinar a las organizaciones estatales en torno a la protesta. Dada la distancia entre los planteamientos del gobierno y las peticiones de los sindicatos, lo más probable es que en los próximos días se vuelvan a romper las negociaciones de salario mínimo y que el gobierno lo fije por decreto, atándolo a la inflación esperada.



Así las cosas, sólo hasta enero o febrero del año próximo podría presentarse la tan anunciada huelga general que mantiene en vilo al país.



La posibilidad de que los sindicatos se consoliden en un frente para la acción disminuye al considerar que se han involucrado bastante en el tema de la paz. Así lo confirmó el vicepresidente de la USO, Gabriel José Alvis, al sostener que sólo los ha detenido el interés de asegurarse de que la huelga "logre la simpatía del país, pues no queremos aparecer como si la USO le diera la espalda al Mandato por la Paz".



Y un factor final que contribuiría a movilizar a los sindicatos a buscar la unión es el hecho de que al gobierno Samper sólo le quedan ocho meses de mandato. Ese tiempo es vital para las centrales, para asegurar definiciones claras en los temas que les interesan, antes de que se le pase el balón laboral al próximo gobernante.



La batalla por Telecom



Aparte de las negociaciones salariales de fin de año, el otro gran frente de batalla es Telecom. El sindicato de la empresa ha anunciado que promoverá una huelga prolongada para impedir la aparición de la larga distancia privada. El precedente sentado por los despidos en la ETB tendrá una clara influencia en este caso. Sin embargo, en Telecom los despidos no serán un factor de sorpresa que juegue a favor de la administración y los sindicatos estarán dispuestos a dar la batalla con todo lo que tienen.



Por los lados de Telecom en estos días también hay protección de la Policía en los dos pisos que ocupa el equipo de José Blackburn para evitar el acceso de los sindicalistas. A pesar de ese despliegue, el presidente de Telecom asegura que no cree mucho en las amenazas de los sindicatos porque considera que sus líderes sólo buscan proteger sus privilegios y asegurar su puesto en la cúpula obrera.



"Una reelección para ellos se constituye en un factor de poder en cuanto al manejo de dinero, por ejemplo, pues a todos los empleados oficiales les cobran el 1% de la nómina, lo que les marca cerca de $180 millones mensuales. Además muchos tienen permisos sindicales permanentes", puntualizó Blackburn. Insiste además en que no habrá nada que impida la apertura y la competencia en las telecomunicaciones, procesos que se suspendieron después del paro de 1992 cuando el movimiento sindical logró desconfigurar el sistema de telecomunicaciones y aisló al país.



Por ese hecho aún se mantienen las investigaciones penales en contra de trabajadores sindicalizados y sobre el mismo presidente de Sittelecom, Heberto López, se cierne la amenaza de una orden de captura.



En Telecom se manejan planes de contingencia que, de acuerdo con la administración, podrían mantener entre el 90% y el 95% de las telecomunicaciones activas, incluidas las actividades que desarrollan las empresas de telefonía local, en caso de que se presentara un cese. Existen además las redes de celulares y servicios de valor agregado, que reducirían el impacto de un paro. Pero la verdadera magnitud que podría causar el cese de labores sobre las comunicaciones internacionales de Colombia sólo se conocerá el día que éste ocurra.



De todas formas, la evolución de la situación laboral de Telecom dependerá fundamentalmente de las decisiones del presidente Samper. Falta ver si estaría dispuesto a apoyar el manejo anunciado por Blackburn o preferiría seguir el patrón de apaciguamiento que ha mantenido durante su gobierno.



Un frente fundamental para el paro es el sector de hidrocarburos. La USO es uno de los sindicatos mejor organizados del país. Es poco probable que en una huelga general la reducción de la producción supere el 50%, pero si se llegara a presentar esa situación el país cuenta con reservas que asegurarían el suministro de combustible durante unos 25 días. Curiosamente, el mayor potencial de daño que puede ejercer este sindicato está en la reducción del flujo de producción en tiempos "normales", como ha venido ocurriendo.



¿Hay salidas?



El factor que definirá la evolución de la situación laboral en el 98 será la disposición que demuestre el gobierno para manejar el problema de una manera seria, pues según el presidente de la CUT "las políticas de largo plazo de Samper duran máximo seis horas". Tal cosa implicaría abstenerse de entregar concesiones para apaciguar a los trabajadores, siguiendo la costumbre de dejar los temas espinosos para después.



Un planteamiento serio no puede desconocer que el fundamento del problema con los sindicatos es económico. El patrón de debilidad en las negociaciones laborales que el gobierno Samper ha seguido hasta ahora ha dejado consecuencias económicas de muy difícil manejo. Los empleados del gobierno van a huelga porque se les han incumplido las promesas de incrementos salariales que les fueron hechas por esta administración.



En el caso de los trabajadores de las empresas públicas, el obstáculo más grande a la paz laboral es la falta de respaldo para los pasivos pensionales. Tanto en Telecom como en Ecopetrol, el conflicto laboral tiene en su raíz la protección de unos esquemas de pensiones que, si bien pueden llevar a las empresas a la quiebra, les fueron entregados con todas las garantías. Y la ley 100 fue demasiado tímida para medírsele a este problema.



Y no hay solución fácil. Se ha estimado que la constitución de fondos de reservas para atender los pasivos pensionales de las empresas públicas puede costar cerca de US$18.000 millones, un monto que supera el de la deuda externa pública colombiana.



La creación de fondos pensionales para estas empresas se va a tener que hacer tarde o temprano, si se quiere despejar la incertidumbre sobre sectores que son críticos para el desarrollo del país.
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