Oposición vs. "oposición"

Me propongo desarrollar algunas ideas sobre la oposición (con minúscula) en Colombia, para distinguirla de la Oposición (con mayúscula). Esta diferencia ortográfica no es de poca monta, porque Oposición sólo existe en la Gran Bretaña. En cambio oposición, y en particular oposición política, prospera, en mayor o menor grado, en todo sistema político conocido.

En la Gran Bretaña, un modelo de bipartidismo, el partido que gana las elecciones adquiere el deber de gobernar y recibe el nombre de Her Majesty's Government. El partido que ocupa el segundo lugar en las elecciones queda con el deber de prepararse para gobernar como alternativa del primero, y por ello desde el siglo pasado se le viene denominando Her Majesty's Opposition (siempre con mayúscula). De ahí el conocido esquema Gobierno - Oposición.

Ahora bien, si la Oposición es un invento inglés, la oposición es un producto de la naturaleza humana. ¿Por qué? En toda época, bajo todo tipo de gobierno, han existido personas, grupos, asociaciones, partidos, etc., que buscan activamente un cambio, sea en las políticas gubernamentales, sea en las personas que ocupan cargos públicos. Quien así actúe, aquí y en Pekín, está ejerciendo oposición política.

Por eso me parece arbitrario alegar, como algunos lo hacen entre nosotros, que si la guerrilla pide un cambio en una política impositiva, eso sí es oposición, pero si lo hace la ANDI, no. Otros argumentan que si un candidato pertenece a partidos o movimientos distintos del bipartidismo tradicional, ese sí representa una verdadera oposición. En cambio, un conservador que enfrenta abiertamente a un liberal, eso, según ellos, no es oposición.

Juego artificioso de palabras que busca tapar el sol con las manos.

En Colombia lo que tenemos es oposición política por todas partes, y en todos los frentes. Baste leer los editoriales, columnas de opinión y publicidad pagada de nuestra prensa diaria (y no sólo La Prensa), o escuchar un debate en el Congreso de la República, o en una cualquiera de nuestras corporaciones electivas, o mirar los letreros en las paredes de las calles.

A la luz de lo anterior, las propuestas de la Comisión para el Estudio de la Reforma de los Partidos Políticos, particularmente las que pretenden desarrollar entre nosotros un esquema Gobierno-Oposición, en buena parte me parecen poco realistas y artificiosas.

Entre otros puntos, dicha comisión propone:

- "Los partidos, movimientos o coaliciones políticas que ganen en la elección presidencial, deberán asumir la responsabilidad política de gobernar con su plataforma programática, y los perdedores la de hacer la oposición, sin perjuicio de que se llegue a acuerdos con respecto a temas de interés nacional".

- Todos los partidos y movimientos políticos de oposición con personería jurídica tendrán...: "Derecho de réplica frente a los ataques graves o tergiversaciones proferidos por altos funcionarios... a través de los medios de comunicación del Estado... "

"Derecho de consulta previa, consistente en que los partidos de oposición deben ser escuchados previamente por el gobierno en relación con materias como las siguientes: la política económica..."

"No habrá lugar a la clausura de los debates en el Congreso sin que los voceros de las bancadas de oposición (si no se explica qué quiere decir "bancadas de la oposición") hayan intervenido, a menos que renuncien expresamente a ese derecho".

Estas propuestas asumen que cada partido o movimiento ha aprobado, antes de las elecciones de Congreso, una "plataforma programática", y que sus candidatos tanto al Congreso como a la Presidencia, han aceptado defenderla. Eso es viable en un sistema parlamentario, donde en una sola elección se define la composición del Parlamento y la del Gobierno. Más aún, quienes entran al Parlamento como ganadores son exactamente los mismos que van a ocupar las máximas posiciones en el Ejecutivo. Pero entre nosotros, ¿cómo pretender que los congresistas defiendan un programa que otros, aun cuando sean de su mismo partido, están realizando?

Segundo, hoy en día, la gente en Colombia, lo mismo que en Inglaterra, Estados Unidos y en las demás democracias, generalmente no vota por "plataformas programáticas" -las cuales desconoce casi por completo, o no entiende-, sino por personas, por partidos y/o por algunas propuestas específicas que les atraen y merecen particular credibilidad. ¿Por qué fingir que la gente va a votar por "plataformas programáticas"?

Tanto más cuanto que en nuestro medio los elegidos al Congreso no se ganan su curul en virtud de la "plataforma programática" de su partido, sino por los servicios que han prestado a gentes de su región, por promesas concretas que hacen a determinados grupos, por clientelismo, y/o por virtudes personales que tienen. ¿Se pretende, entonces, cambiar nuestras costumbres electorales con el "fíat" de una ley?

Tercero, ejercer la oposición, al estilo inglés, es viable donde existe un sistema parlamentario, realmente bipartidista y, además, con partidos disciplinados. Pero ese no es el sistema nuestro. No sólo no es parlamentario -y aludí a un problema que se desprende de esta diferencia- sino en la oposición no tenemos a un partido disciplinado, sino a muchos, y por cierto indisciplinados. Veamos algunas consecuencias de esta realidad:

Tomemos como ejemplo el Senado elegido en 1994. Fuera de 56 senadores liberales, ganaron curul 20 senadores a nombre del Partido Conservador Colombiano, dos por el Movimiento de Salvación Nacional, uno por cada uno de 20 (¡veinte!) partidos o movimientos distintos -todos con personería jurídica-, dos por "coaliciones" (¿podrán éstos pertenecer a la oposición?), y dos por la circunscripción indígena (¿también a la oposición?). Ante esta realidad, pregunto: ¿A quién se le daría el derecho de réplica arriba mencionado, o el derecho de consulta previa, o el privilegio de impedir el cierre de un debate hasta tanto no intervenga, o renuncie expresamente a hacerlo? ¿A una sola persona a nombre de este heterogéneo grupo, o a cada uno de los partidos y movimientos allí incluidos? Si sólo a uno, esto asumiría

que los 21 partidos y movimientos presentes en el Senado tienen una misma posición. ¿Es eso realista? ¿No estamos, acaso, soñando y, por ende, tratando 21 partidos y movimientos como si fueran un solo partido, Her Majesty's Opposition?

Y si cada partido y movimiento de la oposición tiene los derechos y privilegios aludidos, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tardaría el cierre de un debate? ¿Mejora la eficiencia del Congreso? ¿Cuántas réplicas tendríamos que escuchar cada día? Por otro lado, con la propuesta aquí comentada ¿no estamos discriminando en contra de los partidos mayoritarios? Porque los congresistas afiliados a uno de éstos, así sean en número 55 como los liberales en el Senado actual, no tendrían los derechos y privilegios recién mencionados sino "en grupo", es decir, su jefe tendría el derecho de réplica, el derecho a consulta previa, etc., pero no cada uno de ellos. En cambio, los 20 senadores, cada uno cabeza de su propio partido o movimiento, gozarían a cabalidad de dichos derechos y privilegios. ¿No será mejor que cada senador liberal constituya su propio partido?

Cuarto, el esquema Gobierno - Oposición impone una disciplina, ajena a nuestro medio e impropia de ciudadanos libres -que me perdonen los ingleses-. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿qué pasa si alguno de los 55 senadores liberales no está de acuerdo con un proyecto del gobierno? Supongamos que expresa sus reservas, pero no logra convencer a sus colegas. Llegado el momento de la votación definitiva, ¿tiene que apoyar el proyecto en el que no cree? ¿Qué le pasa si no lo hace? ¿Queda en la oposición? ¿Expulsado del partido? ¿Tiene que votar en blanco en contra de su conciencia? ¿Y si no le pasa nada, quiere decir que se puede hacer oposición desde adentro? ¿Entonces, el esquema Gobierno-Oposición en qué queda?

¿Por qué no aceptar que quienes están de acuerdo voten a favor, y quienes no lo están voten en contra? ¿No es eso más respetuoso de las libertades que profesamos?

No veo ninguna razón para querer encasillar las expresiones de oposición política en un formato rígido. No lo han hecho así democracias tan respetables como las de Estados Unidos y Francia. En estos dos países se ha dejado que la oposición política sea ejercida libremente por quien quiera, así sea del mismo partido del presidente, y desde la tribuna que le plazca. Y el sistema les funciona.

Como también ha funcionado entre nosotros. Porque en Colombia los proyectos de ley siempre han sido examinados con ojo crítico por los interesados en ellos. Sin excepción se les han formulado reparos. Difícilmente se encontrará un proyecto de ley presentado por el gobierno, que no haya sufrido importantes modificaciones producto de las críticas y oposición encontradas. Y con este procedimiento, en los últimos años hemos visto salir adelante sustanciales reformas tributarias, la Ley 100 sobre la seguridad social, un plan cuatrienal de desarrollo nacional, una ley marco de la educación, otra sobre la televisión, un severo proyecto anticorrupción, una reforma a la Policía Nacional, y otras iniciativas de mucho fondo. Ante estos logros, madurados en medio de la oposición, ¿cómo justificar que nuestro Congreso tiene que dividirse en "bancadas" del gobierno y «bancadas" de la Oposición para que funcione?

Desde hace muchos años nuestras normas constitucionales y legales han garantizado ampliamente el ejercicio de la oposición en Colombia. Quien compare nuestras prácticas políticas, con las de las de otras democracias, en similares circunstancias socio históricas, así lo podrá constatar. No es sino mirar la multiplicidad y diversidad tan fenomenal de listas que, comicios tras comicios, se presentan buscando una curul en nuestras corporaciones públicas, y la variedad de candidatos a la presidencia (18 en las últimas elecciones presidenciales), a gobernaciones y alcaldías. Podemos mejorar en el ejercicio del control político, eso es cierto, pero para ello no tenemos por qué embarcarnos en un esquema ajeno a nuestro modo de ser.