No sólo de luz vive el hombre

Hoy unas horas diarias sin luz hace dos años parecen ya cosa de poca monta. Se disipa también el viacrucis de barcazas y los Chivores en los vacíos del sistema investigativo. Nadie es responsable. El porqué de esa crisis ha sido desmenuzado sin piedad. No se menciona, sin embargo, un componente esencial: el extraordinario crecimiento de la oferta de energía eléctrica en Colombia. Cuestionar su prioridad, nunca muy debatida por la opinión, podría implicar una revisión de los planes de expansión del sector.

En efecto, la capacidad instalada y el consumo de energía eléctrica en Colombia han crecido al doble del producto interno bruto (PIB). De 1941 a 1991, el consumo de energía creció a un promedio anual de 9.2%, mientras el PIB se incrementó al 4.5%. Y a esta sorprendente evolución se llegó subrepticiamente, aunque se trataba, nada menos, que de comprometer la mayor parte de la capacidad de endeudamiento del país en incrementos de la cobertura eléctrica.

La creciente generación de energía se dio por inercia. Cuando se iniciaron los préstamos de la banca multilateral, las empresas eléctricas, vecinas de las caídas de agua, se encontraban administrativa y técnicamente mejor preparadas que otras ramas del Estado para solicitar créditos. Además, su interés en la construcción de grandes presas coincidía con el de los países prestamistas porque el componente de ingeniería foránea, de material importado y de consultoría extranjera en los grandes proyectos hidroeléctricos es alto.

Ahora bien, económicamente no es dable que el crecimiento de un bien no exportable, como la energía eléctrica, supere el incremento del PIB por períodos prolongados, sin que a la postre su viabilidad se desmorone por falta de capacidad de pago de sus consumidores. El aumento desmesurado de los activos del sector eléctrico colombiano ha significado exactamente eso: los clientes del sistema, comenzando por las entidades públicas, no han podido pagar la factura, ni siquiera con el insólito esquema de cobro diferencial, por supuestos estratos

de ingresos (subsidios cruzados), que impera en las ciudades colombianas (un impuesto puro y simple por voluntad de la ex junta Nacional de Tarifas, sin que medie la sanción del Congreso).

La pasada crisis eléctrica hay que referirla, por lo tanto, a la decisión tácita, tomada hace muchos años y renovada por sucesivos gobiernos, de crecer eléctricamente sin más limitación que el crédito externo de la Nación y, al mismo tiempo, insistir en que los usuarios paguen la totalidad de un servicio plagado de sobrecostos, ya que ni su administración ni su equipamiento han sido modelos de eficacia y transparencia. Justamente, por haber construido más de lo que el usuario podía sufragar, el Estado, para enfrentar la catástrofe, tuvo que asumir el pago de la deuda externa de muchos entes eléctricos. La factura, porque factura hay, ha corrido por cuenta del contribuyente.

Con muy pocas excepciones, la situación patrimonial de la mayoría de las empresas en que está fragmentada la generación y transmisión eléctrica del país es todavía precaria. Durante unos años, y en particular en la década de 1975 a 1985, fue posible posponer el impacto de la deuda gracias a la reevaluación del peso colombiano, que permitió aumentar las tarifas más rápidamente que lo que se incrementaba, en pesos, el servicio de las obligaciones (estamos otra vez en esas mismas, y claro, el sistema interconectado dizque produce utilidades). El inevitable ajuste cambiario de 1984-85 desnudó la fragilidad financiera y, ¡oh sorpresa!, se diagnosticó que el sistema estaba "sobredimensionado".

La ¡liquidez ha significado incapacidad para terminar obras a tiempo, e incuria para mantener equipos en funcionamiento. Y nace de la dificultad para transferir, con tarifas, los costos reales al usuario. De ahí la utilización improvidente del agua almacenada en los embalses, por ser el insumo barato. Unas gotas celestiales de menos y el racionamiento se hizo inevitable.

Para que no se repita el racionamiento es imprescindible reconocer, desde ya, que conservar y extender la cobertura eléctrica requiere transferencias de la Nación, parecidas a las que se han hecho por medio de la subrogación de ésta en las deudas de los entes eléctricos. Y, para hacer decisiones con los ojos abiertos, el reconocimiento debe ser explícito. Sólo así alcanzaremos "neutralidad presupuestal", sin que el glamour del sector eléctrico lo cuele por la puerta falsa, como ya se detecta en los planes de expansión que se van anunciando.

Durante mucho tiempo, el fetiche de la luz, dizque pagada por el usuario, copó el espacio que a lo mejor le correspondía, en la escala de lo social, al agua potable, a los servicios de salud, y a las carreteras. En el pasado, como no había recursos con qué atender todos los frentes al mismo tiempo, estas necesidades se subordinaron, sin mayor discusión, a las de energía eléctrica que tenía un lobby más activo. Para las decisiones futuras habrá que sopesar las bondades de todas las opciones con la misma vara de medir, aunque haya que tomarlas "a oscuras".