Ni tan generoso ni tan rápido

El alto comisionado para la paz, en nombre del gobierno nacional, ha estado otorgando una alta prioridad al logro de un eventual compromiso por parte de los grupos subversivos con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las cuales buscan proteger la población civil afectada por un conflicto armado. Loable propósito, pero excesivamente costoso para el país. ¿Por qué? Hay dos razones.

Primero: porque con ese compromiso se está fortaleciendo desproporcionadamente a la subversión. En particular se le está facilitando el reconocimiento si no de "beligerancia", al menos de algo parecido, por parte de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales.

La guerrilla no puede formalmente suscribir el Protocolo II, u otro instrumento jurídico similar, porque no es un Estado, ni tiene la condición de beligerante, reconocida por gobiernos extranjeros. Inducirla a que se comprometa formalmente a respetar dicho protocolo, así como lo hizo el Estado colombiano, implica tratarla como si fuera una fuerza beligerante o algo parecido.

Se sabe que los principales grupos subversivos del país están buscando activamente el reconocimiento de beligerancia, porque eso los crece frente al Estado colombiano y ante la comunidad internacional. Es posible que el Comité Internacional de la Cruz Roja y las ONGs defensoras de los derechos humanos respalden tal pretensión, porque es congruente con la filosofía de estos organismos. De ahí al reconocimiento formal de la guerrilla colombiana como parte beligerante por parte de algunos gobiernos extranjeros -en particular, por aquellos para quienes el Estado colombiano es un violador impenitente de los derechos humanos- no hay sino un paso. ¿Para qué facilitarlo? ¿Y a cambio de qué?

A mi juicio, se engañan quienes creen que el riesgo de reconocerle beligerancia a la subversión ya pasó porque el Protocolo II lo excluye claramente. Lo excluye, sí, en cuanto nuestros grupos subversivos no cumplen los requisitos allí propuestos para ganar ese reconocimiento, en particular porque no ejercen sobre una parte del territorio nacional un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Sin embargo, cabe observar que el Protocolo II reglamenta el conflicto llamado de alta intensidad -es decir, aquel donde la insurgencia controla un territorio en los términos recién mencionados-, pero el DIH no ha reglamenta-do explícitamente el caso del conflicto de baja intensidad, es decir, el de aquellos insurgentes que pueden realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, pero sin ocupar un territorio claramente determinado. Los grupos subversivos del país parecen estar tratando de explotar este vacío jurídico para lograr un reconocimiento internacional, si no de beligerancia plena sí de algo similar, por ejemplo, ¿combatientes de la liberación?

Por otro lado, así la guerrilla no se comprometa formalmente a respetar el Protocolo II sino sencillamente a respetar las normas del derecho humanitario, ¿qué objeto tiene abrir la posibilidad de una verificación internacional de los compromisos del gobierno y de la guerrilla con el DIH? Si los conceptos de dicha comisión se expiden con criterios técnicos de acuerdo al DIH, esa comisión no podrá menos que certificar violaciones de los derechos humanos -cuando éstas tengan lugar- por parte del Estado colombiano, pero no podrá certificar violación alguna de esos derechos por parte de la guerrilla. Sencillamente porque el único que técnicamente los puede violar es un Estado, o sus agentes, o una fuerza beligerante. Como la guerrilla no es lo uno ni lo otro, jamás se podrá decir que violó los derechos humanos. Sólo se podría decir de ella que cometió delitos o abusos. ¡Nada más! ¿Por qué, entonces, tomar un camino en el cual quien recibe el agua verdaderamente sucia es el Estado colombiano?

La segunda razón en contra de los esfuerzos del comisionado de paz por buscar un compromiso de la guerrilla con los principios del DIH es porque no existen condiciones que permitan verificar la seriedad de esos compromisos.

Así la guerrilla se comprometa a respetar las normas del DIH, no es viable verificar su compromiso. Porque la guerrilla no ocupa un territorio claramente delimitado, ni ha entregado lista alguna de sus miembros, y no lo hará. En esas condiciones, si un frente guerrillero secuestra o asesina, le queda muy fácil decir "nosotros no fuimos". ¿Y quién le demuestra que eso es mentira? En cambio, las violaciones a los derechos humanos, atribuibles al Estado colombiano, podrán ser claramente identificadas y expuestas a la censura nacional e internacional.

Más vale, entonces, abstenerse de buscar un compromiso de la subversión con el DIH. Que la opinión pública, nacional e internacional, conozca sin paliativos las atrocidades que comete la guerrilla. Facilitar su encubrimiento con la ayuda de tecnicismos y, a la vez, arrinconar al Estado colombiano, son concesiones injustificables.