| 10/1/1995 12:00:00 AM

Muerte lenta

El gobierno no se ha caído aún porque nadie en Colombia sabe en realidad cómo es que se caen los gobiernos.

La crisis que envuelve al gobierno del presidente Samper ha dejado al descubierto una faceta relativamente desconocida de la vida política del país. A pesar de los numerosos conflictos violentos y los graves problemas sociales en la historia reciente de Colombia, no parece haber lo que podríamos llamar una "cultura de la crisis política".

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, en los últimos años, los colombianos no han vivido crisis de gobiernos que amenacen seriamente la estabilidad del orden institucional. Quizás esto se deba a que desde el inicio del Frente Nacional en 1955, en Colombia han sido muchos los con

flictos políticos que buscaron atacar no a un gobierno, sino al Estado nacional. Las guerrillas, las acciones políticas de narcotraficantes y de otros grupos al margen de la ley han buscado confrontar al Estado, y no a un gobierno en particular.

Sin embargo, las situaciones de crisis de gobierno, que surgen dentro del Estado mismo, han sido raras. Es más, los colombianos valoran esta estabilidad política de larga trayectoria, pues ha contribuido a la solidez del sistema económico y al avance social, aun considerando todas las cíticas que cabría hacerle a una democracia restringida y clientelizada.

Precisamente por ser desconocida en Colombia, vale la pena, entonces, explicar en qué consiste una cultura de crisis \política. Es el conocimiento y práctica que los actores políticos desarrollan dentro de sistemas altamente inestables. Como por ejemplo en Argentina, donde se decía que cada grupo social, político o económico tenía "su coronel propio", listo para actuar en momentos de quiebre del gobierno. En el Brasil, la crisis son el mecanismo principal para establecer cuotas y posiciones de poder. Son inclusive populares: la crisis que terminó con el gobierno de Fernando Collor de Melo se vivió como un carnaval, por los miles que salieron a las calles a "tumbar al gobierno".



LA CRISIS DEL GOBIERNO SAMPER





Las continuas revelaciones de irregularidades en la financiación de la campaña política que llevó a Samper a la presidencia, y que han ido enredando a varios funcionaríos cada vez más cercanos al presidente, han sumido al gobierno colombiano en la peor crisis de legitimidad y de liderazgo que haya visto el país en su historia reciente. Está políticamente agotado y parece incapaz de controlar la situación en que se fue acorralando poco a poco. Ha intentado ganar oxígeno abandonando sus

principales banderas de gobierno y permitiendo que varios grupos de presión ocupen el espacio de poder que ha dejado vacío.

Pero precisamente, por la carencia de una cultura de la crisis, ha surgido una interesante circunstancia. El gobierno no se ha caído aún, en parte, porque nadie sabe en realidad cómo es que se caen los gobiernos. Tampoco es claro qué se ganaría con tumbarlo. Pero además, existe temor al "salto al vacío", pues no hay certeza sobre lo que vendría después de la caída, ni si se podrían controlar los acontecimientos subsiguientes, en medio del poder creciente de varios grupos violentos.

Por su lado el gobierno, aunque exhausto, no parece contemplar la caída como una posibilidad cierta, ya que ha resuelto limitar el problema al terreno de lo jurídico y no de lo político. Por eso Samper nombró un penalista para su defensa, aunque no hay acusaciones penales contra él. El presidente sólo puede ser juzgado en juicio político que se desarrolla según otros parámetros distintos a los de la justicia ordinaria.

Pero no deja de sorprender que, en efecto, el gobierno esté logrando convertir al juicio político

en un proceso penal. Y esto es posible porque los actores políticos no están acostumbrados a organizarse y actuar para resolver la crisis con un cambio institucional. Más bien aprovechan la debilidad del gobierno para ganar cuotas de poder. La ausencia de una oposición política y la relación clientelista con los congresistas han llevado a que muchos dirigentes políticos estén interesados más en sacar provecho burocrático de la debilidad gubernamental, que en adelantar un juicio serio al presidente. Así, la posición formalista asumida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara ha ido despojando al proceso de su carácter político.

Tampoco otras fuerzas sociales y económicas parecen apreciar la necesidad de buscarle una salida rápida a la crisis. El repudio por el hecho de que haya habido dineros del narcotráfico en la campaña liberal no es tan contundente como para que se considere que existe un problema ético y político mayúsculo. De ahí que sea tan generalizada la idea de que se trata de un problema estrictamente legal. Quizá sea por esto que el presidente parece no entender por qué le hablan de renunciar. Está preocupado por defenderse, pero no se ha mostrado indignado por el escándalo ético de que día a día miembros de su círculo más íntimo sean vinculados y procesados por la Fiscalía.



LAS PERSPECTIVAS



Aunque la ausencia de una cultura de crisis política hace que los actores no perciban la situación como una crisis del gobierno, sino más bien como un caso judicial de algunos personajes (no es casuali

dad que el escándalo se lo llame popularmente por su nombre jurídico del "proceso 8.000"), la crisis es real. Como tal, no puede durar tres años, en una muerte lenta, gota a gota, cada vez que surja una nueva evidencia. Ni la vapuleada imagen internacional del gobierno lo resistiría; ni lo aguantaría una economía que ya se está viendo afectada por la incertidumbre de sus actores y por la violencia creciente.

Así las cosas, el presidente tiene la responsabilidad política de ir mucho más allá de defender su caso legal personal. Si ha de salir airoso de la crisis se necesita que sea capaz de articular algún discurso que además de creíble, sirva para poner todo el problema en el pasado, como cuando el presidente Gaviria dijo que "asumía toda la responsabilidad política" en relación con la fuga de Pablo Escobar. El no lograr "colocarse adelante de los hechos", para controlar la situación, es lo que ha ido debilitando al presidente. Es que la definición misma de la crisis es el "estar siempre corriendo detrás de los hechos".

La carencia de una cultura de crisis política en el sistema colombiano le ha dado tiempo al presidente para que por fin tome las riendas de la situación, pues nadie parece interesado ni urgido por forzar su caída. No obstante, como se dijo antes, ese tiempo es limitado pues el mal no puede durar tres años más, ni hay país que lo resista.

De no lograr el gobierno poner la crisis en el pasado, los actores políticos colombianos tendrán en sus manos el reto de buscarle una salida institucional a la crisis y asegurar así que la larga y valorada trayectoria de establidad democrática de esta nación latinoamericana se mantenga. Esta le ha traído una solidez económica y una flexibilidad institucional tal que le ha permitido sortear los más agudos conflictos sociales y la más penosa violencia. No es un capital que se pueda dilapidar en unos meses.
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