| 6/1/1995 12:00:00 AM

Mucho ruido...

Y pocas nueces. Lo más probable es que el sistema de las certificadoras internacionales de importación no entre en vigencia el primero de junio.

Todo indica que a partir del primero de junio las importaciones hacia Colombia podrían frenar en eco, si el gobierno mantiene su decisión de aplicar desde esa fecha el nuevo régimen de aduanas que fue diseñado para atacar el contrabando. Supuestamente ese día deben comenzar a operar las sociedades de certificación -entidades privadas contratadas para verificar el contenido, características y precio de las mercancías importadas-, que se encargarán de verificar en el país de origen algunas de las características de los productos de importación.

A menos de una semana de que empiece a regir el nuevo sistema, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ni siquiera ha emitido el reglamento definitivo para la práctica de esta inspección pre-embarque y la posterior expedición del certificado, que deberán presentar los importadores con el fin de obtener el levante automático de las mercancías. Como no se conoce a ciencia cierta cuáles serán las reglas del juego, y dado que el gobierno parece empeñado en no seguir dándole largas al asunto, lo más probable es que en el momento menos previsto las certificadoras internacionales anuncien su decisión de no prestar sus servicios al país.

En Colombia viene hablándose de certificadoras internacionales desde fines del año pasado. Según el Decreto 2531 de 1994, el sistema de las sociedades de certificación iba a entrar en vigencia a partir del primero de enero de 1995 y, para ello, antes de esa fecha la DIAN iba a expedir las condiciones de funcionamiento, así como las sanciones que acarrearía la comisión de cualquier falta por parte de una verificadora. Más tarde, la Resolución 5624 del mismo año, por la cual se determinaron las condiciones de operación para las sociedades certificadoras, estableció que el sistema de inspección de las importaciones iba a comenzar el pasado primero de marzo. Sin embargo, apenas a comienzos de abril el Consejo Superior de Comercio Exterior aprobó la lista de productos "sensibles", para cuya importación será obligatorio presentar un certificado de inspección expedido por una certificadora.

A este primer retraso se sumaron después las dificultades que tuvieron que vencer las propias sociedades de certificación para obtener la autorización de la DIAN. Entre los requisitos exigidos por la entidad figuran: demostrar experiencia en actividades de inspección pre-embarque; estar prestando servicios de certificación internacional aduanera a por lo menos tres países; tener directamente, o por medio de filiales, 50 oficinas propias en igual número de puertos de embarque y necesariamente en países corro Estados Unidos, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, Corea, China, Japón y Taiwán, entre otros; ser miembro de la International Federation of Inspection Agencies (IFIA); estar en capacidad de suministrar a la DIAN toda la información relativa a los resultados de su verificación, por medio de un sistema satelital de transmisión electrónica de datos y, además, adjuntar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la sociedad, sus matrices o sus filiales, correspondientes a los últimos dos años, para demostrar que al último corte la sociedad o su matriz contaba con un patrimonio neto superior a US$10 millones.

Comenzó entonces un tire y afloje entre la DIAN y las sociedades interesadas en prestar el servicio. El dispendioso trámite para obtener la inscripción no fue el único escollo que han enfrentado las certificadoras. La entidad dispuso que, una vez cumplidos los requisitos señalados, cada una de estas sociedades debía constituir una garantía bancaria o de compañía de seguros por valor de US$1 millón a favor de la DIAN, para prever cualquier incumplimiento por parte de las verificadoras. Como si fuera poco, en caso de que se detecten inconsistencias en los certificados de inspección, podrán aplicarse, según la gravedad de la falta, sanciones hasta del 300% del valor aduanero de las mercancías, suspenderle la inscripción en el registro de sociedades certificadoras e incluso cancelarle la misma inscripción. Después de semejante amenaza fueron pocos los convidados que aceptaron quedarse al supuesto banquete. Hasta el momento sólo dos sociedades han completado el viacrucis: Bivac, que es una compañía del grupo francés Bureau Veritas, y Cotecna de Colombia, sucursal de Ginebra (Suiza). La autorización a otra certificadora también de origen suizo, SGS de Colombia, está en veremos.

El servicio de verificación en el país de origen o de procedencia de los bienes por importar consiste en la comprobación, a partir de un examen físico, de la clasificación arancelaria, la descripción, el estado (nueva o usada), precio de venta, cantidad, calidad y origen de las mercancías que se embarquen en un puerto extranjero con destino a Colombia. "Nuestro objetivo es prestarle una asesoría técnica a las autoridades aduaneras", dice Patricia Flores, gerente de Bivac. Por su parte, Manuel Sánchez, gerente de operaciones de Cotecna, opina que la razón de ser de las certificadoras es agilizar el proceso de importación. En cualquier caso, el establecimiento de un sistema de verificación como el descrito es uno de los mecanismos más empleados por los países que tienen serios problemas de evasión fiscal derivados del contrabando técnico, el cual puede efectuarse ya sea a través de la alteración de la clasificación arancelaria del producto que se desea importar o de la sobrefacturación de importaciones. Según una fuente consultada, "en el caso colombiano el problema más grave no es el de los desfalcos al erario, sino el del lavado de dinero". Este hecho ha sido reconocido por el propio ministro de Hacienda, Guillermo Perry, para quien "el contrabando es la actividad complementaria del narcotráfico".

De todos los aspectos que supuestamente se tendrán en cuenta para la inspección, sobresale por su importancia la verificación del precio informado por el importador o la sociedad de intermediación aduanera que lo represente. Sobre este punto, las certificadoras están obligadas a acatar el denominado "Acuerdo sobre inspección previa a la expedición", logrado en el marco del GATT. Según esta norma, las entidades que realizan la verificación deben comparar el precio de exportación a Colombia con el de productos similares ofrecidos por el mismo país, con destino a otros mercados. En caso de presentarse una diferencia de precios significativa, el exportador podrá explicar esta inconsistencia dentro de un plazo muy breve. Cuando esta explicación resulte insatisfactoria a juicio de la entidad verificadora, la sociedad procederá a emitir no un certificado de inspección, sino un aviso de no conformidad.

Las comprobaciones en materia de precios, además de las de origen y clasificación arancelaria, pueden servir para identificar algunas prácticas desleales de comercio que viene denunciando de tiempo atrás el sector privado. Sin embargo, algunos opinan que el remedio previsto por el gobierno puede resultar peor que la enfermedad. En el corto plazo los importadores tendrán que asumir un sobrecosto, puesto que son ellos los que van a tener que pagar por utilizar los servicios de las verificadoras, de acuerdo con las tarifas ofrecidas por cada una de ellas.

En el papel, esta tarifa no podrá ser superior al 1% del valor FOB (sin fletes ni seguros) de la mercancía en puerto de embarque, que aparezca consignado en la correspondiente factura. El 50% de estos honorarios deberá pagarlos el importador en el momento en que presente su solicitud de inspección. El resto será pagadero una vez la certificadora haga entrega del correspondiente certificado de inspección. Un dato importante que deben tener en cuenta los importadores es que la selección de la certificadora es libre, pero una vez iniciado el trámite de inspección y certificación no podrán cambiar de sociedad verificadora.

Existen fundadas dudas entre los empresarios de que la lista de productos sensibles sea la más aconsejable para la imposición de un régimen de esta naturaleza. El listado dado a conocer inicialmente representa el 31% del total de las importaciones del país y no es claro que estén los que debieran estar. El Consejo Gremial Nacional, a través de su presidente, Carlos Arturo Angel, quien a la vez preside la ÁNDI, ha manifestado su sorpresa por encontrar dentro de la lista preliminar numerosos bienes en los que no existe sospecha alguna de operaciones ilegales. La entidad gremial estima en US$37 millones el costo directo de la certificación, "suma nada despreciable si se tiene en cuenta que equivale al 42% del presupuesto de funcionamiento de la DIAN para 1995", añade en carta dirigida al ministro de Hacienda.

Las certificadoras, por su parte, se quejan de la dureza del régimen de sanciones. Tal como está previsto, las sanciones que podrían aplicárseles en caso de incumplimiento o de inconsistencias en la emisión de certificados "son más severas incluso que las que reciben los propios contrabandistas", opina una fuente. La preocupación de las verificadoras no tiene que ver sólo con la gravedad de las sanciones de tipo económico, sino con el deterioro que pueda sufrir su imagen en el contexto internacional en el evento de que el sistema no funcione. Es claro que los repetidos aplazamientos que ha sufrido la medida les ha ocasionado a estas empresas un lucro cesante, pero las dos certificadoras autorizadas hasta el momento coinciden en que mucho más costoso podría resultarles la implantación del sistema mientras no haya "transparencia". Por ahora, la constitución de la garantía por parte de estas entidades está en entredicho. DINERO pudo establecer que, por lo menos en el caso de una certificadora, la inscripción ante la DIAN fue impugnada para darle un plazo de espera a la expedición del reglamento definitivo. En cualquier caso, lo más probable es que haya necesidad de definir "un esquema de transición que les permita a todos los actores involucrados familiarizarse con el nuevo entorno", dice Horacio Ayala, director de la DIAN.

Muchos se preguntan qué está detrás de todo este tejemaneje. Al gobierno le ha faltado seriedad en un proceso que, bien conducido, podría resultar saludable para la distorsionada economía nacional. Pero también parece que no faltan los interesados en desprestigiar el sistema antes de que éste muestre sus bondades.
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