| 9/1/1994 12:00:00 AM

Micos y otras perlas

Orozco y Pardo develan los últimos hallazgos de la herencia de Rudy. Más adelante seguirán con Perry.

EL MICO DE LA LEY 101 DE 1993

Cuando se expidió la Reforma Tributaria de la Administración Gaviria y se extendió el IVA a la casi totalidad de los servicios, se excluyeron de dicho gravamen los intereses generados por operaciones de crédito, en el entendido de que gravarlos implicaría un desgaste administrativo, puesto que significaría convertir en responsables del IVA a todas aquellas personas que efectúan préstamos, incluidas las personas que ahorran en el sistema financiero.

No obstante estos propósitos de la Reforma Tributaria, la Ley 101 de 1993, que fue expedida con la finalidad de promover el desarrollo agropecuario y pesquero, contiene un mico tributario digno de ser exhibido en algún zoológico. Efectivamente, el artículo 88 de la ley establece que los intereses por operaciones de crédito, en lo sucesivo, estarán gravados con el IVA cuando quien cobra los intereses sea una persona o entidad no vigilada por la Superintendencia Bancaria.

Las consecuencias de esta disposición son impredecibles, ya que se sujetan al IVA los intereses de los préstamos que las empresas le hagan a sus clientes o trabajadores.

También se someterían a este impuesto los intereses que cobran los fondos de empleados por préstamos que hacen a los trabajadores. En igual sentido se sujetan al impuesto los préstamos de las cooperativas de ahorro y en general cualquier préstamo que haga una entidad no vigilada por la Superintendencia Bancaria.

En una interpretación exegética de la norma, habría que concluir que todos los ahorradores del sistema financiero deben cobrar IVA a las entidades financieras por los intereses que reciben, en virtud de los créditos activos que mantienen con tales entidades.



Contribución especial para hidrocarburos, gas, carbón y ferroníquel.

La Ley 6a. de 1992 creó una contribución especial para las empresas de hidrocarburos, gas, carbón y ferroníquel, que entró a operar en julio de 1992. La ley dijo que la contribución se reajustaría cada año con el índice de inflación, lo

cual significa que el primer ajuste se debió haber efectuado en julio de 1993 y los ajustes posteriores en julio de cada año. A pesar de la claridad de la ley, la Administración de Impuestos ha pretendido que el reajuste se debe hacer cada primero de enero, con lo cual se adelanta en 6 meses el incremento en la contribución. Como puede verse, para la Administración Tributaria es igual el término de seis meses que el de un año.

¿Qué pensarán de esta singular interpretación los potenciales inversionistas extranjeros?
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