| 12/17/1999 12:00:00 AM

Memorando de políticas con el FMI

Este es el Acuerdo de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, que establece la política económica para los próximos tres arios. Dinero lo obtuvo en forma exclusiva y lo tradujo no oficialmente para sus lectores.

La política de mediano plazo busca poner la economía en una senda fuerte y sostenible de crecimiento económico con inflación decreciente, que expandirá las oportunidades de empleo y promoverá estándares de vida más altos para todos los colombianos. Para reflejar esos objetivos, el programa para el período 1999-2002 se centra en la consolidación fiscal, la reestructuración del sector financiero, la flexibilidad de la tasa de cambio y la continua implementación de la agenda de reformas estructurales. La búsqueda de crecimiento económico sostenido es central para los esfuerzos del gobierno de reducir la pobreza y, para darle soporte adicional a este objetivo, los programas de redes sociales de protección están siendo fortalecidos con la ayuda de las agencias multilaterales y de donantes.

La mejor protección de los grupos vulnerables es uno de los objetivos de política de esta administración. A la luz de las más difíciles circunstancias económicas y del aumento del desempleo en los últimos años, el gobierno ha decidido introducir nuevos y más fuertes programas con el fin de reducir el efecto del desempleo, la pobreza y la violencia política. Los programas han sido diseñados para ser costo efectivos y son consistentes con el programa fiscal, enfocándose en asistir directamente a los integrantes más vulnerables de la sociedad, como las mujeres y los niños, y en la inversión en infraestructura como una herramienta temporal para la creación de empleo. Al considerar estos programas, así como el gasto en educación y en salud, la proporción del gasto social en el gasto público total aumentará a lo largo del programa.

Consistente con las metas y objetivos del programa de gobierno, el plan económico para el período 1999-2002 busca restaurar el crecimiento real del PIB en el 2000 al 3% y llevarlo hasta cerca del 5% en 112002, al tiempo que se rebaja la inflación desde el 10% hasta el 6%. El déficit en cuenta corriente, que se proyecta declinar hasta 1,.3'9 del PIB en el 99, se ampliará hasta el 2,4%, del PIB en el 2000 y permanecerá ligeramente por encima del 3% del PIB en el 2001 y 2002. Estos déficit pueden financiados con crédito externo de mediano y largo plazo y por inversión extranjera, que ha sido proyectada conservadoramente en el programa. Sobre esta base, la deuda externa de Colombia se estabilizaría alrededor del 43 ó 44% del PIB. Se espera que las Reservas Internacionales Netas permanezcan mayores que 5 meses de importaciones (de bienes y servicios no factoríales) y alrededor de una vez y media la deuda externa de corto plazo del país (incluyendo la deuda de largo plazo que se vence antes de un año) en el tiempo del programa.

Las autoridades colombianas esperan que la inversión doméstica y el ahorro nacional sean fortalecidos como resultado de la reestructuración del sector financiero y de la consolidación fiscal. Debido al exceso actual de capacidad en la economía, las metas para crecimiento económico en el 2000 pueden obtenerse sin mayor aumento de la inversión en ese año, pero se espera que la inversión total aumente significativamente en los dos años finales del programa, hasta alcanzar el 226, del PIB. Se espera que la inversión privada se duplique hasta llegar al 15% del PIB, y se proyecta que el ahorro nacional aumente del 15%, en e199 hasta 19% del PIB en el 2002, retornando ambos indicadores a su promedio histórico.

Política fiscal

Para lograr una reducción sustancial y sostenible del déficit fiscal en el mediano plazo, el gobierno ha desafiado el paquete de reformas descrito más adelante. Algunas de ellas ya han sido presentadas al Congreso y otras seguirán de acuerdo con el cronograma expuesto en el memorando técnico que se anexa. En caso de que durante las sesiones del Congreso algunas de estas iniciativas registren cambios sustanciales en términos de sus resultados fiscales esperados, o de que haya otros deslices en el programa, las autoridades tomarán medidas alternativas para asegurarse de que las metas del programa sean plenamente logradas.

La perspectiva fiscal para todo el período del programa depende crucialmente de la implementación de las m formas estructurales en el sector público, el éxito del programa vigente de mejoramiento del recaudo fiscal, la recuperación de la actividad económica, y los costos fiscales potenciales de la reestructuración del sector financiero. Hay poco espacio para reducir déficit fiscal proyectado para el 99, teniendo en cuenta que las medidas ya fueron adaptadas a comienzos del año y que el gobierno central tiene un control [imitado en el corto plazo sobre el uso de los recursos públicos, dadas las restricciones de ingresos atados a gastos específicos y a los arreglos de participación en los ingresos contentes,

Para el mediano plazo, el plan fiscal incorpora una brasca reducción en el déficit del sector público no financiero, hasta 3,6% del PIB en el 2000, 2,5% en el 2001 y 1,5% en el 2002, después de tener en cuenta los gastos adicionales en protección social. Con le ayuda de una recuperación de la actividad económica, este ajuste fiscal se logrará por el aumento adicional de la base tributaria; llevando a cabo el programa de mejoramiento de recaudo; reduciendo el gasto público distinto a intereses; obteniendo mejor control de los recursos bajo el sistema de descentralización fiscal (incluyendo una reforma constitucional); mejorando los sistemas pensiónales del sector público; perfeccionando las operaciones de los gobiernos territoriales; y limitando el reemplazo de los trabajadores que se pensionan. Específicamente, el notable ajuste fiscal programado para 112000 se obtendrá mediante una fuerte reducción del gasto distinto a intereses del gobierno central, incluyendo una política de contención salarial, reformas pensiónales y mejoramiento del recaudo tributario.

La evasión fiscal en Colombia es alta según estándares internacionales. La legislación aprobada en diciembre del 98 ha permitido al gobierno introducir un programa integral para mejorar la administración y ejecución tributarias. En particular, con el soporte de un nuevo servicio de 1.000 agentes dotados de poderes adicionales, la DIAN ha trabajado por adelantado un plan mes a mes para aumentar los recaudos tributarios con programas especiales para disminuir el contrabando, reducir los rezagos de recaudo, colectar las deudas tributarias, controlar la evasión de los impuestos de renta e IVA, y simplificar los programas impositivos para los pequeños negocios. Al mismo tiempo, la base del IVA se amplió para generar ingresos que podrán más que compensar la reducción del IVA (de 16 a 15%) en noviembre del 99, también aprobada por el Congreso en diciembre de 1998.

En febrero del 2000, una reforma de los impuestos a la renta será presentada al Congreso buscando reducir todas las exenciones a las fuentes de ingreso, Al mismo tiempo, se harán los cambios para cerrar los escapes existentes en el sistema del IVA. Estas medidas deberán producir 0,6% del PIB anual en el 2001 y un 0,2% adicional del PIB comenzando en el 2002. El gobierno también extenderá el impuesto a las transacciones financieras hasta el 2002, y se logrará ingreso adicional reorganizando el sistema nacional de loterías. El gobierno ha introducido en las sesiones legislativas de julio-diciembre del 99 una serie de reformas estructurales para ayudar a controlar el gasto público. Notables entre ellas son las reformas del sector público de pensiones y seguridad social, los pasos para perfeccionar el sistema de seguridad social y las acciones para modificar el gasto operacional de las entidades territoriales. Un detalle mayor de estas reformas se presenta en la sección Reformas estructurales.

Para ayudar a obtener sus objetivos fiscales, el gobierno central ejercerá un control estricto sobre sus gastos distintos a intereses, que se proyecta decrecerán desde 16,7W, en el 99 hasta 14,8% en el 2000, y 14,3% en el 2002. Para lograr esto, al tiempo que se abre espacio para el aumento de gasto en los servicios sociales de los grupos más vulnerables, el gobierno presentará presupuestos consistentes con sus planes de reducción de gasto. En las metas fiscales está incluido el programa especial llamado fondo social de emergencia. Los gastos de este programa se han establecido en un 0,3% del P18 anual hasta el 2001 Se espera que el financiamiento para este programa provenga principalmente de fuentes externas.

' Más importante en los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo es la legislación (constitucional) que fue presentada al Congreso en septiembre de 1999 buscando mantener constante en términos reales la cantidad de fondos a ser transferidos a los gobiernos territoriales bajo los arreglos de participación en los logres,, cocientes de la Nación. Esta reforma, que requiere aprobación por dos sesiones sucesivas del Congreso, se espera que tenga efectos a partir de julio del 2001 y provea ahorros fiscales de 0,4% del PIB en el 2001, aumentando al 0,8% del PIB en el 2002.

El gobierno está comprometido con la búsqueda continua de la paz. En la medida que el proceso se desarrolle, las autoridades buscarán establecer sus programas de inversión pública con el fin de asegurar una rápida reconstrucción de las áreas más afectadas por el conflicto y llevar a cabo la reubicación del gran número de personas que han sido desplazadas internamente. Los gastos correspondientes serán financiados con los bonos de paz suscritos por las empresas y los grupos de altos ingresos, y por contribuciones de la comunidad internacional. Mientras se espera que el proceso de paz reduzca la necesidad de gastos de seguridad en el futuro, las autoridades pueden necesitar ampliar temporalmente el déficit del sector público no financiero, en comparación con los objetivos básicos del programa, con el fin de asegurar adecuada implementación del acuerdo de paz. Las autoridades colombianas podrán discutir los cambios presupuéstales que puedan requerirse al respecto.

Las autoridades confían en que el ajuste fiscal descrito provea una base sólida para el programa, con reformas hechas desde el puro comienzo y que soporten el esfuerzo fiscal. Sin embargo, algún tiempo será necesario para que las reformas estructurales tengan efecto y produzcan ahorros fiscales. Mientras tanto, los recursos de las privatizaciones serán usados para asegurar el apropiado financiamiento del déficit fiscal. Sobre esta base, y con la reducción programada del déficit, la deuda del sector público (doméstica y externa) se estabilizará en el 35% del P18 durante el programa y disminuirá posteriormente. La disminución en el uso de financiamiento doméstico para el sector público durante el programa ayudará a proveer recursos para una recuperación de la actividad en el sector privado.

El programa fiscal para 1999 y el 2000 será monitoreado trimestralmente por medio de topes en el déficit del sector público, como lo establece la sección 1.A del memorando técnico anexo (resumen al final de este documento).

Políticas monetarias y cambiarías

La política monetaria buscará el logro de la meta inflacionaria del programa. Estimativos de la demanda por activos financieros, que tienen en cuenta la apreciable desmonetización observada desde el final de 1997, han sido usados para establecer el marco del programa monetario. Con consolidación fiscal y el restablecimiento de la confianza, el peso sobre la política monetaria se aliviaría, y las autoridades esperan que recursos adicionales de crédito estén disponibles para dar soporte a la reactivación del sector privado sin indebida presión sobre las tasas de interés, al tiempo que se permite un aumento en las reservas internacionales netas durante el período.

El marco que usa Colombia para llevar a cabo la política monetaria usa el crecimiento de la base monetaria como su objetivo intermedio de política. Las operaciones de mercado abierto se usan para establecer las metas monetarias y la tasa de interés es el instrumento operacional. El corredor de la base monetaria se establece anualmente para dar soporte a la meta de inflación y puede ser modificado si la inflación proyectada se aparta de la meta, y/o si la velocidad de circulación de la base monetaria cambia significativamente. El Banco de la República está tomando los pasos hacia la adopción del infation targetidng directo como un marco para su política monetaria, y para tal propósito está trabajando en un procedimiento efectivo de predicción. Hasta que tal marco sea puesto en marcha, el crecimiento de la base monetaria permanecerá como la guía para la política desinflacionaria del Banco.

En Colombia, la política de tasa de cambio fue llevada desde 1994 por medio de un sistema de banda cambiaría. Este sistema de bandas sirvió bien al país, pero enfrentó crecientes presiones en 1998 y 1999 cuando Colombia sintió los efectos del deterioro de los términos de intercambio y el alboroto en los mercados financieros internacionales v los desbalances de la economía continuaron ampliándose. En respuesta, el Banco de la República apretó la política monetaria, devaluó en dos ocasiones el punto medio de la banda (cada una en 9%), y amplió la banda una vez. Junto con una fuerte reducción en la inflación, estas medidas y el movimiento de la tasa de cambio nominal dentro de la banda resultaron en una depreciación del peso en términos reales que sirvió para restaurar la posición competitiva de Colombia en los mercados internacionales. Con este precedente y con el fuerte ajuste fiscal buscado en el programa para 1999-2000, el banco central al finalizar septiembre eliminó la banda y dejó flotar libremente el peso. El banco central espera que permitir al mercado establecer la tasa para el peso habilitará a la economía colombiana a absorber mejor los choques externos y facilitar la operación de la política monetaria, así como reducir la especulación contra la moneda, al tiempo que permite al banco central continuar con su política desinflacionaría. Bajo el régimen de tasa de cambio flotante, la intervención por el Banco de la República en los mercados cambiarios se limitará a mantener ordenadas las condiciones del mercado, suavizando los movimientos de cono plazo en la tasa nominal de cambio, en forma consistente con las proyecciones del programa para las reservas internacionales netas.

El programa monetario para 1999 y 2000 será monitoreado por topes trimestrales sobre los activos domésticos netos y por pisos en las reservas internacionales netas del Banco de la República, tal como lo establecen las secciones II.A y III.A del memorando técnico.

Políticas financieras y de reestructuración del sector financiero

El gobierno ha dado varios pasos importantes para enfrentar el debilitamiento del sector financiero. En noviembre de 1998, firmó un decreto de emergencia que proveía soportes de liquidez a las instituciones insolventes, y asistencia del gobierno a los deudores hipotecarios, cooperativas financieras y bancos públicos. Estos últimos fueron financiados en parte con recursos del impuesto de transacciones financieras. Luego, introdujo un programa para recapitalizar las instituciones financieras privadas viables cuyos accionistas tuvieran recursos limitados disponibles para la recapitalización. De acuerdo con este plan, los accionistas llevarían el patrimonio neto de los bancos a cero (si, negativo) y los bancos serían recapitalizados en los niveles requeridos con crédito de mediano plazo de Fogafin, el fondo de garantías del sistema financiero, hasta por 80% (garantizado con sus acciones en la institución y otro colateral, de forma tal que el 13345 del préstamo sea cubierto) y una contribución mínima de 20% por parte de los accionistas. Una parte 1 de esta última puede ser financiada por un crédito de 6 meses de Fogafin contra colateral fácilmente liquidable. Hasta ahora, 5 bancos se han recapitalizado con este plan.

Siguiendo la reciente liquidación de la Caja Agraria (un banco público grande con una extensa red de oficinas) y su reemplazo con el más pequeño y estrictamente controlado Banco Agrario, las autoridades están comprometidas a desinvertir completamente de todos los restantes bancos públicos durante el periodo 2000 a 2001. Mientras tanto, las autoridades han establecido fuertes controles sobre la operación de estos bancos. La estrategia de resolución del sector financiero también busca un mejoramiento sustancial de la supervisión bancaria, incluyendo más intensas inspecciones in situ, así como pasos adicionales de la Superintendencia Bancaria para llevar gradualmente el nivel de aprovisionamiento de las instituciones financieras a estándares internacionales aI final del 2002. En julio del 99, el Congreso estableció una ley de reforma del sector financiero que, interracial, incrementa el poder de supervisión de las autoridades para enfrentar las situaciones de bancos en problemas de una forma opondría y para aumentar los requerimientos mínimos de capital, entre otras medidas. Las regulaciones requeridas para la implementación de la mayoría de estas medidas serán establecidas por las autoridades de supervisión antes del 30 de junio del año 2000.

El gobierno busca moverse rápidamente para resolver los problemas del sector financiero, lo cual es clave en sus esfuerzos de acelerar la recuperación de la actividad eco- nómica. En este contexto, se introdujo legislación en el Congreso en octubre para proveer alivio adicional al sector hipotecario mediante un programa de reducción de deuda, que será financiado por inversiones forzosas en bonos realizadas por el sistema financiero, la industria aseguradora y otros. Se estima que el costo del paquete resolutivo para las Instituciones privadas, públicas y cooperativas, en valor presente, será equivalente del 4 al 6% del PIB, incluyendo el programa de alivio para los deudores hipotecarios y el valor presente de las deudas contingentes de los antiguos empleados (principalmente pensiones) de la Caja Agraria. Cerca del 60% del costo total es explicado por la necesidad de recapitalizar los bancos públicos. El programa fiscal incluye el costo neto para el gobierno central de llevar a cabo las operaciones de reestructuración del sector financiero.

El progreso en la implementación de la estrategia de reestructuración del sector financiero y la privatización de los bancos públicos será monitoreado en las revisiones semestrales del programa, la primera de las cuales está prevista para completarse en junio 30 del 2000.

V El gobierno también ha tomado medidas para ayudar a reestructurar la deuda de las empresas. Con este fin, en junio del 99 el gobierno anunció líneas especiales de crédito administradas por el IFI y Bancoldex, ambos bancos de segundo piso. Estos recursos serán provistos por la banca multilateral y otros bancos de segundo piso. Adicionalmente, el gobierno introdujo en octubre una legislación para facilitar acuerdos voluntarios de reestructuración de deuda.

Políticas del sector externo

El déficit externo de la cuenta corriente, como ya se anotó, se proyecta en 2,4% del PIB en el 2000, y ligeramente por encima del 3% en el 2001 y 2002, lo cual supone una recuperación continuada y fuerte en las exportaciones no tradicionales, así como un crecimiento moderado de las importaciones, basado en una depreciación real del peso de 24% en los últimos 12 meses, y ganancias adicionales de competitividad durante el período 2000 2002 sobre la base de adicionales esfuerzos de consolidación fiscal y reformas estructurales. Las proyecciones de cuenta corriente también toman en cuenta la disminución de las exportaciones de petróleo tras el pico que alanzarán en 1999 los campos de producción existentes. Mientras las autoridades Ira,, introducido reformas para reversar la disminución esperada de la producción petrolera, la perspectiva actual sugiere que las exportaciones de petróleo disminuirán en una tercera parte desde 1999 hasta el 2002.

El gobierno sigue comprometido con un régimen de libre comercio y en actuar en consonancia con los principios de la Organización Mundial de Comercio. A este respecto, la protección del sector agrícola y la dispersión de tarifas de importación se establecerán según las reglas del pacto Andino, y con las fechas límite establecidas por los acuerdos con la OMC. El componente de subsidio de los CERT será eliminado de acuerdo con el cronograma de la OMC. El gobierno pretende buscar mayor integración tanto dentro como fuera de la región Andina, en particular con el ALCA y el MERCOSUR. A partir de enero del 2001, Colombia empezará a levantar las restricciones que aún existen en materia cambiaría, sujeto esto a la aprobación del Fondo, y aceptará las obligaciones del artículo VII, secciones 2, 3 y 4 de los artículos del Acuerdo del Fondo antes de finalizar el 2001

La deuda externa de Colombia es manejable, pero ha crecido significativamente en los últimos años, desde un 32%, del PIB en 1997 hasta un 41% en 1999. Bajo el programa, se estabilizará alrededor del 43 al 44% del PIB. Dada la volatilidad reciente de los flujos de capital de corto plazo y el estado frágil del sistema financiero, el Banco de la República ha intensificado su monitoreo de estos flujos, incluyendo la disponibilidad de líneas de crédito externo para el sistema financiero. Los depósitos requeridos a los préstamos externos que estableció la ]unta del Banco han sido fuertemente reducidos en los años recientes y continuarán reflejando el diferencial entre las tasas de interés domésticas y las internacionales. El requerimiento de depósito no busca restringir los ingresos de capital sino, mejor, evitar la vulnerabilidad que representaría una acumulación de deuda externa de cono plazo.

La deuda pública externa de Colombia era monitoreada mediante límites trimestrales sobre los desembolsos netos de tal deuda y la cantidad de garantías provistas por el sector público para la deuda ex tema privada, tal como lo establece el memorando técnico. El gobierno mantendrá su política de no garantizar la deuda externa privada. Reformas estructurales

Se ha logrado un progreso considerable en las reformas estructurales en el último año. Se estableció una reforma tributaria en diciembre de 1998; los fondos de cofinanciación del gobierno central (que proveían partidas de cofinanciación para los proyectos de los gobiernos territoriales) han sido eliminados; el sistema de participación en los ingresos (incluyendo las provisiones sobre el IVA) se ha reducido y flexibilizado; y se han liberado los precios de la gasolina.

Un número de reformas adicionales se han introducido a las sesiones legislativas del segundo semestre de 1999. El gobierno le ha propuesto al Congreso legislación para racionalizar el sistema de descentralización fiscal mediante la creación de un fondo de pensiones territorial y el fortalecimiento de las finanzas territoriales mediante límites a su gasto corriente. Como se mencionó, entre las reformas ya presentadas al Congreso está la reforma constitucional que podría cambiar el sistema actual de transferencias a las entidades territoriales de una proporción fija de los ingresos corrientes del gobierno hacia una cantidad que permanecería fija en términos reales. El gobierno busca que el nuevo sistema de transferencias tenga efecto en el año 2001 en el caso de las transferencias a los departamentos y en el 2002 en el caso de las transferencias a los municipios.

En las sesiones legislativas del segundo semestre de 1999, el gobierno ha presentado propuestas para una reforma integral del sistema de pensiones en Colombia. Este proyecto incluye reformas de segunda generación al sistema de seguridad social y acciones para llevar los si, temas especiales de pensiones en Línea con lo previsto en el sistema general de pensiones. El principal efecto fiscal de estas reformas se sentirá cuando la transición al nuevo régimen de seguridad social se haya completado en el 2010, generando ahorros cercanos al 0,5% del PIB en forma permanente.

El gobierno presentará al Congreso a comienzos del año 2000 una reforma tributaria que busca ampliar la base del impuesto de renta y cerrar las lagunas del IVA, así como extender el impuesto a las transacciones financieras hasta el 2002. Subsecuentemente, el gobierno también propondrá al Congreso una reforma que le permita autonomía fiscal adicional a los gobiernos territoriales, que podría generar 0,2% del PIB.

El programa de privatización de Colombia, que ha estado en marcha desde comienzo, de los noventa, ganará intensidad durante el primer año del programa pues se espera la venta de varias grandes empresas. Con el fin de dar tiempo para que las reformas estructurales descritas anteriormente tengan efecto y produzcan los ahorros fiscales esperados, el gobierno descansará en los ingresos por privatización para ayudar a financiar el programa fiscal en el 2000 y, en menor medida, en el 2001. De acuerdo con las decisiones que ya se han tomado, el gobierno espera que al finalizar el 2000 las mayores compañías de distribución eléctrica habrán sido privatizadas y que la venta de Carbocol se habrá concluido. Como parte de la reestructuración del sector financiero, los restantes bancos públicos, exceptuando el Banco Agrario, serán ofrecidos para su venta al sector privado. En el sector de telecomunicaciones, el gobierno ya ha abierto un significativo acceso al sector privado y las tarifas de larga distancia se han reducido considerablemente.

Colombia ha logrado considerable progreso en los últimos años en la expansión de oportunidades de participación del sector privado en la provisión de servicios de infraestructura. Concesiones en nuevos proyectos para la construcción y operación de carreteras y carrileras, así como de aeropuertos, se han subastado al sector privado. En el sector petrolero, el gobierno ha establecido un sistema más flexible de patentes y ha permitido mayor participación del sector privado. Al mejorar los incentivos para la exploración petrolera, se espera que el país continúe siendo exportador de petróleo en el largo plazo.

Para fortalecer el régimen de inversión extranjera, el gobierno ya ha dado pasos para mejorar los términos que rigen las inversiones en los sectores minero y de petróleo. Para incentivo, adicionalmente la inversión privada, en la primera parte del 99 fue aprobada una enmienda constitucional, que mejora la seguridad de una compensación justa en casos de expropiación pública. Se espera que estas medidas contribuyan a la recuperación de la inversión extranjera directa durante el período del programa.

Colombia adoptó una reforma laboral integral en 1999 que aumentó sustancialmente la flexibilidad del mercado laboral. Sin embargo, la profunda recesión y las restantes rigideces laborales han contribuido al alto nivel de desempleo de Colombia. Con miras a reducir el nivel de desempleo, el gobierno ha introducido una serie de medidas de corto plazo, incluyendo proyectos de mantenimiento intensivos en mano de obra e incentivos tributarios para creación de empleo.

El progreso en la implementación de la agenda de reformas estructurales será monitoreado en las revisiones semestrales del programa. En particular la primera revisión, prevista para finales de junio del 2000, se centrará en el progreso de la agenda legislativa del gobierno y en el programa de privatizaciones.

Políticas sociales y otras

Bajo los programas fortalecidos en el área social, se han iniciado proyectos intensivos en mano de obra para el mantenimiento de vías y carrileras, muchos de los cuales en el área afectada por el terremoto de enero. Adicionalmente, con el propósito de construir vivienda para los más pobres y crear, trabajo, se desarrollará un plan de vivienda financiado conjuntamente por el gobierno central y los gobiernos municipales, y coordinado por ONG. Un programa similar se usará para mantener y mejorar las escuelas. El programa de vivienda social reduciría el actual déficit de 1,2 millones de unidades en alrededor de medio millón de viviendas en los próximos cuatro años, principalmente en las áreas urbanas, La provisión de agua potable y alcantarillado son elementos importantes en los esfuerzos de esta administración en salud pública, y los planes buscan llevar los servicios de agua y alcantarillados a 3,4 millones de personas en los siguientes cuatro años.

El gobierno tiene la determinación de proseguir una política activa contra el lavado de dinero, incluyendo una colaboración internacional efectiva. Desde 1998, una unidad especial de información y análisis ha estado activa en la recolección, organización y análisis de información de las transacciones financieras que podrían vincularse a actividades ilícitas, y ha promovido iniciativas para controlar el lavado de dinero. El papel de esta unidad ha sido fortalecido por la aprobación de la ley 526 en el Congreso en agosto de 1999. Las regulaciones existentes sobre el reporte de transacciones y transactores sospechosos son consistentes con los estándares internacionales.

Disponibilidad de información económica y financiera y programa de monitoria

El gobierno de Colombia reconoce la importancia de la publicación oportuna de la información económica y financiera. El Banco de la República y la Superintendencia Bancaria ya están colocando una gran cantidad de datos regulares en sus páginas de Internet, tal como lo hacen también el Ministerio de Hacienda y el DNP. Desde 1996, Colombia ha participado en la iniciativa SDDS. Una misión multisectorial del Departamento Estadístico del Fondo visitó Colombia a finales de 1997 y misiones pos tenores de seguimiento les han dado asistencia técnica a los esfuerzos permanentes de las autoridades para mejorar la producción de información estadística.

El gobierno de Colombia le proveerá al FMI la información necesaria para monitorear la implementación del programa, asa como cualquier otra información que pueda considerarse necesaria para monitorear adecuadamente los desarrollos económico y financieros en el país.
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