| 6/1/1995 12:00:00 AM

Las altas cortes

La salud del país depende del buen funcionamiento de sus altas cortes de justicia. DINERO explica para qué sirven y cuáles son sus tendencias.

Para la mayoría de los colombianos el mundo de las altas cortes de justicia en Colombia es algo misterioso e incluso para algunos abogados no deja de ser un tabú. Su composición y sus tendencias ideológicas así como la calidad, el contenido y la seriedad de sus sentencias son en buena parte desconocidas por la mayoría de los ciudadanos y ello no debería ser así. Adicionalmente, el país aún no ha asimilado los grandes cambios que en materia de justicia introdujo la Constitución de 1991.

Este desconocimiento y la complejidad de nuestro sistema judicial ha llevado a muchos a pensar que existe un gran conflicto entre las diferentes cortes, en especial por las sentencias de unas frente a las determinaciones de las otras. El hecho que el Consejo de Estado se pronuncie en contra de una deter-minación de la Corte Suprema o que la Corte Suprema le diga a la Corte Constitucional que no puede tocar ciertas materias no significa realmente la presencia de divergencias que vayan más allá del ajuste institucional correspondiente.

La situación actual de las cortes es en realidad una consecuencia directa de la distribución de funciones que existe entre ellas y específicamente, de la multiplicidad de mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos consagrados en la nueva Constitución y en las leyes. Debe tenerse en cuenta que Colombia, comparado con la mayoría de sistemas jurídicos del mundo, es un país privilegiado en cuanto a mecanismos de defensa de los derechos individuales se refiere.

En Colombia, cuando alguien se siente lesionado en sus derechos fundamentales o en los civiles o en los políticos y en general si alguien considera que algún derecho le ha sido vulnerado, siempre tendrá un mecanismo para que su derecho sea protegido y en la mayoría de los casos, la última instancia estará a cargo de una de las altas cortes. Aun si la protección del derecho no le corresponde a uno de los altos tribunales sino a un juzgado, las determinaciones anteriores de las cortes servirán de base para que el juez interprete la ley y falle.

Esto es posible gracias a que, en términos generales, la estructura de la justicia colombiana tiene una forma similar a una pirámide pero con cuatro puntas o cabezas, en la que su base o nivel menor lo conforman los jueces municipales, en el segundo nivel están los jueces de circuito, en el tercero se encuentran los Tribunales Superiores y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y al final se encuentran la Corte Suprema de justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que cada una de estas cortes se especializa en temas diferentes, ninguna de ellas debe prevalecer sobre las demás pues todas se encuentran a un mismo nivel. Pero en la práctica esto no está sucediendo. El hecho de que la Corte Constitucional sea la encargada de revisar todas las acciones de tutela la coloca en una posición de predominancia frente a las demás. A esto debe sumarse el hecho de que la Corte Constitucional, so pretexto de salvaguardar los derechos fundamentales, ha tocado temas que le corresponden a las otras cortes. Adicionalmente y fuera del mundo jurídico, las determinaciones de la Corte Constitucional tienen una mayor trascendencia en los medios de comunicación y suelen tocar temas más cercanos a la ciudadanía, lo que la ha colocado en un plano superior en cuanto a la percepción de la opinión pública. Además, tanto la Corte Suprema de justicia como el Consejo de Estado han mantenido por tradición un bajo perfil frente a los medios de comunicación, así muchas de sus determinaciones sean importantes.



LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Esta es la más antigua y tradicional de las altas cortes del país. Desde el siglo pasado ha sido protagonista de todos los cambios importantes de nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo la aprobación del decreto que en 1991 convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Para la inmensa mayoría de los abogados, el máximo honor y dignidad que existe es llegar a ser magistrado de la Corte Suprema.

La Corte Suprema también ha sido víctima de uno de los más aterradores magnicidios de nuestra historia, ocasionado por la cruenta y absurda toma por parte del fanatismo extremista del hoy casi desaparecido M- 19. Por cuenta de esta sangrienta masacre la Corte perdió grandes juristas que se desempeñaban como sus magistrados en ese momento, muchos de ellos irremplazables. Durante los años inmediatamente siguientes a este episodio, la Corte Suprema entró en una difícil etapa que podría equipararse a una "gran depresión"; por esa época llegó a ser casi imposible la consecución de nuevos magistrados. Los asesinatos del M-19 habían generado un pavor que llevó a que muchos juristas rechazaran el ofrecimiento de integrar la Corte con la grave consecuencia de una baja en la calidad científica de las sentencias.

La Corte Suprema es la cabeza de la llamada jurisdicción ordinaria, lo cual comprende todos los juzgados y tribunales que se encargan de las materias civiles, mercantiles, laborales, de menores, de familia y penales. Por las materias que trata es la que mayor importancia puede tener para la empresa privada y para el común de los particulares.

En la llamada jurisdicción ordinaria se ventilan todas las discusiones entre los particulares, las cuales van desde cobros por vía judi-cial hasta los grandes procesos por incumplimiento de contratos o por perjuicios causados a terceros. También le corresponde dirimir todas las demandas entre patronos y trabajadores, así como dictar sentencia en todos los procesos penales en los que la fiscalía presenta acusación.

El máximo tribunal tiene corno función principal actuar como mecanismo de control en la aplicación de la ley por parte de los jueces de inferior nivel y lo hace principalmente por intermedio del llamado recurso de casación, el cual puede utilizarse en los procesos penales, civiles, mercantiles, de familia o laborales, cuando se presentan algunas condiciones muy especiales de violación de normas por parte de las sentencias dictadas por jueces. Este recurso, de acuerdo con la ley, tiene como fin "unificar la jurisprudencia nacional y proveer la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos".

La función de unificar la jurisprudencia resulta ser de una gran trascendencia para todos los ciudadanos.. Esto significa que a la Corte le corresponde, por medio de sus sentencias, unificar los criterios de interpretación jurídica que deben ser tenidos en cuenta ponlos jueces al momento de fallar. Simultáneamente, la jurisprudencia de la Corte es una guía importante para los particulares que pretenden iniciar algún proceso o para quienes desean alegar algún derecho.

Además de la función del tribunal de casación, la Corte tiene asignadas enormes responsabilidades entre las que se destaca la de investigar y juzgar a los congresistas y la de juzgar, previa acusación del fiscal, al presidente, a los ministros, al procurador, al contralor, al defensor del pueblo, a los gobernadores, a los directores de departamentos administrativos y en general, a los más altos funcionarios del Estado.

La Corte Suprema está conformada por tres grupos de magistrados que conforman la sala de casación civil, la de casación laboral y la de casación penal. Las dos primeras están conformadas por 6 magistrados y la última por 8, a los cuales sólo les corresponde estudiar los procesos de su especialidad. Antes de la Constitución del 91 existía también la sala constitucional, la cual estudiaba las demandas contra leyes por motivos de inconstitucionalidad; esta sala fue suprimida al crearse la Corte Constitucional.

Los magistrados de cada una de las salas son nombrados por la misma Corte Suprema de candidatos que presenta el Consejo Superior de la judicatura. Este mecanismo, casi una cooptación, ha permitido que la influencia de la política clientelista se mantenga alejada; sin embargo, dada la politización del Consejo Superior de la judicatura, el riesgo de convertir la Corte en un ente politizado está latente y sólo sus propios magistrados pueden tomar las precauciones del caso para que eso no suceda.

En la Corte Suprema son varios los factores que influyen en la selección de cada nuevo magistrado. A diferencia de lo que sucede en otras altas corporaciones, el origen universitario de los candidatos no es tan importante como el origen territorial que tengan, pues la Corte ha tratado de mantener un buen equilibrio a este respecto y permitir el acceso a representantes de la mayoría de las regiones del país. Desde el punto de vista político partidista, la Corte mantiene un completo equilibrio entre magistrados liberales y conservadores, aunque en las sentencias que se dictan esta influencia partidista tiende a ser nula. En este sentido, la objetividad, juridicidad y seriedad de los fallos que produce la Corte es reconocida por la gran mayoría de los abogados.



- Sala de Casación Civil



En cuanto a la proyección de cada una de las salas, la de casación civil puede ser considerada como la más tradicionalista de todas. La jurisprudencia que produce es bastante estable y fácilmente pueden pasar 10 años sin que sea modificada. Para el presidente de la Corte esta es una ventaja en la medida en que quienes llegan con algún proceso a esta sala, tienen parámetros claros acerca de cómo se resolverá el caso concreto y no están sujetos a la incertidumbre que se ocasiona con posiciones jurisprudenciales cambiantes. Asimismo, la estabilidad de la jurisprudencia permite predecir que hacia el futuro no se van a presentar grandes sobresaltos y la interpretación de las leyes civiles, mercantiles y de familia va a mantener una línea tradicional, ajena a la tendencia de cambiar sólo por innovar.

Sin embargo, para algunos abogados esta estabilidad en las posiciones no es más que un estancamiento en la jurisprudencia, lo que impide que el derecho privado avance y se modernice. De otra parte, también se critica a la sala civil por ser excesivamente formalista, preocupándose más por - ver si un recurso cumple con los requisitos formales que por analizar el fondo de los asuntos.

A lo anterior debe sumársele las enormes demoras del aparato judicial para resolver las demandas, lo que ocasiona grandes costos para los particulares. Esto ha llevado a que los grandes procesos en donde se ventilan los temas importantes en materia civil o mercantil ya no se resuelvan en la Corte Suprema sino por intermedio de tribunales de arbitramento. Todo el que tiene un pleito en donde se discute una suma importante de dinero prefiere un fallo rápido de un tribunal de arbitramento a un gran fallo de la Corte después de 10 años de un demorado proceso, de los cuales dos o tres le corresponden a esta última instancia. Este elemento ha contribuido a que los grandes temas del derecho civil no se discutan en esta alta corporación y por lo tanto, los avances de la jurisprudencia hayan sido menores.

Es necesario mencionar que buena parte de la demora en la tramitación de los procesos que llegan a esta sala se debe al exagerado volumen de tutelas de todos los temas que a diario recibe. No es lógico que la Corte Suprema, para efectos de tutela, tenga un tratamiento similar al resto de los juzgados y tribunales. Por andar resolviendo tutelas de temas que muchas veces no son de su especialidad, a la sala no le alcanza el tiempo para resolver los recursos de casación en donde se debate la interpretación final de nuestro ordenamiento jurídico privado.

En todo caso y dejando de lado el gravísimo problema de la demora en los procesos, existe tranquilidad cuanto a la calidad científica de la sala civil y naturalmente en cuanto a su seriedad y objetividad en las sentencias. Adicionalmente, la etapa de la "depresión" ocasionada por la toma del Palacio de justicia está prácticamente superada. Sin embargo, por su excesivo formalismo los grandes temas del derecho civil se han ido alejando cada día más de las manos de la Corte.



- Sala de Casación Penal



Frente a la sala de casación penal las circunstancias son algo diferentes. Sus sentencias se han considerado más modernas y los avances en la interpretación de las normas han sido más ágiles que los de la sala civil. Las mismas circunstancias del país han llevado a la sala penal a lograr avances de jurisprudencia mayores que en las demás salas. Dentro del contexto internacional ha logrado que las tendencias de nuestro derecho penal sean respetadas y nos ha colocado en una posición avanzada en comparación de la mayoría de países latinoamericanos.

A diferencia de la civil y de la laboral, esta sala ha cedido ante los formalismos del recurso de casación y en varias ocasiones ha hecho prevalecer el contenido y el problema de fondo sobre la forma. A esto ha contribuido una disposición poco conocida del Código de Procedimiento Penal según la cual la sala penal puede conocer un caso sin importar los formalismos, cuando se encuentre una clara violación a los derechos fundamentales. La sala de casación penal, con muy buen criterio, ha hecho uso de esta facultad y ha abierto camino en la lucha contra los formalismos.

Es a esta sala a la que le corresponde adelantar los procesos en contra de los parlamentarios y los altos funcionarios públicos. En estos casos no actúa como tribunal de casación sino como juez de única instancia. Es impactante ver cómo han crecido cada vez más los procesos de este tipo, tal como lo reconoció W misma sala en días pasados.

En esta materia, la sala penal se ha caracterizado por su serenidad en el juzgamiento de los altos funcionarios. El manejo de estos delicados procesos lo ha hecho aplicando de manera rigurosa los procedimientos legales y sin utilizar los medios de comunicación. De otra parte, el temor de muchos acerca de la posibilidad de que el Congreso ejerza influencia sobre la sala penal para que los parlamentarios liberales que actualmente son investigados resulten exonerados, resulta injustificado. La sala penal en ocasiones anteriores ha dado clara muestras de ser ajena a las influencias políticas y a toda clase de lobbying. De otra parte, es criterio casi unánime de quienes litigan ante ella que la corrupción no se ha dado ni es probable que se llegue a dar.

Frente a la enorme responsabilidad de juzgar a los políticos involucrados por la Fiscalía por posible enriquecimiento ilícito, un abogado litigante ante esta sala decía con buen criterio que los colombianos no podían esperar de la Corte una condena ni una absolución; de lo que deben estar seguros es que la sala penal de la Corte Suprema aplicará justicia sin que le tiemble la mano.



- Sala de Casación Laboral



La sala laboral es la más controvertida de las tres. Su sistema de funcionamiento, en dos grupos de tres magistrados, ha ocasionado algunas contradicciones en las sentencias. De acuerdo con varios abogados consultados, la composición ideológica de esta sala ha sido predominantemente a favor de las causas de los trabajadores; salvo contadas excepciones, sus magistrados tienen una mayor tendencia hacia posiciones de izquierda, lo que naturalmente ha influido en las determinaciones.

Tal vez su orientación hacia la mayor protección de los trabajadores ha impedido que se realicen avances importantes, más acordes con la nueva constitución y dejando de lado la antigua creencia de que el derecho laboral sólo debe estar orientado a la defensa de los derechos de los trabajadores. La consecuencia de lo anterior ha sido que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado le han tomado la delantera en el campo laboral y han logrado avances notorios en los últimos dos años. A pesar de las críticas anteriores, la sala laboral es una institución seria cuyos magistrados actúan bajo criterios estrictamente legales.

En resumen, de la Corte Suprema se puede decir que ha guardado una tradición de prudencia en el cambio de su jurisprudencia, lo que para algunos es señal de poca modernidad en la interpretación de las normas. Su calidad intelectual o científica ha entrado en una etapa de recuperación frente a las dificultades sufridas después de la toma del Palacio de justicia y de ella puede esperarse un alto nivel de objetividad y profesionalismo en el tratamiento de los temas del derecho privado. Un empresario que, a pesar de la demora, tenga que acudir ante la Corte puede confiar que su caso será resuelto en derecho y aplicando los postulados de la justicia.

Sin embargo, es un buen momento para que sus tres salas avancen en materia de jurisprudencia y modernicen algunos de sus criterios a la luz de la nueva Constitución y de paso dejen de lado el exceso de formalismos que en la mayoría de ocasiones la ha caracterizado.



CONSEJO DE ESTADO



Esta institución también data del siglo pasado y tiene su origen en la idea de darle al gobierno un cuerpo consultivo en materias legales. De ser un consejero del ejecutivo pasó a ser la cabeza de la llamada jurisdicción contencioso administrativa. A esta jurisdicción le corresponde principalmente el juzgamiento de los llamados "actos administrativos" que no son otra cosa que los decretos, resoluciones, circulares y en general cualquier otro acto del gobierno que implique una determinación de su parte. Es a esta jurisdicción a la que le corresponde juzgar las controversias y litigios originados en las actividades de las entidades públicas.

Este tipo de cortes, especializadas en lo contencioso administrativo, no se encuentran en la mayoría de los países. Colombia es una excepción al respecto y resulta interesante que a pesar de todos los cambios institucionales sufridos durante este siglo, el Consejo de Estado mantenga desde 1914 su condición de tribunal especializado.

Dentro de sus funciones principales están la de juzgar por inconstitucionales los decretos dictados por el gobierno cuando no le corresponda a la Corte Constitucional, servir como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, adelantar las investigaciones sobre pérdida de la investidura de los congresistas, conceptuar acerca del paso de tropas extranjeras o de naves o aeronaves extranjeras de guerra y preparar proyectos de ley y de reforma a la constitución. Adicionalmente al igual que la Corte Suprema, tiene la función de resolver tutelas como cualquier otro tribunal.

A diferencia de la llamada jurisdicción ordinaria en la que existe un alto número de jueces a nivel municipal y regional, la jurisdicción de lo contencioso administrativo solamente está conformada por los llamados tribunales contencioso administrativos y por el Consejo de Estado quien actúa como su cabeza.

Dada la gran diversidad de materias que le corresponde juzgar, el Consejo de Estado está compuesto por tres salas integradas de la siguiente manera: la Sala Plena, compuesta por todos los magistrados del Consejo; la Sala de Consulta y Servicio Civil, compuesta de 4 magistrados, y la Sala Contencioso Administrativa compuesta por 26 magistrados. Esta última se divide, a su vez, en seis secciones especializadas en diferentes materias: la primera se especializa en el trámite de las acciones de nulidad contra los actos administrativos que no estén asignadas a las demás; la segunda en temas laborales, la tercera en asuntos contractuales, mineros y agrarios; la cuarta en asuntos relacionados con impuestos y contribuciones y en la nulidad de los actos de las autoridades administrativas; la quinta en asuntos electorales y en nulidades relacionadas con elecciones o nombramientos.

El Consejo de Estado ha sido dinámico en la modernización de los criterios jurídicos que aplica-en sus sentencias. Desde antes de la promulgación de la nueva Constitución, algunas de las sentencias han mostrado una clara intención de defender los intereses de los ciudadanos sobre los intereses del Estado. A diferencia de la Corte Suprema, la jurisprudencia del Consejo avanza con mayor rapidez y quienes en los litigios plantean nuevas tesis tienen más posibilidades de lograr que la jurisprudencia se cambie. Ha incorporarado, a través de sus sentencias, las más modernas tesis del derecho administrativo. Esto tiene también un ingrediente negativo en cuanto hace a la menor estabilidad de las tesis jurídicas en las materias de su competencia, pero en realidad los cambios no alcanzan a ser lo suficientemente abruptos como para generar incertidumbre legal. Asimismo, el Consejo de Estado es menos formalista que la Corte, lo que en parte le ha permitido avanzar más en los análisis de fondo.

Definitivamente la tendencia actual de esta entidad es la de alcanzar una recuperación efectiva de los derechos de los ciudadanos. Por fortuna y gracias a los avances de esta Corte, el Estado ya debe responder no solamente cuando ha causado un perjuicio a los ciudadanos cuya causa es una actuación, sino que también cuando hay omisión por sencilla que ésta parezca.

Tesis jurídicas como la del daño antijurídico, el daño especial o las diferencias entre la fuerza mayor y el caso fortuito han llevado al Consejo de Estado a ocupar un lugar de vanguardia en temas que en otras épocas le correspondían a la Corte Suprema de justicia. Esto ha ocasionado un predominio jurisprudencial del Consejo de Estado en temas típicos de la Corte Suprema, sin que ello implique que el Consejo se esté metiendo en los terrenos de la Corte.

La elección de los magistrados del Consejo de Estado se realiza de la misma manera que en la Corte Suprema, pero con la diferencia de que en este caso tiene mayor influencia la filiación política o el origen académico. Es clara la existencia de un fuerte bloque cuyo origen académico está en las universidades de tendencia centro-izquierdista como la Universidad Nacional y la Libre. Este predominio no ha tenido mayor impacto en sus determinaciones jurídicas en donde no es posible encontrar una tendencia ideológica tan marcada hacia esas escuelas jurídicas; sin embargo, la influencia del grupo de magistrados de estas universidades es notoria en la elección de los nuevos magistrados, pues han logrado mantener el predominio burocrático imponiendo algunos de los nuevos nombramientos.

Algunas fuentes consultadas por DINERO llegan a afirmar que además de los grupos conformados por vinculaciones partidistas o universitarias, también es notoria la presencia de un grupo de magistrados cuya característica es la de pertenecer a la logia masónica.

Desde el punto de vista político partidista, en la actualidad el Consejo rompió la paridad nombrando más magistrados de filiación liberal. Frente a la politización de la justicia y probablemente por los temas que debe tratar, el Consejo presenta un mayor nivel de influencia política que la Corte Suprema.

En los últimos tiempos el Consejo de Estado ha tenido que abandonar su caracterizado bajo perfil gracias a algunas demandas que generan gran interés público. Entre éstas deben destacarse los procesos de pérdida de la investidura de algunos congresistas en los cuales el Consejo ha actuado sin que le tiemble el pulso; asi casos en contra de la elección del fiscal general han centrado la atención de todo el país en sus determinaciones, pero también en este caso nadie pone en duda la seriedad jurídica de sus fallos.

En resumen, el Consejo de Estado, a pesar de ser una entidad poco usual frente a la organización judicial de otros países, presenta unos interesantes avances en su jurisprudencia y muestra algunos elementos modernos en la interpretación de las normas. No deja de preocupar el avance de la politización de esta entidad, pues a largo plazo esto puede causar serios perjuicios a la institución.



CORTE CONSTITUCIONAL



Esta es la más controvertida de todas las cortes. La creación de la Corte Constitucional generó uno de los más interesantes cambios en la historia del derecho colombiano, aunque aún no sea tan claro si fue para bien o para mal de nuestro sistema legal. Tan controvertida ha sido, que tan sólo tres años después de su creación algunos de sus defensores de antaño hoy quieren suprimirla.

La Corte Constitucional tiene su origen en la antigua sala constitucional de la Corte Suprema. Durante la Constituyente de 1991 y después de largos debates al respecto, se decidió suprimir esta sala y crear la nueva Corte a la cual se le encargaría la función de control constitucional.

Esta es la más trascendente de todas las funciones judiciales. En los sistemas democráticos modernos, la Constitución es la ley de leyes y sus preceptos deben ser respetados y acatados por todas las demás normas, empezando por las leyes y decretos legislativos. La Constitución contiene las principales reglas de juego del Estado y la Corte Constitucional tiene el encargo de hacerlas respetar .

Su función principal es la de proteger la integridad y supremacía de la Constitución para lo cual debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos, bien sea contra leyes, decretos con fuerza de ley o contra actos reformatorios de la Constitución; decidir la constitucionalidad de todos los proyectos de ley que el gobierne objete por inconstitucionales y la de los proyectos de leyes estatutarias; decidir sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban; decidir sobre la constitucionalidad de las convocatorias a referendo o a asambleas constituyentes; y revisar las acciones de tutela de los derechos constitucionales, lo cual realiza por sorteo.

Esta Corte está compuesta por 9 magistrados, los cuales son elegidos por el Senado de la República de ternas que presentan el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En este procedimiento se encuentra la primera crítica al sistema vigente pues se considera que la elección por parte del Senado puede llevar a una gran influencia política sobre las determinaciones de la Corte. Para fortuna de los colombianos y para desdicha de algunos parlamentarios esto no ha sucedido. A pesar del origen político de los magistrados, ellos han mostrado una clara independencia del Congreso. Esto no ha dejado de molestar a algunos parlamentarios que por haber ayudado en la elección de los magistrados consideran que tienen derecho a mandar sobre las decisiones de la Corte y por tanto, se ha convertido en uno de los motivos ocultos para proponer su abolición.

Parte del proceso de politización se creó desde el presidente Gaviria, quien al momento de designar los primeros magistrados decidió aplicar un criterio político en su selección y distribuyó los cargos con criterio de partido y no exclusivamente con un criterio de profundidad legal. Esto llegó a tal extremo que se decidió incluir a alguien del M-19, no por ser gran conocedor de estas materias sino simplemente por pertenecer al M-19.

Esta primera Corte, con gran sabor político, sólo tenía un período de un año al cabo del cual el Senado eligió los nuevos magistrados que actualmente ocupan los cargos. La Corte actual conserva un sabor político, pero gracias a la permanencia de algunos de los primeros magistrados que realmente son juristas y a la entrada de algunos nuevos, la Corte ha mejorado su nivel técnico e incluso ha corregido errores cometidos por la primera. Hoy en la Corte Constitucional es posible diferenciar claramente dos grupos de magistrados con orientaciones ideológicas diferentes. El grupo cuya tendencia es de centro-derecha ha defendido algunos criterios más tradicionales y algunos valores sociales y políticos con más ahínco, mientras que el grupo de tendencia de centro-izquierda ha pretendido desconocer las tradiciones jurídicas colombianas para imponer tesis que en ocasiones resultan extrañas a nuestro sistema legal. Las diferencias entre las dos tendencias se pueden ver en las dos sentencias que se han generado alrededor del Concordato con la Santa Sede. A diferencia de las otras dos cortes, en la Constitucional sí resulta de gran importancia la tendencia de las ideas políticas de los magistrados, pues sus determinaciones deben contemplar elementos políticos en el buen sentido de la palabra. No hay que olvidar que la interpretación de las normas constitucionales es, al final de cuentas, la interpretación de las normas políticas del Estado.

U na de las mayores críticas que se le han formulando a esta Corte consiste en que por intermedio de sus sentencias quiere " legislar" o crear nuevas normas, incluso imponiéndose o desconociendo leyes hoy vigentes. Además de lo anterior, se le critica el hecho de dictar sentencias en las que se incluyen instrucciones acerca de la forma como deben ser aplicadas. Son varios los casos en los que la Corte Constitucional no solamente ha determinado si existe una violación a la Constitución sino que además ha establecido qué se debe hacer. Un ejemplo claro de esto se puede ver en una reciente sentencia sobre los bancos de datos del sector financiero en donde la Corte definió toda una reglamentación y fijó plazos y condiciones para consignar información en las bases de datos y, además, dio instrucciones sobre su funcionamiento, sin que existiera una ley o un decreto que los mencionara.

Asimismo, en otras sentencias ha desconocido normas del derecho civil o del comercial so pretexto de defender derechos fundamentales. En uno de estos casos llegó a desconocer todo el valor de un contrato de transacción en el que las partes habían definido, mucho tiempo antes, una situación legal particular.

Sobre este punto la Corte ha dicho que su función no puede limitarse a decir si se violó o no un derecho sino que su deber es también determinar cuál es la manera de subsanar los efectos de la violación. Asimismo, cuando se viola un derecho constitucional y no existen normas para protegerlo, la Corte considera que su deber es reglamentar la situación. En otras palabras, para esta Corte si una norma existente viola un derecho constitucional la norma debe ser desconocida y si el legislador no obra la Corte actúa.

Esta manera de interpretar las funciones de control constitucional implica un gran cambio en Colombia y significa una posición totalmente diferente frente a las otras cortes, ya que estas últimas no pueden desconocer la existencia de ninguna norma so pretexto de aplicar una norma superior y en sus sentencias no pueden ir más allá de dirimir el conflicto que las partes han planteado .

Es todavía temprano analizar los resultados de esa posición puesto que el cambio apenas está en etapa de maduración. Para sus críticos, con esta actitud la Corte Constitucional sólo ha generado un grave problema de incertidumbre jurídica y ha convertido su jurisprudencia en una fuente formal de derecho, cuando la Constitución misma determina que la ley es la que debe prevalecer. Para sus defensores esto no es más que un efecto lógico de la creación de esta Corte y del cambio de Constitución; asimismo, consideran que este es un proceso de ajuste consecuencia de la expedición de una nueva Constitución que introdujo grandes cambios no contemplados en las demás leyes y códigos.

De otra parte, la forma de manejar los procesos de revisión de las tutelas, por medio de salas que conforman sólo tres magistrados, ha causado algunas contradicciones en las tesis de la misma Corte. Esto ha llevado a que ella misma tenga que reversar determinaciones tomadas por algunos de sus miembros, tal como sucedió en el caso de una tutela presentada por Pinsky. Debe abonársele a la Corte el valor que ha tenido para reconocer sus errores, pero también es necesario dejar claro que lo deseable sería que se presentaran menos contradicciones en sus determinaciones y evitar así señales de inestabilidad jurídica.

La actual Corte Constitucional es en definitiva una corte con tendencias jurídicas novedosas pero no necesariamente, en todos los casos, más modernas. Tiene dos grupos de magistrados con diferencias ideológicas claras; en su mayoría sus miembros son relativamente jóvenes para el oficio y, con pocas excepciones, se les considera altamente preparados. Su intención general es bastante buena y nadie puede desconocer que ha producido muy importantes sentencias que han logrado fortalecer los derechos que la Constitución ha querido desarrollar. Gracias a algunos de sus fallos ya son varios los casos en los que los derechos contemplados por la nueva Constitución han pasado del papel a la realidad.

Si la Corte dejara de lado ese marcado interés por demostrar su importancia a través de los medios de comunicación, si sus fallos fueran conocidos por las vías tradicionales y no por la prensa, con seguridad su imagen estaría aun más fortalecida.

La Corte Constitucional está en proceso de maduración y es justo darle un período de gracia antes que pensar en su desaparición. En la idea de acabarla se ven más elementos de índole político-burocrá-ticos que jurídicos y resulta notorio el ánimo revanchista de algunos congresistas, a raíz de sentencias que han declarado inconstitucionales algunas leyes cuyos ponentes han sido quienes hoy impulsan las iniciativas para acabarla (como en el caso del senador Roberto Gerlein). Un cambio de instituciones cuando ellas aún están en proceso de consolidación resulta, por decir lo menos, improcedente e inconveniente.



SE HACE CAMINO AL ANDAR



Los cambios en la Constitución, la creación de las nuevas instituciones y el ensamblaje que debe producirse frente a las leyes e instituciones que venían desde antes, han llevado a un difícil período

de ajuste institucional en el cual se genera una sensación de incertidumbre e inseguridad legal. Dentro de este proceso es prematuro hacer juicios de valor definitivos sobre las funciones y el desempeño de nuestras más altas cortes.

El tránsito institucional podría ser más llevadero si por ejemplo la Corte Suprema de justicia dejara de lado el exceso de formalismo y si el Consejo de Estado abandonara su tendencia a convertirse en un círculo cerrado de egresados de una universidad. A lo anterior debería sumársele una nueva reglamentación a la acción de tutela en la cual se le quite a la Corte Suprema y al Consejo de Estado la función de actuar como un tribunal más, pero que a la vez le dé a las tres cortes la función de realizar la revisión de las tutelas de acuerdo con los temas de su especialidad y actuando como hoy lo hace en ese tema la Corte Constitucional.

Como se afirmó atrás, Colombia es un país privilegiado en cuanto a mecanismos de protección de los derechos individuales y se puede afirmar sin temor a equivocarse que, a pesar de algunos problemas, cuenta con unas cortes serias y profundas en el ` estudio de los temas 'jurídicos que a cada una le corresponden. Lamentablemente ,las enormes demoras y la congestión en el aparato judicial hacen que las determinaciones que ellas tomen en muchos casos no lleguen a tiempo. Este no es un problema que dependa de las altas cortes pero sin duda es el problema más grave de la justicia colombiana. La justicia tardía es muchas veces equivalente a la peor injusticia.
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EDICIÓN 531

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