| 2/18/1998 12:00:00 AM

La voz de la Corte

La influencia de la Corte Constitucional sobre la vida económica de los colombianos ha sido notable. Este es un recuento de las sentencias más sobresalientes.

La Corte Constitucional es una de esas raras instituciones que han ganado credibilidad en los últimos años dentro del país. Sus fallos han acercado al ciudadano común a los extensos textos de la Constitución del 91, les han dado contenido concreto a los derechos fundamentales y han defendido los principios constitucionales frente a los embates del Gobierno y del Congreso.



Para construir un balance de la gestión de esta corporación en los últimos años, hemos seleccionado la sentencia de mayor trascendencia según cada uno de los magistrados. El resultado es un balance de la corporación y de su impacto en la vida cotidiana de los colombianos. Desde el enriquecimiento ilícito hasta la participación popular en las decisiones de las regiones, pasando por el derecho al trabajo de las mujeres embarazadas, la Corte ha intervenido para aclarar los derechos de los ciudadanos en campos fundamentales. Un vistazo al conjunto permite apreciar la importancia de esta gestión.



Límites al poder del empleador

Sentencia SU-342 de 1995




La Corte señaló límites precisos a la libertad patronal para celebrar pactos colectivos que coexistan con convenciones colectivas. El argumento de fondo es que cuando el pacto colectivo contiene cláusulas que crean condiciones de trabajo más favorables para los trabajadores no sindicalizados, sin que haya circunstancias objetivas que justifiquen un tratamiento diferente, se vulneran los derechos a la asociación sindical y a la negociación colectiva.



Al crear diferencias en las condiciones laborales, el empleador puede estimular la deserción de los miembros del sindicato y menoscabar su capacidad de representación y su poder de negociación. Además, se opone al principio de "a trabajo igual, salario igual".



Como explica la sentencia, "se viola el derecho a la asociación sindical, porque las aludidas diferencias en las condiciones de trabajo estimulan la deserción de los miembros, con el resultado de que un sindicato que antes era mayoritario se puede tornar en minoritario, con las consecuencias jurídicas que ello implica, e incluso puede llegar a desaparecer".



Así, la libertad de los patronos para regular mediante pactos colectivos las relaciones de trabajo, cuando éstos vayan a coexistir con convenciones colectivas, se encuentra limitada por el conjunto de derechos, valores y principios que reconoce la Constitución.



Protección laboral a la mujer

Sentencia: C-470 de 1997



Esta sentencia vincula el articulado de la Constitución con los pactos internacionales firmados por Colombia sobre derechos humanos y derechos económicos y sociales. Se concluyó que, debido al principio de igualdad y a la protección constitucional a la maternidad, carece de efectos el despido de una trabajadora durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto.

Para llegar a esta conclusión, la Corte Constitucional realizó varias precisiones:



a. La situación de la mujer embarazada y otros trabajadores no es la misma. Por consiguiente, pueden ser reguladas en distinta forma.



b. El Estado tiene la obligación constitucional de buscar igualdad real y efectiva entre los sexos y la protección de la maternidad, la vida, la familia y el cuidado de los niños. La igualdad efectiva entre los sexos sólo es posible si la mujer puede elegir libremente la posibilidad de ser madre.



c. La mujer embarazada y su hijo gozan de la especial protección del Estado y de la sociedad. El ordenamiento jurídico debe brindar una garantía especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre o que acaba de serlo.



d. No es suficiente que los Estados protejan los ingresos laborales de estas mujeres, sino que es necesario que, además, se les asegure la posibilidad de trabajar.



e. La mujer embarazada goza de una estabilidad reforzada. El ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva al derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, en ningún caso, por razón de la maternidad.



Enriquecimiento ilícito

Sentencia: C-572 de 1997




Esta sentencia que estableció el enriquecimiento ilícito como delito autónomo le dio verdadero alcance y sentido al artículo 34 de la Constitución, que consagra este delito. El bien jurídico protegido por esa norma es, ante todo, la moral social, que la Constitución busca preservar y defender.



La Corte sentó con claridad el principio de que la propiedad y los derechos adquiridos por fuera de las leyes civiles, es decir, por medio de actividades ilícitas, jamás pueden estar amparados por la tutela del Estado. Y que la actividad económica que se beneficie de estas conductas no puede tener protección legal, ya que únicamente la tienen las empresas o actividades económicas que actúan dentro del marco de la Ley. No se puede olvidar que la propiedad, como dice la Constitución, tiene una función social.



Junto con la sentencia que luego declaró exequible la retroactividad de la ley de Extinción de Dominio, esta decisión le da al Estado colombiano instrumentos claros en la lucha contra la corrupción en todas sus formas, pero en especial contra la que se deriva del narcotráfico. No podrán quedar impunes los delitos cometidos en perjuicio del tesoro público o que causan grave deterioro de la moral social. Y tendrán que ser expropiados todos los bienes así obtenidos, cualquiera sea su naturaleza y cuantía. Ahora les corresponde al Gobierno, al Congreso y a la Fiscalía hacer efectivos esos instrumentos.



Homicidio piadoso

Sentencia: C-239 de 1997




Los salvamentos de voto de los magistrados Hernando Herrera Vergara y José Gregorio Hernández, y las aclaraciones de voto de Jorge Arango Mejía y del propio ponente, Carlos Gaviria, hablan de lo delicado y difícil que resultó el tema del homicidio piadoso consagrado en el artículo 326 del Código Penal.



La Corte argumentó que el derecho fundamental a vivir en forma digna implicaba también el derecho a morir dignamente, para no condenar a una persona que padece profundas aflicciones a prolongar por un escaso tiempo su existencia.



La conclusión de la Corte es que el Estado no puede oponerse a la decisión de un individuo que solicita ayuda para morir, por padecer una enfermedad terminal. Por tanto, quien ayuda a un paciente a morir en estas circunstancias actúa en forma solidaria y su conducta resulta ajustada a la Ley.



Es necesario resaltar que el consentimiento del paciente debe ser libre y debe ser manifestado en forma inequívoca. La persona debe tener la capacidad de comprender la situación en que se encuentra, a partir de información seria y confiable acerca de su enfermedad y las opciones de tratamiento y su pronóstico.



Libertad de cultos

Sentencia C-088 de 1994




El epicentro y fin de las acciones del Estado es el individuo, que se concibe como un ser autónomo que requiere del ejercicio de su libertad para desarrollarse dignamente. El reconocimiento de la libertad religiosa y de cultos y la existencia de una regulación legal que permita su ejercicio, individual y colectivo, constituye un cimiento principal de un Estado que es responsable de impulsar la realización paralela de otros principios y valores.



Esta sentencia tiene una innegable trascendencia histórica. En un país como Colombia, caracterizado por una larga tradición católica que ha permeado la cultura y el sistema jurídico, el reconocimiento explícito de la libertad religiosa y de la libertad de cultos, y la expedición de un ordenamiento legal que las garanticen, indican que la sociedad comienza a apropiar nuevos conceptos de individuo y de Estado. La aspiración de paz y democracia que nutre la Constitución del 91 encuentra una forma concreta en esta decisión de la Corte. Es un avance hacia una sociedad más pluralista, igualitaria y moderna.



Participación popular

Sentencia C-180/94




La Corte Constitucional dio vía libre a los mecanismos de participación popular que permitirán a los ciudadanos decidir en forma directa sobre aquellos asuntos de mayor interés para ellos, así como participar activamente en la toma de las decisiones políticas.



La providencia estableció que el principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino también un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia y la protección de los derechos y libertades, así como en la responsabilidad que asumen los ciudadanos en la definición de su destino colectivo.



A partir de esa sentencia, los ciudadanos han podido poner en práctica mecanismos que hacen efectivos sus derechos en la conformación y control del poder político, en especial por medio del voto; la revocatoria del mandato a gobernadores y alcaldes que incumplen sus programas de gobierno; la iniciativa en las corporaciones públicas para presentar proyectos de acto legislativo, de ley, de ordenanzas, de acuerdos y de resoluciones; los cabildos abiertos en el ámbito municipal y distrital; el plebiscito, el referendo y las consultas populares.



Todos estos instrumentos fueron depurados con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuesta en esta sentencia.



Duración del embarazo

Sentencia D-1722 de 1998




Según nuestro Código Civil, la concepción precede al nacimiento al menos 180 días y no más de 300, con lo cual se recoge la realidad que se verifica en "la inmensa mayoría de los casos".



Esta presunción no admitía prueba en contra. En otras palabras, el Código Civil desconocía los avances científicos que pueden, con total certeza, determinar por fuera de estos períodos una relación de parentesco entre padre e hijo y afectaba así los derechos de las personas que nacieran de embarazos que tomaran un número de días distinto al previsto.



Con esta sentencia, que declaró inexequible la expresión "de derecho" contenida en el inciso segundo del artículo 92 del Código Civil, la Corte decidió que ésta no puede ser una presunción de derecho, que son aquellas que no admiten prueba en contra. Debe ser tratada como una presunción simplemente legal, lo que implica la posibilidad de demostrar una hipótesis diferente a la contenida en la norma, con base en pruebas científicas.



Se debe resaltar que la sentencia establece un precedente de gran importancia, pues consagra un principio de renovación, mediante el cual el control constitucional permite ajustar la normatividad a la realidad científica.



Inexequibilidad de la emergencia económica

Sentencia C-122 de 1997




Con esta sentencia, que declaró inexequible el Decreto 080 de 1997 de emergencia económica, la Corte establece que la jurisprudencia es un seguro contra los excesos del gobierno. La administración Samper, alegando "desorden" dentro de la economía, acudió a la potestad de expedir una legislación excepcional, arrogándose competencias que están asignadas en condiciones normales a otras instancias, como el Congreso en relación con el régimen impositivo.



Para el ciudadano corriente éste es hay un mensaje de seguridad jurídica, en el sentido de que no será sorprendido en sus actividades por un cambio abrupto en las reglas de juego, por parte de un gobierno que renuncia a utilizar las competencias ordinarias frente a hechos que puedan calificarse como extraordinarios.



La Corte además fue tajante en advertir que "la ampliación de competencia del gobierno no puede ser la consecuencia inmediata y automática de la malversación o preterintención de las competencias ordinarias". Así, le expresa a los gobiernos que deben actuar de manera responsable, pues para arrogarse poderes extraordinarios no podrán basarse en conductas que ellos mismos han precipitado y hubieran podido evitar.



Límites a la creación de impuestos

Sentencia D-149 de 1993




Esta sentencia aclaró los límites a la facultad del Congreso para crear impuestos y a la pretensión del gobierno de aplicar leyes hacia el pasado.



La Corte Constitucional, por unanimidad, declaró inexequibles los artículos 16, 17 y 18 de la ley 6 de 1992, que autorizaban al gobierno para emitir títulos de deuda pública interna destinados a financiar gastos generales y de inversión de la Nación, en especial en materia de seguridad nacional.



Los bonos se conocieron como "bonos de guerra" y se caracterizaron por su cobro inmediato, mediante una inversión forzosa, durante el año gravable de 1992, con base en los ingresos y el patrimonio bruto declarado obtenido en 1991.



La Corte Constitucional encontró que en realidad se había consagrado un impuesto disfrazado de inversión y que además se aplicaba con retroactividad. Cuando la ley comenzó a regir e incluso antes, cuando se surtió su trámite ante las Cámaras, ya se habían consolidado los hechos respecto de los cuales se creó la contribución.



Ante la clara violación de los artículos 338 y 363 de la Constitución, que prohíben al Congreso establecer impuestos retroactivos y al gobierno aplicar leyes tributarias con efectos en el pasado, la Corte declaró la inexequibilidad de las normas.



Pero fue más allá. En una decisión sin precedentes en el ejercicio del control de constitucionalidad en Colombia, ordenó al Ministerio de Hacienda reintegrar, en un término de seis meses, la totalidad de las sumas que había recaudado por concepto de "bonos de guerra" y cesar todo procedimiento en contra de los contribuyentes que no habían cancelado oportunamente el valor de los bonos.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?