| 5/1/1995 12:00:00 AM

La papa caliente

El mismo gobierno viola las normas de libre competencia, promoviendo y firmando acuerdos que fijan precios como los convenios de absorción agrícolas.

Uno de los más importantes avancesen modernización lo dio la nueva Constitución al plasmar como un derecho de todos los colombianos la libre competencia en las diferentes actividades económicas. En desarrollo de este principio, durante el pasado proceso de modernización de la administración pública se expidió el Decreto 2153 de 1992, en el cual se consagran las normas de promoción a la competencia, y se determina que el Ministerio de Desarrollo, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encargue de velar por su cumplimiento.

Las normas relacionadas con la libre competencia son el instrumento más adecuado para evitar que las empresas realicen "pactos" para subir los precios o para manejar la producción con el fin de evitar precios más bajos, en perjuicio de los consumidores. Todo lo que buscan estas normas es evitar que las empresas vayan en contra de las fuerzas libres del mercado, tal como lo ordena la Constitución.

En el común de los países, los pactos para subir precios y evitar la libre competencia son realizados y fomentados por los mismos empresarios. En esto Colombia también es la excepción. Aquí son los ministros los que se dedican a fomentar acuerdos de precios. Como si esto fuera poco, uno de los principales promotores de estos acuerdos resulta ser el ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín Bernal, quien tiene asignada la función de controlar que las normas sobre la libre competencia no sean violadas. Pero al parecer, Marín tiene una confusión respecto a sus funciones.

os ejemplos claros y recientes de la violación de normas sobre competencia pueden verse en la telefonía celular en Bogotá y en el sector de los aceites y grasas comestibles.

En el primero de ellos, el ministro de Comunicaciones, en una intervención pública, le sugirió a Comcel y Celumóvil, las dos operadoras de telefonía celular en la zona oriental, que llegaran a un acuerdo de precios para evitar futuros problemas financieros. Las empresas le hicieron caso a la sugerencia del ministro y celebraron un acuerdo para fijar sus tarifas y no rebajar más sus precios.

En este curioso episodio, los únicos perdedores fueron los clientes de las empresas. No importa que la ley diga que están prohibidos los acuerdos que "tienen como objeto o tienen como efecto la fijación directa o indirecta de precios".

Sobre este asunto, el senador Eduardo Pizano, en defensa de los consumidores, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la investigación correspondiente. Una de las pruebas más interesantes será la evolución de las tarifas, que en un momento dado se igualaron. Ambas empresas deben tener una estructura de costos bien diferente, lo que hace poco probable que sus precios resulten iguales, salvo que medie un acuerdo de precios entre ellas.

Tal vez al ministro Benedetti se le olvidó que el Decreto 2153/92 tipifica como un acto contrario a la libre competencia "influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios".

Como es de imaginarse, la Superintendencia de Industria y Comercio nada ha dicho y lo único cierto es que las tarifas de la telefonía celular que venían bajando, dejaron de hacerlo y los consumidores, que venían disfrutando de las ventajas de la libre competencia, también dejaron de hacerlo.

A un más patético resulta el caso del denominado "Convenio marco para la absorción y el suministro de la producción nacional de palma africana". Este convenio fue celebrado entre los principales cultivadores de palma africana representados por Fedepalma, los fabricantes de grasas y aceites comestibles y los productores de jabones y detergentes, representados por Analja.

Este convenio fue promovido y suscrito por los ministros de Desarrollo, Agricultura, Comercio Exterior y Hacienda, quienes lo firman en calidad de garantes. No deja de ser curioso que cuatro ministros de las carteras económicas sean los garantes de un pacto que viola abiertamente las normas sobre competencia, más aún siendo uno de ellos el encargado de protegerlas.

Veamos algunas de las perlas avaladas por los ministros en el acuerdo.

En el artículo primero del pacto de precios se determina el objeto así: "El objeto del presente convenio marco es... garantizar un precio mínimo de compra del aceite crudo de palma de producción nacional..." Ya desde el primer artículo resulta evidente la violación a las normas de competencia, pues claramente se trata de un acuerdo que fija un precio entre los productores. Llegar a este objetivo sólo es posible si todos lo productores están de acuerdo en ofrecer el aceite crudo de palma a un solo precio, y todos los compradores están de acuerdo en comprar a ese precio, evitando en ambos casos la libre competencia.

Pero a los firmantes del pacto y a los ministros avalistas no les bastó con plasmar un acuerdo de precios. También se les olvidó que las normas prohíben "todo pacto que tenga por objeto o tenga como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro", y los que "tengan como objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no hacen parte del negocio".

Este lamentable olvido los llevó a plasmar en el convenio la creación de un comité en donde participan los productores y el gobierno, cuya función principal es la de definir parámetros como "el precio interno al productor, las cantidades a absorber y a suministrar, las cantidades a exportar e importar (de aceite crudo de palma)". ¿No es esto una clara violación a las normas?

Ahora resulta que el ministro Marín, encargado de proteger el libre

mercado, firma un acuerdo en el que las fuerzas del mercado son reemplazadas por un comité de burócratas que se encarga de definir los precios y de repartir las cantidades de aceite de palma.

Como si lo anterior fuera poco, de acuerdo con las cláusulas del convenio, los ministros se obligan establecer un visto bueno "automático" para las importaciones de la industria, pero sólo será "automático" para quienes suscriban el acuerdo. Esto implica que quienes quieran realizar importaciones de aceite crudo, sus materias primas y sustitutos, pero no hayan suscrito el pacto, tienen que someterse a demoras en el trámite, porque no firmaron un acuerdo abiertamente ilegal.

Bien vale la pena preguntarle a los ministros garantes, en especial

a Marín, quien es el ministro de toda la industria, si dentro de sus funciones está la de discriminar a parte de los productores.

Pero lo más curioso y triste de la firma de este engendro es que los ministros que lo avalaron sabían que estos acuerdos eran violatorios de las normas citadas. Fuentes consultadas por DINERO manifestaron que antes de la firma del acuerdo, el ministro de Desarrollo y la Secretaría jurídica de la Presidencia conocían la imposibilidad legal de celebrar los convenios y, sin embargo, lo impulsaron, lo firmaron y forzaron a los empresarios a hacerlo.

Sobre el acuerdo de absorción de cosechas del sector de aceites y grasas comestibles también recae una demanda, la cual se está tramitando ante la Super industria, sin que hasta el momento se haya producido pronunciamiento alguno. Se sabe que ese proceso es considerado internamente como una "papa caliente", pues de un lado es evidente su ilegalidad, pero del otro el ministro de Desarrollo, jefe directo del superintendente, aparece como uno de los firmantes del acuerdo.

¿Podrá el ministro Marín, en su doble condición de firmante del pacto y de encargado de vigilar las normas que él mismo violó, expedir algún fallo basado en aspectos jurídicos? A lo mejor Marín, en uso de su mejor estilo, puede proponerle al Consejo de Ministros la expedición de un comunicado en el que se declare que el principio de la libre competencia, consagrado en la Constitución, está en contra del gobierno y debe ser censurado.

Mientras resuelve estos problemas, la Superintendencia de Industria y Comercio puede sentar jurisprudencia para definir si el Pacto Social es en realidad un gran acuerdo nacional de fijación de precios y salarios, que viola también las normas sobre libre competencia..
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