| 5/1/1995 12:00:00 AM

La fiesta del gasto

Las inmensas necesidades de recursos para el sector público, sumadas al pacto social, disparan las tasas de interés y acentúan la reevaluación.

La mayoría ya lo reconoce la mayoría de los observadores, en la actualidad el panorama macroeconómico, como ocurre con el ambiente político, se está ensombreciendo. El dilema que enfrenta la administración Samper para propiciar, al mismo tiempo, alto crecimiento económico y baja tasa de inflación, pasa por un momento crítico.

Las tasas de interés permanecen altas y la cartera del sistema financiero continúa creciendo por encima de las metas establecidas. Entre tanto, el índice de inflación avanza en su tendencia alcista, a pesar de los llamados cada vez más desesperados del gobierno para garantizar el cumplimiento del pacto de productividad, precios y salarios.

El panorama hacia el futuro no puede ser más complejo si consideramos, además, que actualmente los concejos municipales y el Congreso Nacional, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, se encuentran discutiendo sobre cuáles serán las posibles fuentes de financiamiento de los planes de desarrollo.

Un análisis de consistencia financiera hecho para las tres principales ciudades, Bogotá, Cali y Medellín, indica que las necesidades de recursos de crédito para financiar sus respectivos planes son cuantiosos. En Bogotá, por ejemplo, de acuerdo con los estimativos iniciales de la Secretaría de Hacienda distrital, el gobierno central debe aportar $1.1 billones de recursos de crédito para contribuir en la financiación del Plan Formar Ciudad". Por su parte, el gobierno central de la ciudad de Medellín requiere de $787.000 millones, mientras que en Cali el monto asciende a $500.000 millones según nuestras estimaciones.

No olvidemos que ahora, más que nunca, el voto programático obliga a los mandatarios locales a cumplir con sus programas de gobierno, especialmente en aquellas ciudades en crisis como Bogotá.

De otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo, "El Salto Social", estaría fundamentado en un gigantesco programa de endeudamiento interno y externo, de no resultar ciertas, como es previsible, las cuentas alegres de la reforma tributaria en marcha. De hecho, el déficit de financiamiento del gobierno nacional para los próximos tres años representaría una cifra cercana al 5% del PIB.

Si además se incluyen las necesidades de recursos de los restantes 1.047 municipios, 32 departamentos y más de 3.000 entidades descentralizadas, las necesidades de financiamiento serían astronómicas y muy seguramente el sistema financiero nacional no estaría en condiciones de atender la magnitud de tales cifras.

La mayor concurrencia al financiamiento vía crédito por parte de las entidades territoriales y la nación, sin duda, provocará una

gran competencia por estos recursos. En este contexto, de continuar altas las tasas de interés, que en la actualidad se encuentran en niveles cercanos al 50% efectivo anual, será previsible una nueva presión reevaluacionista, como resultado de la mayor rentabilidad interna, que continuará estimulando la entrada de capitales.

No se ha considerado, sin embargo, las consecuencias que tendría un elevado endeudamiento externo de la nación y de las principales ciudades del país, frente a la estrechez que presenta el mercado de capitales en el país. Es claro que, en estas circunstancias, surgiría otra fuente de revaluación que atentaría contra el optimismo de las metas oficiales en el frente cambiario.

El panorama se hace más preocupante cuando se analizan los efectos colaterales del pacto social. Por este solo concepto las empresas de servicios públicos municipales se verán obligadas a demandar mayores recursos del crédito externo, ante el escaso margen de maniobra para aumentar las tarifas y las dificultades que afrontar en el corto plazo para solucionar sus problemas de ineficiencia.

La experiencia reciente de algunos países en América Latina, pero especialmente de Brasil, permite comprender que el endeudamiento excesivo de los entes locales fue uno de los elementos que condujo a la crisis financiera de la banca estatal y a la situación hiperinflacionaria que se presentó a mediados de los años ochenta.

No resulta extraño, en este contexto, que desde el gobierno central haga carrera la iniciativa de recurrir de nuevo al incremento de los impuestos como alternativa básica para financiar los ambiciosos planes de gobierno, tanto del orden nacional como local.

Es necesario insistir, sin embargo, que el incremento del ahorro público, tan necesario por estos días, no se consigue exclusivamente por la vía de los mayores tributos. La eficiencia en el recaudo y la ampliación de la base tributaria son, sin duda, expedientes que se están explorando en todos los órdenes. Pero el único ejemplo que no da el gobierno y que por eso mismo tampoco es imitado por los municipios, es el de la austeridad y la eficiencia en el gasto.

Un estudio reciente de Eduardo Sarmiento resulta bien ilustrativó al respecto. El gasto público en Bogotá creció en promedio a una tasa del 15% real promedio entre 1990 y 1994, en claro contraste con las coberturas en materia de servicios públicos, educación y salud, que apenas se incrementaron por encima de la población.

Por eso sería bien interesante conocer, al lado del proyecto de reforma tributaria, cuáles serán los ` compromisos del gobierno central con la eficiencia y la austeridad en el gasto, para ver si alguna vez el buen ejemplo empieza a cundir, antes que la descentralización entre por el camino del fracaso.
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