La educación está sitiada

"Por qué Colombia logró la meta de inflación en 1997? Gracias a que la educación frenó con mayor intensidad el crecimiento de sus precios".

Con este mensaje, abriendo una página de publicidad pagada el domingo 18 de enero en los principales periódicos del país, presentó el Ministerio de Educación Nacional, MEN, los resultados de su campaña de apretón a los colegios privados durante el año pasado.

Jaime Niño Díez, ministro de educación, puso freno a la evaluación de los maestros por productividad



Ese 'triunfo' del gobierno contrasta con la percepción de los profesores y expertos en el tema: algo grave está pasando en los colegios. Los síntomas están por todas partes. La disciplina se ha relajado. Los rectores están obsesionados con las tutelas y vacilan antes de tomar decisiones. En los colegios privados el tiempo se gasta entendiendo los vericuetos de la ley para encontrar salidas a los problemas financieros.



¿Qué ocurre? Se están poniendo en evidencia las consecuencias de las desafortunadas decisiones a las que ha sido sometida la educación en primaria y bachillerato durante este gobierno.



Son muchos los causantes del problema. El Ministerio de Educación se empeñó en disparar los costos de los colegios privados y, al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda los 'apretó' al máximo para 'meterlos' en las metas de control inflacionario.



Los profesores siguieron concentrados en la defensa de su fuero laboral y en mejorar sus ingresos. Las decisiones de los jueces y la Corte Constitucional sobre el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad han creado una fuerte incertidumbre sobre las reglas del juego para la imposición de disciplina.



Atrapados en medio de la polémica están los alumnos. Como dice Carmen Helena Vergara, experta en educación, "la imagen que se les está dando es que a los estudiantes de los colegios privados los educan unos ladrones y a los del sector público los educan unos ineptos y tramposos".



No calidad

Aunque la razón de ser de la Ley General de Educación de 1994 es el incremento de la calidad en la educación, paradójicamente ha sido la principal víctima de las decisiones recientes del ministro.



Parecería obvio que, para entregar educación de calidad, los colegios necesitarían estimular el avance de docentes y alumnos con base en méritos. Pero esto es cada día más difícil.



Por un lado, la información que permite comparar calidad entre los proveedores de educación es cada vez más difícil de conseguir. El Ministerio decidió no divulgar los resultados de los exámenes del Icfes por planteles y 'guardó en el cajón' las evaluaciones nacionales para medir la calidad de los maestros oficiales, que debían aplicarse en septiembre de 1996.



El entonces viceministro Jaime Niño alegó fallas técnicas en los cuestionarios que preparó la Oficina de Admisiones de la Universidad Nacional para detener la prueba, para la cual se habían inscrito voluntariamente cerca de 40.000 profesores.



Cinco meses después, ya como ministro, convirtió en primas de vacaciones varios cientos de millones de pesos que el Plan de Desarrollo pretendía entregar mediante bonificaciones de productividad a los 3.000 maestros que hubieran logrado el mejor puntaje en los exámenes.



En los últimos meses, Jaime Niño también ha dedicado una buena parte de su tiempo a realizar acuerdos con gobernadores para construir unos centros vacacionales para el magisterio, que serán financiados con esos dineros.



La promoción automática tampoco ayuda. El debate sobre este tema tiene argumentos válidos de lado y lado. Para los maestros las cosas no son muy claras. "Los muchachos llegan a noveno y muchas veces no saben nada de matemáticas. Como en ese grado no hay promoción, se les debe ayudar para que recuperen los logros que no han conseguido en los cursos anteriores.



Pero ¿cómo se puede realizar ese proceso si no se cuenta con la infraestructura, el tiempo y la planta de profesores suficiente para hacerlo?", se pregunta María T. Pérez, profesora de una escuela distrital en Ciudad Bolívar.



Los efectos negativos de la promoción sólo se podrán ver en el largo plazo. Los alumnos mal preparados no podrán competir cuando ingresen al mercado laboral formal o se enfrenten a la universidad.



Para completar, algunos fallos de tutela han sido mal interpretados por los alumnos, los padres de familia y hasta los mismos colegios, lo que ha generado problemas de indisciplina y proliferación de embarazos precoces, al amparo del "derecho a la educación" y al "libre desarrollo de la personalidad".



La Corte Constitucional ha establecido que los estudiantes pueden ser desvinculados de los establecimientos educativos por fallas disciplinarias y rendimiento académico deficiente, siempre y cuando esas condiciones estén contempladas en el reglamento interno del colegio y se siga el debido proceso. Donde esto no ocurre, los alumnos han encontrado un mecanismo para eludir la disciplina sin correr riesgo de ser expulsados.



El lío financiero

Cualquiera podría pensar que con el ritmo de gasto reportado por el gobierno la situación de los colegios públicos y privados es boyante.



Pero el gobierno, con el ministro Jaime Niño a la cabeza, ha logrado que los colegios privados sean la excepción. Les ha impuesto controles sobre los precios que pueden cobrar por sus servicios, pero al mismo tiempo los ha obligado a pagar incrementos de costos muy por encima de la inflación.



La sentencia 252 de 1995 de la Corte Constitucional ordenó pagar a los profesores del sector privado el 100% de lo que ganan los maestros colombianos. De acuerdo con Carmen Helena Vergara, quien ocupó la Secretaría Técnica del MEN hasta 1996, en ese año el fallo sobre equidad en los salarios representó un incremento de 45% en los costos de los colegios.



Además, según la Asociación Colombiana de Educación Privada (Asocoldep), los gravámenes, los reajustes salariales y los aportes a la seguridad social elevaron sus costos en 30% en los años 94 y 95, mientras que sólo se les autorizaron reajustes de 19% y 18%, respectivamente.



La percepción general es que los colegios privados cobran tarifas muy por encima de sus costos. Pero un estudio realizado por el MEN, en el cual se estimaba que en 1996 el costo promedio de educar un alumno era $300.799, encontró que el 90% de los colegios cobraba menos que esa tarifa anual. Con base en los datos entregados por 3.163 colegios privados de diferentes regiones del país, se encontró que el costo real por alumno superaba los $400.000.



En ese año, en promedio, las alzas en matrículas y pensiones de la educación superaron el 50%, porque el MEN aceptó ceñirse a las pautas de la Ley General de Educación. Pero ante el impacto de este aumento sobre el nivel general de precios, en 1997 el gobierno decidió poner nuevos topes a los colegios y hasta consideró la posibilidad de congelar las tarifas. Se diseñó un tope de incremento equivalente que podía ser, como máximo, superior en 3 puntos a la inflación proyectada, es decir, 22% en total. Una fórmula similar se aplica en 1998.



Los colegios privados no participaron en esa negociación, pero tienen que aceptar sus resultados.



Pero los acuerdos salariales que pactó el gobierno con Fecode establecen aumentos superiores a esos porcentajes en las remuneraciones de los maestros. Tanto en 1997 como en 1998 el aumento es de 24%.

El gasto del actual gobierno no tiene precedentes. Pero es tambien el que ha creado más restricciones a su desarrollo.



El ministro de Educación reconoce que su despacho no cuenta con información suficiente sobre las finanzas de los colegios y lo máximo que ha logrado proponer este año es un estudio "muy bien hecho" para encontrar los mejores mecanismos de reajuste en matrículas y pensiones.



El problema es que los resultados de ese análisis le serán 'heredados' al próximo gobierno, que será el encargado de solucionarles los líos financieros a los colegios para evitar que se deteriore la oferta para las clases medias y bajas.



Fin del bono

Lo cierto es que hasta los colegios más tradicionales y organizados, como el Gimnasio Moderno, registran déficits financieros porque los ingresos por concepto de matrícula y pensión no alcanzan a cubrir todos los costos. Esos faltantes eran compensados por algunos planteles con los bonos, que cubrían en promedio el 18% del descuadre.



Aunque la Ley General determinó que esos cobros debían desaparecer definitivamente en 1999, para dar tiempo a que los colegios organizaran mejor sus finanzas, un fallo reciente de la Corte Constitucional ordenó su inmediato desmonte. Esto ha traído serios problemas para algunas instituciones. El ministro de Educación advierte que los culpables de los faltantes han sido los mismos colegios, porque estaban muy desordenados y querían realizar planes de expansión demasiado rápidos.



Aunque parece que el problema se concentra en los colegios privados, los establecimientos públicos no están a salvo. Ellos son la contrapartida de la situación.



Los incrementos de salarios que negoció el gobierno con Fecode fueron entregados sin atención al desempeño de los maestros. El gobierno negocia los salarios sin saber a ciencia cierta cuántos hay y en dónde enseñan. Francisco Pérez, miembro de la Misión Social, anota que a pesar de esa deficiencia es precisamente el número de maestros el criterio que se sigue a la hora de asignar los más de $2,5 billones que mueve el sector educativo público, excluyendo la educación superior. El 70% de ese dinero se destina al pago de los maestros que atienden a 5,7 millones de niños en todo el país.



Si las cosas siguen como van, tarde o temprano los problemas de los colegios privados recaerán sobre los públicos. En opinión del investigador Carlos Eduardo Vélez, es muy probable que la estrechez financiera de los colegios privados cause una restricción de su oferta, sobre todo en los sectores de menores ingresos que han sido los más perjudicados por los controles de precios y los que realizaron mayores aumentos en 1996. Los niños que dejen de ser atendidos por estos planteles, pasarán a buscar cupos en el sector público donde, sobra decirlo, no hay cómo recibirlos.



Por eso resulta paradójico que el gobierno que más recursos financieros ha destinado a la educación sea, por las omisiones y actuaciones del Ministerio de Educación, el causante de las mayores restricciones a la expansión y la calidad de la educación en muchos años.



Esa es quizás la mejor lección para que el próximo gobierno aprenda cómo no hacer las cosas.