| 5/1/1997 12:00:00 AM

La amenaza europea

Colombia está en la lista de países parias. Las sanciones económicas pueden llegar.

Hace un año en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Colombia quedó expuesta a los ojos del mundo por la sistemática y creciente violación de los derechos humanos en su territorio. La voz de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, nacionales y extranjeras que desde hace cinco años llaman la atención sobre las 30.000 muertes violentas anuales que se registran en el país, logró que el tema entrara a la agenda de los gobiernos y el resultado fue la aprobación del establecimiento en Bogotá de la primera Oficina de Relatoría Permanente de Derechos Humanos en el mundo.



Después de una prolongada discusión en la que se calificó la situación colombiana como de extrema gravedad y se recordó que "la paz y la seguridad de los países son responsabilidad del conjunto de la comunidad internacional", los 53 países que conforman la Comisión de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, aprobaron por unanimidad la decisión. Vale anotar que el ex ministro de Defensa Guillermo Alberto González, entonces embajador acreditado en Ginebra, votó en nombre de Colombia, a favor de la polémica iniciativa.



Y, en efecto, a comienzos del pasado mes de abril, un año después, llegó al país la española Almudena Mazarrasa como directora de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con ella trabajarán cinco expertos internacionales de Francia, Suecia, Perú, Argentina y Alemania. Los informes de Mazarrasa se presentarán por intermedio del comisionado cada noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, y se espera que gracias a la presión de una veeduría internacional, disminuyan los niveles de violencia e impunidad del país. No cabe duda, la cruenta realidad colombiana entró a formar parte de la agenda internacional.



El crudo diagnóstico y la consecuente decisión que se tomó en Ginebra el año pasado, no tardó en hacerse sentir en Bruselas, sede de la Unión Europea. Desde la firma del Tratado de Maastricht en noviembre de 1992, la UE estableció la "Cláusula democrática", que debe incluirse en todo convenio que se celebre con los países de América Latina, la cual establece el respeto a los derechos humanos como condición para ser merecedor como Estado, de la cooperación europea y cuyo incumplimiento acarrea la suspensión de la cooperación en cuestión. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la expansión del nazismo dejaron, sin duda, una huella indeleble en el alma y la sensibilidad europeas, que los convoca y moviliza a luchar contra los atropellos en cualquier lugar del mundo.



Cartas en el asunto

El 22 de septiembre pasado, una misión compuesta por seis eurodiputados representantes de los partidos Popular de España y Alemania, Socialdemócrata de Portugal y Reino Unido, Verde de Alemania y Liberal de Portugal, visitó al país. Después de una semana de citas y de recorridos por zonas de conflicto como Urabá, Medellín y el sur del Cesar, la misión concluyó con un descarnado informe sobre los derechos humanos en Colombia.



Y, en efecto, el 20 de octubre el Parlamento Europeo aprobó la más dura resolución de las siete que ha emitido en los últimos seis años sobre Colombia, entre las que se incluyen las referentes a los crímenes contra dirigentes políticos, como Bernardo Jaramillo; el asesinato de indigentes; la venta de cadáveres en una facultad de medicina de Barranquilla; el asesinato de 21 indios de la etnia paez en Caloto, Cauca; la detención de tres candidatos de la UP en Apartadó y por último, la del pasado 14 de marzo en la que desaprueba el mecanismo de la descertificación estadounidense. " .El Parlamento Europeo señala que este tipo de medidas están estableciendo graves limitaciones al desarrollo de Colombia. Estima que la población en general ha padecido la guerra contra las drogas y no debiera tener que hacer frente a nuevas calamidades".



La resolución del 20 de octubre pasado, además de las exhortaciones generales para que los distintos agentes de violencia transformen su comportamiento, pide al gobierno de Colombia los siguientes puntos:



- Que no limite las funciones del procurador general de la nación en el tema y que se modifique la norma que permite que los casos de la violación de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, sean instruidos por la jurisdicción militar.



- Que se garantice integralmente la libertad de prensa en Colombia.



- Que se prosigan los esfuerzos para ponerle coto al narcotráfico en Colombia; al respecto reconoce la Unión Europea que sólo una acción internacional enérgica y concertada contra todas las fases de la producción y el tráfico de drogas puede resultar eficaz en dicha tarea.



Además establece que:

Almudena Mazarrosa instala en Colombia la primera Oficina de relatoría Permanente de derachos Humanos de la ONU, en el mundo

- El presidente Samper debe publicar íntegramente el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo sobre las actividades de la British Petroleum en Casanare. Establece que las compañías petroleras europeas deben observar estrictas normas de respeto de los derechos humanos y la protección del ambiente. Así como negociar un nuevo plan social y de desarrollo económico sostenible para dicha región.

- Encarga al presidente del Parlamento Europeo que transmita la resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y al gobierno de Colombia.



Pero las cosas no se quedaron allí. El pasado 20 de febrero, el Parlamento Europeo expidió una nueva resolución, más dramática aún, en la que "pide al Consejo y a los Estados miembros que actúen enérgicamente en relación con los casos de derechos humanos en China, Colombia, Indonesia, Irán, Iraq, Myanmar (ex Birmania), Nigeria, Sudán, Timor Este y Turquía". Es decir, colocaron al país en la lista negra del mundo.



Efectos y consecuencias

Estas resoluciones han ido acompañadas de los constantes llamados de atención hechos por el actual presidente de la Unión Europea en el país Gysbert Bos, embajador de los Países Bajos, dado que Holanda preside la UE. En su reciente visita al Magdalena medio, declaró algo que repite con insistencia y que es sin duda un termómetro de la percepción europea de la realidad nacional: "La violencia que se vive en Colombia sólo es comparable con los atropellos ocurridos contra los pueblos europeos indefensos en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y las masacres 'ejemplares' que cometen los diferentes actores del conflicto, con las bestialidades de los campos nazis de concentración. El miedo de las comunidades rurales es tremendo y la prueba más palpable de ello es el número de desplazamientos masivos de comunidades enteras que día a día aumenta". Y concluye: "Dos mociones de censura de la Unión Europea en contra de Colombia por la violación sistemática de los derechos humanos en menos de seis meses no pueden quedar en el papel. Ojalá que se atienda a las advertencias hechas; de lo contrario, la presión podrá ser mayor. Las embajadas de la Unión Europea visitarán en el futuro con más frecuencia el campo para averiguar sobre cómo se desarrolla la situación". Por el momento se espera que el gobierno atienda a las advertencias, si no la presión será mayor. Bos lleva ocho años en Colombia y conoce el país hace más de treinta, cuando vino a trabajar en Villavicencio.



Debe tenerse en cuenta que en Holanda, luego de su desastrosa participación en la guerra de liberación de su colonia en Indonesia en 1950, la sociedad tomó conciencia del tema de los derechos humanos. Es el país de Europa con más cantidad de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al tema y el que destina mayor cantidad de recursos para ese propósito. Fue Holanda el país que apoyó en 1988 la creación de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Virgilio Barco. Por esto, el embajador Bos habla con firmeza y compromiso de la situación colombiana e insiste: "Debe ser el propio Estado colombiano en interacción permanente y transparente con la sociedad y no tanto la comunidad internacional, el que tiene que tomar mucho más firme conciencia de los estragos de la violencia. Me preocupa mucho la pasividad de tantos en la mira de los horrores de cada día. Y no por las posibles medidas que la comunidad internacional pueda tomar en su contra, sino por la indignidad humana y social que esto significa".



La aplicación de sanciones económicas no es un procedimiento que la Unión Europea tome a la ligera. El mecanismo factible, complementario a la presión política es más que todo la "cooperación constructiva" que viene ejerciendo, en el caso colombiano. Pero hay límites a la paciencia y comprensión europeas. Si la situación de violaciones de los derechos humanos en la práctica siguiera igual o empeorara, la UE podría imponer sanciones que irían desde la suspensión de la cooperación hasta los embargos comerciales. En la actualidad, el monto de la cooperación en proyectos de desarrollo social y económico alcanza los US$150 millones, que sumados a la contrapartida nacional, superan los US$175 millones.



No sólo Europa

Pero la comunidad europea no es la única preocupada por el tema. La diplomacia estadounidense, con la nueva secretaria de Estado, Madeleine Albright, está moviendo el péndulo hacia el respeto a los derechos humanos. Ese fue el tono de la reciente visita al Africa de Hillary Clinton, frente a los atropellos a las minorías, con especial énfasis en la exclusión de la mujer. Y ese fue el tono preocupante del informe sobre derechos humanos en Colombia que presentó el Departamento de Estado a consideración de la Cámara de Representantes y del Comité de Relaciones Exteriores del Senado,informe basado en buena medida en los de distintas ONG de derechos humanos.

Gysbert Bos, embajador de los países Bajos, presidente y vocero de la Unión Europea en el país.





Estados Unidos se ha vuelto más militante en esta causa luego del gobierno Carter y de la terminación de la guerra fría.Consciente de la gravedad del asunto, la canciller María Emma Mejía promovió discretas reuniones al más alto nivel, con los ex ministros de Justicia, Carlos Medellín, y de Defensa, Guillermo Alberto González, para analizar la posibilidad de introducirle reformas al Código de Justicia Penal Militar, ya que éste constituye el punto neurálgico de la presión internacional. Las resistencias de la cúpula militar a aceptar cualquier cambio, así como los reparos de ciertos sectores de Congreso, encabezados por el senador Germán Vargas Lleras, hacen que esta tarea no sea fácil.



Una de las grandes enseñanzas del deterioro de las relaciones con los Estados Unidos es que la comunidad internacional cuenta y hay que tomarla en serio. Porque como dice un analista político: "Colombia le mamó gallo durante quince años a las exigencias estadounidense sobre la lucha contra el narcotráfico. hasta cuando al final se vinieron con todo. Y ya sabemos qué ha pasado después de tres años de presión estadounidense frente al proceso 8.000".



La internacionalización en curso no es sólo de la economía y el comercio, sino también de las normas, las prácticas y convenciones sociales y los delitos y comportamientos que atenten contra la democracia y la convivencia pacífica. El contexto internacional debe tenerse en cuenta, no como un dato, sino como una realidad actuante. Las situaciones internas de los países deben ahora ser viables ante la comunidad internacional. Es claro que la situación colombiana de derechos humanos empieza a incumplir este requisito del nuevo contexto internacional. Así de sencillo.
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