| 10/1/1995 12:00:00 AM

Inversión sin ambiente

Mientras el gobierno le cae con todo a la gran empresa, los verdaderos depredadores y contaminadores siguen en las mismas. Falta afinar leves ambientales para evitar abusos.

Desde 1974 Colombia tiene una de las legislaciones ambientales más completas de América Latina. Sin embargo, por casi 20 años el tema del medio ambiente pasó prácticamente desapercibido, a no ser por las reacciones contra los daños ecológicos causados por la voladura de oleoductos. Pero a partir de 1991, la protección ambiental dejó de ser un adorno, para convertirse en una pieza fundamental en la aprobación de grandes proyectos. Hoy en día las grandes industrias saben que tienen que invo

lucrar el componente

ecológico en sus obras, y los ciudadanos conocen que pueden opinar sobre los proyectos que los afectan. Los únicos que no se han enterado del cambio son los traficantes de recursos naturales, los colonos y los pequeños depredadores, que no necesitan de ningún permiso para realizar sus actividades.

La importancia que le dio la nueva Constitución al entorno, y la posibilidad que abrió para que cualquier ciudadano participe en las decisiones que puedan afectarlo, han sido decisivas en la nueva visión que se tiene sobre el tema. La creación del Minis

terio del Medio Ambiente subió de categoría esta variable, al punto que ha sido la causa para cambiar los trazados de algunas carreteras, lo que hace unos años era impensable. Por ejemplo, se consideró que el proyecto original del primer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio podía afectar los nacimientos de agua que abastecen Chipaque y se decidió que era mejor hacer un túnel. Entre tanto, la concesión

de Buga-Tuluá-La Paila tuvo que construir la variante de Tuluá más alejada del perímetro urbano de lo proyectado inicialmente, para atender planteamientos de la comunidad.

En el esquema anterior, a la hora de construir una carretera, el presupuesto y el impacto político de la decisión eran lo más importante. Entre seguir en línea recta y hacer un desvío para proteger determinado ecosistema, primaba la solución más "barata". De eso dan fe la Troncal del Caribe, que por falta de planeación destruyó kilómetros de manglares que todavía no se han podido recuperar, y la vía La Gallera-López de Micay, que estuvo a punto de atravesar el Parque Nacional de Munchique, en Cauca.

Ahora, la situación es distinta. La nueva ley ambiental otorgó las herramientas para evitar que los proyectos de infraestructura de alguna magnitud atenten contra el entorno. Con este fin se estableció que para poder iniciar una obra, el ministerio debe otorgar una licencia, previo concepto de los estudios de impacto y de alternativas que presente el constructor. Este requisito ha hecho que se cambie por completo la forma de diseñar los grandes proyectos, porque se debe tener en cuenta desde el principio la protección del entorno, y por ende ha sido responsable de que algunas obras retrasen su iniciación, como sucedió con la concesión de la malla vial del Meta o la de Santa Marta-Paraguachón, que ha tenido problemas en el trayecto entre Santa Marta y Río Piedras.

E l nuevo poder de la protección ambiental ha desatado una fuerte polémica en el país, en el centro de la cual se encuentran el costo económico de incluir esta variable en los proyectos, la propia gestión del ministerio, la posibilidad de que se convierta en una excusa para chantajean a las grandes compañías y la sensación de que el problema se está atacando superficialmente.

La demora en la expedición de las licencias es uno de los puntos que más se le critican al ministerio. Con más de 200 expedientes en estudio, los 30 funcionarios de la oficina jurídica no dan abasto para evacuar todo el papeleo. La congestión llegó a tal punto, que el año pasado la industria petrolera se

paralizó a la espera de las aprobaciones. Las quejas hicieron que se contrataran grupos élites para reforzar los sectores críticos de personal.



¿EXCESO DE DEMOCRACIA?



Pero lo que más preocupado tiene al sector privado es el uso político que se le puede dar a la ecología. Como la Constitución otorgó derecho a cualquier ciudadano para opinar sobre las obras que tengan un impacto sobre el medio ambiente, las poblaciones encontraron en esta facultad el vehículo ideal para negociar inversiones en sus zonas a cambio de no entorpecer la realización de los proyectos. Inclusive el gobernador de Boyacá anunció en una ocasión que no dejaría pasar por su territorio al Oleoducto Central, si no se atendían primero algunas obras, según lo registró en su momento la prensa. Por su parte, el Concejo Municipal de Aguazul (Meta) expidió un acuerdo donde le pide al alcalde que convierta en zona de reserva forestal unas cuencas hidrográficas donde la British Petroleum iba a ubicar las facilidades de producción de Cupiagua. Si esta iniciativa se concreta, no sólo le ataría las manos a la BP, sino que se crearía un precedente muy complicado, porque significaría que los municipios tienen poder para tomar decisiones que exceden su territorio y afectan a todo el país.

La empresa Oleoducto Central (Ocensa) fue citada a cinco audiencias públicas y se puede decir que no sólo es la compañía con más experiencia en la materia, sino que es una de las que salió bien librada. Con 800 kilómetros de largo, la obra atravesará 41 municipios para llevar petróleo de los Llanos Orientales y del valle del Alto Magdalena hasta el puerto de Coveñas. A pesar del balance favorable, consideran que es necesario que el gobierno reglamente la participación en estos foros y que se circunscriban al tema ecológico. También opinan que se deberían llevar a cabo cuando ya exista un concepto técnico del ministerio sobre el proyecto, con el fin de que la comunidad tenga una visión objetiva del impacto ambiental de las obras.

Una de las lecciones que Ocensa aprendió durante el proceso es la importancia de mantener

S buenas relaciones con la población. Aunque gastó tinos $250 millones en las fotocopias del estudio de impacto ambiental que proporcionó a los municipios, lo que le dio mejores resultados fue hacer foros y talleres previos para ambientar el tema, resolver las dudas y vencer la resistencia que este tipo de proyectos ocasionan. Al final, se comprometió a invertir US$8 millones en programas de gestión pública y acción social en la región, para enseñarle a la comunidad cómo interactuar con el Estado y conseguir recursos para obras prioritarias. i bien las compañías están acostumbradas a negociar con las poblaciones, y de hecho tienen dentro de sus presupuestos un rubro para inversiones en la comunidad, antes no había un instrumento jurídico que las obligara a escuchar a los ciudadanos. Ahora, el ministerio propicia que antes de iniciar las operaciones se realicen audiencias públicas, donde las comunidades piden de todo. Los detractores dicen que la concertación se utiliza para chantajear al sector privado y que casi nunca tiene que ver con preocupaciones ecológicas. Los de-

fensores reconocen que falta reglamentar este instrumento, pero insisten en que las comunidades tienen derecho a opinar sobre los proyectos y que es conveniente que se debatan los efectos socioeconómicos que generan.

La pregunta que hay que hacerse es si se debe dejar que las consultas se conviertan en un mecanismo para que la empresa privada asuma responsabilidades que le corresponden al Estado o, en su defecto, para que se desvíe su propósito inicial y se utilice como una forma de presión en busca de retribuciones que poco tienen que ver con un interés ecológico. Esta disyuntiva es más clara en las audiencias que se realizan en territorios apartados del país, donde la presencia del Estado es mínima y confluyen fenómenos de guerrilla y narcotráfico.

A las preocupaciones del sector privado por la falta de reglamentación de las audiencias públicas, se suma el temor por los nuevos alcances de las acciones populares. Si bien esta figura data de 1573, la Constitución de 1991 estableció que podía ser utilizada para defender los derechos ambientales. La preocupación radica en que tal como está diseñada actualmente, puede dar origen a una avalancha de demandas contra las compañías, ya que quien la interponga puede ganar hasta el 30% del valor de la indemnización que fije el juez. Además, los tres proyectos de ley que

se han presentado al Congreso para reglamentar estas acciones tienen un claro sesgo a favor del demandante.

De acuerdo con un estudio de la Andi, los proyectos les dan ventajas especiales a las entidades sin ánimo de lucro, tales como el amparo de pobreza en forma automática, una recompensa por presentarla acción, financiación para el proceso y algunas exenciones tributarias. En otras palabras, convierten este mecanismo en un negocio muy rentable, donde el lucro podría ser más importante que la defensa de los derechos colectivos. A esto se suma que no hay una regulación para resarcir al demandado de los perjuicios causados por peticiones infundadas o de mala fe.



BLANCO FÁCIL



La sensación que tienen algunos empresarios es que el Minambiente está aprovechando la sensibilidad que despierta la ecología para ganarse su propio espacio. La queja es que las medidas se dirigen contra los blancos más fáciles de ubicar, que son precisamente los que el ministerio vigi

la directamente: petroleras, refinerías, gran minería, aeropuertos y en general las grandes obras de infraestructura. Los pequeños infractores quedan prácticamente en la impunidad, porque las corporaciones autónomas, alcaldías y demás entidades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales no tienen los recursos ni la voluntad política de hacerlo.

Ni siquiera los mismos municipios

ponen de su parte. Un ejemplo palpable es el del Valle del Cauca, donde la CVC concertó con el sector privado y las autoridades municipales un plan de recuperación del río Cauca. Veinte años después, las inversiones del sector industrial en sistemas de control de contaminación de las aguas suman US$S5 millones, mientras que todavía está pendiente la planta de tratamiento

de Cali y de los municipios, que son responsables del 50% de la carga contaminante que recibe el río.

Para el Minambiente la posición es muy clara: ante un problema ambiental tan grave como el actual, donde los recursos naturales se han ido devastando al punto que Colombia pasó de ser la segunda a la quinta potencia mundial de agua, hay que empezar a poner orden de arriba hacia abajo. Se deben controlar primero los grandes contaminantes, que también son los que tienen mayores recursos y tecnología para producir más limpiamente. Lo preocupante de esta postura es que centra la acción ambiental en los casos más fáciles de resolver, y desvía la atención de las principales causas de crímenes ecológicos como la alarmante deforestación, para sembrar coca y amapola, que está secando las fuentes de agua del país y causando inundaciones en zonas bajas. No es en balde que una de las zonas de inundaciones periódicas y escasez de agua se encuentre en la reserva forestal central, que cubre los departamentos de Nariño, Antioquia, Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca y tiene uno de los mayores índices de tala incontrolada de árboles. Ni qué hablar de la reserva forestal de la Sierra Nevada de San

ta Marta, donde a los problemas de colonización se une el del cultivo de la amapola y las fumigaciones de glifosato. En estos temas el ministerio ha guardado un preocupante silencio. Obviamente que hay situaciones que trascienden el plano netamente ambiental, como la depredación que se produce en regiones donde actúan la guerrilla y el narcotráfico, pero en estos casos se debería diseñar una política interinstitucional.



MOJANDO PRENSA



Lo que se comenta en voz baja es que la forma en que el Minambiente se ha peleado un espacio ante el mismo gobierno y la opinión pública, ha sido mediante anuncios impactantes. Y en esa medida es más rentable sancionar con bombos y platillos una gran empresa, que actuar contra los colonos. La titular de esta cartera, Cecilia López, opina que está ante una encrucijada. Si no suena, se piensa que el ministerio es de bajo perfil, pero si se pronuncia, la tachan de querer protagonismo.

Los pronunciamientos de la ministra a veces riñen con proyectos de interés nacional y pueden causar perjuicios a las firmas que los construyen. El caso de la segunda pista del Aeropuerto Eldorado es uno de los ejemplos que mejor ilus

tran la complejidad del asunto, no sólo por lo que representa para Bogotá, sino por los enfrentamientos que suscitó al interior del gobierno. En plena audiencia pública para analizar el tema, la Aeronáutica Civil le comunicó a la ministra del Medio Ambiente la fecha de la firma del contrato para este proyecto. Como el acto se iba a producir a los pocos días, Cecilia López afirmó que no iba a dejar iniciar las obras hasta que no estuviera lista la licencia ambiental. Sin embargo, el cronograma de la empresa establece que la construcción de la segunda pista se iniciará ocho meses después de firmado el contrato. Como en teoría este tiempo es suficiente para surtir los trámites ambientales, el anuncio de López no era para frenar el proyecto, como se creyó en su momento, sino para "sentar su autoridad frente a la Aerocivil". La riña de poderes no beneficia a nadie y sí puede causar malestar entre las entidades financieras que van a desembolsar los recursos.

Nadie duda que cambiar en dos años una mentalidad educada por siglos para la depredación y la contaminación es imposible. Pero lo más importante de todo es enfocar adecuadamente los recursos y las medidas, para cortar de raíz los problemas y no curarlos con pañitos de agua tibia.
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