| 7/1/1993 12:00:00 AM

EN VENTA LA ENERGIA

Si se aprueba la ley eléctrica en el Congreso, este sector podría ser el primero en privatizarse.

Para beneplácito de los usuarios del servicio de energía, por fin se esta tramitando una ley en el Congreso para permitir la entrada del sector privado a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

El nuevo esquema que establece la Ley Eléctrica para el funcionamiento del sector tiene los siguientes elementos básicos.



En las actividades del sector pueden participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, en un contexto de libre competencia, siempre que demuestren la debida experiencia y la suficiente capacidad técnica, operativa y financiera.



2 El gobierno mantiene la función del control de la eficiencia y calidad del servicio, y de las entidades, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



3 La actual Comisión Nacional de Energía se transforma en la Unidad de Planeación Energética que se encargará de elaborar y actualizar el Plan de Expansión del Sector Eléctrico en concordancia con el Plan de Desarrollo y las metas macroeconómicas. Por su parte, la Comisión de Regulación Energética, velará por preservar la competencia, definirá la metodología de cálculo de las tarifas de acceso y uso de las redes y de los usuarios regulados.



4 El servicio de interconexión nacional será realizado por ISA y la planeación de la operación conjunta de los recursos de generación, interconexión y transmisión por el Centro Nacional de Despacho.



5 Por último, la ley crea el Directorio Nacional de Operación, integrado por representantes de las empresas de generación y de interconexión, como el organismo encargado de asegurar una operación confiable y económica del sistema interconectado nacional.



En este contexto, el capital privado podrá participar bajo tres modalidades. La primera consiste en adelantar cualquiera de las actividades del sector mediante la figura del contrato de concesión, por medio del cual la nación, el departamento, el municipio o el distrito competente, podrá confiar a una sociedad privada nacional o extranjera la prestación del servicio bajo su propio riesgo y con la supervisión de la entidad concedente. El agente, seleccionado mediante convocatoria pública por un término de 40 años, recibe como remuneración las tarifas que le pagan directamente los usuarios.

La segunda modalidad de participación de los particulares es la de adquirir las empresas o las plantas de generación de propiedad del Gobierno. Este mecanismo tiene dos grandes obstáculos: a nivel nacional las empresas de servicios públicos son un importante instrumento de control político; y por otra parte antes de ofrecer estas empresas será necesario sanearlas administrativa y financieramente, lo cual demanda cuantiosos recursos del presupuesto nacional.

Se han planteado como alternativas la venta directa a particulares, que se está pensando para las plantas del nordeste colombiano, o la firma de contratos de operación. Para aquellas plantas que requieran ser rehabilitadas o repotenciadas (i.e: parque térmico de la Costa o Termozipa) el mecanismo podría ser que el sector privado financie la recuperación y reciba como remuneración ya sea la operación misma de la planta por un período de tiempo, o el producto de la venta de la energía generada hasta que sea cubierta la inversión.

La tercera modalidad, y tal vez la que más le interesa al Gobierno, es la participación del sector privado en nuevos proyectos de generación.

El Plan de Expansión del sector trazado por el CONPES tiene dos componentes básicos: el plan hidroeléctrico conformado por Urrá, PorceII y MielI, que producirán cerca de 1.600 mw, y el plan térmico, con el cual se espera generar 1.400 mw adicionales. Según este plan es necesario generar hasta fines de la

próxima década 3.000 nuevos megavatios para evitar otra crisis energética. Para tal fin, preferiblemente se podrán desarrollar proyectos térmicos, que tienen unos menores requerimientos de inversión y una más rápida recuperación con relación a los hidroeléctricos.

Los primeros avances de este proceso, son la generación de 300 mw de las empresas Proeléctrica, térmica de los industriales de la zona de Mamonal, y del proyecto de Corelca en Barranquilla en conjunto con una firma nacional y una española. En hidroeléctricas, están los proyectos Ovejas (15 mw) y Riachón (90 mw) desarrollados por el grupo Conconcreto Suramericana de Seguros, Argos y EPM.

Adicionalmente, han sido propuestos cerca de 25 proyectos de compañías nacionales y españolas, alemanas, inglesas y americanas para generar 600 mw a gas y carbón. Por otra parte, Carbocol ha identificado 8 proyectos térmicos localizados en Cesar (planta de carbón pulverizado de 300 mw), Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, con lo cual se generarán en total 1.000 mw a un costo de US$ 700 millones.

La Ley Eléctrica permite a cualquier generador el libre acceso a las redes de interconexión y transmisión, y la venta de la energía a otras empresas, a distribuidoras y a grandes consumidores.

Como puede verse, hay un amplio campo para el inversionista privado, pero el problema reside en que la demora en el trámite y reglamentación de la ley eléctrica y la consecuente imprecisión en las reglas de juego han venido impidiendo el avance de muchos proyectos. Por otra parte, tal como está planteada la ley, no existirá una sana competencia entre empresas estatales y privadas.

En primer lugar, gracias a los beneficios otorgados por el CONPES, los nuevos generadores montarán plantas que tienen garantizada la venta de la energía y potencia al sistema interconectado, las cuales van a venir a pagar las empresas estatales que no tienen esa prerrogativa ni tampoco la de que les sea pagada la potencia cuando por razones de optimización del sistema, una de sus plantas deba salir de operación.

Otro elemento que introduce

Otro elemento que introduce desigualdad en el mercado es el esquema tarifario. Las tarifas por el acceso y uso de las redes de interconexión, transmisión y distribución, así como las de venta a grandes consumidores, serán libremente acordadas por las partes. Las tarifas a los usuarios residenciales serán reguladas. En adelante cada empresa, siguiendo la metodología que establezca la Comisión de Regulación Energética, determinará su propio costo de prestación del servicio, el cual, si es aprobado por la Comisión al compararlo con los costos de una empresa "modelo", será igual a la tarifa media que la empresa puede cobrar. Evidentemente, las empresas estatales, por ineficiencia, no puede negarse, pero también por sus grandes inversiones en infraestructura, tienen unos costos superiores a cualquier generador privado. Esto las coloca en desventaja para mantener sus clientes residenciales, y especialmente los industriales, que son los que más les reportan ingresos.

La privatización es necesaria.

La demanda nacional se incrementa en 1.000 mw, es decir, en "un Guavío" cada tres años. La banca multilateral está condicionando el financiamiento de nuevos proyectos para que en ellos participen particulares. No obstante, las empresas estatales no pueden desaparecer del todo. El servicio de energía es un bien público que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, y en ese sentido, a través de sus empresas, tendrá que desarrollar proyectos que, aunque necesarios, no sean abocados por los particulares por su baja rentabilidad.

Por lo anterior, no se puede conducir a la quiebra de las empresas estatales, ni permitir la conformación de monopolios privados, como sucedió en el proceso de privatización chileno. Para enfrentar a la competencia a las empresas públicas se hace urgente asegurarles autonomía presupuestal, un régimen de contratación más flexible, y recursos frescos de manera que puedan hacer frente al buen servicio que empezarán a ofrecer sus nuevos competidores.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?