| 1/1/1995 12:00:00 AM

Embeleco social

El llamado pacto social ha causado desconcierto e incertidumbre. Es el retorno a prácticas superadas del pasado.

Lo primero que hay que tener presente al analizar el pacto social es que es el resultado de un estilo de gobierno que se ajusta a la personalidad del presidente Samper. Cuando Samper fue ministro de Desarrollo creó más de 10 comités de concertación, que se reunieron una vez y ahí paró la cosa (lo importante era el show político y la retórica). Igualmente durante ese ministerio no se tomaron varias decisiones porque había que "concertar". Fue así como se pospuso el inevitable cierre de Alcalis, no se hizo la reestructuración del Inurbe y el acuerdo sobre aranceles con Venezuela quedó en el limbo. Y cuando después de una dispendiosa concertación se llegó a algún acuerdo, como en el caso de la política automotriz, el resultado fue un verdadero galimatías en donde se pretendía darle gusto a todas las partes involucradas (ensambladoras, autopartistas, consumidores, etc.), pero que resultó funesto para el buen desenvolvimiento del sector (el boom automotor llegó precisamente cuando se desmontó ese esquema "samperiano" de política).

Lo anterior para ilustrar el estilo que le gusta al actual presidente: 1) intervenir en todo y hablar de todo sin establecer prioridades, y 2) postergar cualquier decisión difícil mediante la "concertación" actuando siempre "a medias" con el supuesto apoyo de las partes interesadas. Es el estilo de la inacción y de la retórica. En los primeros cien días el gobierno ha presentado varios planes sectoriales en el Conpes, simples planes de gasto público donde se hacen saludos a la bandera, pero sin diseñar esquemas de acción estatal que verdaderamente garanticen que los fondos públicos lleguen con eficacia a los grupos más necesitados de la población.

A los cuatro meses de esta administración los agentes económicos, incluyendo los inversionistas extranjeros, desconocen realmente qué clase de modelo económico quiere instrumentar el gobierno, fuera del trajinado esquema de tratar de resolver todo con gasto público y de establecer controles a los flujos de capitales y a los precios de productos vitales de la canasta familiar. En otras palabras, hasta ahora se trata de un nostálgico retorno a los esquemas de manejo económico que tradicionalmente siguió el país en décadas pasadas.

Esta nueva política económica está en abierta oposición al esquema aperturista del anterior gobierno, caracterizado por la remoción de las innumerables trabas y controles que pesaban sobre la iniciativa privada. Lo peor de todo es que el gobierno quiere que el mismo sector privado se haga el hará kiri y apruebe, a través del pacto social, los controles de precios y las regulaciones que impedirían el normal desarrollo de su actividad. El gobierno pretende utilizar a los gremios para este ejercicio de autoinmolación.



¿Qué dicen los economistas sobre los pactos sociales? Primero, que ellos solamente se justifican cuando el problema inflacionario es muy grave, es decir, cuando se trata de hiperinflaciones de tres dígitos y se requiere de una terapia de choque. En estas circunstancias es preciso comprometer a todo los estamentos de la comunidad en el logro de las metas antiinflacionarias, para lo cual es preciso, al menos en la etapa inicial de la terapia de choque, asegurar un cambio drástico en las expectativas. Pero hacer todo el papelón de un pacto social para reducir la inflación tres o cuatro puntos porcentuales es catalogado por los conocedores de la materia como un desperdicio de energías y de tiempo para todas las partes involucradas.

Segundo, el pacto social no es un sustituto de políticas fiscales y monetarias ortodoxas y restrictivas. Si fuera posible a punta de retórica y controles artificiales sobre algunos precios bajar de manera permanente la inflación, los países latinoamericanos tendrían inflaciones mínimas. Para que las metas del pacto social sean creíbles, deben estar precedidas de unas metas coherentes en materia monetaria y fiscal. Como dice un sabio "si las políticas monetaria y fiscal funcionan, entonces para qué pacto, y si no funcionan, el pacto tampoco funciona". No obstante, lo primero que hizo este gobierno fue aumentar el presupuesto nacional del año entrante acrecentando el déficit, al tiempo que el propio presidente ha continuado en campaña, prometiendo lo divino y lo humano en todas las regiones que visita del país. En cada discurso el presidente de los, colombianos se gasta $50.000 millones del presupuesto nacional.

Tercero, en los pactos sociales salen "tumbados" quienes no tienen una fuerte representación gremial o quienes producen bienes finales para la canasta familiar. De hecho, el esquema ideal para un pacto social es un estado corporativo, donde estén cabalmente representados todos los intereses económicos, incluyendo los sindicatos, y donde las pujas políticas establecen los precios relativos de la economía. Este es un esquema donde la política sustituye a la economía como asignador de recursos, con toda la ineficiencia que ello implica.

Cuarto, en México, que es el modelo que sigue este gobierno, se utilizó como ancla de los precios la tasa de cambio y la política de apertura comercial. La reevaluación del peso mexicano contribuyó significativamente a bajar la inflación y, por otro lado, el gobierno siempre mantuvo la posibilidad de importaciones con cero arancel en aquellos sectores donde los precios subían por encima de las metas. En Colombia hoy en día el gobierno está planteando devaluar más aceleradamente y aumentar la protección de los sectores menos competitivos internacionalmente.

Quinto, los controles de precios resultantes del pacto social conducirán a más controles, cuando los productores finales, que son las primeras víctimas, empiecen a exigir que también se controlen los precios de los insumos y materias primas, o cuando el gobierno no obtenga los resultados anunciados y, en su desespero, se vea forzado a acudir a controles adicionales para poder cumplir las metas.

Sexto, en estos esquemas de intervención, los funcionarios públicos adquieren una importancia inusitada en razón al poder arbitrario que ejercen. Estos funcionarios son, por lo general, o bien unos políticos que nunca han administrado un negocio y que tratan de aprovechar para su beneficio propio el poder que disfrutan, o bien unos teóricos que tampoco nunca han administrado un negocio pero que creen ingenuamente que tienen la suficiente sabiduría como para fijar los precios en los diferentes mercados objeto de su intervención. Y la inefable experiencia ha mostrado que entre mayor sea este tipo de intervención estatal, mayor es la corrupción y las componendas entre quienes son los protagonistas.

Resulta sorprendente que se haga este show del pacto social después de que la junta directiva del Banco de la República fijara las metas de 1995 en materia de inflación (18%), superávit fiscal (0.7% del PIB) y devaluación (13%). ¿Qué más hay que pactar después de esto? Después de todo los salarios se fijarán de acuerdo con la meta de inflación más una cosa que se inventaron llamada "productividad", que es 3% o algo alrededor de ese porcentaje: lo justo para aumentar los salarios con base en la inflación pasada. Si la inflación acaba en 22% la "productividad" será del 4%. Vale la pena preguntarse cómo se mide la productividad de los empleados públicos.

Por otro lado se entiende que si el gobierno es serio, tratará de comportarse de manera que estas metas se cumplan. Si no lo hace, entonces la junta del banco dejará revaluar el peso o dejará aumentar las tasas de interés para tratar de cumplir con su meta de inflación. Si todo esto es así, al pacto social solamente le queda concertar la irresponsabilidad y los eventuales incumplimientos del gobierno.
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