| 10/1/1995 12:00:00 AM

El tiempo de la guerrilla

La polémica por la licencia ambiental otorgada a la Oxy, confirma la urgencia de reglamentar la consulta indígena y alerta sobre las presiones de la guerrilla.

Por décadas, los indígenas U'wa

han estaclo abandonados a su suerte. Han tenido que ceder parte de su territorio por presiones de los colonos, los constantes brotes de tuberculosis los han diezmado y, como si fuera poco, se están quedando sin mujeres, porque ellas emigran a la ciudad para vincularse al servicio doméstico. Ahora, y como por arte de magia, son el centro de atención de tres ministerios, la Defensoría del Pueblo, las autoridades judiciales, una de las mayores multinacionales del petróleo y... la guerrilla.

El "salto al estrellato" se produjo cuando la Occidental de Colombia decidió que era hora de iniciar la primera fase de la exploración de petróleo en el bloque conocido como Samoré, una extensión de 208.934 hectáreas ubicada entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Nor

te de Santander. Como un 30% de este bloque se encuentra en territorio indígena, la Constitución obliga a las compañías a realizar una consulta previa con las minorías étnicas, para asegurar que no se violen sus derechos.

La posibilidad de que existiera petróleo en la zona y de que la multinacional empezara a hacer trabajos de sísmica para encontrarlo, sacaron a los U'wa (gente para los Tunebos) del anonimato. En los últimos dos años han tenido poco más de 30 reuniones con voceros de la Oxy, resucitaron el debate sobre cuál debe ser el tratamiento para las comunidades indígenas, con lo que pusieron a discutir a las entidades del Estado, y se volvieron doblemente importantes para la guerrilla.

Los U'wa están ubicados en una región estratégica para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que según consta en documentos de inteligencia del gobierno, esta zona es utilizada para comunicar a los frentes del Magdalena Medio con los Llanos Orientales. En el bloque de Samoré operan los frentes Efraín Pabón Pabón, Compañía Simacota, Capitán Parmenio, Domingo Laín, Manuel Gustavo Chatón, Juan Fernando Porras, Resistencia Yarigotes

y José David Suárez del ELN, y los frentes 10, 12, 20, 33, 38 y 45, de las FARC. Esto ha hecho que los guerrilleros presionen a los indígenas para

que se opongan a la entrada de la Oxy a la región, porque implicaría que el Estado -y en especial el Ejército- hagan presencia en esta zona.

Aunque la presión guerrillera es una versión que circula con insistencia, nadie se atreve a sostenerla en voz alta. La única denuncia oficial que se tiene es una declaración juramentada ante notario y la denuncia que presentaron tíos indígenas a la Fiscalía General de la Nación. La otra prueba es el robo de un camión con equipo y la amenaza de muerte a los ingenieros que iban a hacer el trabajo sísmico. A raíz de este incidente, la firma se retiró y fue muy difícil encontrar quién la reemplazara.

Este panorama, unido a las marcadas diferencias culturales entre indígenas y `blancos', ha hecho que sea todavía más difícil la concertación con los U'wa. Adicionalmente, no hay claridad sobre cómo se debe llevar a cabo una consulta ni cuáles son sus alcances, debido a que no hay una reglamentación de estos mecanismos. Para completar, las mismas entidades del gobierno no tienen un criterio único sobre quiénes son los representantes de los U'wa. Esta unión de factores ha hecho que se presenten distintas posiciones entre los Ministerios de Medio Ambiente, de Minas y del Interior, y la Defensoría del Pueblo. El primero consideró que la concertación con los indígenas había sido legítima y otorgó el pasado 3 de febrero una licencia ambiental

en la que compromete a la Oxy a cumplir con unos programas de capacitación y apoyo a las comunidades indígenas y campesinas de la zona.

Sin embargo, el defensor del pueblo consideró que la licencia atentaba contra la integridad de los U'wa y presentó una tutela ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, el cual declaró la inaplicabilidad de la licencia en territorio indígena. Esta tutela está siendo impugnada por el Minambiente. Adicionalmente, la Defensoría presentó una acción de nulidad de la licencia ambiental ante el Consejo de Estado. Esta corporación no encontró méritos para declarar la suspensión provisional, como pedía la Defensoría.

Lo paradójico es que la argumentación de la directora general de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior fue una de las pruebas que utilizó la Defensoría del Pueblo para ganar la tutela. En efecto, el Ministerio del Interior afirmó que la cartera del Ambiente no había agotado la etapa de consulta. Este planteamiento hizo que el ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, le enviara una carta a su colega del Interior, Horacio Serpa, llamándole la atención sobre la falta de unidad de criterio y mostrando su extrañeza porque "mientras una parte confía en la legalidad de sus procedimientos, otro ente del mismo los está cuestionando en desmedro de los intereses de toda la Nación".

Pero las diferencias no son exclusivas del gobierno. Según consta en la solicitud de tutela que se diligenció ante el Tribunal Superior, una de las personas a cuyo nombre presentó la demanda el defensor del pueblo (Esperanza Aguablanca), en-vió una cana en la que explica que su nombre fue utilizado sin su consentimiento. Según voceros de la

Oxy, otro de los indígenas también manifestó que se le incluyó sin permiso. Además, según se desprende de las actas de las reuniones del 10 y 11 de enero y del 21 de febrero celebradas entre los U'wa, funcionarios del gobierno y representantes de la petrolera, la posición de los representantes indígenas ha sido muy variable, y se muestran temerosos de comprometerse. Para la consulta de enero, por ejemplo, presentaron dos documentos. En el primero, preparado desde el día 7 por el Tercer Congreso Indígena U'wa, afirman que el proyecto de estudio sísmico no se debe adelantar "hasta tanto no se discutan, consulten y aprueben las propuestas que se formulen el día 11". En el segundo documento, presentado al final de la reunión, se muestran más receptivos y proponen "modificar el proyecto de estudio sísmico con intervención de las autoridades tradicionales o sus delegados de las diferentes comunidades".

Según voceros de la Oxy, el cambio de opinión se originó porque los U'wa tenían miedo de represalias de la guerrilla si le daban permiso a la petrolera de adelantar el proyecto, y cuando se les explicó que no tenían poder de veto sino que simplemente debían presentar sus ideas sobre los efectos de la exploración sobre sus territorios sagrados y su cultura, asumieron una

actitud más flexible. Sin embargo, otros asistentes a la reunión consideran que las dudas de los U'wa provienen de su temor a que las actividades de sísmica -y probablemente de exploración y explotación- tengan consecuencias negativas sobre la ecología, la cultura, la economía y el ordenamiento social de la comunidad.

Para la Defensoría del Pueblo, las medidas de preven

ción y mitigación que contempla la licencia ambiental no son suficientes. Con respecto al Plan Estratégico de Gestión Social, indica que sólo se refiere a procesos de contratación indígena, pero no fomenta una "verdadera participación en las decisiones que pueden afectar los derechos fundamentales" de los U'wa. La Oxy, por su parte, explica que diseñaron con los líderes comunitarios un programa de capacitación agrícola, ya que el desequilibrio ecológico ocasionado por la deforestación y colonización dificulta a los indígenas obtener del ambiente natural los alimentos que necesitan. Además han intervenido ante el Instituto Nacional de Salud y las autoridades de Norte de Santander para que se atiendan los problemas de salud de la comunidad. En el área educativa, tienen desde 1988 un programa de becas de bachillerato, de técnicos agrícolas y técnicos de salud.

La discusión que ha surgido en torno a la licencia ambiental otorgada a la Oxy no sólo deja en claro la necesidad de reglamentar y hacer operativos los reconocimientos que hace la Constitución a los derechos de las minorías étnicas, sino que pone de manifiesto los conflictos del país: un coctel explosivo de guerrilla, petróleo, grandes capitales, y agencias del gobierno enfrentadas entre sí, todo en desmedro de los indígenas y la inversión productiva.
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