| 12/1/1995 12:00:00 AM

EL RÉGIMEN

EL NEFASTO "RÉGIMEN" SE SUSTENTA EN LA ILEGITIMIDAD DENTRO DE LA LEGITIMIDAD Y EN ESTE SENTIDO AL "RÉGIMEN" HAY QUE TUMBARLO.

Al referirse al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado se han registrado con trepidación sus incisivas referencias al "régimen". "Hay que tumbarlo" decía, y un editorialista rememoraba que esa era la opinión de su padre sobre el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Son cosas muy distintas. El nefasto "régimen", como lo concebía Álvaro, es un fenómeno que orada desde hace cuarenta años las entrañas de Colombia; un sistema que se sustenta en la ilegitimidad dentro de la legitimidad, y en este sentido el Dr. Gómez tiene razón: al "régimen" hay que tumbarlo. Su vigencia nace de una tergiversación de la democracia, forma de gobierno que los colombianos prefieren abrumadoramente. Según el paradigma democrático, la legitimidad del poder se obtiene vía la voluntad popular, mayoritariamente expresada en elecciones libres. En Colombia los requisitos formales

se cumplen a cabalidad. ¿Por qué entonces preocuparse? Porque sectores cada vez más amplios de la opinión cuestionan los mecanismos utilizados por el "régimen" para afianzarse en el poder. De ahí la ilegitimidad de la legitimidad.

Todo, quizá, podría continuar igual si no fuese por el temor de que el "régimen" esté conduciendo el país al abismo económico. De no ser así, los cínicos seguirían afirmando, como lo han hecho hasta hoy: "bussiness as usual". En efecto, durante las últimas cuatro décadas Colombia ha hibernado adormecida por los éxitos económicos del "régimen". En cierto modo ha sido víctima de su propio invento. La ortodoxia y el pragmatismo lo han conducido por el sendero del crecimiento, lento, tal vez, pero seguro. Fue desde siempre un no país en el concierto de los intercambios internacionales, pero ya comienza a aparecer en las estadísticas. El desarrollo ofuscaba el divorcio entre el país político y el país real. No era grave; el ejército latente de empresarios hacía lo suyo, y los colombianos, atesoraban, per cápita, algo más cada año.

Voces aisladas señalaban que el crecimiento era insuficiente, que las trabas frenaban la creatividad y la productividad, que el costo de la corrupción del "régimen" era intolerable. Pero eran sólo eso, voces aisladas, que cuando se teñían de denuncias por la concentración de la riqueza o la marginalidad de tantos compatriotas, se silenciaban con el remoquete de comunistoides. Todos a una, en la gran corriente mayoritaria de la opinión moderada, cerraban filas alrededor del "régimen", en lo que se concebía como la defensa de nuestro sistema democrático. Y así hubiese podido continuar si no fuera porque después de la caída del muro, estamos en "el fin de la historia".

a no hay que arremangarse para defender el sistema. Nadie está amenazando la propiedad de los medios de producción.

hora, en lo íntimo de la nacionalidad, lo que Colombia desea es una democracia eficaz y cristalina, que deslegitime cualquier otra alternativa. No se está dando. La frustración crece en la medida que la sociedad se descompone. La subversión multiplica su capacidad operativa, su territorio y su influencia. Los valores tradicionales se descartan sin que aparezca una ética de recambio que permita vivir en comunidad. La vida se desprecia. Los bienes hay que defenderlos por cuenta propia, porque el Estado es incapaz, o cómplice en los desmanes. Y la honra, la pobre honra ya no tiene la vigencia de antaño, porque desaparecen los patrones universalmente aceptados para medirla. En el corazón de esa cloaca está el "régimen", convertido en su propia razón de ser, ajeno a la sociedad civil.

Para el "régimen", el poder es un fin en sí mismo. La cura del bien común, que debe ser su justificación, queda marginada, salvo en la retórica. El Congreso de Colombia y los organismos del Estado

N que de él dependen directamente, como la Contraloría y la Procuraduría, son "el régimen" en la pura almendra. Se piensa, que con cada año que pasa, es imposible que el Congreso, y en general todos los cuerpos colegiados de elección popular desciendan más en la escala del desprestigio. Lo logran. ¿Cómo hacen para reeditarse? ¿Por qué el país lo tolera? Colombia se aferra tozudamente a la legitimidad de la ilegitimidad. o todos los congresistas, diputados y concejales del país están en sus curules dándole la espalda al bien común. Pero casi todos hacen parte del "régimen", porque tienen que hacerse elegir de la misma manera. Por fuera del engranaje no hay salvación electoral. El quid está en aprovechar los mecanismos y los recursos que ofrece el Estado para cultivar y mantener una clientela. Cuando la abstención llega al 70%, el peso electoral de la clientela es inmenso. El voto de opinión queda relegado a colaborar en la elección y reelección de uno que otro personaje de prestigio o de voceros de grupos disciplinados como los religiosos, los comunistas o los indígenas, golondrinas que no alcanzan a hacer verano. Los atenuados resortes partidistas todavía tienen vigencia, pero ante todo, la clientela se mantiene con actividad y simpatía. Hay que proporcionar empleo y hay que servir; los pequeños favores -las becas, el ingreso a la universidad, la recomendación ante el inspector de policía, la agilización de un permiso, la adjudicación de una orden de compra, para mencionar unos cuantos- se agradecen en la urna.

También se necesita dinero, mucho dinero Las elecciones en Colombia se han convertido en un confín a otro -ya no existen excepciones geográficas- en una costosísima feria. Los gastos van desde los inocentes, como la propaganda y el transporte, hasta los simoníacos como la compra directa del voto, en bloque a los caciques seccionales, o individualmente, a la vera misma de la mesa electoral. Unos cuantos gastan de su bolsillo, por altruismo y/o por los honores; no pocos obtienen los recursos del Estado mismo. Las modalidades son muy variadas. La adjudicación del contrato al pariente o al amigo que retribuye es, quizá, la más usual. También se dan los negociados directos como la farmacia o la tipografía para suministrar de manera exclusiva y con sobreprecio las necesidades de departamentos y municipios, o como la intermediación en la venta de fincas al Incora, o como el tráfico en subsidios del Inurbe. Esta tramoya explica, en parte, la displicencia del Congreso frente a las privatizaciones que reducen el tamaño del ponqué estatal. Por último, no faltan las águilas que cobran por el inciso en el proyecto de ley, o que están a sueldo de esmeralderos, o que reciben dádivas -la evidencia parece contundente- de narcotraficantes.

Dado que el "régimen" no colaboraba en hacerse el hara-kiri, se convocó -injurídicamente, puesto que la juricidad dependía de un Congreso remiso- una Asamblea Constituyente. El país la aceptó de buen grado aunque con incredulidad (no votó), y aplaudió a rabiar cuando la Asamblea revocó el mandato de los congresistas y les impuso severas inhabilidades (típicamente, como al "régimen" le importa un bledo la opinión cuando se trata de sus privilegios, ya ha comenzado a desmontarlas). El tratamiento no dio los resultados previstos. El "régimen" se reeligió. Las caras cambian pero no el sistema. Cuando algún congresista se "ahoga", como se dice en la jerga política, ello se debe generalmente no al desprestigio, que cuenta poco, sino a descuidos en la utilización de los factores de poder, al alejamiento de las bases electorales a nivel regional, o a la renuencia a invertir lo necesario.

El ancestral respeto a las formas de la democracia han convertido a Colombia en prisionera del "régimen". Frente a la disyuntiva de liberarse a costa de renunciar al principio de la soberanía popular y a su expresión electoral, el país ha preferido tolerar el "régimen". Los usufructuarios lo saben. Así se explica su indiferencia y su soberbia. La frustrada protesta ciudadana se ha canalizado hacia la abstención, la guerrilla, las autodefensas, la desobediencia civil, la delincuencia común cada vez más descarada, la corrupción general, y por la calle, hacia el mal genio del peatón, del conductor, del maestro, del funcionario, del ama de casa y del padre de familia. Colombia es una nación malhumorada y no se le mejorará el talante mientras no se tumbe al "régimen". Una fórmula legal podría ser el voto obligatorio. Se ha demostrado, en elecciones recientes, que cuando hay participación se generan cambios. Sin embargo, el votante es alérgico a la coerción, y, además, no se deben confundir los resortes que eligen al ejecutivo con los que motivan a sufragar por el legislativo. En Cartagena, hace poco, ganó un alcalde contra el "régimen", pero acompañado de 18 concejales (de 19) adictos a éste. l "régimen" no se va a evaporar. Causa y efecto de la descomposición paulatina de Colombia, se hundirá con ella cuando el país se desborone. Se trata de un cocido a fuego lento, perceptible, es cierto, pero no catastrófico. Por eso las soluciones parecen no tener carácter de urgentes. El espectro de la desaceleraci6n de la economía -crecimiento negativo por primera vez en muchos años- y las sombras del apagón podrían precipitar los hechos, pero como alternativa de poder sólo se vislumbran la guerrilla y los ilusos que sueñan con un complot castrense. Lo engorroso de los regímenes de facto es que tienden a eternizarse. El país, ya se sabe, prefiere la legitimidad de la ilegitimidad a una aventura sine die. Lo ideal para tumbar el "régimen" sería un Dictador Protempore, con poderes omnímodos y sin juicio de responsabilidades al final de su mandato. Los cambios que haga tendrían fuerza constitucional. Así parcialmente estaba previsto en la sabia Constitución del 86, y el dictador protempore hacía parte integral de los recursos gubernamentales de la República Romana. Cuando los Galos escalaron hasta el Capitolio, seleccionaron a Cincinato, y cuando Anibal los barrió de los campos de batalla escogieron a Quinto Fabio Máximo Cunctator. Cada vez que la República enfrentó peligro de muerte no vacilaron para ponerse en manos del dictador protempore. ¿Y aquí, quién le pone el cascabel al gato.
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